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Contra el voto obligatorio

18 de octubre de 2024

            Publicado en diario Expreso el viernes 18 de octubre de 2024.

Durante 116 años y catorce Constituciones, el voto fue facultativo en el Estado del Ecuador. Así, para el experto Ernesto Albán Gómez: “La tradición constitucional y política del país consideraba que el sufragio era un derecho de los ciudadanos”. 

Pero nuestra Constitución número quince, aprobada el 31 de diciembre de 1946, rompió esta tradición, torció la idea de derecho y convirtió el voto en obligatorio (pasando así de ser un “derecho de los ciudadanos” a convertirse en un deber). Según Albán Gómez, el propósito de esta reforma fue bueno: se trató de fortalecer las instituciones democráticas a través de involucrar a todos los ciudadanos en los procesos electorales.

Pero se ha hecho evidente que, casi ocho décadas después de haberse implementado el voto obligatorio, este propósito de fortalecer las instituciones democráticas ha fracasado de forma grosera. En el curso de los años hemos llegado a una situación en la que los partidos y movimientos políticos suelen definirse por la oposición de unos a otros (su lema no oficial: “no somos buenos, apenas somos menos peores que el siguiente”), en un juego de suma cero. En este contexto, la gran mayoría de los participantes en el proceso electoral compiten para ocupar un lugar en la administración del Estado, a fin de repartirse un botín: puestos, contratos, comisiones, privilegios, corruptelas varias… 

El resultado de este juego de suma cero es una competencia electoral que carece de ideología, de militancia, del sentido de servicio al ciudadano. En este escenario, el voto obligatorio cumple el propósito de sostener un sistema electoral perverso, que funciona en contra del obligado votante. Y en una definición atribuida a Albert Einstein, “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

Entonces debemos abandonar el voto obligatorio para obtener unos resultados diferentes. 

Si se vuelve a la “tradición constitucional y política” del voto facultativo, primero, se respetará la libertad de los ecuatorianos, pues ella implica que seamos libres para decidir si deseamos participar en el proceso electoral. Si esto ocurre, dejaremos de ser uno de los 21 territorios en el mundo que obligan a votar a sus habitantes y pasaremos a integrar la inmensa mayoría de países que respetan la voluntad de sus habitantes.

Segundo, e incluso de mayor relevancia, si volvemos a adoptar el voto facultativo, podemos obtener unos resultados diferentes a la perversión actual. Los políticos ya no tendrían un voto cautivo y deberían empezar a buscar mecanismos para atraer a un electorado que, a día de hoy, desconfía de ellos y los desprecia. Así, el voto facultativo ofrece la posibilidad de procurar una mejora sustancial en la calidad de los discursos y las propuestas de los políticos, de manera tal que empiecen a merecer el depósito de confianza que se expresa en el voto que se ejerce en libertad. 

Esto implicaría un giro copernicano: serían los políticos los que se tendrían que ganar nuestro respeto, no nosotros estar obligados a sostener su sistema perverso.

Pero no creo que este cambio del voto obligatorio al facultativo ocurra, pues no le conviene a la clase política. Los ratones cuidarán su queso.

Ganó Rocafuerte

30 de agosto de 2024

            Publicado en diario Expreso el viernes 30 de agosto de 2024.

Los hombres adinerados cuyos ejércitos, comandados por forasteros (general venezolano para el ejército de la Costa, general novogranadino para el ejército de la Sierra), se enfrentaron en Miñarica en enero de 1835, tenían ideas muy distintas sobre las relaciones entre la religión y el Estado.

Para el costeño e ilustrado Vicente Rocafuerte, la exclusión por el Estado de todo otro culto público que no sea el católico era “contrario a la ilustración del siglo XIX y perjudicial a los intereses de la República” porque “embaraza cualquier proyecto de colonización europea, que solo puede realizarse, apoyándose en la base de la libertad de cultos, sin la cual no puede haber libertad política. Este es un hecho que no se oculta al que observa lo que pasa en el mundo. Las naciones que no admiten en su seno la libertad de cultos, son más atrasadas en luces y civilización”.

Por contraste, para el serrano y ultramontano José Félix Valdivieso era “un error pensar que aquí tenemos religión dominante. No conocemos más que una sola y siendo ésta la única verdadera, excluye a toda otra y no permite el culto público y dogmatizante de las demás”. Y dejaba, además, muy en claro su vocación por el atraso: “he formado mi opinión y no estaré en esta parte por lo que llaman las luces del siglo”.

En la guerra civil que se dirimió en los arenales de Miñarica, triunfó el ilustrado Rocafuerte. Pero en casi todo lo que restó del siglo fueron las ideas conservadoras de Valdivieso las que dominaron en el Ecuador.

Durante diez constituciones del siglo XIX, desde la de 1830 hasta la de 1884, el Estado protegió a la religión “católica, apostólica romana, con exclusión de cualquier otra”. Entre estas constituciones que declararon la primacía excluyente del catolicismo, destacó la del año 1869, obra del celo conservador de García Moreno. 

En esta Constitución se llegó hasta el extremo, en su artículo 10, de supeditar la condición de ciudadano ecuatoriano a la profesión de la fe católica y, en su artículo 9, de conservar a la religión católica “con los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones canónicas”.

Recién en la primera Constitución liberal de 1897 se adoptó un artículo que impuso al Estado una obligación de respeto a la diversidad de las creencias religiosas, en los siguientes términos: “El Estado respeta las creencias religiosas de los habitantes del Ecuador y hará respetar las manifestaciones de aquéllas” (Art. 13). Sin embargo, el Estado seguía teniendo como religión “la católica, apostólica, romana” (Art. 12).

Hubo que esperar al siglo XX, a la Constitución de 1906, para que tengamos un Estado no confesional. En el artículo 26 numeral 3 estableció la garantía del Estado para “la libertad de conciencia en todos sus aspectos y manifestaciones” y omitió toda referencia a una religión oficial. Ya en el siglo XXI, la Constitución adoptada el 2008 consagró en su artículo 1, entre los principios fundamentales del Estado, ser un Estado “laico”.  

A la larga ganó Rocafuerte, tanto en el campo de batalla de Miñarica, como en el campo de las ideas. En lo segundo, ello ocurrió con el retraso inherente a una sociedad tan afecta a la oscuridad. 

Las seis presidencias de Velasco Ibarra

12 de abril de 2024

            Publicado en diario Expreso el viernes 12 de abril de 2024.

Todas las décadas entre 1930 y 1970 lo tuvieron a José María Velasco Ibarra como la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Entre 1934 y 1935, entre 1944 y 1947, entre 1952 y 1956, entre 1960 y 1961, y entre 1968 y 1972. A la década de los setenta, Velasco Ibarra llegó como un dictador, pues elegido en las urnas en junio de 1968 se declaró dictador en junio de 1970. Un golpe militar lo tumbó en febrero de 1972. 

Cuando después de la dictadura militar volvimos a la democracia, Velasco Ibarra ya no estaba allí. Murió en marzo de 1979, a los 86 años.

En sus cinco décadas de presencia en la política ecuatoriana, Velasco Ibarra sumó un total de seis presidencias. Cuatro veces fue elegido presidente por la voluntad popular, siendo el ecuatoriano más veces favorecido por el voto popular para la obtención de la presidencia (la primera vez en 1934, la última vez en 1968). En el Ecuador todavía es recordada una frase a él atribuida: “Dadme un balcón en cada pueblo y seré presidente”. Se la recuerda cada vez más como un lejano testimonio de un tiempo de política de masas sin redes sociales. 

Como evidencia de nuestra inestabilidad política, Velasco Ibarra es también el ecuatoriano que más veces ha intentado declararse dictador, por tres oportunidades, lográndolo en dos de ellas. La vez que fracasó fue en 1935, cuando el ejército no secundó su golpe de Estado y lo obligó a renunciar. De esta época es otra de sus frases famosas: “Me precipité sobre las bayonetas”, tal vez también un testimonio de la obsolescencia de las armas del Ejército en esa época.  

Las otras dos presidencias de Velasco Ibarra fueron obra de votaciones en asambleas constitucionales, ambas reunidas en la década del cuarenta. Tras el triunfo de la llamada “revolución Gloriosa” que el 28 de mayo de 1944 depuso al gobierno de Carlos Arroyo del Río, una asamblea constitucional redactó una Constitución progresista y lo designó presidente de la República a Velasco Ibarra para que gobierne bajo el imperio de la nueva Constitución. Esa Constitución fue aprobada y entró en vigor el 6 de marzo de 1945. 

Pero el marzo siguiente, específicamente el día 30, Velasco Ibarra se declaró dictador y, a diferencia de 1935, esta vez sí fue exitoso. Desconoció la Constitución de 1945 y puso en vigor la Constitución de 1906. En seguida organizó una nueva asamblea constitucional, que dictó una nueva Constitución que ya no era progresista y lo eligió a él presidente.

Esta nueva Constitución entró en vigor el 31 de diciembre de 1946. Velasco Ibarra no pudo gobernar mucho tiempo bajo su imperio, porque en agosto de 1947, su Ministro de Defensa, Carlos Mancheno Cajas, ensayó un golpe de Estado y obligó a Velasco Ibarra a renunciar el día 23. Cuando este golpe de Estado (conocido como el “Manchenazo”) fracasó, la política ecuatoriana siguió su curso prescindiendo de Velasco Ibarra, pues él ya había renunciado. 

El récord de Velasco Ibarra: Seis presidencias en total, cuatro veces elegido por la voluntad popular, dos veces dictador (de las tres que lo intentó). Es muy revelador de nuestra cultura política que la figura señera de nuestra democracia de masas en el siglo XX tenga tan sostenida y acusada vocación dictatorial. 

Uno al exilio, dos muertos

29 de marzo de 2024

            Publicado en diario Expreso el viernes 29 de marzo de 2024.

La tradición constitucional ecuatoriana es tener un período de gobierno presidencial de cuatro años. En la única Constitución del Estado del Ecuador en la República de Colombia y en 15 de las 18 Constituciones de la República del Ecuador, el período del presidente dura cuatro años. En las tres Constituciones restantes, la duración del período varió: en la Constitución de 1843 fue de ocho años, en la Constitución de 1869 fue de seis años, en la Constitución de 1979 fue de cinco años. En todas ellas, el presidente elegido para completar ese período más extenso, no pudo hacerlo.

La Constitución de 1843 fue fruto de un autogolpe de Estado. El presidente para el período 1839-1843, Juan José Flores, decidió en octubre de 1842, a pocos meses de concluir su período y por sus pistolas, la convocatoria a una asamblea constitucional (poblada de adictos suyos) que dictó la Constitución de 1843, conocida como “La Carta de la Esclavitud”, cuyo artículo 57 dispuso la duración de ocho años para el ejercicio de la presidencia. 

La asamblea constitucional designó a Flores como presidente para el período 1843-1851. La revolución marcista, originada en Guayaquil en marzo de 1845, terminó con este período de gobierno. De los ocho años proyectados para este período, Flores gobernó por casi dos años. Y en julio de 1845, se largó al exilio. Una nueva Constitución, en diciembre de 1845, tumbó esta duración excesiva.

La Constitución de 1869 fue fruto de un golpe de Estado. Gobernaba Javier Espinosa, elegido en enero de 1868 en elecciones abiertas, cuando el enero siguiente Gabriel García Moreno orquestó un golpe de Estado para obtener su regreso a la presidencia. Como Jefe Supremo, García Moreno convocó a una asamblea constitucional (poblada de adictos suyos) que dictó la Constitución de 1869, conocida como “La Carta Negra”, cuyo artículo 56 dispuso la duración de seis años (como en México) para el ejercicio de la presidencia. 

La asamblea constitucional designó a García Moreno como presidente para el período 1869-1875. Su magnicidio el 6 de agosto de 1875, a escasos cuatro días de concluir su período, le impidió a él terminarlo y lo debió completar su vicepresidente, Francisco Javier León. Aunque sufrió la muerte de su demiurgo, el período se completó, como no lo haría ningún otro: el presidente elegido por la voluntad popular en diciembre de 1875, Antonio Borrero, no duró ni un año en el ejercicio del poder, pues cayó por un golpe de Estado orquestado por Ignacio Veintemilla. Una nueva asamblea constitucional, en 1878, acabó con el experimento del sexenio.

Concebida para la transición tras un largo período de dictaduras, la Constitución de 1979 es la única que no fue elaborada por una asamblea, sino por una comisión de expertos. Su artículo 81 dispuso que el presidente dure cinco años en el cargo. El único presidente elegido bajo esta norma fue Jaime Roldós, en 1979, para gobernar entre 1979 y 1984, quien murió en un accidente de aviación en 1981. Su período de gobierno lo completó su vicepresidente, Oswaldo Hurtado. 

El experimento del quinquenio (como en Francia) fue muy breve, pues concluyó con las reformas a la Constitución aprobadas por el órgano legislativo en 1983.

La República de la inestabilidad

22 de marzo de 2024

            Publicado en diario Expreso el viernes 22 de marzo de 2024.

Durante el siglo XIX, desde 1835 en que se fundó la República del Ecuador con la entrada en vigor de la Constitución de Ambato y con el guayaquileño Vicente Rocafuerte como su primer presidente, un total de quince varones ocuparon la Presidencia de la República, sea que hayan sido designados por un congreso o asamblea constitucional (en el siglo XIX hubo diez de éstas) o elegidos por la voluntad popular.

Los presidentes elegidos por un congreso o asamblea constitucional durante el siglo XIX fueron diez (dos de ellos, Flores y García Moreno, lo fueron por dos ocasiones); de estos diez, seis lograron terminar su período de gobierno: Rocafuerte (1835-1839), Roca (1845-1849), Urbina (1852-1856), García Moreno (1861-1865 y 1869-1875, en asocio con León), Caamaño (1884-1888) y Alfaro (1897-1901). Todos los que concluyeron su período fueron elegidos por una asamblea que dictó una Constitución.

El caso del guayaquileño Gabriel García Moreno es peculiar, porque es el único de esta lista con dos períodos de gobierno concluidos, aunque él no haya vivido para la conclusión del segundo. El primer período, entre 1861 y 1865, bajo la Constitución de 1861, García Moreno lo gobernó completo. El segundo, entre 1869 y 1875, bajo la Constitución de 1869, lo gobernó casi completo, pues lo asesinaron el 6 de agosto de 1875, a escasos cuatro días de concluirlo. Este período de gobierno (el único sexenio que ha existido en nuestra historia) lo concluyó el vicepresidente de la República, el quiteño Francisco Javier León, por lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución. 

Los restantes cinco presidentes fueron elegidos por la voluntad popular, posibilidad que se instituyó por la entrada en vigor de la Constitución de 1861. El universo de votantes siempre fue muy reducido: se calcula que durante el siglo XIX osciló alrededor del 3%. Sólo uno de estos cinco presidentes concluyó el período para el que fue elegido: Antonio Flores, hijo del venezolano Juan José Flores y nacido en 1833 en el Palacio de Carondelet, en los tiempos en que su padre ejercía la presidencia del Estado y el Ecuador se sentía todavía parte (hipotética, ilusoria) de la República de Colombia. Todos los demás no terminaron su período, sea por una renuncia (Carrión), por golpes de Estado (Espinosa y Borrero) o por la revolución liberal (Cordero).

El caso del quiteño Antonio Flores Jijón es singular, porque él se encontraba fuera del Ecuador (en Francia) cuando fue elegido presidente de la República. En aquellos tiempos, el proceso electoral era distinto: no existía un organismo autónomo para organizarlo, sino que se dependía del gobierno de turno para su realización. El previsible resultado de esta fórmula era el tenaz triunfo del candidato del gobierno de turno. Flores ni necesitó hacer campaña, pues como el candidato del gobierno de Caamaño, triunfó con casi un 97% de los votos.  

Así, de un universo de diecisiete períodos de gobierno presidencial que pudieron haberse concluido durante el siglo XIX, tan sólo ocho lo consiguieron. Y de los elegidos por la voluntad popular, uno lo pudo hacer. Es todo un testimonio de la inestabilidad de la República (o debo decir: de la República de la inestabilidad).

El frustrado gobierno de Aguirre

29 de septiembre de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 29 de septiembre de 2023.

Cuando se fundó el Estado del Ecuador en 1830, éste fue la reunión de tres territorios que eran muy diferentes entre sí. Eran tres regiones que tenían unas economías no integradas y que tuvieron unas administraciones propias. Durante los años españoles fueron las provincias ultramarinas de Quito, Guayaquil y Cuenca (Gobernaciones desde 1540, 1763 y 1777, respectivamente) y durante los años colombianos fueron los departamentos del Ecuador, de Guayaquil y del Azuay. Desde que se fundó el Estado del Ecuador, esta división por departamentos se mantuvo para la determinación de una representación igualitaria de las tres regiones en los órganos legislativos (Congreso y Senado).   

Fue recién en 1861, cuando una Asamblea Constitucional aprobó la séptima Constitución del Estado que se eliminó la representación igualitaria de las regiones (aunque, claro, no su importancia para la política nacional). Esta Asamblea Constitucional lo designó como Presidente de la República al conservador guayaquileño Gabriel García Moreno. Tras su tránsito por la Presidencia, García Moreno llegó a concluir que “las leyes que tenemos son insuficientes para impedir el mal y hacer el bien”, en referencia al marco constitucional con el que le tocó gobernar.

García Moreno debió abandonar la Presidencia en 1865, pues la Constitución indicaba que sólo se podía reelegir a un Presidente después de un período. En 1865, él se lanzó para diputado por Pichincha, pero perdió. Maniobró para establecer a sus peones en la Presidencia en 1865 y 1867, pero ni Jerónimo Carrión ni Javier Espinosa fueron buenos a sus ojos y ninguno concluyó su período de gobierno por su directa incidencia. Era él quien debía regresar a la Presidencia de la República para implementar su plan de gobierno conservador, en un nuevo marco constitucional. 

Pero en 1868, García Moreno enfrentaba la posibilidad de que una coalición interregional de Guayaquil y Cuenca lo pueda derrotar en las urnas en mayo de 1869, justo en las elecciones a la Presidencia en las que se lo podría volver a elegir. En octubre de ese año, algunos cuencanos ilustres postularon a un connotado liberal guayaquileño, Francisco Xavier Aguirre, como su candidato. A principios de noviembre, Aguirre aceptó.

Como lo destacó Ana Buriano en su artículo “Ecuador 1868: la frustración de una transición”, el candidato Francisco Xavier Aguirre “tenía perfil de estadista, concitaba la adhesión de tendencias opositoras de varias regiones y se presentaba con un programa escrito y definido”, de un hondo liberalismo.

Pero el muy conservador, pío y brutal García Moreno no podía aceptar este desenlace, así que decidió ganar por la fuerza y organizó un golpe de Estado que se ejecutó la madrugada del 16 de enero de 1869. Los notables de Quito lo apoyaron, y más importante, lo hizo el ejército. Tras el éxito de su maniobra, lo usual: una Asamblea Constitucional que lo designó a él Presidente de la República y una nueva Constitución, la octava, que pasó a la historia como la “Carta Negra”, por su hondo conservadurismo.

García Moreno no terminó su período sombrío. Unos días antes de concluirlo, en agosto de 1875, lo mataron a tiros y machetazos al pie del Palacio de Carondelet.

La maldición azuaya

16 de junio de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 16 de junio de 2023.

La Ley de División Territorial colombiana de 1824 creó el Departamento del Azuay como nueva denominación para la que fue, en tiempos de la monarquía, la provincia de Cuenca. Cuando se creó el Estado del Ecuador en 1830, este nuevo Estado fue la rocambolesca reunión de tres departamentos colombianos, uno de ellos el Departamento del Azuay.  

Desde 1835 y hasta 1861, en todas las Constituciones el Departamento del Azuay subsistió (salvo en la Constitución de 1843, cuando fue distrito) para la determinación del número de los representantes políticos del territorio. Durante estos años, los mandamases del Ecuador (Presidente, triunvirato o Encargado del Poder) fueron un extranjero, varios guayaquileños, un quiteño accidental y un natural de Píllaro. Nunca un azuayo.

La Ley de División Territorial ecuatoriana de 1861 declaró que Azuay era el nombre de una provincia, y así lo sigue siendo hasta el sol de hoy. Con este estatus de provincia, las máximas autoridades del Ecuador de origen azuayo ascienden a cinco: Antonio Borrero (1875-1876), Luis Cordero (1892-1895), Gonzalo S. Córdova (1924-1925), Manuel María Borrero (1938) y Rosalía Arteaga (1996). 

El cuencano Antonio Borrero (1827-1911) fue elegido por votación popular celebrada los días 17, 18 y 19 de octubre de 1875. Empezó su período el 9 de diciembre de 1875 y debía terminarlo en 1881. Fue interrumpido por el golpe de Estado de Ignacio de Veintemilla del 8 de julio de 1876. Vivió en el exilio hasta 1883.

En los tiempos del nacimiento de Luis Cordero (1833-1912) en la hacienda Surampalti, en Déleg, este territorio pertenecía a la provincia del Azuay (el territorio se desprendió del Azuay en 1880). Cordero fue elegido Presidente por elección popular celebrada los días 10, 11, 12 y 13 de enero de 1892. Empezó su gobierno el 1 de julio de 1892 y debía terminarlo en 1896. Sin embargo, tras el escándalo conocido como “la venta de la bandera” se lo orilló a renunciar, lo que finalmente hizo el 16 de abril de 1895. Se retiró por muchos años (hasta 1910) de la vida política.

El cuencano Gonzalo S. Córdova (1863-1928) fue elegido Presidente en elecciones populares celebradas en 1924, las últimas elecciones del período liberal. Su gobierno fue interrumpido por el golpe de Estado de la revolución Juliana, el 9 de julio de 1925. Fue apresado y murió en el exilio, en Valparaíso, en 1928.

Por su parte, el cuencano Manuel María Borrero (1883-1975, sobrino nieto del otro Borrero) fue designado Presidente interino por la Asamblea Nacional Constituyente de 1938, tras la renuncia del general Alberto Enríquez Gallo. Gobernó entre el 10 de agosto y el 1 de diciembre de 1938, por apenas 114 días. Renunció por el insostenible clima político. Lo sucedió Aurelio Mosquera Narváez.

Finalmente, la cuencana Rosalía Arteaga (1956) es un caso singular. El Congreso Nacional destituyó al Presidente de la República, Abdalá Bucaram, por la causal de “incapacidad mental”. Rosalía Arteaga debió sucederlo, pero el Congreso Nacional se impuso. Gobernó (es un decir) por un par de días, entre el 9 y el 11 de febrero de 1997.

La maldición azuaya: ningún natural de ese territorio termina su gobierno (o como Rosalía, ni siquiera lo empieza).