20 años

            Publicado en diario Expreso el viernes 16 de mayo de 2025.

Un lunes, hace exactos 20 años, publiqué mi primera columna de opinión en un diario de circulación nacional. Ocurrió un mes después de la rebelión de los forajidos, que tumbó al gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. Como una reflexión sobre ese episodio, aquel lejano día del 2005 mi columna postuló un reto: “la construcción de un país a partir de su ciudadanía comprometida con el cambio de las formas tradicionales de participación política”. Fue una plegaria por una ciudadanía comprometida con la gestión de lo público.

Aquel lunes de mayo del 2005 se publicó una columna bisoña, cargada de ingenuidad. En los veinte años que han transcurrido desde entonces sí que se ha registrado un cambio en las formas de participación política del Ecuador, pero ha sido para peor.

Para empezar, a la ciudadanía ecuatoriana ni siquiera se la podría reputar como democrática. Cuando se fundó esta malhadada República del Ecuador en 1835 (unitaria y centralista, capital Quito), su primer presidente, el guayaquileño Vicente Rocafuerte, dirigió las siguientes palabras a los ecuatorianos que se reunieron en Ambato para dictar la Constitución que parió una república: “¿Existe entre nosotros esa pura moral de la que nace el espíritu público? Es duro decirlo, pero es preciso confesar que nó. ¿Estamos al nivel de las luces del siglo? Nó. ¿Hay comodidad, desahogo o instrucción en la masa del pueblo? Nó. Luego faltan los fundamentos en que debe apoyarse el edificio democrático”.

Casi 190 años después de esta alocución de Rocafuerte, es justo precisar que ese edificio democrático jamás se erigió en el Ecuador. Y que lo que empezó mal en 1835, hoy está en una situación mucho peor. 

A día de hoy, la “masa del pueblo” ecuatoriano cree (estos datos son del Latinobarómetro publicado en diciembre de 2024) que la democracia puede ser un cascarón vacío, porque puede funcionar sin partidos políticos, sin parlamento y sin oposición (más de la mitad de los ecuatorianos lo cree y, en comparación, es el porcentaje de la población más alto de toda América latina). En el Ecuador, el “edificio democrático” está en ruinas, porque la mayoría de los ecuatorianos ignora el significado de la democracia.

En una tipología de las políticas públicas, el Estado del Ecuador tiene un régimen al que se lo puede caracterizar como de “obediencia endeble”, es decir, un Estado cuya actuación depende, en buena medida, de la incidencia de intereses privados. En el caso ecuatoriano, en los últimos 20 años, estos intereses privados incluyen a los intereses perversos de los grupos de delincuencia organizada (GDO) que controlan vastas extensiones de territorio, que inciden (por amenaza o soborno) en las decisiones judiciales y en las políticas públicas, y que determinan (por amenaza directa o por miedo generalizado) la vida cotidiana de la población.

Es decir, el cambio registrado en los últimos 20 años en materia de participación política no ocurrió para fortalecer a la ciudadanía frente al poder público, sino para incluir los intereses privados de organizaciones criminales en la actuación del Estado. 

En conclusión, el Ecuador, así como está constituido, ¿tiene posibilidades de desarrollo? La respuesta corta es: No.

Es la geografía, ¡mushpa!

El presidente Daniel Noboa y algunos de sus entusiastas han postulado que la alta votación de la Revolución Ciudadana en la Costa ecuatoriana podría deberse a la incidencia de los grupos de delincuencia organizada (GDO). 

En particular, Noboa llegó a decir ante dos periodistas/cómplices que los GDO conminaban a las personas a votar por Luisa González y que eso estaba detrás de su éxito en las provincias de la Costa. Se animó a decir Noboa que había presentado pruebas de esto a la misión de la OEA, pero la misión de la OEA lo desmintió y dijo que no había recibido prueba alguna. Dafuq.

Los seguidores del presidente Noboa son mucho peores que él, confirmando aquello que decía Umberto Eco sobre las redes sociales: “Es la invasión de los idiotas”. Estos invasores sostienen, con epítetos e histeria, la existencia del vínculo entre los GDO y los habitantes de las provincias que favorecieron con su voto a Luisa González. Y suponen que la Sierra (dada su votación por un oligarca guayaquileño) es distinta y mejorffff.

Dos ideas para repensar ese supuesto vínculo: 1) El Ecuador es un desastre generalizado; 2) Es la geografía, ¡mushpa!*

Sobre lo primero, no es que el Ecuador funciona mejor en una región u otra del país: los problemas para garantizar los derechos (salud, educación o cualquier otro de una larga lista) son generalizados. El gobierno central es incapaz de garantizarlos a lo largo y ancho del territorio nacional. Eso sí, se debe introducir un matiz: con la seguridad es distinto.

Es distinto, por la segunda idea: Es la geografía, ¡mushpa! El boyante negocio de los GDO es la exportación de drogas a mercados extranjeros. Para este propósito comercial e ilegal, se requiere de puertos para sacar la mercadería (y claro, de un gobierno incapaz). Y estos puertos están en la Costa, por eso de tener el mar. A los GDO les interesa muy poco la Sierra: allí no cabe disputarse el territorio (salvo para el microtráfico, pero eso es chichigua frente al Gran Negocio). Y por eso los GDO disputan entre ellos los territorios en la Costa y por eso su presencia y por eso la violencia.

Porque es la geografía, ¡mushpa!, en la Costa a los GDO se los sufre con una intensidad que en la Sierra no se experimenta.

En el Ecuador, frente a la pregunta “¿Cuál considera Ud. que es el problema más importante en el país?” un 49% considera que es la delincuencia, según el Latinobarómetro 2024 (p. 23). Que el Ecuador sufre mucho la delincuencia lo evidencia el comparativo que consta en el Latinobarómetro 2024, pues el Ecuador encabeza la lista de países de América latina que considera a la delincuencia su problema más importante: el 49% del Ecuador es un 30% superior al promedio regional. Es así de intenso.

Entonces: el problema más grave y un Estado incapaz de garantizar la seguridad de su territorio, lo que se siente con mayor intensidad en la Costa. Y el problema sigue allí: el último mes corrido, el Ecuador vivió el mes más sangriento de su historia: de promedio, hubo una muerte violenta cada hora. Esto, a pesar de que el gobierno de Noboa declaró la guerra contra los GDO (declaró la existencia de un “conflicto armado interno” y a los GDO “terroristas”) en enero de 2024. Pero su plan contra los GDO no ha dado los resultados que se esperaba. Y la manifestación de esa decepción, en la región que más sufre a los GDO, explica que allí se haya votado por la opositora a Noboa. 

N.B.: Se lo quiere cambiar a Noboa por incapaz, porque no ha podido solucionar el principal problema que agobia a la Costa**.

En conclusión, los que creen que existe un vínculo de carácter criminal entre el voto por Luisa González en la Costa y los GDO es porque sus miras se agotan en el callejón interandino. Terminan siendo una pandilla de oligofrénicos, sin sentido de nacionalidad (sea dicho con perdón de los héroes quiteños del Pichincha***). 

Para la próxima, amigo interandino, no sea mushpa.

~*~

* Tropicalización de la célebre frase de James Carville: It’s the economy, stupid!

** Hecho notable: a instancias de su fracaso en lo esencial, antes de que exista el “noboísmo”, Noboa ha logrado crear el “antinoboísmo”. Y tiene mucho potencial para crecer: ha regalado hasta los cartones.

*** Es decir, de nadie. No se olvidan de Melchor de Aymerich.

Variante de Ulrica

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de enero de 2025.

Para proclamarse miembro de una nacionalidad se requiere un esfuerzo de la imaginación. En ‘Ulrica’, un cuento de Jorge Luis Borges, su personaje, un colombiano que ejerce como profesor de la Universidad de los Andes, ante la pregunta de una noruega (la citada Ulrica) “¿qué es ser colombiano?”, respondió: “un acto de fe”. Y lo mismo vale para un noruego, un keniata, o un ecuatoriano, pues aquí decir “un acto de fe” es otra manera de hablar de “comunidades imaginadas”.

Las “comunidades imaginadas”, concepto teorizado por Benedict Anderson en un libro con el mismo título, están en el origen de los nacionalismos. Una nación se imagina como una comunidad, según Anderson, “porque, independientemente de la desigualdad y la explotación que en efecto puedan prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre como un compañerismo profundo, horizontal”. Y esa comunidad es imaginada, “porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión”. En el Ecuador, esta “imagen” de la “mayoría de sus compatriotas” no es de una “comunión” entre ecuatorianos. Es de desconfianza mutua y de miedo. 

El informe 2024 de la corporación Latinobarómetro, publicado el 20 de diciembre, muestra el alarmante nivel de la desconfianza interpersonal en América latina, que es la región más desconfiada del mundo. En esta región, el Ecuador, comparado con los otros países cuyos habitantes han sido entrevistados para el informe de Latinobarómetro, tiene un bajísimo nivel de confianza interpersonal. Frente a la pregunta, “¿Diría Ud. que se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás”, apenas el 8% de los ecuatorianos coinciden con la respuesta “Se puede confiar en la mayoría de las personas” (de un total de 17 países latinoamericanos, únicamente Brasil tiene un porcentaje inferior). Y la desconfianza de los ecuatorianos se extiende a todas las instituciones del Estado, en especial, las que aseguran su representación: congreso, instituto electoral, partidos políticos, etc.

El miedo es el otro factor que complica el vínculo comunitario entre los ecuatorianos. En el informe 2024 de la corporación Latinobarómetro, frente a la pregunta: “¿Cuál considera Ud. que es el problema más importante del país”, el 49% de los ecuatorianos considera que ese problema es la delincuencia. Según el informe de Latinobarómetro, el miedo es el principal componente de este indicador. Y ningún otro país registra en este indicador un porcentaje tan alto como el nuestro, siendo un 30% más alto que el promedio de los países de América latina. Ningún otro país siente tanto miedo del otro como ocurre en el Ecuador.

Con un país así constituido, pleno de desconfianza y lleno de miedo, ¿de qué nacionalidad, de qué sentido de pertenencia se le puede hablar a ciudadanos que no imaginan a los otros miembros de su comunidad como sus iguales? ¿De qué “comunidad imaginada” se puede hablar desde la desconfianza y el miedo al otro? 

Variante de Ulrica: ¿qué es ser ecuatoriano? Es un (fallido) acto de fe. 

La vocación autoritaria

            Publicado en diario Expreso el viernes 27 de diciembre de 2024.

El informe 2024 de la corporación Latinobarómetro lleva por optimista título “La democracia resiliente”, fue publicado en su página web (www.latinobarometro.org) el viernes 20 de diciembre y es un exhaustivo estudio de opinión pública que mide actitudes, valores y comportamientos, para lo cual aplica alrededor de 20.000 entrevistas en 17 países de América latina, representando a más de 600 millones de habitantes.

El informe 2024 de Latinobarómetro, entre otras cosas, reveló un reclamo por una solución autoritaria en el Ecuador, de una intensidad sin parangón en la región.

“Actitudes hacia el autoritarismo” se denomina el capítulo 4.6 del informe 2024 de Latinobarómetro, que presenta “los indicadores específicos de autoritarismo” para los 17 países latinoamericanos cuyos habitantes son entrevistados. El capítulo se compone de la respuesta a tres afirmaciones. La primera afirmación es: “No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas”. 

Entre las respuestas “muy de acuerdo” y “de acuerdo” a esta primera afirmación, el Ecuador registra por encima del 60% de personas que coinciden con ella, siendo el cuarto porcentaje más alto de América latina (en conjunto con Honduras) y apenas por debajo de Paraguay, Guatemala y El Salvador. Seis de cada diez ecuatorianos no tendrían problema con la llegada de una dictadura, siempre que resulte efectiva para resolver problemas.   

La segunda afirmación de este capítulo es: “Está bien que el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas”. Entre las respuestas “muy de acuerdo” y “de acuerdo” con esta segunda afirmación, el Ecuador registra el porcentaje más alto de América latina con el 54%, que es un porcentaje casi 20 puntos superior al promedio regional del 35% y demostrando a las claras que un dictador no requiere encumbrarse a través de un golpe de fuerza. Un dictador puede emerger también en el marco de una democracia vaciada de contenido, como la ecuatoriana. 

Porque la democracia ecuatoriana es un cascarón vacío y los datos de este informe 2024 (de manera muy preocupante) así lo evidencian. El Ecuador es el Estado de América latina que registra el mayor porcentaje de su población que considera posible que la democracia puede funcionar sin estos tres elementos: el 58% considera que puede funcionar sin partidos políticos, el 57% que puede funcionar sin congreso y el 50% que puede funcionar sin oposición. Cifras que están muy por encima de su promedio regional del 42%, 39% y 37%, respectivamente. Vaciar a la democracia de todo lo que la constituye, pero seguir llamándola democracia: tal cosa es el ideal ecuatoriano. 

Por eso es lógico que en la respuesta a la tercera afirmación contenida en el capítulo 4.6 del informe 2024 de Latinobarómetro, “Deberíamos deshacernos de las elecciones y del parlamento y dejar que los expertos tomaran las decisiones por la gente”, el Ecuador también registre el porcentaje más alto entre los países de América latina. Un 50% de la población está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con esta tercera afirmación.

Estas cifras revelan la vocación autoritaria del pueblo ecuatoriano.

El país del "mande"

Para presentar al país del “mande”, es necesario introducir unos preocupantes datos.

De acuerdo con la edición 2018 de Latinobarómetro, alrededor del 81% de ecuatorianos creemos que se gobierna “para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio” (o lo que se conoce como “Historia Patria”). En todo caso, a nivel de América latina estamos cerca de la población media (79%) de los que tenemos conciencia del entuque colosal que es América latina, la “Patria Grande de la Ley del Embudo”.

Pero, y esto es lo realmente preocupante, somos de entre todos los países evaluados de América latina, el país en el que el mayor porcentaje de personas (29%) considera “justa” a la redistribución de la riqueza en su país… esto, a pesar de que muchos de ellos aceptan que se gobierna para unos cuantos “grupos poderosos en su propio beneficio”.

Y esta primacía en la naturalización de lo arbitrario (pues en AL la distribución de la riqueza es, esencialmente, un hecho arbitrario) supone que, en el territorio ecuatoriano, existen personas (al menos 1 de cada 10) que se consideran excluidas del gobierno y sus beneficios, pero que creen que eso está bien, que es justo. Es la naturalización de no ser un ciudadano, la afirmación del propio ninguneo. Esta es la base social del país del “mande”.

El “mande”, que es expresión verbal de sumisión, un signo de derrota, la caída de pesados siglos de colonialismo en dos sílabas. Y por eso creo que es una palabra tan distintivamente ecuatoriana.

Justificar el maltrato

Los datos del Latinobarómetro del 2018 son escalofriantes. En primera instancia, sobre un hecho tan importante como la respuesta a la pregunta: ¿Para quién se gobierna?, la situación en el Ecuador rezuma desesperanza. El 81% de los ecuatorianos respondió que eran “grupos económicos en su propio beneficio” (p. 38). Al menos 8 de cada 10 de entre nosotros, no nos comemos ese amague.

Pero, en cambio, Ecuador encabeza un indicador de vergüenza: es el país de América latina que responde a la pregunta: ¿Cuán justa es la distribución de la riqueza?, que la distribución de riqueza en su territorio es “Muy justa” o “Justa”. Es decir, que en el país se gobierna en beneficio de unos pocos (así lo cree una amplia mayoría), pero somos los primeros en la región en justificar esta distribución de la riqueza claramente abusiva.

Corolario: Las élites de este país han sido de mucha crueldad y han acostumbrado a la base popular al maltrato. Un país de gente, en su mayoría, abandonada a su suerte.

Retrato de un país roto

El año 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó en su informe anual un análisis de la situación del Ecuador durante los años 2004-2005. En dicho período sucedieron hechos que desembocaron en la tercera destitución de un presidente en el breve lapso de ocho años (Bucaram 1997, Mahuad 2000, Gutiérrez 2005: ningún presidente elegido popularmente terminó su período). Estos hechos merecieron la atención de este organismo internacional por configurar “una grave crisis institucional, que justifican la preocupación de la Comisión”.

El retrato de la Comisión Interamericana es el de un país desmoralizado. ·Este organismo destacó la situación general del Ecuador en aquel entonces (en lo venidero, lo resaltado no es del original):

“El año 2005 ha sido testigo de un débil estado de derecho y consecuente frágil protección de los derechos humanos en el Ecuador.  La seguridad del sistema democrático se ha visto afectada por una inestabilidad política, que si bien no es un producto reciente en la historia del país ni responsabilidad del gobierno actual [N. del A., el gobierno de Alfredo Palacio], ha puesto en evidencia las falencias de una estructura de poderes que ha sido endeble al momento de dar respuestas en sus políticas públicas, a los intereses de la mayoría de la población; ó que, en ocasiones, se ha visto imposibilitada de desarrollar programas de trabajo eficaces debido a la temporalidad de sus funciones.   Esta erosión se ha visto reflejada, también, en la incapacidad del sistema político de dar respuesta a problemas sociales, lo cual contribuye a perpetuar falencias estructurales de derechos humanos".

La Comisión señaló la responsabilidad de la élite política en estas falencias estructurales en la protección de los derechos humanos:

"[L]a Comisión reitera que la crisis coyuntural que se vivió durante el último año en Ecuador [N. del A., el año 2005], refleja problemas estructurales de mucho mayor alcance que no logran ser resueltos por la grave inestabilidad política que afecta al país y la incapacidad de sus clases dirigentes de formar consensos amplios y perdurables que permitan identificar e implementar políticas públicas inclusivas necesarias para el respeto y goce efectivo de todos los derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con el ejercicio igualitario del derecho a la participación política (artículo 23 de la Convención), acceso a la justicia independiente, imparcial y gozar de un recurso efectivo (artículo 25 de la Convención), libertad de expresión, asociación y reunión (artículos 13 y 15 de la Convención), igual protección ante la ley (artículo 24 de la Convención), y de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en el Protocolo de San Salvador que Ecuador ratificó en 1993". 

La Comisión subrayó el estado de desmoralización de los habitantes del país, con datos provenientes del Latinobarómetro de las Américas:

"La Comisión no puede dejar de señalar, que la población ecuatoriana tiene un alto nivel de escepticismo con respecto a las instituciones democráticas, a la dirigencia política y a la capacidad de los órganos estatales para tutelar los derechos humanos. Ello contribuye y profundiza la inestabilidad política que ha caracterizado al país en la última década. Algunos ejemplos demuestran esta situación. Apenas el 24% de la población aprueba la forma en que el Presidente dirige al país y solamente el 22% piensa que las personas que ejercen la dirección del país hacen lo correcto. También hay una escasa cultura cívica en Ecuador. Así, a pesar de que en el año 2000 hubo un proceso constituyente y que en estos momentos hay discusiones sobre la necesidad de una reforma constitucional, tan sólo el 24% de la población tiene conocimiento de la Constitución.  Estas encuestas al mismo tiempo demuestran la precaria situación ecuatoriana dada que los habitantes ecuatorianos son de los que presentan más bajos niveles de exigencia de sus derechos, acatamiento de las leyes así como legitimidad de los partidos políticos y del Congreso.

Las crisis políticas se generan y se profundizan a la vez por el alto grado de escepticismo de la sociedad ecuatoriana en cuanto al funcionamiento de las instituciones estatales.  Así, la ecuatoriana es la población latinoamericana que menos cree que el Estado logra hacer cumplir la ley de manera igualitaria. Apenas un 30% piensa que la justicia ecuatoriana, aún cuando tarda, es capaz de impartir justicia, de nuevo el índice de confianza más bajo en América Latina. El 67% de la población estima que puede haber democracia sin que funcionen los partidos políticos y el Congreso nacional.  Solo el 14% está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país".

La lectura integral de este informe no tiene pérdida. Es un recordatorio del país en el que vivíamos. Un país en el que daban ganas de decir “el que se vaya último, apague la luz”.

Hoy, esa misma población en aquel entonces desmoralizada, mira las cosas de una manera diferente. El informe más reciente del Latinobarómetro ofrece una imagen distinta del país. Por contraste con algunos de los datos que presentó la Comisión Interamericana en su informe del año 2005 y que resultan relevantes para la medición de la confianza ciudadana en el sistema democrático, en el año 2013 (el último año con datos disponibles del Latinobarómetro) un 65% de la población ecuatoriana consideró que sin Congreso Nacional no puede haber democracia frente a un 33% que el año 2005 pensaba así y un 64% consideró en el año 2013 que sin partidos políticos no puede haber democracia frente a un 32% que el año 2005 pensaba de esa forma. Según el Latinobarómetro, en Ecuador la satisfacción con la democracia creció del 14% reseñado por la Comisión Interamericana en su informe a un 55% de la población. En una materia tan relevante y decidora como la economía, en estos días se ha destacado un informe que publicó el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, en el que el Ecuador resultó el país de las Américas que obtuvo la mejor evaluación sobre su situación económica: el 59.5% de los ecuatorianos la evaluó de manera positiva. Algo impensable diez años atrás.

Mucha agua ha corrido desde ese no tan lejano 2005, hace escasos diez años.