La dictadura por venir

Publicado originalmente en tres partes (p. 1, p. 2 y p. 3) en elestado.net

El triunfo arrollador de la dictadura inadvertida (a quien varios incautos, o rapaces, todavía celebran), descrita en el artículo anterior, ayuda a comprender la dictadura por venir. Para una mejor comprensión de ésta, es necesario profundizar en una explicación de carácter político.

La elección de Lenín Moreno como Presidente, en la segunda vuelta celebrada el 2 de abril de 2017, fue el cuarto triunfo consecutivo del movimiento Alianza País en las elecciones para la Presidencia de la República. Alianza País fue fundada el año 2006 y desde entonces triunfó en todas las elecciones presidenciales en las que participó: Rafael Correa triunfó en las tres primeras (2006, 2009, 2013), y en los gobiernos del 2006 y 2009, Lenín Moreno fue su Vicepresidente. Fue Rafael Correa quien lo ungió a Lenín Moreno como su sucesor (los números lo respaldaban: era el posible sucesor de Correa menos odiado, en unos tiempos de anti-correísmo feroz). El día que Lenín Moreno aceptó la candidatura, en un estadio del sur de Quito, él se comprometió a sostener los ideales y programas del movimiento por el que aceptó participar en la elección: “La deslealtad no es el camino”, afirmó entonces. Ocurrió el 1 de octubre de 2016.

Desde octubre de 2016 a mayo de 2020 mucho ha pasado, pero la historia debe empezar a contarse con que la deslealtad sí fue el camino tomado por Lenín Moreno una vez que ocupó la Presidencia, en mayo de 2017. A menos de cumplirse un año de su aceptación de la candidatura, el movimiento Alianza País ya se había fracturado y existía una facción “morenista” que había desplazado a una facción “correísta” de su dirección y del movimiento mismo, para acto seguido impedir su participación política en las futuras elecciones seccionales del 2019 mediante argucias legales perpetradas por los organismos electorales. Así, la facción morenista se apropió del exitoso movimiento para convertirlo en una organización tan impopular, que al 2020 casi no hay ni un gil que quiera lanzarse como candidato por Alianza País. En menos de tres años, se convirtió a la organización cuatro veces triunfadora de las elecciones presidenciales en una apestada de la política.

Pero es mayo de 2017 y trepado en esa ola de anti-correísmo que existió a principios de su gobierno, el Presidente Moreno convocó y logró que se celebre el referéndum del 4 de febrero de 2018. Obtuvo la aceptación de sus siete propuestas en el referéndum (el famoso “sí, siete veces sí”), y entre ellas, como se ha visto en “La dictadura inadvertida”, la creación de aquel desfachatado y devenido en dictatorial Consejo “en Transición”, que se convirtió en el órgano ad-hoc al uso del feroz anti-correísmo para eliminar (29 destituciones mediante -27 tras evaluaciones, 2 por fuera de ellas) a autoridades públicas de relevancia que habían sido nombradas durante el precedente gobierno de Rafael Correa, así como para nombrar a dedo a sus sucesores.

La razón de ser de este órgano transitorio, según el decreto ejecutivo del 29 de noviembre de 2017 por el que se convocó al referéndum y se justificaron las reformas constitucionales propuestas, era cumplir con unas “funciones transitorias que viabilicen los cambios que han sido exigidos”. Esos cambios exigidos fueron, principalmente, el paso de elegir a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por otras autoridades del Estado, a ser elegidas por la voluntad popular. Y esto fue presentado como un gran avance para este órgano de rango constitucional, pues la reforma implicaba una “aplicación del principio constitucional de progresividad de derechos”, según el citado decreto.

Sin embargo, cumplidas las “funciones transitorias” por el Consejo “en Transición”, esta razón de ser de “viabilizar” unos cambios para progresar en derechos se ha revelado como una total farsa. Si aquel habría sido el propósito, las autoridades del gobierno nacional y del Consejo “en Transición” habrían respetado la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elegido por la voluntad popular, mismo que resultó de las elecciones seccionales celebradas el 24 de marzo de 2019. Pero ocurrió que el feroz anti-correísmo que existía el 2017 y a principios del 2018 ya había menguado considerablemente su fuerza para inicios del 2019 y el gobierno nacional fue incapaz de evitar que, en las primeras elecciones celebradas post-referéndum, la voluntad popular lo abofetee decidiendo que la mayoría de los consejeros sean los que se identificaron como correístas (a la facción correísta se le proscribió la participación directa en la elección). 

Esta derrota popular, el gobierno de Lenín Moreno no la podía encajar. Que después del exterminio masivo de correístas hecho por el Consejo “en Transición” el 2018 en nombre del pueblo, sea el propio pueblo el que decida el 2019 que vuelvan los correístas a ocupar espacios de poder y, para peor, en el mismísimo órgano que había sido el motor del feroz anti-correísmo y cuya reforma constitucional había sido el objeto mismo de este período llamado “de transición”, era demasiado como para que lo encaje este gobierno compuesto casi exclusivamente de traidores, advenedizos y oportunistas.

Un gobierno democrático habría encajado esta derrota, aceptado lo que el pueblo decidió. No así el gobierno de Moreno. Primero, a sabiendas de que el pueblo podría elegir a los correístas para integrar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, autoridades electorales y del Consejo “en Transición” buscaron que se vote nulo en esta elección, pero su idea no prosperó. En este video, en una actividad que realizó el Consejo Nacional Electoral para buscar apoyo a la idea de algunos de sus integrantes de incentivar el voto nulo, explico las razones para considerar a esa idea como descabellada:

Pero, finalmente, el gobierno de Lenín Moreno se salió con la suya. Actuaron sus entonces aliados en la Asamblea Nacional, los que apenas posesionado el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (con retraso, el 13 de junio de 2019) buscaron la destitución de los cuatro consejeros asociados con el correísmo y, en menos de dos meses, la Asamblea Nacional ya les había iniciado un juicio político y los había destituido.

El principal argumento de la Asamblea Nacional fue que estos consejeros habían querido impulsar una revisión de la designación de la nueva Corte Constitucional y que este amago (pues la resolución nunca fue aprobada) ya violaba el dictamen parcializado de la Corte Constitucional del 7 de mayo de 2019. En el Ecuador, es brutal la facilidad con la que unos cuantos deciden torcer y alterar lo que la voluntad popular (millones de personas) había decidido escasos meses atrás. Irresponsabilidades como ésta, convierten a nuestras autoridades políticas en pasto para demandas internacionales.

Por ejemplo, esta destitución de autoridades elegidas por la voluntad popular es contraria a la trascendencia que, a los derechos políticos, le ha concedido la Comisión Interamericana:

“En un caso como el presente, de una persona elegida a un cargo de elección popular, debe tomarse en cuenta que una restricción al derecho al sufragio activo mediante destitución o inhabilitación, puede afectar no solamente a la persona en cuestión sino también la libre expresión de la voluntad de los electores a través del sufragio universal. De esta manera, una restricción arbitraria de los derechos políticos que impacte en el derecho de una persona a ser elegida popularmente y a completar su mandato, no afecta únicamente los derechos políticos de la persona en cuestión, sino que implica una afectación en la dimensión colectiva de dichos derechos y, en suma, tiene la virtualidad de incidir significativamente en el juego democrático.” (Caso Petro, Párr. 117)

Por esta trascendencia, se ha deducido por la Comisión IDH que las restricciones a los derechos políticos “deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso” (Ibíd.). Pero para nuestra zafia Asamblea Nacional, unas consideraciones de esta naturaleza, sobre la trascendencia de los derechos políticos y el tipo de análisis y escrutinio requeridos para validar sus posibles restricciones, es cosa de ciencia ficción… Porque nuestra democracia es cosa de ciencia ficción.

El gobierno de Lenín Moreno se asentó en la voluntad popular (el “sí, siete veces sí” del referéndum) para supuestamente servir mejor a las masas a través de las reformas constitucionales que se aprobaron. Pero ocurrió que el efecto de estas reformas fue que se votó para componer una mayoría “correísta” en la institución reformada y, entonces, el gobierno de Moreno demostró que la voluntad del pueblo le parecía muy loable y muy respetable, pero siempre que sirva a sus intereses de eliminación del correísmo. Si contrariaba esto, era el anti-correísmo el que debía prevalecer. Nunca se trató de servir a la gente, sino de que un grupo prevalezca por sobre otro. Por eso, nuestra democracia es ciencia ficción.

Y aquí reside la parte toral de mi argumento: este desprecio a la voluntad popular y esta eliminación de un grupo político por otro es la continuación de una inveterada tradición de la política ecuatoriana desde su malhadada fundación en 1830, el “canibalismo”, tan propio y característico de nuestros (cada vez más zafios) políticos. En este país, son muy raras las ocasiones en las que los políticos han confiado unos en otros; lo suyo, según una antigua sentencia de Jorge Luis Borges sobre los políticos sudamericanos, es “conspirar, mentir, e imponerse” (en el siglo XIX ocurría con pistolas, en el siglo XXI con trolls, pero siempre imponerse). Esta práctica caníbal explica los misérrimos niveles de aprobación ciudadana de los partidos políticos (sólo un 3% de los ecuatorianos confía en estas instituciones) y los altísimos niveles de corrupción que se registran en nuestra administración pública.

En el gobierno de Lenín Moreno, este canibalismo político ha tomado la forma de buscar empecinadamente la eliminación de Rafael Correa y de los políticos asociados a él (que no quiere decir, los políticos que hayan estado en su administración: la gran mayoría de las autoridades del gobierno actual fueron parte de ella, empezando por el Presidente Moreno). Y se ha utilizado en contra de ellos, como se estila en estos casos, todo el poder del Estado: juicios por un tribunal ad-hoc (el llamado Consejo “en Transición”), destituciones por la Asamblea Nacional, persecuciones administrativas y penales… Siendo todo tan arbitrario como lo fue lo actuado por el Consejo “en Transición” el 2018, todos estos procesos apestan a violación de garantías judiciales, pero el canibalismo no para mientes (y por ello, es pasto para demandas internacionales).

Al 2020, esta práctica de canibalismo ha debilitado mucho al gobierno de Lenín Moreno. Cuatro de cada cinco ecuatorianos ya no le cree a su Presidente. Su gobierno se ha definido por su oposición al “correísmo”, pero ha fracasado en eliminarlo; todo lo contrario, bien se podría decir que lo ha terminado por fortalecer y que en unas próximas elecciones la persecución sufrida podría rendirle dividendos. En este experimento de tres años de abusos contra el “correísmo”, el tiro les ha salido por la culata.

Ahora, el detalle es que Lenín Moreno nunca fue un Presidente en serio, siempre fue una marioneta. Primero, como su sucesor designado, iba a ser una marioneta de Rafael Correa; después, pasó a ser una marioneta de los grupos de poder detrás del anti-correísmo (que, en realidad, están en pro de sus propios bolsillos, hay cero ideología). Moreno, un tipo fundamentalmente débil, decidió pasarse al grupo que en los cuatro años de su Presidencia le ofrecía mayores seguridades, porque eso de aguantar cuatro años las embestidas contra el “correísmo” que se veían venir fuertes por el vínculo entre los anti-correístas y los grandes medios de comunicación, no era lo suyo. Es así apenas lógico que un tipo débil y sin ideales haya optado por el escenario que le brindaba mayores garantías, aunque ello implique la traición al grupo político del que él emergió y con el que compartió gobierno por diez años. Moreno es un tipo débil, sin ideales y taimado.

Y el costo social de que el Presidente Moreno haya sido capturado por el anti-correísmo, ha sido muy alto para el país. Su gobierno es uno que se ha empeñado en favorecer a sus élites económicas, teniendo como contracara el perjuicio a los más desfavorecidos, puesto de manifiesto en una reducción constante, en su período, de los presupuestos asignados a la salud y la educación.

Y durante este gobierno, ha ocurrido lo que me orienta a pensar que una nueva dictadura podría suceder: la pandemia del COVID-19. Ni bien empezada, la pandemia certificó de manera dolorosa que este gobierno es una marioneta de las élites: prefirió el pago a los tenedores de bonos de más de 320 millones de dólares, en vez de conservar ese dinero para enfrentar la pandemia que ya amenazaba extenderse por el país.

El desmantelamiento del sistema de salud y la política gubernamental de favorecer a las élites, además de la inveterada ineficacia y corrupción de nuestra administración pública, hicieron su parte en esta crisis que ha causado el COVID-19. La pequeña y usualmente ignorada República del Ecuador se convirtió en noticia a nivel internacional, en particular, por la situación de su ciudad más poblada, Guayaquil. En este puerto tropical, todo los males nacionales descritos, más las miserias de su propio modelo “exitoso” de desarrollo, confluyeron para un abandono del Estado (nacional y seccional) que condujo a muertos en las calles, pérdida de los cadáveres, corrupción generalizada y diseminación del contagio del COVID-19 sin control, causando con ello una espantosa cantidad de muertos que una administración que merezca llamarse “exitosa” habría podido evitar.

Esta excepcionalidad de Guayaquil no ocurrió, como dice ese epítome de la ineficacia que ha resultado ser su Alcaldesa, porque de repente nos ha caído una bomba… Es por años de hacer las cosas mal, que se pinchó la burbuja de nuestra malsana y estúpida idea de desarrollo de ciudad (más sobre esto en: “Guayaquil y el modelo que tocó fin”)

En los 190 años de vida republicana del Ecuador, iniciados en 1830 con la unión de las tres antiguas provincias españolas de Guayaquil, Quito y Cuenca, tal vez nunca el país haya estado tan mal. Su gobierno malvive, empeñado a las élites económicas y sin capacidad de acción… ¿Para qué sirve un Presidente que, en más de seis meses, de Octubre a la fecha, no puede concretar casi nada de lo que se propone? ¿A quién puede dirigir alguien a quien ya casi nadie le cree? ¿De qué vale alguien que está mucho, pero mucho más cerca de inspirar lástima o asco, que algún tipo de entusiasmo?

Por todos estos antecedentes, esto es lo que creo: hay una dictadura por venir. Moreno está inerte y las élites económicas rapaces para las que él gobierna no pueden permitir que se descalabre el sistema viciado que se ha creado desde el 2018. La Corte Constitucional es un objeto decorativo y la sociedad ecuatoriana admitiría sin chistar una dictadura, pues como se ha visto con el caso de “La dictadura inadvertida” descrito en el artículo anterior, ni se entera. Y si se entera, poco cambiaría, pues mientras le sirva mejor que Moreno, a una gran mayoría no le importa. La del Ecuador es una democracia de membrete, sin reales demócratas, ni entre los políticos ni en la mayoría que participa del circo que los elige. Tal es nuestra siniestra realidad. Y es por eso que estamos en el fango en el que nos hallamos, a mayo del 2020.

Ahora, lo que propicia el advenimiento dictatorial es que se cuenta con una coartada y con un apoyo esencial. La pandemia del COVID-19 ofrece una coartada ideal para una salida dictatorial, en cualquiera de sus dos formatos: el legal o el militar. Para el primer caso, ese objeto decorativo llamado Corte Constitucional podría redactar un documento de apoyo, a la usanza de su dictamen de mayo de 2019 y se seguiría algún tipo de interpretación y praxis constitucional que se ajuste a los intereses de quienes triunfen en la disputa interna que se tiene entre los traidores, advenedizos y oportunistas que integran el gobierno actual. Esta sería una salida con un barniz legal, “a la trujillana”.

Pero también está el formato militar, “a la boliviana”, es decir, un golpe de fuerza de los milicos y que se coloque a un civil de fachada. En este caso, resulta irrelevante lo que diga (o no) la Corte Constitucional. En ambos casos el apoyo de los Estados Unidos de América, esencial para cualquier experimento local, se lo tiene asegurado, porque para la administración de Donald Trump ninguna de estas decisiones representaría un problema: se toma nota de lo ocurrido y se pasa enseguida a otra cosa (la insignificancia del Ecuador es proverbial). Y por supuesto, nadie lo va a extrañar al monumental inútil de Moreno.

Sea con el formato “a la trujillana” o “a la boliviana”, el panorama del Ecuador resulta sombrío. ¿Mi pronóstico? Cuando la gente, por hambre, empiece a salir a las calles a buscar comida por las buenas o por las malas, triunfará el formato “a la boliviana”, porque así se reprime mejor.

Tenemos una dictadura al caer. Y realmente quisiera tener esperanzas de algo distinto, pero el Ecuador no me deja.