Tal día como hoy del año 1809, en San Francisco de Quito, los revolucionarios de agosto concluyeron su experimento de autogobierno dentro del Reino de España y volvieron a reconocer la plena autoridad del Conde Ruiz de Castilla. La revolución que se hizo en Quito para sostener “la pureza de la Religión, los Derechos del Rey, los de la Patria” (así se lee en el acta que se levantó el 10 de agosto) duró apenas setenta y seis días.
La mejor explicación de su corta duración es que no fue una revolución que se hizo por las provincias vecinas de Cuenca, Guayaquil y Popayán, sino que fue una revolución que se hizo contra las provincias vecinas de Cuenca, Guayaquil y Popayán. No se luchó contra el Reino de España por la libertad, se luchó (al menos hipotéticamente) contra los franceses en ardorosa defensa del Reino de España. Por esta lucha contra los franceses fue que justificó los sucesos de agosto el ministro revolucionario Rodríguez de Quiroga, en los siguientes términos: “Puesto que Quito era uno de los reinos del monarca tenía tanto derecho como Asturias para establecer una junta de gobierno”.
A imitación de Asturias, en San Francisco de Quito se estableció una Junta de Gobierno para administrar el territorio de la provincia de Quito. Esta Junta de Quito rompió con años de dependencia de uno u otro Virreinato para la administración de su territorio. Pero esta Junta de Quito también quiso administrar los territorios de las provincias vecinas de Cuenca, Guayaquil y Popayán.
Para atraer a estas provincias vecinas, la Junta de Quito mandó unas legaciones diplomáticas a sus territorios. A Popayán se envió a Antonio Tejada y Manuel Zambrano. Tejada declinó su participación y, a Zambrano, las autoridades de Popayán primero le dieron largas y luego le impidieron la entrada a la provincia.
La Junta de Quito envió a la provincia de Guayaquil a Jacinto Sánchez de Orellana y José Fernández-Salvador. Le mandaron una carta al Gobernador de la provincia, Bartolomé Cucalón, que les respondió que a lo único que se comprometía, era a tratarlos “sin impropiedad”. Con tan exiguas garantías, Sánchez de Orellana desistió de seguir el camino a Guayaquil; Fernández-Salvador sí lo siguió, pero para convertirse en un delator.
A Salvador Murgueitio y Pedro Calisto, enviados por la Junta de Gobierno a la provincia de Cuenca, las autoridades de la provincia no les autorizaron el ingreso y ellos de ninguna manera estaban para insistir: ambos traicionaron a la revolución a la que servían y empeñaron sus esfuerzos contra ella, Murgueitio en Riobamba y Calisto en toda la provincia.
También intentó la Junta de Quito imponerse por las armas y no le fue mejor. A mediados de octubre de 1809, tras haber ingresado sin autorización las tropas de Quito a la provincia de Popayán, las tropas quiteñas y payanesas trabaron combate en las batallas de Funes (también conocida como “batalla de la tarabita de México”), Sapuyés y Cumbal. En todas perdieron los quiteños.
Tras estas derrotas, llegó el 24 de octubre de 1809, que fue el día en que los revolucionarios capitularon ante la autoridad real y volvieron a la sujeción de un Virreinato, como había sido por siglos en esta parte de los Andes.
