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Uno al exilio, dos muertos

29 de marzo de 2024

            Publicado en diario Expreso el viernes 29 de marzo de 2024.

La tradición constitucional ecuatoriana es tener un período de gobierno presidencial de cuatro años. En la única Constitución del Estado del Ecuador en la República de Colombia y en 15 de las 18 Constituciones de la República del Ecuador, el período del presidente dura cuatro años. En las tres Constituciones restantes, la duración del período varió: en la Constitución de 1843 fue de ocho años, en la Constitución de 1869 fue de seis años, en la Constitución de 1979 fue de cinco años. En todas ellas, el presidente elegido para completar ese período más extenso, no pudo hacerlo.

La Constitución de 1843 fue fruto de un autogolpe de Estado. El presidente para el período 1839-1843, Juan José Flores, decidió en octubre de 1842, a pocos meses de concluir su período y por sus pistolas, la convocatoria a una asamblea constitucional (poblada de adictos suyos) que dictó la Constitución de 1843, conocida como “La Carta de la Esclavitud”, cuyo artículo 57 dispuso la duración de ocho años para el ejercicio de la presidencia. 

La asamblea constitucional designó a Flores como presidente para el período 1843-1851. La revolución marcista, originada en Guayaquil en marzo de 1845, terminó con este período de gobierno. De los ocho años proyectados para este período, Flores gobernó por casi dos años. Y en julio de 1845, se largó al exilio. Una nueva Constitución, en diciembre de 1845, tumbó esta duración excesiva.

La Constitución de 1869 fue fruto de un golpe de Estado. Gobernaba Javier Espinosa, elegido en enero de 1868 en elecciones abiertas, cuando el enero siguiente Gabriel García Moreno orquestó un golpe de Estado para obtener su regreso a la presidencia. Como Jefe Supremo, García Moreno convocó a una asamblea constitucional (poblada de adictos suyos) que dictó la Constitución de 1869, conocida como “La Carta Negra”, cuyo artículo 56 dispuso la duración de seis años (como en México) para el ejercicio de la presidencia. 

La asamblea constitucional designó a García Moreno como presidente para el período 1869-1875. Su magnicidio el 6 de agosto de 1875, a escasos cuatro días de concluir su período, le impidió a él terminarlo y lo debió completar su vicepresidente, Francisco Javier León. Aunque sufrió la muerte de su demiurgo, el período se completó, como no lo haría ningún otro: el presidente elegido por la voluntad popular en diciembre de 1875, Antonio Borrero, no duró ni un año en el ejercicio del poder, pues cayó por un golpe de Estado orquestado por Ignacio Veintemilla. Una nueva asamblea constitucional, en 1878, acabó con el experimento del sexenio.

Concebida para la transición tras un largo período de dictaduras, la Constitución de 1979 es la única que no fue elaborada por una asamblea, sino por una comisión de expertos. Su artículo 81 dispuso que el presidente dure cinco años en el cargo. El único presidente elegido bajo esta norma fue Jaime Roldós, en 1979, para gobernar entre 1979 y 1984, quien murió en un accidente de aviación en 1981. Su período de gobierno lo completó su vicepresidente, Oswaldo Hurtado. 

El experimento del quinquenio (como en Francia) fue muy breve, pues concluyó con las reformas a la Constitución aprobadas por el órgano legislativo en 1983.

Una revolución contra la idiotez

13 de abril de 2020


1) El sistema electoral ecuatoriano está corrupto; 2) El voto facultativo es un remedio para atajar su corrupción.

Estas dos oraciones son lo que me propongo demostrar en este breve artículo.

*

Para la primera oración, aporto como prueba el financiamiento del sistema electoral ecuatoriano.

Veamos el contexto: Ecuador es un país pobre y periférico en el contexto mundial, desigual y discriminador en el nacional. Equipado con estos atroces defectos, el Estado del Ecuador le parece a la mayoría de los ecuatorianos más un estorbo que cosa valiosa (en tiempos del COVID-19, esta sensación ha sido imposible de soslayar). Pero este Estado (de manera inequitativa, casi desfachatadamente) le cobra impuestos a sus habitantes. Muchos evaden los impuestos (evasión established since 1830) pero la plata llega igual a las arcas del Estado (established since 1830). Y ocurre que el Estado, de cuando en vez, devuelve ese billete. No me refiero en obras, etc., sino a unos pocos avivatos, en el marco del proceso electoral.

Que este diseño electoral está corrupto se desprende de las recomendaciones sobre “financiamiento político-electoral” en el informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegada en el Ecuador para las elecciones seccionales y de los integrantes del CPCCS que se realizaron el 24 de marzo de 2019. En este informe se empieza por reconocer como hechos que “la ausencia de barreras para acceder al financiamiento público genera una enorme atomización de la contribución estatal y un incentivo para el nacimiento de nuevas organizaciones políticas” y que ocurre que el financiamiento privado “no es fiscalizado durante la campaña y está sujeto a un débil escrutinio posterior [lo que] reduce seriamente la eficacia del control existente”. Acto seguido, esta Misión formula las siguientes recomendaciones:

Primera recomendación: “Fortalecer las capacidades del CNE para atender las funciones que por ley le han sido asignadas en la fiscalización del financiamiento público y privado, robusteciendo sus facultades para la detección y sanción de infracciones”. Como en la OEA son unos burócratas de alto coturno, se los pondré en simple: ellos quieren decir que el Estado ecuatoriano es patéticamente ineficaz para detectar y sancionar las infracciones en materia de financiamiento electoral… Lo que constituye un gran incentivo para la pillería.

Segunda recomendación: “Considerar la introducción de una barrera de acceso al FPE...” El Fondo de Promoción Electoral (FPE) es el botín que se quieren repartir (sin controles eficaces) las organizaciones políticas. La falta de barreras de acceso es otro gran incentivo para la pillería.

Tercera recomendación: “Incorporar en la normativa la obligatoriedad de etiquetar parte de los recursos permanentes que se asignan a las organizaciones para que sean destinados a la capacitación política, técnica y/o ideológico-programática…”. Esto, simplemente pone en evidencia la real naturaleza de nuestras organizaciones políticas: son mucho más unas maquinarias para obtener financiamiento electoral, que unas organizaciones con una clara ideología y un programa político. En resumen: son grupos organizados para la pillería.

Así, el sistema corrupto se cierra. A la mayoría de la gente no le interesa votar, pero para que este sistema corrupto subsista se requiere que ellos lo sigan haciendo, obligadamente (de ello depende la repartija de billete). Algunos incautos creen que en esto de votar hay una obligación “cívica” envuelta, pero eso es fundamentalmente paja. El propósito de tener el voto obligatorio es mantener aceitada a una maquinaria que reparte billete de vez en cuando. Es la eterna danza de los avivatos y los incautos: una conga-line que transita el Ecuador para perpetuar su subdesarrollo.

*

Es el momento de probar la segunda oración. Como se probó antes, a las elecciones se las ha pervertido hasta convertirlas en un ariete de nuestro subdesarrollo, en razón de lo cual, algo debemos hacer al respecto. Porque como decía Einstein (un científico, no huevadas) “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Una solución, entonces, está en cortar de tajo ese incentivo perverso, convirtiendo el voto de obligatorio a facultativo.

Doy por sentado que, si se ha leído hasta aquí, ninguno de los lectores cree esa burrada de que obligar a votar a la gente en el Ecuador ha servido para educarla en sus deberes, etc. Eso se ha probado mentira, y la evidencia de 41 años consecutivos de votaciones exime de mayor comentario.

Porque, honestamente, a la gente no le tiene porqué importar tanto la política, eso es una ficción que nos gusta creer, pero que es paja. Es legítimo que una persona tenga cientos de otras cosas más importantes/interesantes/lúdicas en las que pensar e invertir su tiempo. Esto, en el caso de que los políticos no les parezcan directamente tipos despreciables, o vulgares ladrones, a los que ellos obligadamente tienen que ir a votar. (El número de los que creen que el sistema está podrido –sus “desengañados”- se expresa, principalmente, en los votos nulos –a los que también se los podría llamar “eclosión de falos en la papeleta electoral”).

Confiar que este estado de cosas cambie por el voto constante de la población es una vana ilusión, una torpeza. Los que he llamado “incautos”, están contento de ser así porque (perdóneseme el francés) les vale verga ser otra cosa. Y es la existencia de este target en la política, el eficaz incentivo para que se mantenga la tan pervertida, estúpida y disfuncional obligación de votar: por convenirle a unos cuantos avivatos que se reparten el billete que es producido por el número de incautos que, obligadamente, acuden a la votación.

Si el Estado ecuatoriano abandona la obligatoriedad del voto se unirá a la inmensa mayoría de países del mundo que consideran a sus ciudadanos como gente con la libertad de decidir si acude a elecciones o no. En apenas 22 países (data hasta 2013) se mantiene el voto obligatorio y en tan solo diez de ellos, incluido el Ecuador, se tienen sanciones por no votar (es decir, el Ecuador en esto también se pone policial, que es su estado natural). El Estado del Ecuador debería seguir el ejemplo de países que, habiendo tenido el voto obligatorio, lo repelieron, como Holanda (AKA “Países Bajos”), Fiji y Guatemala, entre otros muchos.

Queda una cosa para rebatir, después de que se probó que la obligatoriedad del voto es un burdo incentivo para la corrupción generalizada, y es esta otra gansada, que podría decirla, por ejemplo, uno de esos Tutankamones tipo Oswaldo Hurtado: il viti dibi sir ibliguitiri pir li ligitimidid.

Esto de la “Legitimidad del voto obligatorio” está en mi “Top 3” de huevadas políticas ecuatorianas con el “Ecuador amazónico” y el “Modelo exitoso de desarrollo”. Son frases huecas, que nunca hicieron sentido con la realidad, pero que se las creyó, e incluso algunos despistados las siguen creyendo*.

La legitimidad, realmente, está dada por dos factores: la universalidad de la posibilidad de votar (Ecuador, en esto, hasta antes de esta calamidad llamada Moreno era un ejemplo de inclusión) y el respeto a la decisión de todo ciudadano de decidir si vota o no vota. Porque son los políticos los que tienen que ganarse nuestro respeto, no nosotros tener la obligación de mantener su sistema corrupto.

Entonces, si a ustedes: a) No les gusta votar; b) No les gusta la corrupción; c) No les gusta el despilfarro de los recursos públicos; o d) Todas las anteriores, la respuesta es simple: Es el voto facultativo, estúpido.

Y para explicar con propiedad el punto a) (los puntos b y c ya fueron probados más atrás), ¿para qué convertir el voto obligatorio en facultativo? Pues para que no triunfen los idiotas. Porque la que vivimos es una democracia de idiotas.

Antes que a los biempensantes les dé un ataque epiléptico o un patatús por este horror de llamar a los votantes “idiotas”, es que muchos en realidad lo son, en el sentido original de la palabra, de acuerdo con su etimología griega. En la Grecia antigua (la vanagloriada de Sócrates, Platón y Aristóteles), un “idiota” era aquel que se preocupaba únicamente de sí mismo, de sus intereses privados, sin participar de los asuntos públicos o políticos.

¿Por qué dejar las elecciones políticas fundamentales en manos de gente así? Realmente, lo responsable es retirarles esa carga: si esa persona quiere (esa es la universalidad del voto), ella puede, en igualdad de condiciones con el resto de sus conciudadanos, acudir a votar y manifestar su postura. Pero si no quiere votar, pues bien también, el Estado debe respetar que esa persona se preocupe más por otras cosas y, lejos de ponerse policial con multas, deberían sus políticos pensar en atraer a este electorado quechuchista a través de una mejora sustancial en la calidad de sus discursos y de sus propuestas: que pasen de ser sospechosos de pillería (porque los ecuatorianos no confiamos en nuestros políticos, esa es la verdad y la crisis del COVID-19 lo ha desnudado groseramente) a pasar a ser unos tipos decentes, unos que se merezcan el depósito de confianza que se expresa en un voto. Así, el voto facultativo realmente lo que pretende es pasar a los idiotas a la inactividad, hasta que voluntariamente dejen de serlo, por incentivos positivos. Y con esta medida le cagamos el negocio a los que sostienen este sistema corrupto con la coerción (multas) de todos quienes lo despreciamos.

Y por eso, el título de este breve artículo cobra total sentido: la reforma del voto facultativo es una auténtica revolución contra la idiotez.

* Ya cada vez más esa gente se está pareciendo a esos soldados que siguen combatiendo en la selva, mucho después de que terminó el conflicto. Más que náusea, dan tristeza, que diría Aute.

Pablo Better (Naipe Centralista)

28 de mayo de 2019


En ‘Las costumbres de los ecuatorianos’, Oswaldo Hurtado recuerda que los judíos al Ecuador “en su mayor parte llegaron entre los años 1937 y 1939 y en los siguientes a la II Guerra Mundial”, en un número alrededor a los 5.000, pero “con el tiempo muchos se volvieron a Europa o viajaron a establecerse en el recientemente constituido Israel, porque sus negocios no prosperaron, el atraso del país cerró las puertas a los más preparados, no encontraron un ambiente en el que pudieron tener cabida sus creencias religiosas, pero sobre todo para buscar un provenir [sic] más seguro en la próspera economía de los Estados Unidos”. De esos 5.000, “actualmente [la comunidad judía] no cuenta con más de 500 integrantes, casi todos residentes en Quito y unos pocos en Guayaquil y Cuenca” (2009, pp. 277-8).

Hurtado recuerda también que muchos judíos pusieron prósperos negocios en el Ecuador, pero que “[n]o se interesaron por la política, con la excepción de Pablo Better, judío de segunda generación que llegó a ser Ministro de Economía y Presidente del Banco Central” (2009, p. 284).

A Pablo Better [AKA “Paul Bueno”] fue dedicado este 6 de trébol.

La cuenta larga y dos preguntas

23 de mayo de 2019


Hay un nivel de análisis político de los acontecimientos que corresponde a la coyuntura. Por ejemplo, el análisis del Embajador Bloomfield previo a la celebración del referéndum del 15 de enero de 1.978 es un excelente ejemplo de este tipo de análisis, del trabajo de las fuerzas anti-democráticas que le impidieron a Assad Bucaram ser Presidente del Ecuador.

Un análisis de cuenta larga supone abarcar una época. Pongamos por caso, el período de la “vuelta a la democracia”, iniciado en 1.979, con la elección del joven abogado Jaime Roldós del partido Concentración de Fuerzas Populares (CFP), sobrino político del viejo Bucaram. Entre 1.979 y 2.019, esta época abarca ya 40 años. Y ha habido en ella tres grandes fuerzas políticas.

La primera, el CFP, la fuerza dominante en las elecciones de 1.979: tenía al Presidente de la República para el período 1.979-1.984 (en esa época duraban cinco años) y contaba con el bloque mayoritario en la Cámara Nacional de Representantes (tal era su nombre: luego, “Congreso Nacional”, actualmente, “Asamblea Nacional”). Su fortuna en este nuevo período duró poco: a fines de 1.981, estaban muertos el Presidente Jaime Roldós y el líder del partido, Assad Bucaram, de un supuesto accidente de aviación y de un fulminante infarto, respectivamente. Sin ellos, el CFP quedó fuera de juego. Y se creó un vacío de poder.

La segunda fuerza política dominante, el PSC, emergió en reemplazo del CFP. Tras un breve e insustancial interregno del bobo de Oswaldo Hurtado (1.981-1.984), asumió la Presidencia de la República el ingeniero León Febres-Cordero (1.984-1.988), pero su control de los negocios de Estado trascendió su estricto período de Gobierno. Quien mejor lo puede describir es uno de los amigos de la Casa de Bálsamos, el Cónsul de los Estados Unidos de América en Guayaquil, Kevin Herbert, que lo hizo en un cable a su Gobierno, del año 2005: “Él parece contento de gobernar en las sombras, usando su presión en las instituciones de gobierno (Congreso, Justicia, paraestatales) para influir en las políticas”. Febres-Cordero manejó este país de manera vertical, visceral y a las puteadas por más de dos decenios. El país llegó a un hastío: en ese período tres presidentes elegidos por voluntad popular (Bucaram, Mahuad y Gutiérrez) no concluyeron su período. La CIDH, en un informe de ese mismo año 2005 sobre la situación política del Ecuador, fue lapidaria:

“[L]a Comisión reitera que la crisis coyuntural que se vivió durante el último año en Ecuador [2005], refleja problemas estructurales de mucho mayor alcance que no logran ser resueltos por la grave inestabilidad política que afecta al país y la incapacidad de sus clases dirigentes de formar consensos amplios y perdurables que permitan identificar e implementar políticas públicas inclusivas necesarias para el respeto y goce efectivo de todos los derechos humanos…”.

La Comisión IDH no omitió su criterio sobre el efecto que tiene en la población estos “problemas estructurales” y  la “grave inestabilidad política” que impide solucionarlos:

“La Comisión no puede dejar de señalar, que la población ecuatoriana tiene un alto nivel de escepticismo con respecto a las instituciones democráticas, a la dirigencia política y a la capacidad de los órganos estatales para tutelar los derechos humanos”

Es decir, la población estaba hastiada y fue de ese hastío que surgió la tercera fuerza política dominante del período, el economista Rafael Correa (2.007-2.017) y su movimiento Alianza País. Correa pateó el tablero político (con un Febres-Cordero menguante) y tuvo la fuerza suficiente para, en un par de años, establecer una nueva Constitución y crear una nueva institucionalidad. Sin embargo, se le subió el poder a la cabeza y se quedó un período de más. Pero a pesar de sus excesos y abusos, Correa hizo bien muchas cosas que otros no habían hecho, o que habían hecho mal (en el campo de la inversión social, principalmente). Está lejos de ser un cadáver político: aún en su ausencia, la política ecuatoriana sigue girando alrededor suyo. Sus seguidores mantienen la ilusión de su regreso, sus detractores le tienen un miedo-pánico (sazonado de un odio multi-causal, que a más regionalista, más intenso).

Ahora, este período que vivimos desde la caída de Correa, al que denominaré “Período Moreno-Nebot”… ¿es el punto de partida para una nueva época de dominio socialcristiano, o son los últimos estertores de una vieja ilusión? Me explico.

La vez pasada (principios de los ochenta) cuando un serrano bobo ocupó el poder, vino el guayaco sabido, se lo quitó y se encaramó en él por más de dos decenios. Ese podría ser el caso ahora: el serrano bobo (Lenin Moreno) está en el poder, el guayaco socialcristiano y sabido (antes LFC, ahora Nebot) está a las puertas de quitarle el poder y encaramarse en él… ¿Por cuánto tiempo?

He aquí la diferencia: Febres-Cordero se trepó en el poder con 53 años, mientras que Nebot lo haría con 73 años (si lo hace este 2.019). Son los 20 años que gozó Febres-Cordero, con los que Nebot no cuenta: si llega al poder (no dudo que esa sea su personal ambición), su paso sería breve e insustancial. Breve, pues por edad no podrá gobernar mucho tiempo; e insustancial, porque sin esa perspectiva, su llegada es mucho más la coronación de una vida política bien jugada (el triunfo final de un capo), que una apuesta por el bien común. Las consecuencias del reparto de la institucionalidad en lo que he denominado el “modelo empresarial de desarrollo” de la Alcaldía socialcristiana, tendría unas consecuencias nefastas si se lo pone en práctica a nivel nacional, y sin duda, activaría de inmediato el tradicional “péndulo” en nuestra política. En este análisis de cuenta larga, el “Período Moreno-Nebot” sería apenas un episodio compuesto de Moreno (el serrano “izquierdista” bobo y traidor) y de Nebot (el guayaco derechista y sabido), en el que Moreno juega el rol de la parte desechable y Nebot es el triunfador.

Este “Período Moreno-Nebot” se podría dar por las horas bajas de la fuerza dominante del período: Rafael Correa. De llegar a darse el Gobierno de Nebot, este político guayaco habrá alcanzado su vieja ilusión, pero ya en el ocaso de su carrera y a costa de permitir un escenario político posterior en el que Correa recuperaría mucha fuerza y en el que no dudo que se adaptarían las circunstancias para su regreso. Quedan así dos preguntas, atadas una a la otra:

1) ¿Cuánto tiempo podría durarle a Nebot el dominio político del Ecuador?
2) ¿Cuándo vuelve Correa?

N.B: En cualquiera de estas tres etapas de dominación política, el juego de la política nacional es obra de guayacos: lo fueron los finados Bucaram, Roldós y Febres-Cordero; lo son Correa y Nebot.

Salazar me lo recordó a LFC

25 de abril de 2019


La actuación, en estos primeros días, de la nueva Fiscal del Ecuador, Lady Diana Salazar, me recordó la humorada de León Febres-Cordero sobre el Gobierno de Oswaldo Hurtado, de quien decía el Ingeniero que podía hacerse todo un Plan de Gobierno para su reemplazo tras las elecciones del año 1984, únicamente haciendo lo contrario de lo que había hecho el pendejo de Oswaldo Hurtado durante su Gobierno, palabras más, palabras menos. En este caso, si se pregunta cómo se podría convertir a la Fiscalía del Ecuador en una entidad protectora del derecho a la libertad personal en vez de ser su animosa conculcadora serial, se podría parafrasear a este célebre expresidente y decir que un gran programa para ello es hacer exactamente lo contrario de lo que se ha propuesto Lady Diana Salazar en sus primeros días de gestión. El caso de Patiño la ha puesto en evidencia.

Así de mal anda la nueva Fiscal, pero qué esperaban ustedes con ese concurso.

Alexandra Vela (Naipe Centralista)

3 de abril de 2019



Alexandra Vela Puga: el raro caso de una guayaquileña graduada en la UCSG que migró a Quito cuando Roldós fue Presidente, y muerto él, se quedó allá para acompañar a su sucesor, Oswaldo Hurtado, político de la desastrosa DP, de quien se convirtió en su “secretaria privada”. Como aliada que se convirtió de la derecha serrana, el Naipe Centralista la acusa de contribuir “a asfixiar las reformas descentralizadoras”, que hubieran beneficiado a su ciudad natal. El Naipe tiene su innuendo, pero no se animan a llamar a Vela traidora. Hoy es la Decana de la Facultad de Derecho de la UDLA, la universidad del “Pelado” Larreátegui, otro distinguido miembro de la caterva de la DP.