Pueden reconocerse dos ideas recurrentes en el debate público sobre los proyectos de ley de comunicación. La primera, la idea de que son las personas (el lector, el radioescucha, el televidente) quienes regulan a los medios de comunicación a través de sus decisiones sobre si los leen, los escuchan o los miran. De manera implícita, esta idea sostiene que el mercado es el que debe regular a los medios de comunicación y que el único rol del Estado es permitir el libre desenvolvimiento del mercado. La segunda idea es la permanente invocación de los estándares del derecho internacional en materia de libertad de expresión para argumentar que, en particular, algunas disposiciones del proyecto de Ley de Comunicación que presentó el asambleísta Rolando Panchana no se ajustan a esos estándares. Yo sostendré, en el espacio de esta columna, que esas ideas son contradictorias.
En principio, el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la siguiente obligación para el Estado ecuatoriano: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares…”. Esta última palabra impone al Estado obligaciones de garantía en el ámbito de las relaciones entre particulares (entre las personas y los medios). Así, en palabras de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último Informe Anual publicado en febrero de 2009, “en relación con los medios de comunicación, la libertad de expresión exige ciertas condiciones ‘de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla’. […] Tales condiciones son, entre otras: (a) la pluralidad de medios; (b) la aplicación de las normas antimonopolio, para prevenir la concentración de los medios [;] (c) la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas que laboran en ellos”. A esas condiciones, se les agrega lo establecido en el principio 12 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión: “Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.
La Relatoría para la Libertad de Expresión en su informe precisa el rol del Estado en esta materia: “El pluralismo y la diversidad son de particular importancia para el ejercicio pleno y universal del derecho a la libertad de expresión. Estas reglas apuntan hacia el deber estatal de garantizar el máximo pluralismo y diversidad en el debate público”. En este sentido, “el Estado debe impulsar el mayor grado de pluralismo informativo, para así lograr un equilibrio en la participación de las distintas informaciones en el debate público, y también para proteger los derechos humanos de quienes enfrentan el poder de los medios”.
En definitiva, la idea del mercado como regulador es incompatible con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. El Estado tiene un importante rol que cumplir en la regulación de los medios de comunicación. El debate a hacerse es, específicamente, en el contenido y los modos de esa necesaria regulación.
2 comentarios:
Qué bueno el artículo de Mauro. No conocía esa ofensiva de El Comercio. Debe ser porque hace fú que no leo sus editoriales centrales y casi ninguno de sus editorialistas (unito que otro son excepción). Pero qué triste que se pongan en posición de mártires, de salvadores de la Patria. Lamentablemente ya no me sorprende tal posición.
Saludos desde Hamburgo
Micaela
xvier,
no ser'e yo quien salga a defender a los negocios que hacen las noticias y callan otras tantas, de acuerdo al inter'es de sus respectivos mandamases. y, no, tampoco me creo ese cuentazo de que los mandantes de los medios somos los consumidores...
eso dicho, no veo tampoco c'omo este gobierno est'e fomentando/impulsando/promoviendo el pluralismo informativo. en cambio, s'i veo c'omo se impulsan restricciones bastante cuestionables desde una perspectiva de derechos humanos y obligaciones correlativas. suscribo los cuestionamientos de manolo sarmiento en otro post sobre los objetivos y efectos de revertir la exenci'on de impuestos a materia prima de medios escritos. y comparto las cr'iticas a las medidas mordaza de la propuesta de panchana. y comparto tambi'en los cuestionamientos acerca de cu'an independiente del gobierno resultan en realidad los medios estatales aqu'i en ecuador.
y como estamos en el tema de las obligaciones del estado en la promoci'on de derechos, creo que son varias las preguntas que deber'ian responder los propulsores de la nueva ley: que expliquen c'omo las propuestas por un lado respetan la libertad de informaic'on y por otro promueven el pluralismo y los derechos a estar informados. para eso, tienen que explicar primero porqu'e se necesita una ley, porqu'e una nueva ley, qu'e objetivos concretos se pretende obtener y c'omo se va a dar en t'erminos concretos la relaci'on causa-efecto entre las medidas propuestas y los objetivos perseguidos. responder adecuadamente es responsabilidad del proponente, sobre todo del estado que es el obligado principal. y hago 'enfasis en obligado para distinguir de dictador benevolente.
saludos azules
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