La transparencia que falta

            Publicado en diario Expreso el viernes 8 de mayo de 2026.

Un órgano de la Función de Transparencia, la Contraloría General del Estado, actuó en contra de la transparencia: en su página web, ella ordenó que se implementen unos cambios para restringir el acceso a la información contenida en las declaraciones juramentadas de los funcionarios públicos. 

Por estos cambios, se restringe el acceso a información como el año al que corresponde cada declaración y la fecha en que el funcionario inició y salió del cargo. También se impide descargar en PDF el archivo que contiene la información. Peor aún, se debe dejar constancia del número de cédula y del correo electrónico de quien accedió a la información. 

Estos cambios impuestos por la Contraloría son contrarios a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información. En especial, la Corte Interamericana ha declarado que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” (Claude Reyes y otros, Párr. 92). Por este principio se obliga a los Estados a que, si deciden restringir el acceso a la información, cumplan varios requisitos: verdadera excepcionalidad, consagración en la Ley, objetivos legítimos, necesidad y estricta proporcionalidad. 

Es claro que los cambios de la Contraloría no satisfacen estos requisitos, interpretados a la luz del principio que debe ser defendido por toda sociedad democrática: el principio de máxima divulgación de la información. Este principio implica el acceso a una información completa, comprensible y en forma anónima, como recomienda la Ley Modelo adoptada en el marco de la OEA. 

Estar en contra del principio de máxima divulgación persigue siempre el mismo objetivo, cuando de una autocracia in statu nascendi se trata: satisfacer el deseo autócrata de operar en la opacidad. Este es su ambiente natural.

Entonces, un órgano que debió velar por la transparencia, la Contraloría General del Estado, actuó a favor de cumplir un propósito innoble del gobierno de Daniel Noboa: operar en la opacidad. En este gobierno son unos informes reservados los que determinan la expulsión de un extranjero del territorio, o el traslado del Alcalde de Guayaquil a una cárcel de máxima seguridad. En este gobierno son unas denuncias anónimas las que movilizan al poder punitivo del Estado para allanar instituciones públicas o para perseguir a quienes la ambición autocrática percibe como sus ‘enemigos’ políticos. 

Es peor: la falta de transparencia es apenas una de las aristas de la desmejora institucional de los últimos años. La publicación reciente del informe 2026 de Freedom House, un organismo internacional que evalúa anualmente el estado de la libertad en el mundo, es ilustrativa a este respecto. 

Comparado con el resultado del año 2022, cuando el Ecuador era calificado por Freedom House como un “país libre”, hemos descendido a “parcialmente libre”, perdiendo siete puntos principalmente durante el gobierno de Noboa. Hoy calificamos 64/100. Éramos un país libre, hoy estamos en caída libre. En libertad de prensa, apenas tenemos 2/4.

No hay que perder la perspectiva: la transparencia que hoy falta es la opacidad que busca, típicamente, una autocracia. 

Midiendo la inutilidad de Moreno

Nadie quiere (políticamente, me refiero) a Lenin Moreno, él se sostiene en el poder porque es útil a otros en las sombras*.

¿Cómo medir su inutilidad? Por la utilidad de su opinión para sus delegados. Moreno es, aunque parezca cualquier otra cosa, constitucionalmente (Art. 141) el Jefe del Estado y de Gobierno y el responsable de la administración pública en el Ecuador. Entre sus graves atribuciones (Art. 147.3) tiene “definir y dirigir” las políticas públicas de la Función Ejecutiva. Es mucho, para quien se ha destacado por hacer tan poco.

Si bien los Ministros tienen la rectoría de las políticas públicas a su cargo de acuerdo con la Constitución (Arts. 141 y 154.1), esta rectoría debe entenderse sometida a la definición y la dirección del Presidente. Pero muy lejos de “dirigir y definir”, el Presidente Moreno ha delegado. Es decir, lejos de ser responsable, se ha irresponsabilizado: delegó en terceros, a quienes no ha votado nadie, el cumplimiento de sus responsabilidades.

Por el Decreto Ejecutivo No 660, del 5 de febrero de 2019, Moreno delegó la definición y dirección de las acciones de su gobierno a un Gabinete Estratégico, presidido por el Secretario General de la Presidencia (un tal señor Briones) y compuesto por éste y otros funcionarios de la Presidencia (Vicepresidente, Secretario General Jurídico, Secretario Particular, Secretario Nacional de Gestión de la Política y Secretario General de Comunicación de la Presidencia), por el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y por los cuatro funcionarios que están a cargo de los Gabinetes Sectoriales. El objeto de este Gabinete de once autoridades es ejercer la “dirección estratégica del gobierno”.

El Decreto Ejecutivo No 660 creó también los cuatro Gabinetes Sectoriales cuyos titulares integran el Gabinete Estratégico. Estos son el Gabinete Sectorial “de lo Social”, cuyo titular es el delegado del Presidente al IESS; “de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura”, cuyo titular es el Ministro de Energía; “de Seguridad”, cuyo titular es el Ministro de Defensa; y “Económico y Productivo”, cuyo titular es el Ministro de Economía. Estos Gabinetes Sectoriales, entre sus atribuciones, tienen la formulación y la aprobación de la política intersectorial, la aprobación de la inversión pública y la definición de los criterios de su priorización, así como el seguimiento de las “acciones gubernamentales de sus miembros”, de los que deben reportar al Presidente del Gabinete Estratégico, es decir, al señor Briones, y no al Presidente Moreno.

La única referencia al Presidente Moreno en este Decreto es: “Sugerir sobre temáticas que necesiten ser elevadas al Presidente de la República” (Art. 3.f). Es decir que este sistema de administración pública, que se crea por normativa secundaria, puede funcionar sin necesidad de contar con la opinión del Presidente de la República, salvo en los casos en que esto sea estrictamente necesario, a juicio discrecional de los miembros de los Gabinetes Sectoriales.   

Este artículo 3.f es, entonces, un medidor de la utilidad del criterio del Presidente para sus delegados. Es de interés público conocer cuántas veces se ha invocado esta disposición en las sesiones de los Gabinetes Sectoriales, y si se lo ha hecho (pues la duda cabe), sobre qué temas. Mi suposición, dado que Moreno ha dado sobradas muestras de tratarse de un perfecto inútil, es que lo han usado (al artículo 3.f: a Moreno lo usan todos los días) en muy raras ocasiones, o nunca.

Sin embargo, las actas de las sesiones de estos Gabinetes estratégicos y sectoriales, en clara violación a las normas de transparencia, no se encuentran disponibles en línea. No se puede saber cuántas veces se ha “necesitado” (ese es el verbo) la opinión del Presidente Moreno y no contamos con información sobre cómo se están definiendo, dirigiendo y ejecutando las políticas públicas en nuestro país, lo que es gravísimo. Hoy, las políticas públicas en Ecuador las ejecutan de manera opaca unos ilustres desconocidos por los que no votó nadie, toda vez que el Presidente por el que votamos ha capitulado de sus funciones.

Como es mi derecho ciudadano, voy a presentar acciones de acceso a la información en la Presidencia de la República para que se me entregue la información (que debe ser pública y estar por escrito, de acuerdo con la Ley) sobre las sesiones de estos cinco Gabinetes que son los verdaderos gestores de las políticas públicas en el Ecuador. Creo que es de interés público saber cuán inútil lo consideran sus delegados al Presidente Moreno (es decir, cuán frecuente ha sido el uso del artículo 3.f del Decreto 660) y cómo se conducen las políticas públicas en nuestro país en tiempos en que entre tener en Carondelet un Presidente o un espantapájaros, lo segundo parece más razonable.

* Quiero decir: todavía es útil. Pero ya empieza a apestar.