Buscando un buque inglés

            Publicado en diario Expreso el viernes 16 de enero de 2026.

“El enemigo de mi enemigo es mi amigo” es un famoso proverbio árabe. Inglaterra era una poderosa enemiga de Francia y dado que Francia era enemiga de Quito, entonces Inglaterra pasó a ser una (potencial) amiga del Quito insurgente de 1809. 

Porque este Quito insurgente de 1809 no hizo su revolución contra el Reino de España, como se sostiene en el manido discurso patriotero. De manera formal, la revolución de Quito fue hecha contra la ocupación del territorio peninsular español por las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte, a quien el revolucionario Rodríguez de Quiroga caracterizó en su célebre proclama del 16 de agosto como “el sanguinario tirano de Europa”, e instó a que él “pase los mares, si fuese capaz de tanto: aquí le espera un pueblo lleno de religión, de valor y de energía”.

Pero, en realidad, la revolución de Quito de 1809 se llevó a término para romper con siglos de subordinación administrativa, ora al Virreinato de Lima, ora al Virreinato de Santa Fe. En palabras de la historiadora Federica Morelli, con la excusa del combate a los franceses, esta revolución fue la oportunidad “de constituir un gobierno autónomo tanto de la madre patria como de los dos virreyes”.

Ahora, para sostener su revolución, los quiteños necesitaban de armas. Y aquí entra en escena Inglaterra. En un momento de desesperación, cuando la revolución parecía venirse abajo en septiembre de 1809, el marqués de Selva Alegre, Presidente de la Junta de Gobierno de Quito, dirigió una carta al “capitán de cualquier buque inglés”.  

En esta carta, el marqués explicaba la razón de ser de la Junta de Gobierno por él presidida: “Enemigos eternos del infame devastador de la Europa, Bonaparte, hemos resuelto resistir hasta la muerte á su tiranía, como lo ha hecho la gloriosa e incomparable nación inglesa. En su virtud el pueblo de este Reino ha separado del mando de él a los españoles que lo regían, sospechados de secuaces declarados de aquel monstruo, y ha creado una Junta Suprema Gubernativa”. Y es en tal virtud que el citado marqués le pide al hipotético inglés “armas y municiones de guerra que necesitamos, principalmente fusiles y sables. Sírvase usted traernos a cualquiera de los puertos de Atacames o Tola, dos mil fusiles, con sus bayonetas y dos mil sables de munición, pues serán satisfechos a los precios corrientes”.

La revolución de Quito fue guerreada por todas las provincias vecinas a Quito (esto es, Popayán, Cuenca y Guayaquil). En este caso concreto, fueron las tropas de Popayán las que impidieron que el enviado de la Junta de Quito llegue siquiera a buscar los buques de bandera inglesa, pues los puertos habían sido tomados cuatro días antes de la redacción de la carta suscrita por el marqués de Selva Alegre. 

Desde las montañas de los Andes a un buque en el Pacífico: era éste un camino muy difícil de recorrer para “un gobierno frágil, inestable y acosado por la guerra”, como caracterizó Daniel Gutiérrez Ardila al Quito insurgente en su artículo “Revolución y diplomacia: el caso de la primera Junta de Quito (1809)”.

Tras este fracaso y otros más, en Quito, los revolucionarios se resignaron a la derrota y el 24 de octubre devolvieron el poder a los españoles. 

El 24 de octubre

Tal día como hoy del año 1809, en San Francisco de Quito, los revolucionarios de agosto concluyeron su experimento de autogobierno dentro del Reino de España y volvieron a reconocer la plena autoridad del Conde Ruiz de Castilla. La revolución que se hizo en Quito para sostener “la pureza de la Religión, los Derechos del Rey, los de la Patria” (así se lee en el acta que se levantó el 10 de agosto) duró apenas setenta y seis días. 

La mejor explicación de su corta duración es que no fue una revolución que se hizo por las provincias vecinas de Cuenca, Guayaquil y Popayán, sino que fue una revolución que se hizo contra las provincias vecinas de Cuenca, Guayaquil y Popayán. No se luchó contra el Reino de España por la libertad, se luchó (al menos hipotéticamente) contra los franceses en ardorosa defensa del Reino de España. Por esta lucha contra los franceses fue que justificó los sucesos de agosto el ministro revolucionario Rodríguez de Quiroga, en los siguientes términos: “Puesto que Quito era uno de los reinos del monarca tenía tanto derecho como Asturias para establecer una junta de gobierno”.

A imitación de Asturias, en San Francisco de Quito se estableció una Junta de Gobierno para administrar el territorio de la provincia de Quito. Esta Junta de Quito rompió con años de dependencia de uno u otro Virreinato para la administración de su territorio. Pero esta Junta de Quito también quiso administrar los territorios de las provincias vecinas de Cuenca, Guayaquil y Popayán. 

Para atraer a estas provincias vecinas, la Junta de Quito mandó unas legaciones diplomáticas a sus territorios. A Popayán se envió a Antonio Tejada y Manuel Zambrano. Tejada declinó su participación y, a Zambrano, las autoridades de Popayán primero le dieron largas y luego le impidieron la entrada a la provincia.

La Junta de Quito envió a la provincia de Guayaquil a Jacinto Sánchez de Orellana y José Fernández-Salvador. Le mandaron una carta al Gobernador de la provincia, Bartolomé Cucalón, que les respondió que a lo único que se comprometía, era a tratarlos “sin impropiedad”. Con tan exiguas garantías, Sánchez de Orellana desistió de seguir el camino a Guayaquil; Fernández-Salvador sí lo siguió, pero para convertirse en un delator. 

A Salvador Murgueitio y Pedro Calisto, enviados por la Junta de Gobierno a la provincia de Cuenca, las autoridades de la provincia no les autorizaron el ingreso y ellos de ninguna manera estaban para insistir: ambos traicionaron a la revolución a la que servían y empeñaron sus esfuerzos contra ella, Murgueitio en Riobamba y Calisto en toda la provincia. 

También intentó la Junta de Quito imponerse por las armas y no le fue mejor. A mediados de octubre de 1809, tras haber ingresado sin autorización las tropas de Quito a la provincia de Popayán, las tropas quiteñas y payanesas trabaron combate en las batallas de Funes (también conocida como “batalla de la tarabita de México”), Sapuyés y Cumbal. En todas perdieron los quiteños.  

Tras estas derrotas, llegó el 24 de octubre de 1809, que fue el día en que los revolucionarios capitularon ante la autoridad real y volvieron a la sujeción de un Virreinato, como había sido por siglos en esta parte de los Andes. 

Patria

            Publicado en diario Expreso el viernes 12 de septiembre de 2025.

La Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino se constituyó el 25 de septiembre de 1808 en Aranjuez. Durante la ocupación francesa de España (período entre 1808 y 1814 conocido en España como la “guerra de independencia española” o “guerra del francés”) fue un órgano que ejerció los poderes ejecutivo y legislativo del Reino de España, en representación del rey Fernando VII, un paleto cautivo en Valençay.

Esta Junta Central del Reino convocó a elecciones por real orden del 22 de enero de 1809, en un proceso que abarcó a toda la América hispana y a las Filipinas. En la real orden se dispuso que nombren “los virreinatos de Nueva España, el Perú, Nuevo Reino de Granada y Buenos Aires, y las capitanías generales independientes de la isla de Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, provincias de Venezuela y Filipinas, un individuo cada cual que represente su respectivo distrito”. Por tratarse de unas audiencias subordinadas (por ende, inferiores en la jerarquía) ni la Audiencia de Charcas ni la Audiencia de Quito nombraban un representante.

Por esta exclusión en la representación, el historiador Jaime E. Rodríguez O. razonó: “No sorprende, en consecuencia, que en 1809, aun cuando se encontraban en proceso de elegir a sus representantes a la Junta Central, estallaran a lo largo del continente una serie de movimientos a favor de la autonomía, dirigidos por la élite y grupos de profesionistas. Los primeros movimientos se produjeron en los dos reinos sudamericanos a los que no se había otorgado representación individual ante la Junta Central: la Audiencia de Charcas, en mayo y julio; y la Audiencia de Quito, el 10 de agosto de 1809”.   

Por querer ser y parecer, la Junta de Quito en el acta del 10 de agosto afirmó que el suyo era un gobierno interino “a nombre, y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor Don Fernando Séptimo”. Así, Quito buscó ser parte de una defensa unánime del Reino y es por esto que en la “Proclama a los pueblos de América” suscrita el 16 de agosto por Manuel Rodríguez de Quiroga (a la sazón, el Ministro de Gracia y Justicia de la Junta), este forastero (altoperuano) afincado en Quito instó a los demás pueblos de la América hispana a conspirar “unánimemente al individuo objeto de morir por Dios, por el Rey y la patria. Esta es nuestra divisa, esta será también la gloriosa herencia que dejemos a nuestra posteridad”. 

En el movimiento de agosto de 1809 en Quito no se buscó la independencia del Reino de España. Se postuló, eso sí, una defensa apasionada del Reino de España frente a la invasión de los franceses en la Península y el cautiverio de su rey en territorio francés. Y lo que sí se buscó en agosto de 1809 fue romper la sujeción de Quito al Virreinato de Nueva Granada y empezar a administrar de manera autónoma su territorio, pero siempre como parte integrante del Reino de España.   

Rodríguez de Quiroga no invocó la divisa de “morir por Dios, por el rey y la patria” para colocarse una máscara (cuyo resultado no querido es que unos patriotas luzcan como unos hipócritas) sino por la honda hispanidad de Quito, que salió en defensa de una idea de patria que el año 1809 abarcaba también a la Península y la América hispana. 

Una defensa del antiguo régimen

            Publicado en diario Expreso el viernes 8 de agosto de 2025.

El 10 de agosto de 1809 se constituyó la Junta Suprema de Quito, como se indicó en el acta suscrita ese día, con el objeto de gobernar de forma interina “a nombre, y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor Don Fernando Séptimo”. Y se tomaron muy en serio su relación con el rey español: “La Junta como representante del Monarca, tendrá el tratamiento de Majestad: su presidente de Alteza Serenísima, y sus vocales el de Excelencia, menos el Secretario Particular, a quien se le dará el de Señoría”. Era la concreción de una jerarquía de antiguo régimen.

Para el historiador Antonio Annino, el proceso de las independencias en América es “un proceso global que empieza con la irrupción de la modernidad en una monarquía de antiguo régimen, y va a desembocar en la desintegración de ese conjunto político en múltiples Estados soberanos, uno de los cuales será la misma España”. A la luz de esta idea, el 10 de agosto de 1809 constituye un acto de resistencia del antiguo régimen frente a la irrupción de la Francia napoleónica en la España peninsular. 

Esto se entiende mejor con la lectura de la “¨Proclama a los pueblos de América” del 16 de agosto de 1809, escrita por el Ministro de Gracia y Justicia de la Junta Suprema, Manuel Rodríguez de Quiroga. En este documento se afirmó que, en Quito, “donde en dulce unión hay confraternidad, tienen ya su trono la paz y la justicia: no resuenan más que los tiernos y sagrados nombres de Dios, el rey y la patria”. Allí se singularizó el enemigo que la América española debía combatir, que no era otro que “el sanguinario tirano de Europa” (Napoleón Bonaparte), de quien la proclama decía, en tono altivo: “Quito insulta y desprecia su poder usurpado. Que pase los mares, si fuese capaz de tanto: aquí le espera un pueblo lleno de religión, de valor y de energía”. 

Esta proclama concluyó con una petición a los pueblos de América, a fin de conspirar “unánimemente al individuo objeto de morir por Dios, por el Rey y la patria. Esta es nuestra divisa, esta será también la gloriosa herencia que dejemos a nuestra posteridad”. En este discurso de Rodríguez de Quiroga, es claro que el concepto de “patria” hace referencia al Reino de España.

La posteridad, sin embargo, no ha reconocido esta voluntad de defensa del antiguo régimen del episodio autonomista que se abrió el 10 de agosto de 1809 y concluyó el 24 de octubre del mismo año. Reconoce exactamente lo opuesto: de una defensa del Reino de España, el episodio se ha convertido en un ataque al Reino de España, hasta el extremo de considerarlo el punto de partida del proceso de independencia. Ni el acta del 10, ni la proclama del 16, autorizan esta interpretación. 

Esta conversión del episodio del 10 de agosto en parte del proceso de independencia es un hecho posterior y se enmarca, en palabras de Antonio Annino, en el “exitoso paradigma de unas ‘naciones’ oprimidas que se liberaron de una ‘tiranía’ de una metrópoli colonialista”. Este paradigma fue fruto de “los imaginarios liberales del siglo XIX y de los nacionalistas del XX” que produjeron las convenientes historias patrias u oficiales de los países de la América hispana. Y el Ecuador, por supuesto, no fue una excepción. 

Fanáticos de Fernando VII

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de mayo de 2024.

Según algunos, la revolución del 10 de agosto de 1809 fue una “máscara” porque, detrás de las alabanzas al rey español Fernando VII, se escondía un ardiente deseo de independencia. Según esta teoría, de manera taimada le estaban jurando sumisión a un rey, únicamente para mejor clavarle un puñal. 

Pero los quiteños de 1809 no fueron unos taimados. Ellos tuvieron claro sus objetivos: el primero, obtener la autonomía para administrar su territorio. Quito quería que la asciendan a Capitanía General (como en Sudamérica eran Venezuela y Chile) para superar su estado de sumisión al Virreinato de Santa Fe, siendo como era Quito una Audiencia subordinada a lo que en Santa Fe (hoy Bogotá) se decida en segunda instancia, lo que era apelable en España ante el Consejo de Indias y, en última instancia, ante el rey. Quito era la parte más baja de esta escala, un juzgado de primera instancia. 

El segundo objetivo era la recuperación de su grandeza de antaño. En el último cuarto del siglo XVIII e inicios del XIX, a Quito le quitaron: primero, la jurisdicción eclesiástica sobre Guayaquil, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí por la creación de un obispado en Cuenca (1779); segundo, Esmeraldas, Tumaco y La Tola, que pasaron a la administración de Popayán (1793); tercero, Mainas, que pasó a ser administrada desde España (1802); cuarto, Guayaquil, que pasó a la administración de Lima (1803). Le quitaron por todos los puntos cardinales.

Entonces, el 10 de agosto de 1809 fue la oportunidad de los quiteños para satisfacer estos dos objetivos. Ellos crearon una Junta de Gobierno y nombraron autoridades, pero jamás buscaron la independencia pues lo que realmente querían era tener autonomía y estar en pie de igualdad con las potencias de la región. Quito no quería que su coteja sea Charcas (otra Audiencia subordinada); ella aspiraba a que lo sean Lima, Santa Fe y Buenos Aires (Virreinatos), y Chile y Venezuela (Capitanías Generales). 

Para obtener estos objetivos, Quito decidió convertirse en la más ardiente defensora del rey español y cambiar el modelo administrativo en la jurisdicción de su Audiencia. Lo primero, porque la España peninsular estaba tomada por el ejército francés. Entonces, al rey Fernando VII (a quien se lo llamaba “rey legítimo y señor natural”) el Ministro de Justicia Rodríguez de Quiroga lo invitó, en abierta proclama, a que fije en Quito “su augusta mansión”. 

En cambio, al emperador de los franceses, Napoleón, a quien se lo llamaba “el Tirano de Europa”, Rodríguez de Quiroga lo emplazó a que “pase los mares, si fuese capaz de tanto: aquí le espera un pueblo lleno de religión, de valor y de energía”.

Lo segundo, el cambio de modelo administrativo, provocó su caída. La Junta de Gobierno de Quito quiso someter bajo su administración a tres gobernaciones: Cuenca, Guayaquil y Popayán. Las tres ignoraron las demandas de Quito y enviaron tropas para someter su experimento de insubordinación y autonomía. Lo consiguieron.

El 24 de octubre de 1809, fracasado su experimento, los quiteños devolvieron el poder a quien se lo habían usurpado. Y fueron unos fracasados, unos ilusos, acaso unos necios, pero nunca taimados. 

Ellos realmente querían caerle en gracia a su rey.

Las relaciones exteriores de Quito en 1809

Como ya se sabe pero aún nos falta aceptarlo, la destitución de las autoridades españolas de Quito el 10 de agosto de 1809 no buscó la independencia del Reino de España. Quito siempre (incluso en la llamada “Constitución de 1812”) se sintió parte del Reino del bobo y necio de Fernando VII.

Pero lo que sí buscó Quito en los albores del siglo XIX es la autonomía del territorio a su cargo, esto es, de la Audiencia de Quito. Y Quito quiso situarse en la cúspide de este nuevo orden autónomo que creaba. Esa fue su aspiración en agosto de 1809.

Para concretar esta aspiración, la Junta de Gobierno de Quito, que fue el órgano creado en reemplazo de las autoridades españolas, decidió la creación de un ministerio encargado de las relaciones exteriores y colocó al antioqueño Juan de Dios Morales a cargo del ministerio llamado de “Estado, Guerra y Relaciones Exteriores” (se crearon dos ministerios: el otro fue el llamado de “Hacienda, Gracia y Justicia”, a cargo del altoperuano Manuel Rodríguez de Quiroga).

Para persuadir a las provincias vecinas, primero la Junta de Quito entabló correspondencia con personas influyentes, a fin de que ellas intervengan para que en Popayán, Guayaquil y Cuenca se le reconozca a Quito su anhelada primacía. Cuando se evidenció que esto era insuficiente, se decidió el envío de legaciones a Popayán, Guayaquil y Cuenca para buscar ese reconocimiento, con resultados desastrosos.

A Popayán, Quito envió a los payaneses Manuel Zambrano y Antonio Tejada. Tejada, de plano, declinó participar por considerar al proyecto como “sedicioso”. Zambrano, por su parte, fue repelido. (Esta historia se cuenta en detalle en el artículo ‘Impacto del 10 de agosto en la Gobernación de Popayán’).

De Quito a Guayaquil se despachó a los quiteños Jacinto Sánchez de Orellana, alias “II Marqués de Villa Orellana”, y José Fernández-Salvador, quienes le enviaron una comunicación al Gobernador de Guayaquil, Bartolomé Cucalón, a fin de informarle de su propósito de visita; en respuesta, Cucalón les advirtió que a lo único que se comprometía era a tratarlos “sin impropiedad”. Sánchez de Orellana, entonces, detuvo su viaje; Fernández-Salvador, en cambio, renunció a su comisión y acudió a Guayaquil, pero a dar “declaraciones circunstanciadas acerca del estado de los rebeldes, sus hechos y armamento”. Es decir, en calidad de delator.

Con los delegados de Quito a Cuenca no les fue mejor. Al sur se envió al payanés Salvador Murgueitio y al quiteño Pedro Calisto. Murgueitio y Calisto nunca fueron aceptados en Cuenca, a la que no pudieron entrar. Calisto, “pocos días después, se unió a las autoridades regentistas y trabajó activamente para disolver el gobierno revolucionario”. Es decir, fue un traidor. (Los detalles de estas tres legaciones, en: ‘Revolución y diplomacia: el caso de la primera Junta de Quito’).

Así, se puede decir que Quito tuvo tres niveles de relaciones políticas entre agosto y octubre de 1809. La de los pueblos de su provincia, la de las capitales de las provincias vecinas y la que buscó tener con un capitán inglés.

De los pueblos de su provincia (la Sierra centro y norte de lo que hoy es el Ecuador), Quito obtuvo la unanimidad de su apoyo. Pobre gente, tampoco les quedaba de otra.

A las capitales de provincia se las intentó persuadir con correspondencia y delegados, con el rotundo fracaso ya conocido.

Queda, finalmente, el singular caso de cuando la Junta de Gobierno de Quito quiso entablar relaciones con gente de Gran Bretaña, porque ella era opositora de los franceses y tenía buques que podían surcar los mares. Pero esto entrañaba una dificultad para Quito pues su provincia era un territorio, en la práctica, mediterráneo.

Pero esto no lo arredró al Marqués de Merry Jungle, Presidente de la Junta, quien escribió una carta dirigida a un destinatario genérico y puso: a “cualquier capitán de buque inglés”. La idea en Quito era que el capitán de la Pérfida Albión receptor de esta comunicación de Merry Jungle se debía conmover de los hechos ocurridos en unas lejanas montañas y entonces comprometerse a traficar armas, y a traer cada vez más, para dejarlas en una playa u otra. A cambio, los quiteños se encargarían de subir las armas a sus montañas (el páramo, que diría el exalcalde Nebot) y de pagar a los ingleses que asumieran todos estos riesgos “a precio corriente”. No parecía haber mucho incentivo para que los ingleses asumieran los riesgos que requería ayudar a estos montañeses en lucha.

De todas maneras, el plan no se lo pudo poner en práctica, porque los enviados de Quito al puerto de La Tola ni siquiera pudieron llegar a la playa a buscar a ese hipotético y agencioso capitán inglés. Desde Popayán se ordenó cerrar el acceso a los pueblos de Carondelet y La Tola, ante lo cual Quito mejor se quedó quedito. (Esto se cuenta en ‘Impacto del 10 de agosto…’).

Al final, la revolucionada Quito se quedó mediterránea y sola y en riesgo; su único consuelo era el soporte de los pintorescos pueblos de su provincia. Sin aliados, y sin la posibilidad de producirlos (pues el repudio de las provincias vecinas fue total), la supervivencia de la Junta de Quito se tornó imposible, y terminó por claudicar en octubre de 1809. La Junta fracasó, así, en su propósito esencial: el ser aceptada, en ese 1809, como la ciudad primus inter pares del extenso territorio de la Audiencia de Quito. Nadie quiso permitírselo.

Y en cuanto a la persona que asumió el cargo de Ministro de Estado, Guerra y Relaciones Exteriores, el antioqueño Juan de Dios Morales, fue detenido cuando llegaron las tropas de Lima pedidas por el Gobernador de Guayaquil, Bartolomé Cucalón y fue iniciado entonces un proceso en contra de los involucrados en los hechos del 10 de agosto de 1809. Morales permaneció en la cárcel, hasta que el bravo pueblo quiteño lo intentó liberar el 2 de agosto de 1810 pero, como es por todos conocido (incluso Dios “miró, y aceptó el holocausto”, según cuenta nuestro himno), dicho intento de liberación fracasó.

El final, entonces, fue atroz. Las tropas del Perú que cuidaban la cárcel, en respuesta a la incursión, pasaron por las armas a todos los presos que pudieron, entre ellos, al exministro Morales, único funcionario de ese efímero y nada efectivo Ministerio del año 1809. Y sanseacabó.

La venganza breve y el atroz final del abogado Quiroga

A los 210 años de su célebre proclama panamericana

Manuel Rodríguez de Quiroga nació en La Plata, Alto Perú (actual Sucre, Bolivia) en 1771. La Corona de España nombró a su padre como Fiscal de la Audiencia de Quito; su hijo, aún pequeño, lo acompañó a este destino. Quiroga estudió derecho y empezó a ejercer con éxito la profesión, pero dado su carácter exaltado, las autoridades judiciales lo reprendieron en numerosas ocasiones y llegaron a suspenderle el ejercicio de la profesión. Y fue allí que el abogado Quiroga tomó ofensa.

Y no se cruzó de brazos. Aprovechó la crisis en Europa (la invasión española por las tropas napoleónicas) para conspirar contra las autoridades que lo habían ofendido y le impedían su derecho al trabajo. Participó en la que se llamó “Conspiración de Navidad”, celebrada el 25 de diciembre de 1808 en la Hacienda “El Obraje”, de propiedad del Marqués de Selva Alegre. Descubierta esta conspiración por una indiscreción del coronel Juan Salinas, el abogado Quiroga y otros conspiradores resultaron presos en el Convento de la Merced.

Por esas cosas de la vida (?), el juicio que se siguió contra estos conspiradores se perdió y el abogado Quiroga recuperó su libertad. Y volvió a la carga: fue uno de los principales de la que se conoció como “revolución de Quito”. En la casa de quien se dice que era su amante, Manuela Cañizares (de quien el historiador quiteño Carlos de la Torre Reyes dice que “sucumbió ante la varonil y talentosa personalidad del Dr. Rodríguez de Quiroga”) se conspiró en la noche del 9 de agosto de 1809. Al día siguiente, muy por la mañanita, el coronel Juan Salinas le fue a informar al Presidente de la Audiencia de Quito, Manuel Urriez, alias Conde Ruiz de Castilla, que estaba depuesto y que la ciudad de Quito y sus pintorescos alrededores pasaban a estar gobernados por una Junta Suprema de Gobierno, a la usanza de las juntas que se habían creado en la Península desde mayo de 1808.

En el Acta Constitutiva de la Junta Suprema de Gobierno de Quito del 10 de agosto de 1809*, cuyo declarado propósito fue “sosten[er] la pureza de la religión, los derechos del Rey, y los de la patria y ha[cer] guerra mortal a todos sus enemigos, principalmente franceses…”, al abogado Quiroga (“Manuel Quiroga”, se lee en dicha Acta) se lo nombró para el cargo de Ministro “de Gracia y Justicia” y, como tal, era un miembro nato de la nueva Junta Suprema de Gobierno, con un sueldo anual de dos mil pesos y un tratamiento de “Excelencia”.

Este fue el momento cumbre de su venganza. Quiroga había desplazado a sus enemigos: se había elevado desde los arrabales a los que lo habían orillado los abusos de las autoridades españolas, hasta encumbrarse a los más altos cargos de una naciente administración, con la que reemplazó a quienes habían abusado de él: era el Ministro de Justicia y un vocal de la Junta Suprema de Gobierno en Quito, su ciudad de acogida.

El 16 de agosto, hoy son 210 años, Manuel Quiroga escribió una “Proclama a los Pueblos de América”, con la que pretendió colocar a Quito a la vanguardia del conservadurismo americano. Allí avisaba que “[l]a sacrosanta ley de Jesucristo y el imperio de Fernando VII perseguido y desterrado de la península, han fijado su augusta mansión en Quito” y advertía que en la ciudad andina “no resuenan más que los tiernos y sagrados nombres de Dios, el rey y la patria”. También pintaba a la revolución de Quito en toda su supuesta gloria: “En una palabra, desapareció el despotismo y ha bajado de los cielos a ocupar su lugar la justicia”**, para concluir con una invocación a conspirar contra el enemigo común, “el enemigo devastador de la Europa”, el corso Napoleón Bonaparte:

“Pueblos del continente americano, favoreced nuestros santos designios, reunid vuestros esfuerzos al espíritu que nos inspira y nos inflama. Seamos unos, seamos felices y dichosos, y conspiremos unánimemente al individuo objeto de morir por Dios, por el Rey y la patria. Esta es nuestra divisa, esta será también la gloriosa herencia que dejemos a nuestra posteridad”.

En esta arenga panamericanista, el abogado Quiroga tuvo ocasión hasta de ponerlo a Quito como un gallito frente a Napoleón: “Quito insulta y desprecia su poder usurpado. Que pase los mares, si fuese capaz de tanto: aquí le espera un pueblo lleno de religión, de valor y de energía”. (Lo esperaban “llenos de religión”: ¡qué malvados!)

Este hombre pensaba enfrentar a Napoleón armado de religión. Tostado.

Lamentablemente, su bravata y buena fortuna a Quiroga le duraron muy poco. El nuevo régimen cayó pronto, a los dos meses y piquito: para el 24 de octubre de 1809, el depuesto Manuel Urriez, bajo su alias de Conde Ruiz de Castilla, volvió a ocupar el lugar de primacía que tenía antes del 10 de agosto y pasó a presidir la Junta que se había formado. Quiroga, como era lógico, pasó a perder su empleo y su rango de “Excelencia”.

Tras cuernos, palos: por un pleito que se le inició a raíz de la llegada de las tropas limeñas a Quito el 24 de noviembre de 1809, se encarceló al abogado Quiroga en una celda del Real Cuartel de Lima (a cuya entrada hoy se lee la falsedad esa de “Real Cuartel de la Audiencia de Quito” –cosa enteramente ficticia***), donde finalmente murió.

El 2 de agosto de 1810, el abogado Quiroga fue asesinado por las tropas limeñas del coronel Arredondo, las que habían sido enviadas desde el Perú a petición del Gobernador de Guayaquil, Bartolomé Cucalón. Aquel día, una fracción del pueblo quiteño luchó para rescatar a los que estaban presos en el Cuartel de Lima por los sucesos del 10 de agosto de 1809. Si bien la idea era noble, su ejecución fue chapucera: el plan les salió muy mal y sirvió de acicate para masacrar a los presos. Al abogado Manuel Rodríguez de Quiroga, por ejemplo, le atravesaron una espada, en presencia de sus dos hijitas y de una esclava embarazada, que quedó muerta a sus pies con el vientre abierto.

Pobre de Quiroga. Su venganza fue breve; su final, atroz.

* En ninguno de los documentos del 10 de agosto se usó la voz “independencia”. Y si estos hombres y Manuela pensaron en alguna, fue en independizarse del yugo que se les imponía desde el Virreinato de la Nueva Granada.

** Esto es una tremenda paja, nivel pastor evangélico.

*** El “Real de Quito” nunca fue el nombre de ese sitio: este nombre se lo ha inventado con posterioridad a los hechos, a fin de ajustarlos a una suerte de mediocre relato de tinte heroico-independentista, que jamás ocurrió.

Los quiteños, perdedores de la Guerra Civil

En rigor, los hechos derivados del cambio en la administración de Quito sucedido el 10 de agosto de 1809 fueron mucho más una guerra civil dentro de una de las Audiencias de España en América (la de Quito, una de las tantas Audiencias en las que dividía el imperio español sus posesiones americanas) que una lucha por independizarse del Reino de España en el seno de dicha Audiencia.

De hecho, esto último nunca fue: los del 10 de agosto no buscaron la independencia de la provincia de Quito del Reino de España (de hecho, si algo, quisieron sus hacedores que sea Quito el suelo donde no resuenen “más que los tiernos y sagrados nombres de Dios, el rey y la patria”, siendo el rey, su “señor natural don Fernando VII” –eran totally fans). Tampoco fueron sus esfuerzos hechos por la Audiencia de Quito como tal: se los hizo por la provincia, para que se reconozca la autoridad de Quito, antigua capital de dicha Audiencia, sobre las provincias vecinas de Popayán, Guayaquil y Cuenca, que componían la Audiencia de Quito por aquel entonces. 

Y a los quiteños les fue como el culo, pésimo. De agosto de 1809 a agosto de 1810, en menos de un año, se había devuelto el poder a los españoles, sometido a proceso a 84 personas, ejecutado extrajudicialmente a varios de sus líderes (sus ministros civiles de Relaciones Exteriores y de Justicia, Morales y Rodríguez de Quiroga, el jefe militar Salinas, entre otros) y asesinado a unas 300 o más personas en las calles de Quito, a causa del fallido rescate de la cárcel del 2 de agosto de 1810. Estos hechos, en muy buena medida, fueron causados por las tropas que enviaron las provincias vecinas a Quito, que fueron hasta allá para aplacar esta inopinada proclamación de supremacía sobre el resto del territorio de la Audiencia.

De allí que el 10 de agosto haya sido mucho más una Guerra Civil (una especie de “Quito, tése quedito” híper-violento de parte de sus vecinos) que una lucha de los quiteños por la independencia de un país del Reino de España, algo que realmente estaba muy por fuera de sus alternativas políticas, devotos a ultranza de su rey como lo eran. Ciertamente no fueron unos visionarios.

Fueron algo peor: unos perdedores.