Contra el voto obligatorio

            Publicado en diario Expreso el viernes 18 de octubre de 2024.

Durante 116 años y catorce Constituciones, el voto fue facultativo en el Estado del Ecuador. Así, para el experto Ernesto Albán Gómez: “La tradición constitucional y política del país consideraba que el sufragio era un derecho de los ciudadanos”. 

Pero nuestra Constitución número quince, aprobada el 31 de diciembre de 1946, rompió esta tradición, torció la idea de derecho y convirtió el voto en obligatorio (pasando así de ser un “derecho de los ciudadanos” a convertirse en un deber). Según Albán Gómez, el propósito de esta reforma fue bueno: se trató de fortalecer las instituciones democráticas a través de involucrar a todos los ciudadanos en los procesos electorales.

Pero se ha hecho evidente que, casi ocho décadas después de haberse implementado el voto obligatorio, este propósito de fortalecer las instituciones democráticas ha fracasado de forma grosera. En el curso de los años hemos llegado a una situación en la que los partidos y movimientos políticos suelen definirse por la oposición de unos a otros (su lema no oficial: “no somos buenos, apenas somos menos peores que el siguiente”), en un juego de suma cero. En este contexto, la gran mayoría de los participantes en el proceso electoral compiten para ocupar un lugar en la administración del Estado, a fin de repartirse un botín: puestos, contratos, comisiones, privilegios, corruptelas varias… 

El resultado de este juego de suma cero es una competencia electoral que carece de ideología, de militancia, del sentido de servicio al ciudadano. En este escenario, el voto obligatorio cumple el propósito de sostener un sistema electoral perverso, que funciona en contra del obligado votante. Y en una definición atribuida a Albert Einstein, “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

Entonces debemos abandonar el voto obligatorio para obtener unos resultados diferentes. 

Si se vuelve a la “tradición constitucional y política” del voto facultativo, primero, se respetará la libertad de los ecuatorianos, pues ella implica que seamos libres para decidir si deseamos participar en el proceso electoral. Si esto ocurre, dejaremos de ser uno de los 21 territorios en el mundo que obligan a votar a sus habitantes y pasaremos a integrar la inmensa mayoría de países que respetan la voluntad de sus habitantes.

Segundo, e incluso de mayor relevancia, si volvemos a adoptar el voto facultativo, podemos obtener unos resultados diferentes a la perversión actual. Los políticos ya no tendrían un voto cautivo y deberían empezar a buscar mecanismos para atraer a un electorado que, a día de hoy, desconfía de ellos y los desprecia. Así, el voto facultativo ofrece la posibilidad de procurar una mejora sustancial en la calidad de los discursos y las propuestas de los políticos, de manera tal que empiecen a merecer el depósito de confianza que se expresa en el voto que se ejerce en libertad. 

Esto implicaría un giro copernicano: serían los políticos los que se tendrían que ganar nuestro respeto, no nosotros estar obligados a sostener su sistema perverso.

Pero no creo que este cambio del voto obligatorio al facultativo ocurra, pues no le conviene a la clase política. Los ratones cuidarán su queso.

El origen conservador del voto obligatorio

Un liberal, por principio, no debe consentir que un Estado lo obligue a manifestar su voto. Por experiencia, toda persona con sentido común, por el solo hecho de haber vivido en el Ecuador, ha advertido que en este país la obligatoriedad del voto es la base sobre la que se monta un sistema corrupto, que perjudica a quienes obliga (sobre esto, v. ‘Una revolución contra la idiotez’). Así, sentido común, en el Ecuador, es saber que uno está obligado a sostener un sistema de representación que fundamentalmente desprecia.

Entonces, si tenemos a un liberal con sentido común (los liberales sin sentido común –ni empatía- se llaman ‘libertarios’), tenemos necesariamente a un promotor del voto facultativo. A este liberal le gustará saber, para fundamentar mejor sus ideas*, el origen del voto obligatorio en el Ecuador.

Durante 116 años y catorce Constituciones, el voto fue facultativo en el país. Como ha dicho Ernesto Albán Gómez, en ‘Evolución del sistema electoral ecuatoriano’: ‘[l]a tradición constitucional y política del país consideraba que el sufragio era un derecho de los ciudadanos’ (p. 58). Es decir, entendía el ejercicio del voto como parte del ámbito de libertades ciudadanas que el Estado debe respetar. Y que en efecto, la gran mayoría de Estados del mundo mundial, respetan.

Porque, en el mundo mundial, 27 países obligan a sus ciudadanos a votar, frente a 172 países que respetan la libertad de sus ciudadanos de decidir si votan o no (‘Compulsory voting’). En los primeros países, rige una concepción del voto anti-liberal y como un ‘deber’; en los otros, la mayoría, rige una concepción liberal y se entiende el voto como un ‘derecho’. El Ecuador rompió con su tradición liberal y se sumó a los países que lo entienden como un ‘deber’ recién en su décimo quinta Constitución, la del año 1946, adoptada durante la primera dictadura de Velasco Ibarra**.    .

Sabroso entremés: la revolución ‘gloriosa’ de 1944 produjo la décimo cuarta Constitución y ungió a José María Velasco Ibarra como Presidente de la República. Esta Constitución, reconocida como liberal y progresista, se la aprobó el 31 de marzo de 1945; en la víspera de su primer aniversario, Velasco Ibarra se declaró Dictador y la desconoció. Entonces se organizó la respuesta conservadora a la Constitución de 1945: fue la de 1946, que entró en vigor el último día de ese año.

Su artículo 22 disponía lo siguiente:

Constitución de la República del Ecuador [1946]

Artículo 22.- Para ser elector se requiere estar en ejercicio de los derechos de ciudadanía y reunir las demás condiciones exigidas por la Ley. 

Dentro de estas condiciones, el voto para las elecciones populares es obligatorio para el varón y facultativo para la mujer. La Ley determinará la sanción correspondiente por el incumplimiento de este deber.

Esta obligatoriedad (parcial) del voto estuvo basada en que el Ecuador necesitaba ‘fortalecer sus instituciones democráticas y, para ello, involucrar a todos los ciudadanos en los procesos electorales’ (Albán Gómez, ‘Evolución...’, pp. 58-9). Si el propósito de esta reforma conservadora fue ‘fortalecer sus instituciones democráticas’, tenemos que aceptar que ese propósito ha fracasado escandalosamente, siempre y en todo momento, durante los 74 años que ha regido la obligatoriedad del voto en el Ecuador***.

El fracaso del voto obligatorio obliga a repensar su permanencia en el juego democrático. Es una rémora conservadora de 1946, sobre la que se ha erigido, a la fecha, un sistema corrupto que la mayoría de los votantes despreciamos (v., insisto, ‘Una revolución contra la idiotez’). Y, como se dice en frase atribuida a Albert Einstein (pero también a Mark Twain y a Benjamin Franklin), ‘una locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes’.

Pero en el Ecuador, una ‘locura’ conveniente a la corrupción, puede llegar a convertirse en tradición. En este caso, de cuño conservador y originada en 1946.

*

* No es que realmente importe, porque los argumentos no convencen a nadie. It’s just for fun.

** Hay quienes cuentan a esta Constitución como la décima sexta, pero es porque cuentan la Constitución de 1938, que jamás se promulgó.

*** 74 años para los varones, 53 para las mujeres (pues para ellas empezó a ser obligatorio desde la Constitución de 1967).

Is that it?

Me impresionó este artículo de opinión de Ernesto Albán Gómez que se publicó en la edición de diario Hoy del 19 de julio. Me impresionó porque es un ejemplo de lo que yo entiendo que no debe hacerse en un artículo de opinión.

Breve resumen

El artículo empieza con una especulación que, curiosamente, le da título al mismo. EAG menciona el dato cierto de que los asambleístas del Gobierno son 59. A partir de este dato, refiere que se “ha proclamado a los cuatro vientos” que los asambleístas serán 70, tal vez 80, y que “alguno más optimista ha hablado de 88”. Con esos números, EAG concluye que “[e]s decir que nada menos que 29 asambleístas se unirían al bloque gubernamental”. A partir de este concluyente dato, EAG nos invita a reflexionar.

Para esta reflexión EAG nos explica que “es normal” que un partido mayoritario establezca alianzas (EAG cita al actual Gobierno alemán como ejemplo). EAG precisa, entonces, que esas alianzas suelen hacerse entre partidos “con afinidades ideológicas” salvo en los casos en que se lo hace “entre partidos con importantes diferencias” para “garantizar una cierta gobernabilidad”.

Hecho este antecedente general, EAG nos refiere antecedentes históricos del caso ecuatoriano, de actos previos al actual Gobierno. EAG nos refiere la usual opacidad de los procedimientos en el Legislativo, las prácticas de los “camisetazos” y de las llamadas “mayorías móviles”.

Hecho el antecedente general y este último antecedente histórico local, EAG arriba al núcleo de su artículo y concluye que “aunque los voceros oficiales se rasguen las vestiduras, las informaciones que se han hecho públicas nos hacen pensar que estamos asistiendo, una vez más, a la reedición del pasado”.

Crítica

El artículo de EAG empieza mal, con una especulación para la que no presenta ninguna prueba. No ofrece ningún nombre, ningún dato específico: menos todavía, una explicación de quién es la certera fuente que le permita titular su artículo “De 59 a 88”. Pero esto no es tan relevante.

Luego EAG nos refiere, en esencia, que la práctica de alianzas entre un partido mayoritario y otros partidos es una práctica normal. Pero prepara el camino para su conclusión cuando nos refiere que aquellos que es práctica normal en otros países (recuérdese que EAG citó el ejemplo de Alemania) en Ecuador nos debería provocar suspicacias. ¿Por qué debería provocárnoslas? Pues porque la experiencia de los Congresos anteriores (opacidad, “camisetazos”, “mayorías móviles”, etc.) nos ha “escamado” y nos obliga a estas suspicacias.

Dichos estos antecedentes, ¿cuáles son las premisas que soportan la conclusión de este artículo? (recuérdese, el que este Gobierno, según EAG, reedita las prácticas del pasado). En definitiva, EAG nos ofrece dos: el que “las informaciones que se han hecho públicas” y el que en la negociación política “los desinteresados no existen”. ¿Y eso es todo para soportar la grave conclusión de que este Gobierno reedita los camisetazos y demás? Sí, eso es todo, that’s it. Pero, EAG: nos escamoteaste todo lo sustancioso para sustentar tu conclusión. Por ejemplo: ¿Cuáles son esas informaciones que se han hecho públicas? ¿Nos informan de los mismos hechos de antaño? ¿Son relevantes esas informaciones para probar tu conclusión? Más todavía, decir que en la negociación política “los desinteresados no existen” es no decir mucho, o casi nada. Porque si nos tomamos en serio esa afirmación, toda alianza entre partidos, para que no levante suspicacias, debería hacerse por actores políticos desinteresados. Y, EAG: ¿Es esto posible, o incluso deseable? ¿Así es como sucede en Alemania? (país que utilizaste como ejemplo) ¿O lo deseable sería que esos intereses sean transparentes y se correspondan con el ideario del partido en cuestión? Seis preguntas, a razón de tres por premisa: tu conclusión no concluye nada, siembra de preguntas, jardines de dudas.

Corolario

En resumidas cuentas: el artículo de EAG empieza con una especulación que no se sostiene en ningún dato cierto, nos ofrece unos párrafos que terminan por no resultar relevantes para probar su conclusión, la que pretende sustentarse en dos premisas que no tienen fundamento en ningún dato cierto y que, en consecuencia, no prueban nada de nada. Pero lo más grave de este artículo no es solamente el hecho de haberse publicado en estos términos (al final, una tarde de apuro la tiene cualquiera y no tengo parámetros para juzgar si este tipo de ligerezas son práctica usual de EAG) sino que es un síntoma de un periodismo de opinión que en este país no es extraño que abuse de adjetivos (no es éste el caso) y de especulaciones (sí que lo es) para levantar sospechas y apresurar conclusiones que no se infieren de sus premisas, ni sean éstas veraces, como en este caso.

P.S.- Foto cortesía de Cynthia Lasso.