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Las relaciones exteriores de Quito en 1809
30 de noviembre de 2019
Como ya se sabe pero aún nos
falta aceptarlo, la destitución de las autoridades españolas de Quito el 10 de
agosto de 1809 no buscó la independencia del Reino de España. Quito siempre
(incluso en la llamada “Constitución de 1812”) se sintió parte del Reino del
bobo y necio de Fernando VII.
Pero lo que sí buscó Quito
en los albores del siglo XIX es la autonomía del territorio a su cargo, esto
es, de la Audiencia de Quito. Y Quito quiso situarse en la cúspide de este
nuevo orden autónomo que creaba. Esa fue su aspiración en agosto de 1809.
Para concretar esta
aspiración, la Junta de Gobierno de Quito, que fue el órgano creado en
reemplazo de las autoridades españolas, decidió la creación de un ministerio
encargado de las relaciones exteriores y colocó al antioqueño Juan de Dios
Morales a cargo del ministerio llamado de “Estado, Guerra y Relaciones
Exteriores” (se crearon dos ministerios: el otro fue el llamado de “Hacienda,
Gracia y Justicia”, a cargo del altoperuano Manuel Rodríguez de Quiroga).
Para persuadir a las
provincias vecinas, primero la Junta de Quito entabló correspondencia con personas
influyentes, a fin de que ellas intervengan para que en Popayán, Guayaquil y
Cuenca se le reconozca a Quito su anhelada primacía. Cuando se evidenció que
esto era insuficiente, se decidió el envío de legaciones a Popayán,
Guayaquil y Cuenca para buscar ese reconocimiento, con resultados desastrosos.
A Popayán, Quito envió a
los payaneses Manuel Zambrano y Antonio Tejada. Tejada, de plano,
declinó participar por considerar al proyecto como “sedicioso”. Zambrano, por
su parte, fue repelido. (Esta historia se cuenta en detalle en el artículo ‘Impacto del 10 de agosto en la Gobernación de Popayán’).
De Quito a Guayaquil se
despachó a los quiteños Jacinto Sánchez de Orellana, alias “II Marqués de Villa
Orellana”, y José Fernández-Salvador, quienes le enviaron una comunicación al
Gobernador de Guayaquil, Bartolomé Cucalón, a fin de informarle de su propósito
de visita; en respuesta, Cucalón les advirtió que a lo único que se comprometía
era a tratarlos “sin impropiedad”. Sánchez de Orellana, entonces, detuvo su
viaje; Fernández-Salvador, en cambio, renunció a su comisión y acudió a
Guayaquil, pero a dar “declaraciones circunstanciadas acerca del estado de los
rebeldes, sus hechos y armamento”. Es decir, en calidad de delator.
Con los delegados de Quito
a Cuenca no les fue mejor. Al sur se envió al payanés Salvador Murgueitio y al
quiteño Pedro Calisto. Murgueitio y Calisto nunca fueron aceptados en Cuenca, a la que
no pudieron entrar. Calisto, “pocos días después, se unió a las autoridades
regentistas y trabajó activamente para disolver el gobierno revolucionario”. Es
decir, fue un traidor. (Los detalles de estas tres legaciones, en: ‘Revolución y diplomacia: el caso de la primera Junta de Quito’).
Así, se puede decir que
Quito tuvo tres niveles de relaciones políticas entre agosto y octubre de 1809.
La de los pueblos de su provincia, la de las capitales de las provincias
vecinas y la que buscó tener con un capitán inglés.
De los pueblos de su
provincia (la Sierra centro y norte de lo que hoy es el Ecuador), Quito obtuvo
la unanimidad de su apoyo. Pobre gente, tampoco les quedaba de otra.
A las capitales de
provincia se las intentó persuadir con correspondencia y delegados, con el rotundo
fracaso ya conocido.
Queda, finalmente, el
singular caso de cuando la Junta de Gobierno de Quito quiso entablar relaciones
con gente de Gran Bretaña, porque ella era opositora de los franceses y tenía
buques que podían surcar los mares. Pero esto entrañaba una dificultad para
Quito pues su provincia era un territorio, en la práctica, mediterráneo.
Pero esto no lo arredró al
Marqués de Merry Jungle, Presidente
de la Junta, quien escribió una carta dirigida a un destinatario genérico y puso:
a “cualquier capitán de buque inglés”. La idea en Quito era que el capitán de
la Pérfida Albión receptor de esta comunicación de Merry Jungle se debía conmover de los hechos ocurridos en unas lejanas
montañas y entonces comprometerse a traficar armas, y a traer cada vez más,
para dejarlas en una playa u otra. A cambio, los quiteños se encargarían de
subir las armas a sus montañas (el páramo,
que diría el exalcalde Nebot) y de pagar a los ingleses que asumieran todos estos
riesgos “a precio corriente”. No parecía haber mucho incentivo para que los
ingleses asumieran los riesgos que requería ayudar a estos montañeses en lucha.
De todas maneras, el plan
no se lo pudo poner en práctica, porque los enviados de Quito al puerto de La
Tola ni siquiera pudieron llegar a la playa a buscar a ese hipotético y
agencioso capitán inglés. Desde Popayán se ordenó cerrar el acceso a los
pueblos de Carondelet y La Tola, ante
lo cual Quito mejor se quedó quedito. (Esto se cuenta en ‘Impacto del 10 de agosto…’).
Al final, la revolucionada
Quito se quedó mediterránea y sola y en riesgo; su único consuelo era el
soporte de los pintorescos pueblos de su provincia. Sin aliados, y sin la posibilidad
de producirlos (pues el repudio de las provincias vecinas fue total), la supervivencia
de la Junta de Quito se tornó imposible, y terminó por claudicar en octubre de
1809. La Junta fracasó, así, en su propósito esencial: el ser aceptada, en ese
1809, como la ciudad primus inter pares
del extenso territorio de la Audiencia de Quito. Nadie quiso permitírselo.
Y en cuanto a la persona
que asumió el cargo de Ministro de Estado, Guerra y Relaciones Exteriores, el antioqueño
Juan de Dios Morales, fue detenido cuando llegaron las tropas de Lima pedidas
por el Gobernador de Guayaquil, Bartolomé Cucalón y fue iniciado entonces un
proceso en contra de los involucrados en los hechos del 10 de agosto de 1809.
Morales permaneció en la cárcel, hasta que el bravo pueblo quiteño lo intentó
liberar el 2 de agosto de 1810 pero, como es por todos conocido (incluso Dios “miró, y aceptó el holocausto”, según
cuenta nuestro himno), dicho intento de liberación fracasó.
El final, entonces, fue
atroz. Las tropas del Perú que cuidaban la cárcel, en respuesta a la incursión,
pasaron por las armas a todos los presos que pudieron, entre ellos, al exministro
Morales, único funcionario de ese efímero y nada efectivo Ministerio del año
1809. Y sanseacabó.
Publicado por Xavier 0 comentarios
Etiquetas: 10 de agosto de 1809, Cuenca, España, Guayaquil, José Fernández-Salvador, Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, Manuel Zambrano, Pedro Calisto, Política, Popayán, Quito
Manuel Zambrano explica cosas (a los historiadores)
22 de octubre de 2019
Tiene nombre de hondo
Manabí, pero correspondió al de un regidor del Cabildo de Quito en el año de N.
S. de 1809, y no de origen manaba, sino pastuso. Este territorio que hoy
pertenece al Sur de la República de Colombia como parte del Departamento de
Nariño, durante los años que estuvo la administración del Reino de España a
cargo de estos pagos, forjó intensos vínculos con la capital de la Audiencia de
Quito. Estos vínculos se echaron a perder de forma definitiva el año 1832, tras
la derrota del naciente Estado del Ecuador en la guerra contra la Colombia de
la que ese nuevo Estado se había segregado y la consecuente firma del Tratado de Pasto el 8 de diciembre de 1832.
El regidor Manuel Zambrano
participó de manera activa en la Junta de Gobierno de Quito originada a raíz
del 10 de agosto de 1809. Unos meses después, Zambrano, todavía regidor, manifestó
en el Cabildo de Quito dos opiniones que resumen el sentido de lo actuado por dicha
Junta de Gobierno.
En su primera opinión,
dada en la sesión de Cabildo del 29 de enero de 1810 que lleva por título “Que se borre y descarte el título de
Excelentísimo dado por la Junta, porque ella no tiene facultad para expedir
títulos”, Zambrano advirtió “que el pueblo soberano había instalado la
Junta sin tener necesidad de contar con el Cabildo, porque había reasumido en
sí, todas las facultades reales” (“Actas del Cabildo de San Francisco de Quito, 1808-1812”, p. 115).
Y su segunda opinión, dicha
en el mismo acto, fue que existió gente confundida en Pasto, por lo que él quiso
“hacerles ver y conocer los santos fines con que se había instalado la Junta,
cuáles eran la religión, el Rey y la Patria, y que si no fuera así, no habría
entrado en ella” (Ibíd., p. 115).
La primera opinión describe
lo que pasó y su justificación: pasó que un grupo de personas formó una Junta de
Gobierno contra las autoridades reales y por fuera de las del Cabildo. A los
primeros (con el Conde Ruiz de Castilla a la cabeza) los retiró del poder y
pretendió el reemplazo en sus funciones; a los segundos, no los necesitó para
hacerse del poder (“sin tener necesidad de contar con el Cabildo”).
La justificación de la
Junta de Gobierno de Quito se hallaba en la teoría de la retrocesión de la
soberanía, implícita en esta idea de “pueblo soberano” convertido en tal dada
la situación de los reyes españoles. Ellos (Carlos IV y Fernando VII) estaban desprovistos
de su capacidad de reinar por la invasión de las tropas de Napoleón a la España
peninsular, por lo que el pueblo quiteño reasumió la titularidad de la
soberanía, a través de esta Junta.
La segunda opinión evidencia
que la Junta de Gobierno de Quito ejerció dicha soberanía a fin de seguir
siendo monárquica y española. Su independencia no era del Reino de España, ni su
postura era contraria a la existencia del sistema monárquico. Su independencia
era frente al gobierno de las autoridades nombradas desde España, pero con
total sumisión al Rey Fernando VII El Deseado.
Se trató de una junta autonomista, que en el mejor de los casos buscó liberar a
Quito del “yugo” impuesto por el Virreinato de Nueva Granada.
En este contexto y para
informar a la gente “confundida” de Pasto por encargo de las autoridades de la
Junta de Gobierno de Quito, el pastuso Zambrano viajó hacia allá para repartir
las buenas nuevas a sus paisanos, pero no fue bien recibido por ellos. (El
episodio se narra muy bien en este artículo: “Revolución y diplomacia: el caso de la primera Junta de Quito” [pp. 350-352], de Daniel Gutiérrez
Ardila.) De hecho, ninguno de los que viajó desde Quito a alguna parte a
repartir el evangelio de la revolución fue recibido de buenas maneras. Todo lo
contrario: sobre la reacción que desencadenó esta asumida primacía quiteña (pues
eso suponía su autonomía: asumir a Quito como la primus inter pares entre las ciudades de las provincias que
componían la entonces Audiencia de Quito) se acabó por erigir la masacre del 2
de agosto de 1810, perpetrada por tropas enviadas desde el Virreinato del Perú
a instancias del Gobernador de Guayaquil, Bartolomé Cucalón. Del rechazo de los
enviados por la Junta de Gobierno de Quito a Guayaquil, Cuenca, Pasto y
Popayán, da muy buena cuenta el citado artículo de Gutiérrez Ardila.
A todo esto, este pastuso Zambrano
es un todoterreno de la “ecuatorianidad”:
además de ese agitado año de 1809, después participó en la vida política del
Ecuador como Estado independiente. Fue diputado por Pichincha a la Asamblea
Constitucional de 1835 y a los Congresos Nacionales de 1831 y de 1839. En este
último Congreso llegó a postularse para Presidente de la República, justo en la
ocasión en que se eligió al general Flores de manera arrolladora (la primera
reelección de nuestra historia). Zambrano cosechó un chulla voto en ese
Congreso. Flores, 29.
Manuel Zambrano ya debe estar
muerto (a menos que sea Don Alfonso)
pero ignoro cuándo acaeció ese hecho.
Publicado por Xavier 1 comentarios
Etiquetas: 10 de agosto de 1809, Alcaldía de Quito, Bartolomé Cucalón, España, Fernando VII, Guayaquil, Juan José Flores, Junata de Gobierno de Quito, Manuel Zambrano, Tratado de Pasto
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