Ocurre ante nuestros ojos

            Publicado en diario Expreso el viernes 10 de abril de 2026.

En este siglo XXI, no es la primera vez que el máximo órgano de justicia constitucional es atacado por otro poder del Estado. El 2004, cuando este órgano todavía se llamaba Tribunal Constitucional, fue atacado por el Congreso Nacional, que lo descabezó con una resolución aprobada por 57 congresistas. Como el asunto no se reparó en el derecho interno, años después la Corte Interamericana resolvió el Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos vs. Ecuador) y ordenó costosas reparaciones económicas a favor de los jueces destituidos. 

El 2018, la Corte Constitucional fue atacada por un órgano sancionador efímero (el llamado “Consejo Transitorio”). Con una resolución aprobada por cinco personas se descabezó a la Corte Constitucional, en un proceso viciado por la falta de competencia e imparcialidad, y por la violación de los principios de irretroactividad y legalidad. 

En el derecho del Ecuador no se puede conocer de estas violaciones porque la actual Corte Constitucional blindó la actuación del Consejo Transitorio. Nuevamente, esto se resolverá en el derecho internacional y ya hay procesos en curso. 

En el presente: desde el año pasado, el ataque a la Corte Constitucional proviene desde la Presidencia de la República. El presidente ha encabezado una marcha de sus “seguidores” en contra de la Corte Constitucional. Por esos días, se dispuso la exhibición de las fotografías de los jueces, para que el pueblo sepa quiénes son los enemigos del momento.

Este ataque actual lo juzgo más peligroso que los anteriores. En los dos casos anteriores, se descabezó la Corte Constitucional para su reemplazo por otra, es decir, se cambió a sus autoridades. Pero ahora el objetivo que parece tener la Presidencia de la República es la eliminación de la Corte Constitucional. Es decir, eliminar al último obstáculo para que desde la Presidencia se pueda gobernar sin contrapeso alguno. Esto se conoce como una autocracia, es decir, “un grado máximo de absolutismo” sin un freno eficaz “por fuerzas intragubernativas” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, “Diccionario de la Política”).

Entonces, el ataque actual es muy peligroso pues su pretensión es conseguir la acumulación definitiva y total del poder en la Presidencia de la República. Se la quiere extirpar a la Corte Constitucional porque es la última institución que podría poner un freno a las pretensiones abusivas de derechos de las personas y violatorias de la autonomía municipal, que las ha convertido en normativa una Asamblea Nacional rastrera y servil.  

Según el informe 2024 del Latinobarómetro, el Ecuador es el país de América latina y el Caribe cuyo más alto porcentaje de habitantes (el 54%) está de acuerdo con que “el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas”. El verdadero problema es que tras tanta acumulación del poder, estando en el gobierno desde noviembre de 2023 y en guerra contra el crimen organizado desde enero de 2024, después de decenas de estados de excepción, de toques de queda y de abusos sin cuento, se siga sin “resolver los problemas”.  

Lo que sí tenemos: el desarrollo de un grado máximo de absolutismo, ocurriendo ante nuestros ojos.

La vocación autoritaria

            Publicado en diario Expreso el viernes 27 de diciembre de 2024.

El informe 2024 de la corporación Latinobarómetro lleva por optimista título “La democracia resiliente”, fue publicado en su página web (www.latinobarometro.org) el viernes 20 de diciembre y es un exhaustivo estudio de opinión pública que mide actitudes, valores y comportamientos, para lo cual aplica alrededor de 20.000 entrevistas en 17 países de América latina, representando a más de 600 millones de habitantes.

El informe 2024 de Latinobarómetro, entre otras cosas, reveló un reclamo por una solución autoritaria en el Ecuador, de una intensidad sin parangón en la región.

“Actitudes hacia el autoritarismo” se denomina el capítulo 4.6 del informe 2024 de Latinobarómetro, que presenta “los indicadores específicos de autoritarismo” para los 17 países latinoamericanos cuyos habitantes son entrevistados. El capítulo se compone de la respuesta a tres afirmaciones. La primera afirmación es: “No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas”. 

Entre las respuestas “muy de acuerdo” y “de acuerdo” a esta primera afirmación, el Ecuador registra por encima del 60% de personas que coinciden con ella, siendo el cuarto porcentaje más alto de América latina (en conjunto con Honduras) y apenas por debajo de Paraguay, Guatemala y El Salvador. Seis de cada diez ecuatorianos no tendrían problema con la llegada de una dictadura, siempre que resulte efectiva para resolver problemas.   

La segunda afirmación de este capítulo es: “Está bien que el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas”. Entre las respuestas “muy de acuerdo” y “de acuerdo” con esta segunda afirmación, el Ecuador registra el porcentaje más alto de América latina con el 54%, que es un porcentaje casi 20 puntos superior al promedio regional del 35% y demostrando a las claras que un dictador no requiere encumbrarse a través de un golpe de fuerza. Un dictador puede emerger también en el marco de una democracia vaciada de contenido, como la ecuatoriana. 

Porque la democracia ecuatoriana es un cascarón vacío y los datos de este informe 2024 (de manera muy preocupante) así lo evidencian. El Ecuador es el Estado de América latina que registra el mayor porcentaje de su población que considera posible que la democracia puede funcionar sin estos tres elementos: el 58% considera que puede funcionar sin partidos políticos, el 57% que puede funcionar sin congreso y el 50% que puede funcionar sin oposición. Cifras que están muy por encima de su promedio regional del 42%, 39% y 37%, respectivamente. Vaciar a la democracia de todo lo que la constituye, pero seguir llamándola democracia: tal cosa es el ideal ecuatoriano. 

Por eso es lógico que en la respuesta a la tercera afirmación contenida en el capítulo 4.6 del informe 2024 de Latinobarómetro, “Deberíamos deshacernos de las elecciones y del parlamento y dejar que los expertos tomaran las decisiones por la gente”, el Ecuador también registre el porcentaje más alto entre los países de América latina. Un 50% de la población está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con esta tercera afirmación.

Estas cifras revelan la vocación autoritaria del pueblo ecuatoriano.

Freile

            Publicado en diario Expreso el viernes 25 de octubre de 2024.

El gobierno ecuatoriano entró en el siglo XX con el general manabita Eloy Alfaro Delgado como Presidente y el terrateniente quiteño Carlos Freile Zaldumbide como Vicepresidente. Bajo la Constitución del año 1897, impulsada por el general Alfaro tras el triunfo de la revolución liberal de 1895 que tumbó al gobierno del Presidente Luis Cordero, el primero en la línea para la sucesión del Presidente de la República, era el Vicepresidente de la República, en este caso, Freile Zaldumbide. Y después de él venían el “último Presidente de la Cámara del Senado” y otras autoridades del poder legislativo (Art. 84).

Pero esta línea de sucesión presidencial cambió cuando entró en vigor la Constitución liberal del año 1906, la primera que no declaró al Ecuador como un Estado católico. Esta Constitución la impulsó también el general Alfaro tras un golpe de Estado perpetrado a inicios de 1906 en contra del gobierno del Presidente Lizardo García, y en ella se suprimió la Vicepresidencia de la República de la línea de sucesión del Presidente de la República, pues se suprimió a esa institución del sistema constitucional de gobierno. 

Entre 1906 y 1946 no existió la Vicepresidencia de la República. Recién con la entrada en vigor de una nueva Constitución el 31 diciembre de 1946 se reestableció esta institución. El último en ocuparla en 1906 fue Alfredo Baquerizo.  

Así las cosas, por la vigencia de la Constitución de 1906, en el año 1911 la sucesión “en caso de faltar el Presidente de la República” correspondía, primero, al “último Presidente de la Cámara del Senado”, y después a otras autoridades del poder legislativo (Art. 71). Así, el primero en la línea de sucesión en caso de faltar el Presidente de la República pasó de la función ejecutiva a la función legislativa.

Pero por carambolas del destino y aplicación estricta de la Constitución de 1906, la persona que debió suceder al Presidente de la República cuando falleció en funciones el Presidente el 21 de diciembre de 1911, fue aquel mismo Carlos Freile que lo había acompañado al general Alfaro en los primeros años de su gobierno liberal, primero como alcalde de Quito y gobernador de Pichincha, y luego como su Vicepresidente entre 1899 y 1903. Cuando murió el Presidente Estrada de un infarto fulminante en diciembre de 1911, Carlos Freile era la última persona que había ocupado el cargo de Presidente del Senado. Y así, por esta súbita muerte, le correspondió a Freile suceder al Presidente de la República desde el 22 de diciembre de 1911.

El terrateniente Carlos Freile, su antiguo aliado, en seguida lo mandó al general Eloy Alfaro al exilio en Panamá. Pero a principios de enero de 1912, el general Alfaro retornó al Ecuador y organizó un ejército para tumbar al gobierno de Freile y volver a gobernar, como lo había hecho en 1895 y 1906, tras golpes de fuerza. Pero esta vez al general Alfaro le tocó perder.

Y ocurrió entonces la “Hoguera Bárbara”: el cruel asesinato de Alfaro y otros cinco coidearios liberales, con la humillación y quema de sus restos en un parque de Quito.

Freile gobernó un mes y poco más después de la “Hoguera Bárbara”, hasta el 6 de marzo de 1912. Murió en agosto de 1928, en París, a la edad de 72 años.

1979

1979 es un claro parteaguas en la historia política ecuatoriana. 1979 es el año del retorno a la democracia después del período dictatorial más extenso en la ya casi bicentenaria historia de este maltratado(r) Estado. 1979 es el año en que la República del Ecuador hacía reset: se estrenaba una nueva Constitución y a un Presidente joven y progresista, el abogado guayaquileño Jaime Roldós Aguilera.

 

En la política ecuatoriana anterior a 1979 y estas novedades, la democracia fue escasa e inestable. Escasa, porque en los 20 años anteriores al año 1979 y su nueva Constitución y su joven y progresista Roldós, apenas se realizaron dos elecciones presidenciales, que concluyeron en un mismo ganador. En las elecciones de 1960 y de 1968 ganó quien ya había triunfado en las elecciones presidenciales de 1952 y de un lejano 1934, el quiteño José María Velasco Ibarra.

 

E inestable, porque Velasco Ibarra no pudo culminar ninguno de sus períodos de gobierno. El de 1960-1964 lo interrumpió un golpe de Estado en 1961 y el de 1968-1972 lo interrumpió otro golpe de Estado en 1972. En el primer caso, hubo la sucesión del vicepresidente (hasta que un nuevo golpe de Estado encumbró a cuatro milicos en 1963), mientras que en el segundo, un militar tomó el poder para sí, nuestro capocómico Bombita Rodríguez (a Bombita, a su vez, le hicieron un intra-golpe de Estado, que encumbró a otros tres milicos en 1976).

 

A su vez, el propio Velasco Ibarra se había declarado dictador en 1970. Nuestro máximo ícono de la libertad de sufragio, el ostentador del récord de Presidente más veces ganador en las urnas*, el hombre que inauguró la política de masas y que dominó la política electoral del Ecuador por casi cuatro décadas, era un aficionado incurable a la dictadura. En su última Presidencia volvió a procurársela y gobernó el país por espacio de 603 días sin contrapesos políticos oficiales. Fue nuestro último dictador civil (hasta que llegó el receptor post-mórtem de la orden de San Lorenzo, Julio César Trujillo, or the Notorious NCP).

 

En total, en los 20 años precedentes a la organización de los procesos que desembocaron en nuestra décimo séptima Constitución y en el Presidente joven y progresista, el Ecuador había tenido dos golpes de Estado contra un único Presidente elegido en sendas elecciones, una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución de la República (nuestra décimo quinta), dos Presidentes de apellido Arosemena, al bueno y barcelonés de Clemente Yerovi y alrededor de doce años de dictadura (v. Tabla I). Casi dos años de dictadura corresponden a un dictador civil, que ocurre que es nuestra gran figura democrática del siglo XX. El resto del tiempo en dictadura gobernaron militares, compuestos en variada forma (junta militar, triunvirato, o en plan Solitario George, como el caso de nuestro capocómico Bombita).

 

Previo a los tiempos de esperanza de 1979 hubo 20 años de derrotas de la democracia, en los que ningún período presidencial se concluyó, el líder demócrata resultó un traidor y la dictadura campeó.

 

Tabla I. Años de dictadura entre 1959 y 1979

Autoridad(es)	Carácter	Duración
Ramón Castro Jijón [presidente], Marcos Gándara Enríquez, Luis Cabrera Sevilla y Guillermo Freile Posso	Militar	11 de julio de 1963-29 de marzo de 1966 [992 días -2 años, 8 meses y 18 días]
José María Velasco Ibarra	Civil	22 de junio de 1970-15 de febrero de 1972 [603 días -1 año, 7 meses y 22 días]
Bombita Rodríguez	Militar	15 de febrero de 1972-11 de enero de 1976 [1426 días -3 años, 10 meses y 25 días]
Alfredo Poveda Burbano [presidente], Guillermo Durán Arcentales, Luis Leoro Franco	Militar	11 de enero de 1976-10 de agosto de 1979 [1307 días -3 años, 6 meses y 28 días]

 

 

Por eso el año 1979 fue una época de esperanza para el pueblo ecuatoriano, con su nueva Constitución votada por el pueblo y por su joven Presidente comprometido con su pueblo. La política ecuatoriana, por supuesto, no tardó nada en arruinarlo todo.

 

* El récord electoral en la carrera a la Presidencia de la República del candidato Velasco Ibarra es 4-1. Ganó en 1934, 1952, 1960 y 1968, pero sólo concluyó el período presidencial 1952-1956. Perdió en la elección de 1940 frente al abogado guayaquileño Carlos Alberto Arroyo del Río. Velasco fue cinco veces Presidente, porque en 1944 fue designado como tal por una Asamblea Constituyente fruto de la llamada ‘Revolución Gloriosa’ que sacó a Arroyo del Río del poder (la venganza de Velasco). En esta oportunidad ocurrió el segundo intento dictatorial de Velasco Ibarra y su primero exitoso, pues desconoció la Constitución de 1945 que había sido el fruto de la Asamblea Constituyente que lo había designado a él como Presidente. El 31 de diciembre de 1946, una nueva Asamblea Constituyente, compuesta por conmilitones suyos, aprobó una nueva Constitución a su gusto. Ya en su quinta Presidencia, Velasco Ibarra gobernó como dictador por un total de 603 días, los días que fueron el culmen dictatorial (cruel paradoja) de nuestra más insigne figura democrática del siglo XX.  

Midiendo la inutilidad de Moreno

Nadie quiere (políticamente, me refiero) a Lenin Moreno, él se sostiene en el poder porque es útil a otros en las sombras*.

¿Cómo medir su inutilidad? Por la utilidad de su opinión para sus delegados. Moreno es, aunque parezca cualquier otra cosa, constitucionalmente (Art. 141) el Jefe del Estado y de Gobierno y el responsable de la administración pública en el Ecuador. Entre sus graves atribuciones (Art. 147.3) tiene “definir y dirigir” las políticas públicas de la Función Ejecutiva. Es mucho, para quien se ha destacado por hacer tan poco.

Si bien los Ministros tienen la rectoría de las políticas públicas a su cargo de acuerdo con la Constitución (Arts. 141 y 154.1), esta rectoría debe entenderse sometida a la definición y la dirección del Presidente. Pero muy lejos de “dirigir y definir”, el Presidente Moreno ha delegado. Es decir, lejos de ser responsable, se ha irresponsabilizado: delegó en terceros, a quienes no ha votado nadie, el cumplimiento de sus responsabilidades.

Por el Decreto Ejecutivo No 660, del 5 de febrero de 2019, Moreno delegó la definición y dirección de las acciones de su gobierno a un Gabinete Estratégico, presidido por el Secretario General de la Presidencia (un tal señor Briones) y compuesto por éste y otros funcionarios de la Presidencia (Vicepresidente, Secretario General Jurídico, Secretario Particular, Secretario Nacional de Gestión de la Política y Secretario General de Comunicación de la Presidencia), por el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y por los cuatro funcionarios que están a cargo de los Gabinetes Sectoriales. El objeto de este Gabinete de once autoridades es ejercer la “dirección estratégica del gobierno”.

El Decreto Ejecutivo No 660 creó también los cuatro Gabinetes Sectoriales cuyos titulares integran el Gabinete Estratégico. Estos son el Gabinete Sectorial “de lo Social”, cuyo titular es el delegado del Presidente al IESS; “de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura”, cuyo titular es el Ministro de Energía; “de Seguridad”, cuyo titular es el Ministro de Defensa; y “Económico y Productivo”, cuyo titular es el Ministro de Economía. Estos Gabinetes Sectoriales, entre sus atribuciones, tienen la formulación y la aprobación de la política intersectorial, la aprobación de la inversión pública y la definición de los criterios de su priorización, así como el seguimiento de las “acciones gubernamentales de sus miembros”, de los que deben reportar al Presidente del Gabinete Estratégico, es decir, al señor Briones, y no al Presidente Moreno.

La única referencia al Presidente Moreno en este Decreto es: “Sugerir sobre temáticas que necesiten ser elevadas al Presidente de la República” (Art. 3.f). Es decir que este sistema de administración pública, que se crea por normativa secundaria, puede funcionar sin necesidad de contar con la opinión del Presidente de la República, salvo en los casos en que esto sea estrictamente necesario, a juicio discrecional de los miembros de los Gabinetes Sectoriales.   

Este artículo 3.f es, entonces, un medidor de la utilidad del criterio del Presidente para sus delegados. Es de interés público conocer cuántas veces se ha invocado esta disposición en las sesiones de los Gabinetes Sectoriales, y si se lo ha hecho (pues la duda cabe), sobre qué temas. Mi suposición, dado que Moreno ha dado sobradas muestras de tratarse de un perfecto inútil, es que lo han usado (al artículo 3.f: a Moreno lo usan todos los días) en muy raras ocasiones, o nunca.

Sin embargo, las actas de las sesiones de estos Gabinetes estratégicos y sectoriales, en clara violación a las normas de transparencia, no se encuentran disponibles en línea. No se puede saber cuántas veces se ha “necesitado” (ese es el verbo) la opinión del Presidente Moreno y no contamos con información sobre cómo se están definiendo, dirigiendo y ejecutando las políticas públicas en nuestro país, lo que es gravísimo. Hoy, las políticas públicas en Ecuador las ejecutan de manera opaca unos ilustres desconocidos por los que no votó nadie, toda vez que el Presidente por el que votamos ha capitulado de sus funciones.

Como es mi derecho ciudadano, voy a presentar acciones de acceso a la información en la Presidencia de la República para que se me entregue la información (que debe ser pública y estar por escrito, de acuerdo con la Ley) sobre las sesiones de estos cinco Gabinetes que son los verdaderos gestores de las políticas públicas en el Ecuador. Creo que es de interés público saber cuán inútil lo consideran sus delegados al Presidente Moreno (es decir, cuán frecuente ha sido el uso del artículo 3.f del Decreto 660) y cómo se conducen las políticas públicas en nuestro país en tiempos en que entre tener en Carondelet un Presidente o un espantapájaros, lo segundo parece más razonable.

* Quiero decir: todavía es útil. Pero ya empieza a apestar.