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La censura en el Ecuador

11 de septiembre de 2026

            Publicado en diario Expreso el viernes 11 de septiembre de 2026.

La libertad de expresión en el Ecuador ha sufrido un grave deterioro durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. Este grave deterioro ha sido detectado por varios organismos internacionales que se dedican a monitorear el estado de la democracia en el mundo (la libertad de expresión es un componente básico de un Estado democrático). 

El Varieties of Democracy Institute (V-Dem) en su “Reporte sobre la democracia” del 2026 detectó la reversión del proceso de democratización y advirtió: “Los deterioros de los últimos años han llevado al Ecuador a la lista de potencial autocratización”. Para la organización Freedom House, el Ecuador pasó de ser un “país libre” a “parcialmente libre” y en libertad de prensa su calificación es un preocupante 2/4. En el caso de Reporteros Sin Fronteras (RSF) su informe sobre el Ecuador afirma que “el periodismo se desenvuelve en un clima de inseguridad, autocensura y hostilidad crecientes” y destaca que esta situación “expone la inacción de las autoridades para proteger a la prensa y su impulso a restringirla”. En otras partes del mundo no se llaman a engaño acerca de la deriva autoritaria del Estado ecuatoriano y sus restricciones a la libertad de expresión. 

Los casos recientes de Roberto Aguilar de diario Expreso, Gisella Bayona de radio FM Mundo y Fabricio Vela del canal de televisión RTU han puesto en evidencia la creciente presión del Estado para silenciar a sus críticos. Son unos casos notorios, pero apenas son un síntoma de lo que pasa: en el primer semestre de este año 2026, la organización Periodistas Sin Cadenas registró 79 ataques a la libertad de expresión cometidos por actores estatales, lo que representa un aumento del 75.6% de casos en comparación al mismo semestre del año pasado. 

Las posibilidades que tiene el gobierno de Noboa para restringir la libertad de expresión, bajo el auspicio de su falta de escrúpulos, son variadas: abuso del poder y presiones para alinear a los medios de comunicación incómodos y separar a los periodistas críticos, campañas de desprestigio impulsadas por granjas de troles, descalificaciones por funcionarios públicos, bloqueo de información y falta de transparencia, compras de medios de comunicación sospechosas para cualquiera menos para los órganos de control y periodistas en nómina que en otro momento de la historia criticaron las restricciones a la libertad de expresión.  

Por acumulación e intensidad, está clara la apuesta del gobierno: ha optado por el camino de la censura. Desde su lógica diminuta y dañada, toda crítica es ataque y toda verdad es la oficial.

Estas vulneraciones al derecho a la libertad de expresión no son extrañas a las prácticas de gobiernos anteriores. Pero una diferencia fundamental entre este momento de la historia y cualquier otro es el viraje de una buena parte del periodismo, otrora crítico (con discursos, perfomance, filmes), que hoy guarda silencio o ensaya alguna torpe defensa de los abusos que ocurren. Más unos mercenarios que periodistas, sus principios estuvieron siempre en venta (algunas veces para vociferar, otras para callar). Y sea por cobardía o por venalidad, el resultado es el mismo: allanarle el camino a la censura en el Ecuador. 

La transparencia que falta

8 de mayo de 2026

            Publicado en diario Expreso el viernes 8 de mayo de 2026.

Un órgano de la Función de Transparencia, la Contraloría General del Estado, actuó en contra de la transparencia: en su página web, ella ordenó que se implementen unos cambios para restringir el acceso a la información contenida en las declaraciones juramentadas de los funcionarios públicos. 

Por estos cambios, se restringe el acceso a información como el año al que corresponde cada declaración y la fecha en que el funcionario inició y salió del cargo. También se impide descargar en PDF el archivo que contiene la información. Peor aún, se debe dejar constancia del número de cédula y del correo electrónico de quien accedió a la información. 

Estos cambios impuestos por la Contraloría son contrarios a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información. En especial, la Corte Interamericana ha declarado que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” (Claude Reyes y otros, Párr. 92). Por este principio se obliga a los Estados a que, si deciden restringir el acceso a la información, cumplan varios requisitos: verdadera excepcionalidad, consagración en la Ley, objetivos legítimos, necesidad y estricta proporcionalidad. 

Es claro que los cambios de la Contraloría no satisfacen estos requisitos, interpretados a la luz del principio que debe ser defendido por toda sociedad democrática: el principio de máxima divulgación de la información. Este principio implica el acceso a una información completa, comprensible y en forma anónima, como recomienda la Ley Modelo adoptada en el marco de la OEA. 

Estar en contra del principio de máxima divulgación persigue siempre el mismo objetivo, cuando de una autocracia in statu nascendi se trata: satisfacer el deseo autócrata de operar en la opacidad. Este es su ambiente natural.

Entonces, un órgano que debió velar por la transparencia, la Contraloría General del Estado, actuó a favor de cumplir un propósito innoble del gobierno de Daniel Noboa: operar en la opacidad. En este gobierno son unos informes reservados los que determinan la expulsión de un extranjero del territorio, o el traslado del Alcalde de Guayaquil a una cárcel de máxima seguridad. En este gobierno son unas denuncias anónimas las que movilizan al poder punitivo del Estado para allanar instituciones públicas o para perseguir a quienes la ambición autocrática percibe como sus ‘enemigos’ políticos. 

Es peor: la falta de transparencia es apenas una de las aristas de la desmejora institucional de los últimos años. La publicación reciente del informe 2026 de Freedom House, un organismo internacional que evalúa anualmente el estado de la libertad en el mundo, es ilustrativa a este respecto. 

Comparado con el resultado del año 2022, cuando el Ecuador era calificado por Freedom House como un “país libre”, hemos descendido a “parcialmente libre”, perdiendo siete puntos principalmente durante el gobierno de Noboa. Hoy calificamos 64/100. Éramos un país libre, hoy estamos en caída libre. En libertad de prensa, apenas tenemos 2/4.

No hay que perder la perspectiva: la transparencia que hoy falta es la opacidad que busca, típicamente, una autocracia.