¡Liberen a Tony! Free Tony! (p. II)

Desde que se publicó la parte I de esta serie, hace una semana, Tony Balseca continúa detenido. La cooperativa de abogados y abogadas La Komuna presentó el martes 15 de octubre una acción de hábeas corpus para obtener la libertad de Tony Balseca, pero nuestro sistema judicial se mantuvo ajeno al heroísmo even just for one day y el 17 de octubre rechazó el hábeas corpus presentado. David Bowie estaría decepcionado.

Mientras, en el proceso penal que se sigue contra Tony Balseca y que lo mantiene detenido, se convocó a audiencia el viernes 18 de octubre para dictar sentencia en el “procedimiento directo” (establecido en el Art. 640 del COIP) en el que a Tony Balseca se le ha imputado la comisión en “grado de autor” del delito de “paralización de los servicios públicos”, sin siquiera haberle indicado cuál es el servicio cuya “normal” prestación él pudo paralizar. La audiencia del 18 de octubre se suspendió por inasistencia de la representante de la Fiscalía y todavía el juez no fija fecha para la nueva audiencia. La condena que podría dictar el Juez es de hasta tres años. Recordemos: por portar un cartel.

Pero la lucha se hace: en la acción de hábeas corpus se apeló en la misma audiencia del 17 y en el proceso penal se está exigiendo que se celebre de inmediato la audiencia para dictar sentencia y que se declare en ella la libertad de Tony Balseca, pues en su caso la persecución penal del Estado no está haciendo justicia, está criminalizando la protesta. En circunstancias en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha anunciado la visita de una Misión de Observación al Ecuador, abogados de la Cooperativa La Komuna hemos presentado sendos escritos a dos relatorías de la Comisión IDH: uno a su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y otro a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a fin de denunciar ante ellas la detención arbitraria de Tony Balseca y solicitarles que adopten las medidas necesarias para exigirle al Estado del Ecuador que ordene su inmediata libertad.

Si quieren pedirle a la Comisión Interamericana para que ella o sus relatorías actúen a favor de Tony Balseca, estos son su Facebook y su Twitter.

Manipulación del derecho y los ejecutores de Chimbo

El argumento en derecho del abogado Jorge Alvear en una columna de opinión de diario El Universo de acusar a una asambleísta de “tentativa” de cometer un “fraude procesal” por una supuesta manipulación de testigos (“Manipulación de testigos”, 28 de septiembre) sólo se sostiene si se acepta de antemano que Rafael Correa es culpable de lo que se le acusa. Allí es donde un auténtico anti-correísta inicia y detiene su razonamiento (si lo tuvo).

Así, el argumento jurídico de Alvear descansa en una premisa política: Correa es culpable.

Porque el argumento jurídico, en lo que pretende tener de jurídico, es muy débil. El tipo penal del que acusa Jorge Alvear a la asambleísta Sofía Espín es el siguiente:

“Art. 272, primer inciso.- La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez […] antes de un proceso penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

¿Por qué es débil el argumento? Explicado de la manera más elemental, porque Alvear construye el delito de “fraude procesal” con puras habladas y se requiere más que eso. En el caso Odebrecht se condenó por fraude procesal a un perito policial porque ocultó información al juez y cambió nombres en una pericia de transcripción: hechos concretos que buscan “inducir a engaño” al juzgador de la causa (confundió “Glas” por “Lasso”, p. ej.). En otro caso, de noviembre de 2015, hubo un “cambio” de una víctima que recibió una condena por fraude procesal: un abogado en Santo Domingo presentó en una diligencia a una persona que suplantó a una víctima de un presunto delito de violación. De nuevo, un hecho concreto y verificable, que buscó inducir a engaño a la autoridad judicial*. En el caso de Espín, sólo tenemos lo que de ella ha dicho el abogado Diego Chimbo y sus declaraciones en medios de comunicación.

A la asambleísta Espín le falta para incurrir en el tipo penal del artículo 272 el haber hecho un acto concreto y verificable que haya inducido a “engaño” a la jueza Daniella Camacho. Espín fue a hablar con una testigo en una visita a una cárcel. En un giro absurdo, la Asamblea Nacional va a someter a investigación a la asambleísta Espín por lo que se “dice” que ella dijo en esa visita a la cárcel. Dichos que no han tenido ningún efecto, como no sea el escándalo mediático que se ha provocado alrededor de ellos. Pero que en el proceso llevado ante la jueza Camacho (por ende, en la comisión del delito), no han inducido a nadie a nada.

En el ajedrez de la política nacional, esta es una movida procesal de la parte acusadora dentro de un juicio de alto perfil, secundada por la facción política del anti-correísmo en la Asamblea Nacional, para perjudicar (de una manera espuria, sin base jurídica) a una de las integrantes de la bancada correísta en la Asamblea Nacional. Con el aplauso de un antiguo integrante del Tribunal Constitucional.

Los asambleístas como ejecutores de una invención del abogado Chimbo**. Qué bajo hemos caído.

* En ambos casos se aplicó la misma condena: un año de prisión y el pago de cuatro salarios básicos (USD 1.416).

** Chimbo, por supuesto, es peón de una trama mucho mayor.

Manipulación del derecho

Por estos días en el Ecuador para algunos todo vale si es contra Correa, o contra personas cercanas a él.

Incluso cuando se trata de los más académicos: en el artículo Manipulación de testigos del abogado Jorge Alvear, columnista de diario El Universo, este profesional del derecho demostró muchas dificultades para disfrazar su animadversión de razonamiento jurídico.

El abogado Alvear recogió la opinión de otro abogado, Diego Chimbo, quien afirmó que el lunes 24 de septiembre se cometió una “instigación a cometer fraude procesal” en la visita en la cárcel a su defendida, la expolicía Diana Falcón, por parte de la asambleísta Sofía Espín y una abogada que la acompañó. La expolicía Falcón involucró al expresidente Correa como autor del secuestro de Fernando Balda en Bogotá y, de acuerdo con este abogado Chimbo, en esta visita se la presionó para que cambie su opinión, pues “Espín prometió asilo en Bélgica a la agente a cambio de que diga que fue presionada por el fiscal Paúl Pérez para involucrar a Correa en el proceso penal”.

¿Qué es el “fraude procesal” según el Código Penal? Pues el delito que comete una persona cuando “con el fin de inducir a engaño a la o al juez […] antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas” y por el que puede ser sancionada con “pena privativa de libertad de uno a tres años” (Art. 272 del COIP, primer inciso).

¿Cómo esta visita en la cárcel pudo incurrir en este delito? El abogado Alvear no recurre a lo dicho por el abogado Chimbo, pues lo que se afirma sin evidencia, debe desecharse sin evidencia. Entonces, Alvear toma como evidencia las declaraciones de la propia asambleísta Espín de que le había dicho a Falcón en la visita que Correa era inocente y que “su abogado [Chimbo] no la defiende”. Estas son, en opinión de Alvear, “dos formas de manifestar presión”.

Armado de estas dos evidencias, el abogado Alvear estima que la descripción del tipo penal de “fraude procesal” de cambiar “el estado de las cosas, lugares o personas” pudo ponerse en práctica, pues en su visita la asambleísta Espín y la abogada que la acompañó habrían intentado “modificar el estado de culpabilidad de una persona por el de inocencia, con apoyo en un falso testimonio”. Reconoce que los efectos “no se habrían producido”, pero que en este tipo de delitos “se sanciona la tentativa” (uno a dos tercios de los uno a tres años de pena privativa de libertad).

Recapitulemos el tren de ideas del abogado Alvear. Una persona visita a otra en la cárcel y declara que en esa visita le ha dicho a la persona visitada que aquel a quien ella inculpa (Correa) es inocente y que no está bien defendida en el juicio que se sigue en su contra por su abogado (Chimbo). A partir de esto, Alvear supone que con ello se ha buscado “inducir a engaño a la o el juez” a través de un “falso testimonio” (?). Que si bien eso no pasó, se intentó hacerlo. Y que, por eso, la sanción podría ser de cuatro meses a dos años (por la “tentativa”).

¿La razón? En la mente jurídica del abogado Alvear, no cabe otra alternativa: Correa es culpable. Solo de esa manera puede él entender que se busque “engañar” al juez a efectos de no inculpar a Correa y de que se necesite un “falso testimonio” para que se diga que no fue responsable del delito del que se lo acusa. Solo de esa manera se puede entender la desproporción de que en unas declaraciones circunstanciales como las de la asambleísta Espín encuentre el abogado Alvear el “dolo” de engañar a una autoridad judicial. Porque entre estas dos declaraciones de la asambleísta Espín y la “voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud” (que eso es el dolo), hay una distancia tan considerable como insalvable.

La de Alvear es como la mentalidad de Martín, el soviético. Pero disfrazada de derecho.

¡Ataja, Cevallos!

Al presidente de mi club, lo apoyo 100% en su lucha contra la Liga de Rachito y sus Amiguitos. Al gobernador de mi provincia, en este caso que voy a narrar, lo apoyo 0%. Esos extremos confluyen en una misma persona: “Payaso sin maquillaje”. Avatares de cumplir doble función.

Sucede que en este año 2018 se han realizado en Guayaquil 17 llamadas falsas que decían que se había puesto una bomba que nunca hubo. Es un hecho terrible, la mentira y la pérdida de tiempo, pero no tanto como para que el gobernador “Las manos del Ecuador” piense que alguien deba irse a la cárcel por trece años, por ese solo hecho. Es una infracción, sí, desafortunada y todo, pero trece años por algo que no causó ningún daño real como no sea una pérdida de tiempo, resulta tremendamente exagerado. Es equipararlo a los casos más extremos de tortura y de turismo sexual, por ejemplo, que en sus versiones agravadas se sancionan también con trece años. Es considerarlo más grave que un caso de muerte causada por un conductor borracho, que se sanciona con menos años de cárcel.

Porque el acusado de “tentativa de terrorismo”, según el gobernador Cevallos y otros altos funcionarios de seguridad, podría ser condenado a trece largos años de “rehabilitación” del grave delito (¡?) de haber llamado por teléfono, hecho el chistoso.

Es notoria la desproporción, es patente la ridiculez.

¡Ataja, Cevallos! Piensa lo que haces Gober, para que no valgas Gaver.

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¿Quién es el responsable por la impunidad de estas muertes?

Unos días atrás, publiqué un artículo titulado ‘¿Quién es el responsable de estos muertos?’ (1) en el que argumenté la existencia de indicios que conducían a presuponer la “responsabilidad extracontractual por omisión” del Municipio de Guayaquil en las muertes causadas por el desplome de un paso a desnivel, cuyo mantenimiento era de su responsabilidad, por lo que “resultaría obligado a la reparación de los daños causados a los familiares de Jorge Patiño Flores y de Vicente Rivas Plaza, por su injusta muerte”. Estos indicios son: 1) Las declaraciones de los especialistas en este tipo de estructura, expresadas la semana anterior al terremoto; 2) El hecho de que el Municipio de Guayaquil suele ser ineficaz en los controles (otros ejemplos: controles ambientales, como el caso de Balsasud; controles de construcción de edificaciones, como ha quedado demostrado a raíz del terremoto); 3) El hecho de que es una de las dos estructuras de cemento que se cayó, a pesar de ser un movimiento de intensidad mediana (por la lejanía con el epicentro).

En un proceso judicial, una investigación a partir de estos indicios serviría para responder a las preguntas que, en relación con este tema, ha planteado el arquitecto urbanista Eduardo McIntosh. Preguntas de sentido común:

 

 

En rigor, las respuestas a estas preguntas las debió investigar el periodismo de la ciudad donde se produjeron dos víctimas mortales por el colapso de una construcción cuyo mantenimiento estaba a cargo del Municipio de Guayaquil. La muerte injusta de dos personas por un hecho que podría imputarse a la administración pública, en ciudades del primer mundo, provocaría escándalos mediáticos; en Guayaquil, ello no es causa siquiera de una olita. A la muerte física de estas personas les siguió la mediática: en días, o (como en el caso de Vicente Rivas) apenas a horas de saberse de su muerte. Casi nadie recuerda que se llamaban Jorge Patiño Flores y Vicente Rivas Plaza.

Porque como se conoce de sobra, el periodismo de Guayaquil es completamente inútil para investigar cualquier asunto relacionado a la administración de la ciudad. Híper-crítico con todos los gobiernos centrales que han pasado, pero siempre servicial al gobierno local de la ciudad donde residen estas empresas de periódico, radio y televisión.

Probaré una porción de esta afirmación con una sencilla observación sobre las columnas que se publicaron en la página de opinión de los diarios El universo y Expreso durante los días siguientes al terremoto, contados a partir del primer día en que estos diarios publicaron opiniones sobre el terremoto del 16 de abril (el 19 de abril) y por espacio de dos semanas.

Artículos publicados en diarios El Universo y Expreso (19 de abril-2 de mayo) sobre el terremoto del 16 de abril.

Diario El Universo	Diario Expreso
19 de abril (5 de 6)	19 de abril (3 de 6)
"Organización" (Editorial)	"Unidad frente a la catástrofe" (Editorial)
"Desafíos de una tragedia" (Hernán Pérez)	"El terremoto y las ventanas rotas" (Paúl Palacios)
"Si no ayuda, al menos no estorbe" (Beatriz León)	"Solidaridad" (Diana Acosta)
"El batacazo del FMI" (Felipe Burbano)
"La sombra de la evasión" (Leonardo Valencia)
20 de abril (4 de 6)	20 de abril (4 de 6)
"Problema sanitario" (Editorial)	"Solidaridad internacional" (Editorial)
"Lecciones con intensidad 7.8" (David Samaniego)	"Ser Ecuador unido y solidario" (Willington Paredes)
"Tras cuernos, palos" (Pedro Valverde)	"E pur si muove" (Fernando Cazón)
"Junta de Reconstrucción de Tungurahua" (Mauricio Gándara)	"Congoja" (Luis Sarrazín)
21 de abril (3 de 6)	21 de abril (5 de 6)
"Esfuerzo conjunto" (Editorial)	"Valiosa acción de rescatistas" (Editorial)
"Al empate, Calceta" (Enrique Rojas)	"Resiliencia" (Florencio Compte)
"La sociedad y el terremoto" (Luis Verdesoto)	"La reconstrucción" (Clemente Haro)
	"Solidaridad y unidad" (Byron López)
	"Ambato" (Rómulo López)
22 de abril (5 de 6)	22 de abril (4 de 6)
"Reconstrucción" (Editorial)	"La salud después del terremoto" (Editorial)
"La sociedad civil al rescate" (Gabriela Calderón)	"Financiar la reconstrucción" (Eduardo Carmigniani)
"Reconstrucción posterremoto" (Jorge Alvear)	"Sentimientos" (Teresa Nuques)
"Manabí, la hospitalaria" (Orlando Alcívar)	"De pie" (Irene Vélez)
"Tiempos de alianza" (Vianna Maino)
23 de abril (5 de 6)	23 de abril (5 de 6)
"Construcción y educación" (Editorial)	"Reconstruir el país unidos" (Editorial)
"Corazones generosos" (Alfonso Oramas)	"Solidaridad y asociaciones mentales" (Jaime Rumbea)
"El Ecuador que no vemos" (Nila Velásquez)	"Dolor y solidaridad" (Abelardo García)
"Solidaridad…" (Pablo Lucio-Paredes)	"Tiempo de solidaridad" (Roberto Passailague)
"Luces, sombras, acciones" (José Mario Ruiz)	"El dolor no descansa" (Nelly Jaramillo)
24 de abril (6 de 8)	24 de abril (5 de 6)
"La gran lección" (Francisco Febres-Cordero)	"Dos réplicas y otras réplicas (Editorial)
"¿Qué podemos aprender?" (Iván Sandoval)	"Medidas ante la tragedia" (Clemente Haro)
"Lecciones del terremoto" (Walter Spurrier)	"Al servicio de la humanidad" (Guillermo Arosemena)
"Sanar, cicatrizar, convalecer" (John Dunn)	"Vencer la adversidad" (Willington Paredes)
"Para rehabilitar Manabí" (José Fernando Navia)	"Tragedia nacional e institucionalidad" (Gaitán Villavicencio)
"Lecciones chilenas ante los terremotos" (Juan Jacobo Velasco)
25 de abril (4 de 6)	25 de abril (5 de 6)
"Solidaridad y voluntad" (Paola Ycaza)	"Impuestos y recesión" (Editorial)
"Catástrofe y política" (Simón Pachano)	"¡Y ahora, la reconstrucción!" (Byron López)
"Unidad ante la reconstrucción" (Roberto Aspiazu)	"Días de dolor y ejemplo" (Joaquín Hernández)
"Tragedia, solidaridad e ineptitud" (Ramiro García)	"De la solidaridad a la indolencia" (Gerardo Apolo)
	"Crítica constructiva" (Roberto López)
26 de abril (4 de 6)	26 de abril (4 de 6)
"Seguir adelante" (Antonio Ayoví)	"Los jóvenes respondieron" (Editorial)
"Sin palabras" (Mónica Varea)	"Fondo de reconstrucción" (Paul Palacios)
"'Ojalá nos llegue alguito'" (Felipe Burbano)	"Frases desafortunadas" (José Luis Ortiz)
"Terremotos y seguros" (Eduardo Peña)	"¿Prohibido llorar?" (Diana Acosta)
27 de abril (2 de 6)	27 de abril (3 de 6)
"La naturaleza y nosotros" (Nelsa Curbelo)	“El país unido responde” (Willington Paredes)
"La agonía del jaguar" (Giovanni Carrión)	“Seguimos temblando” (Fernando Cazón)
	“Penas y medidas” (Luis Sarrazín)
28 de abril(4 de 6)	28 de abril (4 de 6)
"Rehabilitación de sectores productivos damnificados" (Gonzalo Gómez)	“Terremoto y sociedad” (Editorial)
"¡Lo haremos!" (Betty Escobar)	“Somos vulnerables” (Florencio Compte)
"El terremoto partidizado" (Ricardo Tello)	“El desastre” (Clemente Haro)
"9 terremotos por año" (Juan José Illingworth)	“’Déjenos llorar, presidente’” (Rómulo López)
29 de abril (3 de 6)	29 de abril (2 de 6)
"Después de la tragedia" (Orlando Alcívar)	“La unidad nacional como utopía” (Editorial)
"7,8 y Chernobil" (Fernando Balseca)	“Decisiones conjuntas” (Teresa Nuques)
"Consensos para reconstruir" (Juan Jacobo Velasco)
30 de abril (3 de 6)	30 de abril (2 de 6)
"Catástrofe y resiliencia" (Alfonso Oramas)	"Efectos psicológicos del sismo" (Editorial)
"Solidaridad vivida" (José Mario Ruiz)	"Parece mentira" (Nelly de Jaramillo)
"Ecuador 2016: acuerdos comerciales y crisis económica" (Juan Falconí)
1 de mayo (2 de 6)	1 de mayo (2 de 6)
"Como ave fénix" (Walter Spurrier)	"Nos duele Manabí" (Willington Paredes)
"¿Qué ha cambiado?"	"Estado y catástrofe" (Gaitán Villavicencio)
2 de mayo (4 de 6)	2 de mayo (1 de 6)
"Estrés posterremoto" (Alicia Miranda)	"Genio y figura…" (Francisco Cuesta)
"Las secuelas" (Simón Pachano)
"Tristeza, rabia, esperanza" (Manuel Ignacio Gómez)
"'¿Estás loco?, ¡Es la primera!" (León Roldós).

En las dos semanas de opinión publicada posteriores al terremoto, diario El universo publicó 86 editoriales y diario Expreso publicó 84, de las cuales 54 y 49 trataron respectivamente acerca del terremoto. Así, en las dos semanas siguientes, los principales diarios privados asentados en la ciudad de Guayaquil, cuyos editorialistas son en su mayoría guayaquileños que viven en la ciudad, trataron en 103 de 170 editoriales sobre el terremoto del 16 de abril. Eso es el 60.58%: más de 6 de cada 10 editoriales escritas en la prensa de Guayaquil durante ese período fueron sobre el terremoto pero NINGUNA se refirió al desplome del paso a desnivel sobre dos personas sucedido con ocasión del mismo, en Guayaquil.

Dos muertos en su ciudad, pero ninguna palabra del periodismo de opinión. Ni para bien, ni para mal. Ni para atacar las supuestas omisiones del Municipio (algo impensable en el Guayaquil socialcristiano) ni para defender su gestión en materia de mantenimiento. Bah, como si el Municipio necesitara defensa: la mejor defensa para su gestión es el incesante olvido.

Es como si el desplome y las muertes no hubieran existido: Esta es la clave de su impunidad.

Una prensa que no investiga, implica que no hay exigencia de veracidad de ningún tipo a la Alcaldía de Guayaquil. Y en ciudad tan dormida como Guayaquil no la habrá, salvo que se la exija una parte interesada en saber lo qué pasó. La primera que se me ocurre, por haber dos víctimas mortales por un hecho que tiene toda la apariencia de ser atribuible a omisiones del municipio, son los familiares de las víctimas. Ellos tienen el derecho a saber la verdad sobre lo qué pasó, sobre por qué colapsó el paso a desnivel y quiénes son los responsables por omisión de su desplome. Ellos tendrían derecho a tomar acciones legales para obtener una indemnización por el daño causado, e incluso a seguir las acciones legales contra los responsables por el delito de “Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra”, dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Integral Penal.

Por reemplazo de nuestra prensa inútil, debería haber un juicio que investigue realmente lo que pasó, para indagar sobre las preguntas hechas por McIntosh, para recabar información y para atar cabos. En memoria de Jorge Patiño Flores y de Vicente Rivas Plaza, en procura de una justa reparación por unas muertes que no debieron ser.

(1) 'Quién es el responsable de estos muertos', Xavier Flores Aguirre, 6 de julio de 2016.