Ecuador, tierno y violento

Mucha ternura causan los defensores de la instalación de una Asamblea Constituyente (casi invariablemente, odiadores de la RC y amantes de la AC se funden en una misma persona) por su apuesta a que una nueva carta constitucional cambiará el rumbo del Ecuador. Es el equivalente político de una ilusión infantil.

Porque, primero y fundamental, el problema real de este país no es la existencia de un tipo X o Y de legislación o norma fundamental, es la incapacidad del Estado para aplicar la Ley y la facilidad con la que agentes externos al Estado tuercen la Ley en su propio beneficio. En el Ecuador pueden cambiar la norma fundamental un millón de veces y el resultado será invariablemente el mismo, porque en la tipología de políticas públicas el Estado del Ecuador es un régimen de “obediencia endeble”, que es una forma elegante de decir que al Estado del Ecuador sus habitantes lo prefieren ignorar (la mayoría) o torcer en su propio beneficio (una minoría con poder, como los narcos, por ejemplo*).

Segundo, si se toma en cuenta la historia política del Ecuador, hemos ensayado un total de 19 AC y ninguna ha cambiado el rumbo de este régimen de obediencia endeble. Eso sí, para lo que han servido las AC es para el reacomodo de las élites en el manejo de los recursos del exangüe Estado. Y este caso no es la excepción.

Porque de lo que se trata en esta AC es de eliminar el exabrupto de una élite política (la RC) no subordinada (enteramente y de rodillas) a una élite económica. En el territorio del Ecuador, su Estado, de manera casi invariable ha estado capturado por una élite económica. El período de gobierno de la RC se atrevió a desafiar esta lógica. Ahora el presidente Noboa, un representante gigante (manque enano) de la élite económica, quiere ser el sepulturero de ese episodio y quiere que las cosas vuelvan a la normalidad: el Estado capturado por una élite económica. En pocas y roldosistas palabras: el comeback de la oligarquía**.   

Aquí viene la violencia: la fuerza pública, débil (diríase inútil) para enfrentar a los GDO, resulta implacable contra el pueblo que protesta, al que se asociará vigorosamente con el enemigo que se debe derrotar***. Cuando triunfa la oligarquía, la fuerza pública se convierte en la guardiana de la propiedad de la oligarquía. (Su perro rabioso, digamos). Y lo único que se puede esperar es LA VIOLENCIA contra los pobres, pues no saben hacer otra cosa. Ojo al dato: AC o no AC, estamos más cerca de un baño de sangre que de cambiar el rumbo del Ecuador.

Ecuador, tierno y violento, es una historia que lleva ocurriendo 195 años. Y la nueva AC que se pretende instalar de ninguna manera desafía, todo lo contrario, plenamente confirma su trágica y casi bicentenaria historia de exclusión, desigualdad y autodestrucción.

*

* En un hipotético brochure que promocione al Ecuador en una narcoferia en Sinaloa como un territorio promisorio para el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en conjunto con la dolarización (que agiliza el negocio) y una gran línea costera (que facilita el negocio), el Estado del Ecuador oferta una debilidad institucional que permite permear a instituciones clave (fuerza pública, justicia, nivel ejecutivo) para que el negocio sea posible. Ojo al dato: La proverbial debilidad institucional del Estado es la piedra basal del negocio de la droga.  

** Si algún oligofrénico o despistado pretende mafear el término oligarquía, lo mando a leer “Oligarquía” de Jeffrey Winters (se lo consigue en Librimundi). Un abrebocas.

*** La RC es el comodín retórico para TODO lo malo, el equivalente al cuco. Es la plena, nos tratan como chicos.

20 años

            Publicado en diario Expreso el viernes 16 de mayo de 2025.

Un lunes, hace exactos 20 años, publiqué mi primera columna de opinión en un diario de circulación nacional. Ocurrió un mes después de la rebelión de los forajidos, que tumbó al gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. Como una reflexión sobre ese episodio, aquel lejano día del 2005 mi columna postuló un reto: “la construcción de un país a partir de su ciudadanía comprometida con el cambio de las formas tradicionales de participación política”. Fue una plegaria por una ciudadanía comprometida con la gestión de lo público.

Aquel lunes de mayo del 2005 se publicó una columna bisoña, cargada de ingenuidad. En los veinte años que han transcurrido desde entonces sí que se ha registrado un cambio en las formas de participación política del Ecuador, pero ha sido para peor.

Para empezar, a la ciudadanía ecuatoriana ni siquiera se la podría reputar como democrática. Cuando se fundó esta malhadada República del Ecuador en 1835 (unitaria y centralista, capital Quito), su primer presidente, el guayaquileño Vicente Rocafuerte, dirigió las siguientes palabras a los ecuatorianos que se reunieron en Ambato para dictar la Constitución que parió una república: “¿Existe entre nosotros esa pura moral de la que nace el espíritu público? Es duro decirlo, pero es preciso confesar que nó. ¿Estamos al nivel de las luces del siglo? Nó. ¿Hay comodidad, desahogo o instrucción en la masa del pueblo? Nó. Luego faltan los fundamentos en que debe apoyarse el edificio democrático”.

Casi 190 años después de esta alocución de Rocafuerte, es justo precisar que ese edificio democrático jamás se erigió en el Ecuador. Y que lo que empezó mal en 1835, hoy está en una situación mucho peor. 

A día de hoy, la “masa del pueblo” ecuatoriano cree (estos datos son del Latinobarómetro publicado en diciembre de 2024) que la democracia puede ser un cascarón vacío, porque puede funcionar sin partidos políticos, sin parlamento y sin oposición (más de la mitad de los ecuatorianos lo cree y, en comparación, es el porcentaje de la población más alto de toda América latina). En el Ecuador, el “edificio democrático” está en ruinas, porque la mayoría de los ecuatorianos ignora el significado de la democracia.

En una tipología de las políticas públicas, el Estado del Ecuador tiene un régimen al que se lo puede caracterizar como de “obediencia endeble”, es decir, un Estado cuya actuación depende, en buena medida, de la incidencia de intereses privados. En el caso ecuatoriano, en los últimos 20 años, estos intereses privados incluyen a los intereses perversos de los grupos de delincuencia organizada (GDO) que controlan vastas extensiones de territorio, que inciden (por amenaza o soborno) en las decisiones judiciales y en las políticas públicas, y que determinan (por amenaza directa o por miedo generalizado) la vida cotidiana de la población.

Es decir, el cambio registrado en los últimos 20 años en materia de participación política no ocurrió para fortalecer a la ciudadanía frente al poder público, sino para incluir los intereses privados de organizaciones criminales en la actuación del Estado. 

En conclusión, el Ecuador, así como está constituido, ¿tiene posibilidades de desarrollo? La respuesta corta es: No.

Impedir la letra muerta

En el Ecuador, cuatro ministerios se comprometieron el año 2018 a una Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes que empezó ese año y culmina el 2025, cuyo objeto principal es que la niñez y la adolescencia en el Ecuador, “especialmente los que se encuentran en mayor vulnerabilidad, vivan una vida libre de violencia, ejerzan plenamente sus derechos, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa vigente” (Art. 3). Para cumplir con este fin, crearon un Comité Nacional Interinstitucional, el que tenía a su cargo la creación de un plan operativo.   

Para sostener una política pública de esta envergadura, el presupuesto general del Estado ecuatoriano para el ejercicio fiscal del año 2019 (todavía corriendo) estableció la asignación presupuestaria “123200000.616.2453 – PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES” por la que se dotó con 11.666.585,00 USD a la ejecución de esta política pública. Sin embargo, en el presupuesto general del Estado que actualmente se discute en la Asamblea Nacional para el ejercicio fiscal del año 2020, se ha suprimido esa partida. Ha reducido el presupuesto asignado a la prevención del embarazo de niñas y adolescentes de 11.666.585,00 a cero.

El primer año hay financiamiento para la prevención del embarazo de niñas y adolescentes, pero el segundo año ya no lo hay. En una política pensada para ejecutarse en siete años, el mensaje que mandaría esta decisión es nefasto: equivale a convertir en letra muerta a una política con un objeto tan noble, matarla apenas nació. Es claro que con un presupuesto en cero, sólo quedan las buenas intenciones.

Y esto, aunque el embarazo infantil y adolescente en un grave problema porque “afecta de manera seria el desarrollo personal, social y económico no solo de las propias niñas y de sus familias, sino de los países en su conjunto, pues tiene impactos negativos en el desarrollo y el futuro de los adolescentes, reproduciendo círculos de exclusión y pobreza” (CIDH 2017, Párr. 114). Y el Ecuador es uno de los países con las cifras más escandalosas de América latina: a la semana, 40 niñas entre 10 y 14 años dan a luz, y en el rango etario entre 10 y 19 años, es el tercer país con la más alta tasa de embarazos, después de Nicaragua y República Dominicana.

Y sin embargo, el Estado ecuatoriano está pensando reducir a cero el presupuesto asignado para prevenir que estos embarazos ocurran. Así lo contempla la Proforma que fue enviada por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional, que ella empezará a debatir desde mañana, 17 de diciembre.

Por ello, como abogados de La Komuna, hemos decidido solicitar que un juez aplique una garantía jurisdiccional de medidas cautelares (Art. 87 CRE) dirigida a la Asamblea Nacional para que le ordene a ella el respeto del principio de no regresividad (Art. 11.8 CRE), y así evitar que se apruebe esta supresión del presupuesto asignado a la prevención del embarazo en niñas y adolescentes, pues ello amenaza con vulnerar, de manera grave e inminente, los derechos de las niñas y las mujeres adolescentes a vivir una vida libre de violencia y a decidir en libertad sobre sus derechos sexuales y reproductivos, contenidos en los artículos 66.3.b y 66.9 CRE.

Es lo que nos hemos propuesto hacer para evitar que la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes aprobada el 2018 se convierta en letra muerta.

El Estado irresponsable (p. 2)

Como visto en “El Estado irresponsable”, mi argumento para considerar irresponsable al Estado ecuatoriano está basado en la idea de que las políticas de un Estado no se pueden hacer de cualquier manera. Hace unos días, el Gobierno del Ecuador dictó un Decreto lesivo a los intereses populares, sin ningún tipo de conversación previa con los potenciales sectores afectados, como una simple imposición desde arriba (un mazazo). De las medidas que adoptó, el primer día, el Presidente de la República afirmó que no existía “posibilidad de cambiarlas”. Que luego él haya tenido que derogarlas es la evidencia misma de su irresponsabilidad.

Para acentuar esta irresponsabilidad estatal, hace unos pocos días (el 16 de septiembre) la Comisión IDH publicó un Informe sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos, en el que planteó una definición de “política pública con enfoque de derechos humanos” que es en todo congruente con el artículo 85 de nuestra Constitución, y que es la siguiente:

“Una política pública con enfoque de derechos humanos es el conjunto de decisiones y acciones que ele Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa –a partir de un proceso permanente de inclusión, deliberación y participación social efectiva- con el objetivo de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad, bajo los principios de igualdad y no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia, transversalidad, e intersectorialidad” (Párr. 147).

Si el Gobierno del Ecuador observaba este nivel de respeto en el diseño e implementación de su nueva política de combustibles, seguro nos ahorrábamos los muertos, los heridos, los detenidos y las pérdidas económicas. Pero el Gobierno del Ecuador, en vez de hacerlo de una forma respetuosa de derechos como lo quiere la CIDH, quiso imponerse a lo bruto. Y fracasó.

Mi argumento es que las consecuencias de su fracaso en el diseño e implementación de su nueva política de combustibles, las debe pagar el mismo Estado. Así, si un floricultor perdió, digamos, un millón de dólares durante el estado de excepción por no poder cumplir con un envío debido a la situación de caos social generada por el diseño e implementación irresponsable del Decreto No. 883, ese floricultor podría demandar al Estado ecuatoriano bajo el principio de responsabilidad extracontractual establecido en el artículo 11.9 de nuestra Constitución.

Pero es que si lo piensan un poco, sólo podía salirles mal: era el Gobierno más impopular de los últimos tiempos, tomando la medida más impopular de los últimos tiempos… 1 + 1 = nos fuimos a la mierda. Esa es la medida de su irresponsabilidad.

Y algún día, creo, pagarán por ello.

El Estado inconstitucional

El argumento principal de Esther Duflo, Nobel de Economía más joven de la historia, es que las buenas políticas públicas no se diseñan desde un sillón.

Y a este país se lo acaba de maltratar muchísimo por una política pública diseñada desde un sillón, sin conversaciones previas ni discusión sobre su implementación. Como lo he dicho en otra parte, el ecuatoriano fue un Estado irresponsable, cuya irresponsabilidad dejó de saldo una decena de muertos, 1192 detenciones (el cálculo del Defensor del Pueblo es que más del 80% de ellas fue arbitraria), sinnúmero de heridos y multimillonarias pérdidas económicas.

Todo esto concluyó cuando el Gobierno admitió, implícitamente, que había hecho mal las cosas por la derogatoria del decreto No 883 a fin de obtener la pacificación del país. Era un decreto respaldado por la fuerza de las armas y por el silencio cómplice de los medios de comunicación y fue por la resistencia popular, que se obtuvo su derogatoria y se obligó al Gobierno a dialogar y a pensar con mayor detalle sobre la implementación de la medida que vaya a adoptar. Pero, ojo al piojo, así debió haber sido hecho desde un principio, y no porque lo diga yo, sino porque es lo que dice la Constitución del Ecuador, en una de sus “garantías normativas”:

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos dela ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Entonces, es tan sencillo como esto: si el Gobierno actuaba con base en la Constitución (en particular, estos dos aspectos subrayados de su artículo 85), nos habríamos ahorrado todos los muertos, los heridos, las detenciones arbitrarias y las pérdidas económicas. 

Y también: en el origen de todo, está un claro acto inconstitucional.

El Estado irresponsable (p. 1)

Doce días de paro nacional y de violencia en las calles se vivieron desde el dictado del decreto No. 883 y su derogatoria, que han sido vistos, o como un acto de irresponsabilidad, o como un acto de maldad. Hay quienes sostienen que al Gobierno se le fueron las cosas de las manos, mientras hay otros que dicen que ese fue su guion desde el principio, porque lo principal era renovar la culpabilidad del correísmo en el desastre de país que tenemos. Probar este segundo escenario es, por supuesto, mucho más difícil. Pero para la declaración de “irresponsabilidad” de nuestro Estado en esos días, basta con recuperar las propias palabras de los actores principales de este “ecuatorianicidio”.

Mi argumento es de políticas públicas: grosso modo, es que el Gobierno Nacional adoptó una política pública irresponsable que desató una crisis que sólo se resolvió cuando se eliminó esa política pública irresponsable para adoptar otra mejor (hoy en construcción).

Ahora, ¿por qué fue una política “irresponsable”? Primero, porque así lo han reconocido los actores represivos como la propia Ministra encargada de la Policía, María Bala y Plomo, que indicó, muy suelta de huesos, que “La inteligencia falló, debió entregar alarmas más claras” pues no hubo “[n]ada en comparación con lo que sucedió”. Esto lo reiteró Roque Moreira, el comandante de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción, quien, si bien admitió que el sistema de inteligencia militar funcionó mal, le añadió un jugoso detalle: “no podemos desconocer lo que ocurrió en el anterior gobierno”. Es forzoso concluir que ni los civiles ni los militares investigaron adecuadamente los efectos que iba a provocar las medidas económicas que se adoptaron en el decreto No. 883. Y que para no admitir su propia responsabilidad en los hechos, buscan atribuírsela ahora al “anterior gobierno”.

[Por supuesto, aquí es cuando los que postulan la maldad del Gobierno Nacional descartan la irresponsabilidad para suponer que el objetivo fue siempre culparlo a Rafael Correa.]

El irresponsable mayor.

Y segundo, la actuación del Gobierno Nacional fue “irresponsable” porque, después de los doce días de paro nacional, reculó. El hecho de que el primer día, Moreno haya dicho que no iba a derogar las medidas, para al duodécimo, derogarlas, es muy revelador. Y no sólo eso, sino que ha dicho el Presidente que el nuevo decreto que va a poner en vigencia, sí se lo hará en conversaciones con los afectados, de manera focalizada y buscando el beneficio de los más pobres… Con la admisión de un nuevo decreto con dichas características, Moreno sugiere implícitamente que el decreto anterior no las contenía y que, por tanto, fue muy irresponsable la forma cómo se lo elaboró y se lo presentó a la sociedad. Sin lugar a dudas, debió hacérselo de otra manera.

De hecho, si se dictaba el decreto No. 883 siguiendo los parámetros de las garantías constitucionales para las políticas públicas que constan en el artículo 85 de la Constitución, que disponen la orientación de las políticas para hacer efectivos los derechos, la prevalencia del interés general sobre el particular, la conciliación de los derechos en juego y la participación de los afectados, el Estado se habría ahorrado los doce días de paro nacional. Tan simple, como que obedecer a la propia Constitución nos habría ahorrado la pérdida de ocho vidas humanas y de millones de dólares en pérdidas económicas.

Corolario: El Estado fue irresponsable en el manejo de esta política pública y, por ende, debe responder en los términos del artículo 11.9 de la Constitución por todo lo ocurrido (muertes, heridos, detenciones arbitrarias y pérdidas económicas) durante ese período.

Guayaquil y las drogas

El diario El Universo informó ayer sobre el combate del Municipio al consumo de drogas en Guayaquil. La primera noticia es sobre la legislación que el Municipio ha adoptado para su combate: una ordenanza del 2 de mayo del 2017 por la que dispuso la prohibición del consumo “de sustancias estupefacientes y sicotrópicas en lugares y eventos públicos, tales como parques, centros comerciales, edificios públicos, salas de cine, salas de teatro, eventos deportivos”. El título de la noticia es ya decidor: “Ordenanza contra drogas, una ‘mera declaración’ en Guayaquil”, e incluye unas declaraciones graciosísimas del alcalde Nebot: según dice él, esta ordenanza contribuye “a la condena de quien consume drogas en sectores públicos” pero que la sanción le corresponde al gobierno. Y que si no llega la tal sanción, “nos vamos a quedar en la mera declaración” (?). Es decir, la medida que ha adoptado el Municipio es ineficaz, meramente declarativa, pero la culpa siempre será de otro. Un capítulo más en ese abultado libro “¿Cómo vender humo?”, de autoría de Jaime Nebot.

La segunda noticia es sobre las políticas públicas que el Municipio ha adoptado para combatir las drogas. En el 2017, sus gastos se descomponen así: USD 58.790 para un contratista llamado Diego Pazmiño, USD 8.499 para la Fundación Acción en Desarrollo Social “para charlas a padres y docentes” y USD 40.000 para una contratista llamada Cinthia García, “delegada de la Universidad de Guayaquil (2017), para shows y charlas preventivas, como el que se realizó el mes pasado en la ciudadela FAE y que contó con la presencia de la candidata a la Alcaldía, Cynthia Viteri”.

El de Diego Pazmiño es el caso más grave (además del monto más abultado). Pazmiño tiene dos problemas: 1) Ser el hermano “de un empleado de Comunicación del Municipio de Guayaquil”; 2) Hacer una campaña que se llama “Drogas, ¿por qué no?”, que suena más a incentivo para consumirlas. (Pero el primero es el realmente grave.)

Y en general, ¿qué tan efectivas han resultado estas medidas para el combate a las drogas en Guayaquil? A juzgar por las noticias de todos los días, su efecto ha sido nulo. En realidad, las medidas parecen resultar mucho más útiles como plataforma política para la candidata Viteri y, dato no menor, como mecanismo para repartir el billete a los que están en el ajo.

Por legislación y por políticas públicas, el combate del Municipio al consumo las drogas es ineficaz, una total farsa: debes estar muy drogado para creértelo.

Las ciclovías y el elefante

Diario Expreso pasó de “Guayaquil renuncia a las ciclovías” a “Ciclistas y alcaldes forman un solo equipo por las ciclovías”. Veamos cómo.

La primera nota: “Guayaquil renuncia a las ciclovías” (11/abril/2018)

La nota pinta una realidad triste: la Alcaldía de Guayaquil proyectó 8 ciclovías, pero solo ejecutaron dos, una de ellas en el centro que “nunca fue respetada”. La nota describe que en la ciclovía de la calle Junín, en el centro, ahora se iba a construir una jardinera “que es como se lo ha aprobado por parte del alcalde”. Finalmente, se publica la opinión lapidaria del vocero de la Alcaldía: “en el centro de Guayaquil, por las condiciones de las calles y el clima no funciona una ciclovía”.

La segunda nota: “Ciclistas y alcaldes forman un solo equipo por las ciclovías” (10/mayo/2018)

Todo el escenario de desastre de la nota anterior, es decir, el incumplimiento de su propia planificación, la ineficacia de hacer cumplir lo ejecutado e incluso su regresión (la ciclovía de la calle Junín), además de la negativa de construir ciclovías en el centro, las conjuró la sola expresión del alcalde: “No hay problemas con el tema ciclovías”, para a continuación señalar que “por el momento debemos tener restricciones, no prohibiciones, en el centro”.

Desde los ciclistas, el problema es cualquier restricción a la circulación, en el centro o en cualquier otra parte. No porque no pueda haber restricciones a la circulación. Pero porque tienen que estar plenamente justificadas.

Y veamos esta justificación: según el redactor de esta nota, el alcalde ofreció lo que él llamó “razones técnicas”, que se reducían a esto:

“Evitar aportar al colapso del tránsito que ya se presenta en esta parte de la ciudad”.

¿Razones técnicas? JAJAJA. Reformulemos: el tráfico colapsa y se piensa “evitar” que se aporte a ese colapso a través de una restricción a la circulación de aquellos que podrían contribuir a evitar el colapso del tráfico: los ciclistas (claro, para ello se requiere planificación y otro modelo de desarrollo que priorice el interés general por encima del particular: ciencia ficción para el gobierno local). Estas “razones técnicas” del alcalde ven como problema a una posible solución, no ofrecen ni un dato, ni un estudio, ni nada, únicamente una restricción, propuesta frente a quienes serían sus destinatarios, que allí sentados debieron ser de cera porque no dijeron ni mú. Se ofrendó ante ellos una de las “razones técnicas” más pobres que una autoridad ha propuesto en el orbe occidental, pero la muchachada hurgó en el silencio.

Seamos claros: la medida que quiere imponer la Alcaldía es una vulneración a los derechos de los ciclistas, que pagan los platos rotos de la incompetencia de la Alcaldía en la planificación y en la ejecución de lo planificado.

No hay que ser ingenuos: esta reunión con los ciclistas fue un lavado de imagen, en un área en la que se han hecho las cosas muy mal, no de ahora, desde siempre, porque se avecinan tiempos electorales. Eso es todo. Y Mr. Hyde fue el cronista de este simulacro.

Conclusión: El elefante en la habitación.

El elefante en la habitación es que al alcalde le importa un pepino las ciclovías. No de ahora, desde siempre. Lo suyo son los vehículos a motor: ahí, en ello y alrededor de ello (calles, puentes, cemento) está el biyuyo. Cuando ha tenido oportunidades (financiamiento internacional, por ejemplo) para desarrollarlas, las ha desperdiciado. Cuando ha asumido la competencia del tránsito, no las ha vinculado a una planificación integral. Incluso cuando (aunque de manera deficiente) las ha implementado, luego ha dado marcha atrás (como lo mostró Expreso en la primera nota, cuando estaba Dr. Jekyll). Y la cereza de este pastel anti-ciclístico es la restricción que pretende ahora imponer a la circulación en el centro. 

Así es Ciudad Sainete, donde te pasan este elefante en la habitación como “un solo equipo por las ciclovías”. Y la verdad, no sé qué es peor: o los ciclistas que se han dejado, o el periodista que redactó ese adefesio.  

Ecuatorianos en la piscina

En esta conversación con Kintto Lucas y Washington Reyes en radio Pichincha Universal (emisión de esta mañana, 08h25) se recordó el chiste aquel de los canadienses y los ecuatorianos en una piscina (el enlace, aquí). Lo que el chiste revela está en la base de aquello que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denominó “la incapacidad de [las] clases dirigentes [del Ecuador] de formar consensos amplios y perdurables que permitan identificar e implementar políticas públicas inclusivas necesarias para el respeto y goce efectivo de todos los derechos humanos” (1).

Las “clases dirigentes” del Ecuador siguen en la etapa de lo provisorio y lo destructivo: sus ideas apenas atacan la coyuntura y su propósito esencial es desplazar a otro para servirse ellos. Vista la enorme posibilidad de una Asamblea Nacional fragmentada, el viejo país está a la vuelta de la esquina. Y tras él, un año después, el estreno de la muerte cruzada.   

(1) 'Retrato de un país roto', Xavier Flores Aguirre, 27 de enero de 2015.

"Esto no es bambi"

A veces pienso que en una cuenta larga (longue dureé, que dirían los de uno de los países finalistas de la Eurocopa [1]) sería beneficioso que el próximo gobierno sea de derechas. Las ideas de emprendimiento y de libertades, usualmente suenan mucho mejor en la retórica electoral que lo que termina por cristalizarse en las políticas públicas que las pondrían en práctica, atravesadas (nuestra derecha ha sido tradicionalmente traviesa –la izquierda, también) por intereses de todo tipo y por corruptelas mayores o menores. Habría que subestimar demasiado a los votantes (o suponerlos que viven primitivamente, como ‘Percebes o lechugas o taburetes’ al decir de Javier Marías [2]) para suponer que no serían capaces de poner en perspectiva la historia política reciente.

Más allá del péndulo político, creo que el contraste produciría una ciudadanía más crítica, que tanta falta hace.

Y por supuesto, está la opción de que la derecha en el poder esté a la altura de su discurso en las elecciones (3) 

(1) Daniel Little, ‘Longue dureé’, understandingsociety.com [blog], 9 de mayo de 2009.

(2) “Es un primitivo en todos los sentidos de la palabra: acepta estar en el mundo que le ha tocado en suerte como un animal –tipo gallina-, y pasar por la tierra como un leño, sin intentar comprender nada de nada. Come, juega y folla si puede, más o menos es todo”, en: Javier Marías, ‘Percebes o lechugas o taburetes’, Diario El país (España), 27 de marzo de 2015.

(3) ‘Esto no es bambi’, YouTube, 12 de abril de 2009 [Última visita, 8 de julio de 2016].

Explicando el negocio de la Alcaldía socialcristiana

Cuando hablamos del negocio socialcristiano en la administración pública de Guayaquil es en relación con su ‘modelo de desarrollo’ (1). Este modelo de desarrollo privilegia el negocio de la construcción, lo cual no tiene nada de extraordinario en vista de que el alcalde Jaime Nebot fue constructor durante muchos años (cosa distinta es conocer si privilegia este negocio por solidaridad de grupo o por intereses espurios). En todo caso, la alternativa que privilegia la Alcaldía de Guayaquil es, a primera vista, legítima y legal.

Este sometimiento de las políticas públicas a los intereses privados se observa en Guayaquil en la planificación, la que se ajusta a los intereses de las empresas constructoras (2). Se observa, también, en la ejecución, en la que se privilegia el desarrollo de construcciones horizontales, que no solo encarecen los costos sino que resultan ineficaces para enfrentar los riesgos de las inundaciones en la ciudad (3).

Una institución pública que busca (en la planificación y en la ejecución de sus políticas públicas) la satisfacción de intereses privados de un sector económico en vez de los intereses de la comunidad a la que se debe, es una institución que no está en capacidad de enfrentar los riesgos de las inundaciones (4). Porque para hacerlo, se requiere un modelo de desarrollo distinto. En este sentido, en el informe técnico elaborado por expertos internaciones sobre inundaciones en Guayaquil, se destacaron las "condiciones inmejorables" que tiene Guayaquil "para desarrolar soluciones integradas en el diseño urbano que combien programas de vivienda, transporte, agua potable, alcantarillado, drenaje, residuos sólidos y medio ambiente" que conviertan a Guayaquil en una "ciudad verde, además de inclusiva y sustentable" (5). 

Algo que la Alcaldía socialcristiana de Jaime Nebot jamás va a hacer, a pesar de su urgencia: atenta contra su negocio. 

(1) ‘Guayaquil a la deriva’, Xavier Flores Aguirre, 28 de febrero de 2016.

(2) ‘Un comienzo que no sucede, porque nunca acaba’, John Dunn Insúa, 14 de abril de 2014. El arquitecto Dunn critica el que el crecimiento urbano de la ciudad se limita “a la simple aprobación de proyectos y construcciones” en vez de “dar las directrices de crecimiento de la ciudad e implementar una serie de objetivos que permitan medir el crecimiento urbano y la calidad del mismo”. También, v. Eduardo McIntosh, ‘Guayaquil: Drinking the kool-aid’, enero 13 de 2014. El arquitecto McIntosh critica ese mismo artículo de forma lapidaria, que cito en extenso: “A lo largo de todo el artículo, el representante municipal relata cómo son los promotores inmobiliarios los que deciden el crecimiento de Guayaquil. Es fácil notar la confusión en el rol que el departamento de planeamiento urbano de Guayaquil debe tener. En lugar de dictar la política de crecimiento a seguir y de coordinar los esfuerzos de los promotores inmobiliarios para maximizar la calidad de sus ofertas, se piensa que el rol del departamento de planeamiento urbano es el de autorizar permisos de construcción y apenas relatar lo que sucede. Es sencillo entender la manera caótica en la cual la ciudad ha venido creciendo. No hay una política que se enfoque en garantizar densidades mínimas para crear vida urbana eficiente, una correcta y homogénea distribución de equipamiento urbano –áreas deportivas, parques, comercio, servicios, educación, instituciones- un correcto mix de usos del suelo que ayuden a crear un sentimiento de comunidad y reduzcan el volumen del tráfico en la ciudad y una real construcción de tejido vial distribuido que evite cuellos de botella urbanos”.

(3) Sobre el crecimiento horizontal de Guayaquil, v. Juan C. Mestanza, 'Guayaquil crece de manera horizontal', Diario El comercio, 23 de mayo de 2014. Para la arquitecta Ana María León, este tipo de crecimiento es una alternativa equivocada: "Si 10 familias viven en un edifico de apartamentos, digamos de 5 pisos cada uno, ocupan el espacio de dos lotes medianos. Si las mismas 10 familias se trasladan a 10 viviendas unifamiliares, ocupan una extensión mucho mayor. Multipliquemos la infraestructura y las distancias: calles, tuberías, cableado: suben los costos, se ocupa más terreno y se incrementan las distancias", v. '¿Guayaquil, menos ciudad?', Ana María León, 27 de febrero de 2012. En conclusión, un crecimiento costoso e ineficaz, pero plenamente funcional para el negocio de la construcción.

(4) Probablemente el reto más importante que tenga la ciudad de cara al futuro: 'Guayaquil, entre las 10 ciudades del mundo más vulnerables a inundaciones', Diario El universo, 29 de septiembre de 2013; una visión crítica sobre la irresponsabilidad de la Alcaldía de Guayaquil, en: 'Inundaciones en Guayaquil', Xavier Flores Aguirre, 31 de diciembre de 2015.

(5) Mejía Betancourt, Abel, Morelli Tucci, Carlos Eduardo, Bertoni, Juan Carlos & Gabriel Cabezas Vélez 2013, 'La inundación de Guayaquil en marzo 2013. Opinión de expertos internacionales, Cooperación Técnica de CAF', Informe Gerencial [17 de jujnio de 2013], p. 32.

Entrevista en 'Pensamiento crítico' (con Paulina Recalde)

Transmitida por la señal de Ecuador TV el 15 de enero de 2016.

Ese informe sobre políticas públicas al que hago referencia al final lo pueden encontrar en este enlace (1). En el buscador escriban la palabra “Ecuador” y lo primero que aparecerá es Osvaldo Hurtado parafraseando a Churchill. Figúrense como será el resto, para que esto haya sido lo único serio del asunto (2).

(1) Stein, Ernesto et al (coord..) 2006, ‘La política de las políticas públicas. Progreso económico y social en América Latina. Informe 2006’. Banco Interamericano de Desarrollo.

(2) En particular, es instructiva la comparación entre las políticas públicas de Brasil y de Ecuador que se pueden encontrar en las páginas 181-192. Pinta bastante bien (con evidencias e indicadores) el adefesio institucional que era el Ecuador el 2006, año de la publicación del informe.