Contra el voto obligatorio

            Publicado en diario Expreso el viernes 18 de octubre de 2024.

Durante 116 años y catorce Constituciones, el voto fue facultativo en el Estado del Ecuador. Así, para el experto Ernesto Albán Gómez: “La tradición constitucional y política del país consideraba que el sufragio era un derecho de los ciudadanos”. 

Pero nuestra Constitución número quince, aprobada el 31 de diciembre de 1946, rompió esta tradición, torció la idea de derecho y convirtió el voto en obligatorio (pasando así de ser un “derecho de los ciudadanos” a convertirse en un deber). Según Albán Gómez, el propósito de esta reforma fue bueno: se trató de fortalecer las instituciones democráticas a través de involucrar a todos los ciudadanos en los procesos electorales.

Pero se ha hecho evidente que, casi ocho décadas después de haberse implementado el voto obligatorio, este propósito de fortalecer las instituciones democráticas ha fracasado de forma grosera. En el curso de los años hemos llegado a una situación en la que los partidos y movimientos políticos suelen definirse por la oposición de unos a otros (su lema no oficial: “no somos buenos, apenas somos menos peores que el siguiente”), en un juego de suma cero. En este contexto, la gran mayoría de los participantes en el proceso electoral compiten para ocupar un lugar en la administración del Estado, a fin de repartirse un botín: puestos, contratos, comisiones, privilegios, corruptelas varias… 

El resultado de este juego de suma cero es una competencia electoral que carece de ideología, de militancia, del sentido de servicio al ciudadano. En este escenario, el voto obligatorio cumple el propósito de sostener un sistema electoral perverso, que funciona en contra del obligado votante. Y en una definición atribuida a Albert Einstein, “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

Entonces debemos abandonar el voto obligatorio para obtener unos resultados diferentes. 

Si se vuelve a la “tradición constitucional y política” del voto facultativo, primero, se respetará la libertad de los ecuatorianos, pues ella implica que seamos libres para decidir si deseamos participar en el proceso electoral. Si esto ocurre, dejaremos de ser uno de los 21 territorios en el mundo que obligan a votar a sus habitantes y pasaremos a integrar la inmensa mayoría de países que respetan la voluntad de sus habitantes.

Segundo, e incluso de mayor relevancia, si volvemos a adoptar el voto facultativo, podemos obtener unos resultados diferentes a la perversión actual. Los políticos ya no tendrían un voto cautivo y deberían empezar a buscar mecanismos para atraer a un electorado que, a día de hoy, desconfía de ellos y los desprecia. Así, el voto facultativo ofrece la posibilidad de procurar una mejora sustancial en la calidad de los discursos y las propuestas de los políticos, de manera tal que empiecen a merecer el depósito de confianza que se expresa en el voto que se ejerce en libertad. 

Esto implicaría un giro copernicano: serían los políticos los que se tendrían que ganar nuestro respeto, no nosotros estar obligados a sostener su sistema perverso.

Pero no creo que este cambio del voto obligatorio al facultativo ocurra, pues no le conviene a la clase política. Los ratones cuidarán su queso.

La revancha popular

El Gobierno de Lenin Moreno ha traicionado a la voluntad popular.

Voy a explicar la frase anterior: hubo un tiempo que el pueblo confió en el Presidente Lenin Moreno, en los albores de su Gran Traición período de Gobierno. Trepado en esa popularidad, el Presidente Moreno convocó en noviembre de 2017 a una consulta popular para aprobar siete reformas. Más allá de cosas de relleno, el propósito era doble: impedir la reelección del exPresidente Rafael Correa y crear un órgano transitorio que se encargue de destituir a las altas autoridades nombradas durante el Gobierno de Correa. El pueblo ecuatoriano confió en el Gobierno de Moreno y le concedió ambas cosas. Eran los tiempos dulces.

Ya luego todo se pudrió. Para empezar, el Consejo Transitorio devino en dictatorial (v., sobre esto, ‘La dictadura inadvertida’) y, en nombre del pueblo, decidió atribuirse unas ‘facultades extraordinarias’ y nombrar a dedo a las autoridades de reemplazo para las autoridades que ellos destituyeron. Esto daba motivo para la sospecha, pero pasó casi inadvertido.

Más motivos para sospechar lo dieron ciertas designaciones que hizo el Consejo Transitorio: hubo una fabulosa y otra en la que cojudeó al pueblo. La fabulosa fue la de Fiscal General del Estado (v., sobre esto, ‘Lo de la futura Fiscal Salazar hiede a corrupción’) y en la que se aplicó el arte del cojudeo fue en la del Contralor General del Estado. Sobre esto: por su singular ‘mandato’, adoptado el 8 de mayo de 2019, el Consejo Transitorio decidió no designar a la autoridad que reemplace al Contralor General destituido (Carlos Pólit), puesto que era necesaria una ‘reestructuración de la Contraloría General’ e instaba a los poderes del Estado a ‘viabilizar en el menor tiempo posible la creación de un Tribunal de Cuentas que reemplace a la Contraloría General del Estado’. Y mientras esto ocurría, debía asumir el Contralor subrogante, Pablo Celi, un ser dúctil y conveniente a los intereses persecutorios del Gobierno del Presidente Moreno. Esto fue un ‘se queda éste, mientras se hace esto otro, que jamás se hará’, es decir, una de las variantes más comunes en la que se conjuga el verbo cojudear.  

Ahora, el motivo de haberse creado el Consejo Transitorio fue para conducir una transición cuyo objetivo era traspasar el poder a un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, originado en la voluntad popular. A este efecto se organizaron las elecciones del 24 de marzo de 2019, pero el pueblo ya no apoyó al Gobierno de Moreno, pues a cuatro de los siete integrantes del nuevo Consejo elegidos por la voluntad popular, se los reputó ‘correístas’. Esta fue una voz de alerta de que el pueblo ya le había dado la espalda al Gobierno de Moreno, pero igual el Gobierno no se dio por vencido y buscó la destitución de los elegidos por la voluntad popular, vía un juicio político en la Asamblea Nacional.

En este punto, el Gobierno de Moreno ya no contaba con el pueblo, pero todavía podía contar con el apoyo de varios partidos y movimientos políticos en la Asamblea Nacional (a este apoyo lo galvanizaba el ‘anti-correísmo’). Y el Gobierno contó con estos mamarrachos que se dicen representantes del pueblo (es de suponer que hospitales mediante), y triunfó: logró la destitución de los cuatro ‘correístas’ vía juicio político.

Con las elecciones del 2021 cada vez más cerca, la actuación del aparato estatal frente a los ‘correístas’ adquirió una pestilencia a persecución política imposible de soslayar. La actuación de las autoridades puestas de forma arbitraria, como la Fiscal Salazar y el Contralor Celi, de las autoridades electorales, de las autoridades de ese basural có(s)mico que es nuestro sistema de justicia… Todo está hecho tan a la maldita sea, tan sin un mínimo respeto a las garantías judiciales, que únicamente en este pobre país perdido para el Estado de Derecho, estas cosas, como son parte de la cotidianidad, no nos parecen ridículas; pero cuando se la contrasta con los estándares interamericanos de protección de derechos humanos, el que sabe se caga de la risa las advierte muy ridículas. Nuestro nivel es haitiano (pero sin ese buen ron).

Y aún ante todo esto, el pueblo más o menos se había hecho al dolor. Hasta que llegó la pandemia y explotó la corrupción, los amarres y las componendas (solo digo un apellido: Bucaram). Y aquí es cuando ya todo se pudrió, de forma irreversible y definitiva. El pueblo se apercibió de la corrupción, del cojudeo, de la persecución política. Le ha retirado su apoyo al Gobierno de una forma jamás antes vista: el Gobierno de Moreno malvive con un increíble y absurdo 8% de aprobación de su gestión*. Ya no tiene ni el apoyo de esos mercachifles de la política en la Asamblea Nacional, pues hace unos días, 123 de los 137 asambleístas que componen dicho órgano, le pidieron al Presidente que remueva a esa campeona del cinismo que ejerce la cartera de Gobierno, la otrora carta progresista devenida en bulldog de la derecha, María Paula Romo. Por supuesto, ella se va a quedar, pero eso no cambia que a su Gobierno ya no lo quiere nadie. Tiene el desprecio del pueblo y el de la Asamblea Nacional: ya es un cabal APESTADO.

Y a todo esto, la derecha ecuatoriana, en su laberinto.

Y es que ya estamos en la recta final rumbo a las elecciones del 2021, cuando se debe admitir que el propósito del Gobierno de crear un escenario de superación del ‘correísmo’ únicamente está produciendo el regreso del ‘correísmo’. Son tan imbéciles en el Gobierno, que no solo no produjeron el resultado que buscaban, sino que están produciendo el resultado contrario a lo que buscaban. (Y sumado a esto, como ya fue dicho, la derecha en su laberinto.) Así, la alternativa que le está quedando al ‘anti-correísmo’ para evitar el triunfo de sus rivales es vieja: la corrupción varia, las leguleyadas, o ya de plano, la alteración de los resultados el día de la elección presidencial (tengo para mí, que así llegó a la Presidencia el lisiado mental de Mahuad; dadas las circunstancias, no me extrañaría que vuelva a ocurrir). Pero ni eso: cuando la diferencia llega a ser muy grande (Nebot lo comprobó en 1996), ya nada se puede hacer.

Visto en esta perspectiva, lo que se está viviendo es el origen de una reacción frente a una traición. No la traición de Moreno a Correa, pero la traición del Gobierno de Moreno a la voluntad popular a la que apeló en noviembre de 2017. Cuando el pueblo ecuatoriano todavía le creía, el Gobierno de Moreno le pidió el voto para luchar contra la corrupción… pero el Gobierno de Moreno terminó siendo mucho peor en corrupción y en cinismo (¡la Romo!). Y también en incompetencia, que en este des-Gobierno es brutal.

Dígase lo que se quiera de nuestro pueblo**, pero se termina por dar cuenta y recuerda otros tiempos, previos a esta época de traiciones y miseria generalizada (moral y económica). Y entonces no es difícil intuir que su reacción, ya será una revancha. Y tampoco es difícil saber quién la podrá capitalizar: aquel candidato asociado con ese pasado reciente, a quien para singularizarlo, basta con ver a quien todos los demás le hacen cargamontón.

Y será una revancha, pero expresada en votos: una revancha popular.

*

* Dice mucho de nuestra clase política que a Gutiérrez el 2005 se lo bajaron con el 33% de aprobación de su gestión, mientras que a Moreno, ahora, se lo sostiene con el 8%.  Gutiérrez pactó con Bucaram y cayó;  Moreno pactó con Bucaram y sigue. La diferencia estriba en que Gutiérrez no era un mojón en la marea de los intereses de las élites, mientras que Moreno sí. Y es por eso que se lo sostiene.

** Tengo la convicción de que nuestros políticos desprecian a sus electores. Los consideran más como un ganado al que arrear, que como seres pensantes a los que respetar, lo que se observa muy claramente en los débiles argumentos que utiliza nuestra clase política para sostener la obligatoriedad del voto.

El origen conservador del voto obligatorio

Un liberal, por principio, no debe consentir que un Estado lo obligue a manifestar su voto. Por experiencia, toda persona con sentido común, por el solo hecho de haber vivido en el Ecuador, ha advertido que en este país la obligatoriedad del voto es la base sobre la que se monta un sistema corrupto, que perjudica a quienes obliga (sobre esto, v. ‘Una revolución contra la idiotez’). Así, sentido común, en el Ecuador, es saber que uno está obligado a sostener un sistema de representación que fundamentalmente desprecia.

Entonces, si tenemos a un liberal con sentido común (los liberales sin sentido común –ni empatía- se llaman ‘libertarios’), tenemos necesariamente a un promotor del voto facultativo. A este liberal le gustará saber, para fundamentar mejor sus ideas*, el origen del voto obligatorio en el Ecuador.

Durante 116 años y catorce Constituciones, el voto fue facultativo en el país. Como ha dicho Ernesto Albán Gómez, en ‘Evolución del sistema electoral ecuatoriano’: ‘[l]a tradición constitucional y política del país consideraba que el sufragio era un derecho de los ciudadanos’ (p. 58). Es decir, entendía el ejercicio del voto como parte del ámbito de libertades ciudadanas que el Estado debe respetar. Y que en efecto, la gran mayoría de Estados del mundo mundial, respetan.

Porque, en el mundo mundial, 27 países obligan a sus ciudadanos a votar, frente a 172 países que respetan la libertad de sus ciudadanos de decidir si votan o no (‘Compulsory voting’). En los primeros países, rige una concepción del voto anti-liberal y como un ‘deber’; en los otros, la mayoría, rige una concepción liberal y se entiende el voto como un ‘derecho’. El Ecuador rompió con su tradición liberal y se sumó a los países que lo entienden como un ‘deber’ recién en su décimo quinta Constitución, la del año 1946, adoptada durante la primera dictadura de Velasco Ibarra**.    .

Sabroso entremés: la revolución ‘gloriosa’ de 1944 produjo la décimo cuarta Constitución y ungió a José María Velasco Ibarra como Presidente de la República. Esta Constitución, reconocida como liberal y progresista, se la aprobó el 31 de marzo de 1945; en la víspera de su primer aniversario, Velasco Ibarra se declaró Dictador y la desconoció. Entonces se organizó la respuesta conservadora a la Constitución de 1945: fue la de 1946, que entró en vigor el último día de ese año.

Su artículo 22 disponía lo siguiente:

Constitución de la República del Ecuador [1946]

Artículo 22.- Para ser elector se requiere estar en ejercicio de los derechos de ciudadanía y reunir las demás condiciones exigidas por la Ley. 

Dentro de estas condiciones, el voto para las elecciones populares es obligatorio para el varón y facultativo para la mujer. La Ley determinará la sanción correspondiente por el incumplimiento de este deber.

Esta obligatoriedad (parcial) del voto estuvo basada en que el Ecuador necesitaba ‘fortalecer sus instituciones democráticas y, para ello, involucrar a todos los ciudadanos en los procesos electorales’ (Albán Gómez, ‘Evolución...’, pp. 58-9). Si el propósito de esta reforma conservadora fue ‘fortalecer sus instituciones democráticas’, tenemos que aceptar que ese propósito ha fracasado escandalosamente, siempre y en todo momento, durante los 74 años que ha regido la obligatoriedad del voto en el Ecuador***.

El fracaso del voto obligatorio obliga a repensar su permanencia en el juego democrático. Es una rémora conservadora de 1946, sobre la que se ha erigido, a la fecha, un sistema corrupto que la mayoría de los votantes despreciamos (v., insisto, ‘Una revolución contra la idiotez’). Y, como se dice en frase atribuida a Albert Einstein (pero también a Mark Twain y a Benjamin Franklin), ‘una locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes’.

Pero en el Ecuador, una ‘locura’ conveniente a la corrupción, puede llegar a convertirse en tradición. En este caso, de cuño conservador y originada en 1946.

*

* No es que realmente importe, porque los argumentos no convencen a nadie. It’s just for fun.

** Hay quienes cuentan a esta Constitución como la décima sexta, pero es porque cuentan la Constitución de 1938, que jamás se promulgó.

*** 74 años para los varones, 53 para las mujeres (pues para ellas empezó a ser obligatorio desde la Constitución de 1967).