Retrato de un país roto

El año 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó en su informe anual un análisis de la situación del Ecuador durante los años 2004-2005. En dicho período sucedieron hechos que desembocaron en la tercera destitución de un presidente en el breve lapso de ocho años (Bucaram 1997, Mahuad 2000, Gutiérrez 2005: ningún presidente elegido popularmente terminó su período). Estos hechos merecieron la atención de este organismo internacional por configurar “una grave crisis institucional, que justifican la preocupación de la Comisión”.

El retrato de la Comisión Interamericana es el de un país desmoralizado. ·Este organismo destacó la situación general del Ecuador en aquel entonces (en lo venidero, lo resaltado no es del original):

“El año 2005 ha sido testigo de un débil estado de derecho y consecuente frágil protección de los derechos humanos en el Ecuador.  La seguridad del sistema democrático se ha visto afectada por una inestabilidad política, que si bien no es un producto reciente en la historia del país ni responsabilidad del gobierno actual [N. del A., el gobierno de Alfredo Palacio], ha puesto en evidencia las falencias de una estructura de poderes que ha sido endeble al momento de dar respuestas en sus políticas públicas, a los intereses de la mayoría de la población; ó que, en ocasiones, se ha visto imposibilitada de desarrollar programas de trabajo eficaces debido a la temporalidad de sus funciones.   Esta erosión se ha visto reflejada, también, en la incapacidad del sistema político de dar respuesta a problemas sociales, lo cual contribuye a perpetuar falencias estructurales de derechos humanos".

La Comisión señaló la responsabilidad de la élite política en estas falencias estructurales en la protección de los derechos humanos:

"[L]a Comisión reitera que la crisis coyuntural que se vivió durante el último año en Ecuador [N. del A., el año 2005], refleja problemas estructurales de mucho mayor alcance que no logran ser resueltos por la grave inestabilidad política que afecta al país y la incapacidad de sus clases dirigentes de formar consensos amplios y perdurables que permitan identificar e implementar políticas públicas inclusivas necesarias para el respeto y goce efectivo de todos los derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con el ejercicio igualitario del derecho a la participación política (artículo 23 de la Convención), acceso a la justicia independiente, imparcial y gozar de un recurso efectivo (artículo 25 de la Convención), libertad de expresión, asociación y reunión (artículos 13 y 15 de la Convención), igual protección ante la ley (artículo 24 de la Convención), y de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en el Protocolo de San Salvador que Ecuador ratificó en 1993". 

La Comisión subrayó el estado de desmoralización de los habitantes del país, con datos provenientes del Latinobarómetro de las Américas:

"La Comisión no puede dejar de señalar, que la población ecuatoriana tiene un alto nivel de escepticismo con respecto a las instituciones democráticas, a la dirigencia política y a la capacidad de los órganos estatales para tutelar los derechos humanos. Ello contribuye y profundiza la inestabilidad política que ha caracterizado al país en la última década. Algunos ejemplos demuestran esta situación. Apenas el 24% de la población aprueba la forma en que el Presidente dirige al país y solamente el 22% piensa que las personas que ejercen la dirección del país hacen lo correcto. También hay una escasa cultura cívica en Ecuador. Así, a pesar de que en el año 2000 hubo un proceso constituyente y que en estos momentos hay discusiones sobre la necesidad de una reforma constitucional, tan sólo el 24% de la población tiene conocimiento de la Constitución.  Estas encuestas al mismo tiempo demuestran la precaria situación ecuatoriana dada que los habitantes ecuatorianos son de los que presentan más bajos niveles de exigencia de sus derechos, acatamiento de las leyes así como legitimidad de los partidos políticos y del Congreso.

Las crisis políticas se generan y se profundizan a la vez por el alto grado de escepticismo de la sociedad ecuatoriana en cuanto al funcionamiento de las instituciones estatales.  Así, la ecuatoriana es la población latinoamericana que menos cree que el Estado logra hacer cumplir la ley de manera igualitaria. Apenas un 30% piensa que la justicia ecuatoriana, aún cuando tarda, es capaz de impartir justicia, de nuevo el índice de confianza más bajo en América Latina. El 67% de la población estima que puede haber democracia sin que funcionen los partidos políticos y el Congreso nacional.  Solo el 14% está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país".

La lectura integral de este informe no tiene pérdida. Es un recordatorio del país en el que vivíamos. Un país en el que daban ganas de decir “el que se vaya último, apague la luz”.

Hoy, esa misma población en aquel entonces desmoralizada, mira las cosas de una manera diferente. El informe más reciente del Latinobarómetro ofrece una imagen distinta del país. Por contraste con algunos de los datos que presentó la Comisión Interamericana en su informe del año 2005 y que resultan relevantes para la medición de la confianza ciudadana en el sistema democrático, en el año 2013 (el último año con datos disponibles del Latinobarómetro) un 65% de la población ecuatoriana consideró que sin Congreso Nacional no puede haber democracia frente a un 33% que el año 2005 pensaba así y un 64% consideró en el año 2013 que sin partidos políticos no puede haber democracia frente a un 32% que el año 2005 pensaba de esa forma. Según el Latinobarómetro, en Ecuador la satisfacción con la democracia creció del 14% reseñado por la Comisión Interamericana en su informe a un 55% de la población. En una materia tan relevante y decidora como la economía, en estos días se ha destacado un informe que publicó el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, en el que el Ecuador resultó el país de las Américas que obtuvo la mejor evaluación sobre su situación económica: el 59.5% de los ecuatorianos la evaluó de manera positiva. Algo impensable diez años atrás.

Mucha agua ha corrido desde ese no tan lejano 2005, hace escasos diez años.

La respuesta del economista Manuel González

Con ocasión de las fiestas de julio en Guayaquil publiqué este artículo en el que critiqué el tono celebratorio de las autoridades y los fans de la M. I. Municipalidad de Guayaquil. El artículo mereció algunas opiniones en redes sociales, varias de las cuales fueron tan insustanciales y descalificadoras como las que puede esperarse que sean hechas en las redes sociales. No en vano el periodista John Lee Anderson las ha calificado como “un gran basurero”. 

Hubo, sin embargo, un economista que se animó a publicar en su blog una crítica a mi artículo. En su opinión, no es un artículo riguroso. Tampoco su crítica lo es. Por ejemplo, para justificar el descenso migratorio en Guayaquil, esta persona se basa en un supuesto (“supongamos que la mitad”) que resulta además insuficiente, porque se refiere tan solo a la tercera parte del período bajo análisis. Este economista exige un rigor del que él mismo carece.

Peor es, sin embargo, que este individuo haya confundido las cosas. Mi artículo no es un artículo para “probar” los magros resultados económicos de la M. I. Municipalidad de Guayaquil: eso está claramente fuera de rango en un artículo de las dimensiones del publicado. Es un artículo de crítica política que expuso información para desmentir el tono celebratorio de derrota a la pobreza y de pujanza económica que tan fácilmente se acepta sin crítica alguna en Guayaquil. Frente a esto, el economista emprendió una defensa de la administración municipal, con argumentos muy débiles. Por ejemplo, para defender los indicadores de pobreza de Guayaquil, el economista los compara con los de Machala: el que Guayaquil tenga peores indicadores de pobreza que Quito y Cuenca no es tan relevante como el que los tenga menos malos que la otra ciudad administrada por socialcristianos (?). Otro ejemplo: el economista, para defender que en los indicadores de “infraestructura y conectividad física” de la revista América Economía Guayaquil no lo hace tan mal (obtiene un paupérrimo 34.4/100), no tiene empacho en señalar que yo no menciono “que Quito se encuentra a solo cuatro posiciones de Guayaquil” (¡?). Vaya consuelo de tontos: el economista está para la risa. Con razón lo festejaron en redes sociales.

¿Puede una autoridad decir que se está “ganando la guerra contra la pobreza” cuando el indicador de su administración es apenas y únicamente mejor que el de su prima pobre socialcristiana? ¿Puede defenderse que sea Guayaquil una ciudad de pujanza económica sobre la base, no de buenos indicadores, sino de que otra ciudad lo hace apenas mejor? Es obvio que no. Pero lo peor de todo no es la pobreza argumentativa, sino la complacencia para con el discurso de las autoridades de Guayaquil, esa notoria incapacidad crítica que existe en la ciudad (de la que hace gala el economista y que es sintomática de la gran mayoría de “pensadores” en Guayaquil) de personas que suelen ser híper-críticas para tantas otras cosas, pero que cuando se trata de la administración municipal de Guayaquil, o callan, o la defienden con un servilismo a prueba de ideas.

Cuando hayan pasado estos tiempos, la gente que sí se animará a razonar lo sucedido en Guayaquil durante la larga administración socialcristiana, podrá recordar y aplicar a este período la frase aquella, escrita en la proclama de la Junta Tuitiva de la ciudad de La Paz hace ya más de dos siglos:

“Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez…”

Quango

Publicado en diario El Telégrafo el 22 de octubre del 2014 como "Las 'quangos', entidades casi autónomas".

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En administración pública “quango” significa “quasi-autonomous non-governmental organisation”, esto es, una organización no regulada por el derecho público pero cuyo financiamiento y cuya elección de sus autoridades principales tiene origen gubernamental. Esta forma de administración se popularizó en el Reino Unido a partir de los años setenta. La particular situación de las “organizaciones casi-autónomas no-gubernamentales” de no hallarse reguladas por el derecho público, a pesar de recibir sus fondos del erario público, las ha hecho acreedoras a numerosas críticas en materia de transparencia, clientelismo político y derroche de fondos.

¿Por qué es relevante hablar de “quangos” en la administración pública de Guayaquil? Pues porque es el uso de “quangos” la forma administrativa que la M. I. Municipalidad de Guayaquil ha escogido para realizar obras públicas y prestar servicios públicos en la ciudad. Las llamadas “fundaciones” son, en realidad, lo que en teoría de la administración pública se conoce como “quangos”. La M. I. Municipalidad de Guayaquil ha creado varias de éstas para la realización de obras públicas y para la prestación de servicios públicos. Las autoridades municipales justifican su creación por razones de desconcentración y de eficiencia.

Ahora bien, esta forma de administración de los recursos públicos ha recibido casi nula atención de la sociedad civil en Guayaquil. Los medios de comunicación y la academia han guardado silencio sobre su desempeño. Muy pocas voces han sido críticas de esta forma de administrar los recursos públicos, que en otros países (como el caso del Reino Unido) ha generado polémica. Sin duda, uno de los críticos más relevantes fue el mentor político del actual alcalde y su predecesor en el cargo, León Febres-Cordero. Para Febres-Cordero, quien creó una única fundación en su administración municipal (la Fundación Malecón 2000) las fundaciones municipales en la administración de Jaime Nebot eran demasiadas, duplicaban personal y habían terminado por convertirse en un “municipio paralelo”. Duras palabras de Febres-Cordero hacia la forma de trabajo de su delfín político.

Dentro de los críticos del uso de “quangos” por la M. I. Municipalidad de Guayaquil se encuentra Jaime Damerval, un abogado guayaquileño que en un artículo de prensa titulado “¿Fundaciones infundadas?” criticó su uso desde lo legal. Para Damerval, el “efecto jurídico” de las fundaciones municipales “ha sido incuestionablemente librar a la administración de rentas municipales de la fiscalización del Contralor del Estado y del propio Concejo Cantonal, dineros que pasaron a ser manejados por personas no elegidas por el pueblo ni dependientes de él y hasta extrañas a él, circunstancia que por sí sola alienta la corrupción”. Damerval también criticó, con los ejemplos de la sustitución del pavimento en las avenidas de Urdesa y la construcción un teatro en el malecón  “a un costo de millones de dólares, para proyectar anualmente media docena de películas”, lo que denominó un “derroche de dineros públicos” para realizar obras superfluas.

Otras críticas al uso de las “quangos” por la M. I. Municipalidad de Guayaquil han provenido de la antropología. Para Chris Garcés, antropólogo con un doctorado por la Universidad de Princeton, las fundaciones municipales son “organizaciones pantalla”. En un artículo publicado en la edición No 20 de la revista Íconos, titulado “Exclusión constitutiva: las organizaciones pantalla y lo anti-social en la renovación urbana de Guayaquil”, Garcés criticó que las fundaciones municipales (en particular, el rol que ha desempeñado la Fundación Guayaquil Siglo XXI) han servido como un mecanismo para la creación “de nuevas ONGs, con unidades paramilitares y organizaciones tercerizadoras, las cuales han asumido responsabilidades asociadas tales como mantener el orden y/o administrar las áreas renovadas en Guayaquil, mientras suelen típicamente acarrear menos responsabilidad por los actos reales y simbólicos de violencia contra el ciudadano común”. En su investigación, Garcés destaca que el orden que se impone en los sectores regenerados afecta principalmente a quienes hacen teatro callejero, a los trabajadores y jubilados que se sentaban en los portales a lo largo de las avenidas, a los homosexuales, a los jóvenes pobres con vestimenta no apropiada y, con particular dureza, a los vendedores informales que llegan incluso a ser “golpeados y detenidos”. Sin embargo, en Guayaquil es mejor no hablar de ciertas cosas. En palabras de Garcés, las colaboraciones “entre la política y los medios han promovido un silencio cómplice y peligroso en Guayaquil, de cara a las ordinarias y radicales formas de legitimar la violencia”.

Otro antropólogo que ha estudiado el funcionamiento de las “quangos” en Guayaquil es Xavier Andrade. Andrade, con un doctorado por la New School of Social Research de Nueva York, en un artículo titulado “‘Más ciudad’, menos ciudadanía: renovación urbana y aniquilación del espacio público en Guayaquil”, criticó la creación de las fundaciones municipales porque “una perversa tendencia hacia la anulación gradual del espacio y la esfera públicos ha sido efectiva, para no mencionar que las propias prácticas laborales de dichas fundaciones han sido cuestionadas”. En particular, las críticas de Andrade a la administración de los espacios públicos en Guayaquil se podría resumir en que la mayoría de los proyectos arquitectónicos realizados apuntan a la creación de formas patrimoniales genéricas, semejantes a paseos comerciales, con una ecología ornamental y una reglamentación vigilante y represora llevada a cabo por parte de compañías privadas de seguridad. Esta lógica de privatización y de vigilancia de los espacios públicos regenerados tiene consecuencias que en Guayaquil no se discuten. En palabras de Xavier Andrade: “De hecho, no existe un debate público sobre los efectos perversos de la renovación urbana, ni de la limpieza sociológica que ha ocurrido, ni del exterminio masivo de gatos y perros que habitaban en el antiguo centro, ni de los abusos cotidianos de los guardias privados en los mismos espacios renovados, ni del despilfarro de energía eléctrica en postes sobreiluminados, ni de la distribución restringida de quioscos de comida que favorece a medianos comerciantes y cadenas de comida rápida establecidas en detrimento del patrimonio arquitectónico de la ciudad por negligencia institucional, ni del carácter inconsulto de los proyectos masivos tales como el Puerto Santa Ana, ni de la agenda autoritaria que se encuentra detrás de todos los dispositivos de control y vigilancia hasta ahora establecidos”.  

Como puede observarse, hay mucho para discutir, pero el análisis de la gestión de las “quangos” en Guayaquil ha sido escaso. Frente al tono celebratorio de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, la mayoría de quienes hacen opinión pública (sea en medios de comunicación o en la incipiente academia) acompañan dicho tono o guardan silencio, pero rara vez se animan a elaborar una crítica. El nivel de hegemonía es tal, que muchos prefieren criticar a cualquier voz que señale alguna deficiencia del modelo de gestión municipal, antes que formular una crítica a la gestión de las autoridades locales. Sin embargo, las críticas que se han reseñado en este artículo, hechas por Febres-Cordero, Damerval, Garcés y Andrade apuntan a confirmar las deficiencias con las que usualmente se ha asociado a las “quangos” en la experiencia británica: falta de transparencia, clientelismo político y derroche de fondos, además de sumarle críticas propias de la gestión de las “quangos” locales, especialmente a las que son administradoras de los espacios públicos, por sus niveles de discriminación y de violencia legitimada, estudiados en detalle en los trabajos de Chris Garcés y de Xavier Andrade. 

En el Reino Unido, el país donde esta forma de administración de los recursos públicos se popularizó en los años setenta, hoy existe una revisión crítica de las “quangos”. El año 2010, el gobierno de ese país lanzó un programa para reducir los “quangos”, motivado por su alegada falta de transparencia, dispendio económico y clientelismo político. Por esas mismas razones y por otras presentadas a lo largo de este escrito (críticas hechas por gente tan diversa como los antropólogos Xavier Andrade y Chris Garcés, el abogado Jaime Damerval y el mentor político del actual alcalde, León Febres-Cordero) es que debería iniciarse un debate a profundidad sobre las “quangos” y su administración de recursos públicos en Guayaquil. Aunque en una sociedad como la guayaquileña, tan acrítica y tan complaciente con el trabajo de las autoridades que la administran, un debate de este tipo no es sino una posibilidad remota.     

Control de armas

Publicado en diario El Telégrafo el 5 de septiembre del 2014, bajo el título "Control de armas en EE.UU. y Australia".

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El 17 de abril del 2013, el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, dio un discurso sobre la negativa del Congreso de su país de tratar un proyecto de ley que proponía limitar el acceso a las armas de fuego. La propuesta en sí no era radical: consistía esencialmente en una regulación más estricta del acceso a las armas de fuego para personas con antecedentes criminales o con desequilibrios mentales. Pero el Senado la negó por la aplicación de un procedimiento que el Presidente Obama calificó como una “distorsión” de sus reglas y que consiste simplemente en nunca cerrar el debate. Tan simple como eso: unos senadores se ponen de acuerdo (en este asunto de las armas fueron los del Partido Republicano, pero también lo han hecho los del Demócrata) para mantener el debate abierto de manera tal que el asunto jamás pasa a la etapa de aprobación. Esta práctica se la conoce con el nombre de “filibusterismo”. Para romper con ella, según las reglas del Senado son necesarios más votos que para la aprobación misma de la ley, pues mientras para lo primero se requieren 60 votos, para lo segundo basta con una mayoría simple de 51. Las cifras de esta votación en el Senado sobre el cierre del debate fueron de 54 senadores a favor y 46 en contra. Es decir, una mayoría suficiente para la aprobación de la ley, pero que resultó insuficiente para hacerla aprobar: eso es, precisamente, lo que Obama denominó una “distorsión”.

Este proyecto de ley se lo presentó a raíz de la masacre de Newport, sucedida en esa ciudad del Estado de Connecticut en diciembre del 2012, cuando un demente mató a 28 personas (incluidos él mismo, su madre y 20 niños) en la escuela primaria Sandy Hook. Familiares de las víctimas estaban junto al Presidente Obama mientras él daba su discurso; uno de ellos, padre de un niño de siete años muerto en esta tragedia, lo antecedió en el uso de la palabra. Obama recordó en su intervención que un abrumador 90% de estadounidenses querían que se regule de una manera más estricta el acceso a las armas (las encuestas arrojan cifras en una franja entre el 83% y el 91% de la población). Ante el fracaso en el Congreso de una propuesta que contaba con un cifra de apoyo tan amplia como ésa, el Presidente Obama se preguntó con crudeza: “¿A quiénes representamos?”. Porque resultó claro que a las aspiraciones de una gran mayoría de los estadounidenses, sus representantes en el Senado simplemente las ignoraron.

Ahora, uno puede preguntarse qué tan efectiva era la propuesta que el Senado rechazó. En general, ¿funciona limitar el acceso a las armas de fuego para reducir el número de masacres? En este sentido, el caso de Australia resulta interesante. Hubo allí en abril de 1996 un hecho similar al de Newport, como fue la masacre de Port Arthur. En este acontecimiento, sucedido en un poblado de la isla de Tasmania, un desequilibrado mató a 35 personas e hirió a 23. Esto sucedió durante el primer período de gobierno del Primer Ministro conservador John Howard, quien gobernó Australia por cuatro períodos consecutivos (desde marzo de 1996 hasta diciembre del 2007) y quien decidió tomar inmediatas medidas ante los hechos en Port Arthur: en menos de seis meses, su gobierno presentó y aprobó legislación restrictiva del acceso y del uso de armas de fuego e inició la compra forzada de rifles y pistolas, la que financió con un incremento transitorio de impuestos para recaudar los 500 millones de dólares australianos que costó el plan. En consecuencia, el gobierno australiano compró y destruyó (enfrentando una tenaz oposición del sector rural) un total de 631.000 armas. En los dieciocho años anteriores a la masacre de Port Arthur, Australia había padecido al menos 13 masacres; después de Port Arthur y de las medidas adoptadas por el gobierno del Primer Ministro Howard, nunca ha sucedido ninguna otra y ha decrecido, también, la proporción de suicidios y de homicidios en general. Con el paso del tiempo, incluso personas que para 1996 se oponían a las medidas gubernamentales, han reconsiderado su postura y aceptado que sus resultados han sido beneficiosos.

¿Por qué en un país su máxima autoridad se lamenta de la ineficacia de su sistema político para atender los deseos de sus ciudadanos mientras en otro su equivalente puede hacerlo de una manera rápida y eficaz? La respuesta corta: la NRA. En Estados Unidos, un grupo pequeño, pero bien financiado y mejor organizado, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) tiene la capacidad de presionar a los legisladores y someterlos a sus intereses. En particular, en Estados de los Estados Unidos que son conocidos como pro-gun (favorables al acceso y uso de las armas) los legisladores son particularmente susceptibles a las presiones de la NRA. Y el Director Ejecutivo de la NRA, Chris Cox, para este caso de Newport, fue muy explícito en declarar que todo voto a favor de la propuesta de reforma “sería considerado en las futuras evaluaciones de candidatos”.

Por supuesto, hay otros razones para que el resultado en materia de regulación de armas en los Estados Unidos sea distinto al de Australia. Se puede tomar en consideración razones de tipo estructural (sistema presidencialista vs. sistema parlamentario), de tipo jurídico (el peso interpretativo de la segunda enmienda de la Constitución en Estados Unidos) o de tipo cultural. Pero en todo caso, es real la presión y el miedo que ejerce la NRA en los legisladores. El propio Presidente Barack Obama acusó a la NRA (sin mencionarla de manera específica) de mentir para alcanzar sus fines y se refirió a la forma cómo se presionó a los representantes en el Senado: “desafortunadamente, este patrón de difundir falsedades sobre la legislación cumplió sus propósitos, porque esas mentiras enojaron a una intensa minoría de propietarios de armas de fuego y ello, a su vez, intimidó a varios senadores”, cuya preocupación era que esa minoría “les pasaría factura en futuras elecciones”. 

El éxito de la NRA se debe a que es un grupo que tiene un único propósito y es capaz de movilizar a sus miembros (un total de 4 millones de personas, un 1.33% de la población de Estados Unidos) para defenderlo. Su único propósito es que se regule lo menos posible el acceso y el uso de las armas. Sus miembros son personas con capacidad de movilizarse para defender su agenda y proclives a decidir su voto por el solo hecho de que el candidato tenga o no una postura contraria a las políticas de la NRA. Obama lo dijo claramente en ese discurso de abril del 2013: “Ellos están mejor organizados. Ellos están mejor financiados. Ellos han estado en esto más tiempo. Y ellos se aseguran de mantenerse enfocados en este único tema durante el período electoral. Y esa es la razón por la cual puedes tener algo que es apoyado por el 90% de los americanos y no puedes hacerlo tramitar por el Senado o por la Cámara de Representantes”. En pocas palabras, poco más de un (organizado) 1% de los habitantes triunfó por sobre las aspiraciones de casi 9 de cada 10 estadounidenses. Como lo definió el columnista Ryan Lizza en un artículo para The New Yorker, lo sucedido en este episodio de la política norteamericana es una muestra de cuan “anti-democrática y disfuncional” es la arquitectura política estadounidense.

Contadas desde 1996, en los Estados Unidos han existido casi dos decenas de masacres con armas de fuego en las que se ha acabado con la vida de casi 200 personas. En Australia, después de Port Arthur, han habido cero masacres y cero víctimas. En resumen, en los Estados Unidos los intereses de unos pocos prevalecieron por sobre las aspiraciones de la mayoría de sus habitantes; mientras en Australia, puesto en claro y juzgado por sus resultados, triunfó el sentido común.

Las disculpas de Hockey

Publicado en diario El Telégrafo el 31 de agosto del 2014.

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“Los más pobres, o no tienen carros, o en todo caso no conducen lejos” dijo el Federal Treasurer (el equivalente ecuatoriano sería el Ministro de Finanzas) de Australia, Joe Hockey, el miércoles 13 de agosto durante una entrevista radial en la cual, con estas ideas como premisas, intentó persuadir a su audiencia que el impuesto al consumo de los combustibles en la propuesta de presupuesto hecha por su gobierno era un impuesto “progresivo” (o sea, uno que requiere más dinero de quienes más recursos tienen). Por esa razón, no entendía la falta de apoyo político a dicha propuesta por parte de partidos que suelen apoyar los impuestos progresivos, como los laboristas y los Verdes.

El Treasurer Hockey forma parte de un gobierno de coalición Liberal-National liderado por el Primer Ministro Tony Abbott, perteneciente a las filas del partido Liberal. Una de las propuestas de Tony Abbott durante su campaña fue la recomposición del presupuesto. En mayo, el gobierno de Abbott presentó su propuesta de presupuesto al Parlamento, cuya idea de fondo es que el gobierno de Abbott heredó un desastre financiero del gobierno de Julia Gillard (gobernante del Partido Labor, opositor al Liberal, durante los años 2010-2013) y que debe procurarse la austeridad en los gastos gubernamentales para asegurar a Australia un futuro mejor. El camino para ese futuro de prosperidad es la reorientación de los gastos en el marco de una política económica conservadora. Una reorientación en la que, según ha expresado el Treasurer Joe Hockey, todos los australianos “deben hacer su contribución”.

Dos académicos de la escuela Crawford de políticas públicas de la Universidad Nacional de Australia, Peter Whiteford y Daniel Nethery, sometieron a escrutinio el contenido de esta “contribución” y concluyeron que “el impacto presupuestario no solo que no se lo reparte de manera proporcional, sino que será mayor para las personas en edad de trabajar, en los más bajos niveles de ingreso”. En pocas palabras, que la propuesta de presupuesto del gobierno de Abbott resulta más perjudicial para los más pobres de Australia. Según Whiteford y Nethery, tal es el contenido de esa “contribución”.

Con este antecedente se pueden entender mejor las críticas contra Hockey manifestadas en los medios de comunicación, en los que se le tildó de ofensivo y alejado de la realidad. El líder opositor Bill Shorten lo instó a “regresar del planeta Hockey al planeta Tierra”. En las editoriales de los periódicos, en los programas de comentarios políticos en radio y TV, en las redes sociales: en todas partes, Hockey encendió la polémica y recibió incontables muestras de rechazo. Pero no dio su brazo a torcer. El jueves, su oficina publicó un comunicado de prensa para explicar que, en lo esencial, lo dicho por el jefe era cierto y que el 20% más rico del país paga por combustible tres veces más que el 20% más pobre.

Es necesario someter a escrutinio la frase original de Joe Hockey. Su frase sugiere dos cosas: una, que los pobres no tienen carro; otra, que si sucede que los pobres tienen carro, no conducen lejos. Las dos opiniones de Hockey son deleznables. Sobre la primera: en su comunicado de prensa, la oficina de Hockey estima que más del 30% de los pobres no tienen carro y utiliza datos del censo del año 2011 para sustentar esta idea. Pero un estudio específico del instituto australiano de estadísticas (Australian Bureau of Statistics, ABS)  sobre esta materia, gráficamente titulado “Car Nation”, ofrece resultados distintos. Según este estudio, solo el 15% de los más pobres no tienen carro. El porqué de esta diferencia se explica en la forma de cálculo de los datos. Para el cálculo de la oficina de Hockey se añadió a la categoría “No tener carro” a aquellos que no marcaron nada, bajo el supuesto de que los que así respondieron “era muy probable que no tengan carro”. Esta conveniente asunción explica la diferencia de 15 puntos porcentuales con el estudio de la ABS, que omite el sesgo político de la oficina del Treasurer y hace su cálculo sobre la única certeza disponible: la de quienes marcaron “No” en esa pregunta del censo del 2011.

Sobre la segunda idea, la de que los pobres “no conducen lejos”, un estudio elaborado por el profesor Graham Currie del Instituto de Estudios del Transporte de la Universidad Monash destaca que las personas de escasos recursos, por vivir lejos de sus lugares de trabajo, suelen viajar mayores distancias en sus carros comparadas con las personas adineradas. Aplicado a la ciudad de Melbourne, por ejemplo, se encontró que esa diferencia era de 10 kilómetros diarios (16.4 para los pobres que viven en la periferia vs. 6.4 para los residentes del área central, en su mayoría personas de mayores recursos). La necesidad de conducir enormes distancias es incluso mayor en el campo del que es el país con la sexta mayor extensión territorial del mundo.

Así, las dos premisas originales de Hockey se derrumban. La primera afirmación, porque con las cifras corregidas, ya no se sostiene; la segunda, porque es contradictoria con lo que sucede en la realidad. Las premisas de Hockey para su afirmación de que el impuesto al consumo de los combustibles era “progresivo” resultaron muy débiles y, en el peor de los casos, falsas. El impuesto resultó regresivo, lo opuesto a cómo Hockey lo quiso presentar a la opinión pública. De hecho, a juzgar por los resultados del estudio de Whiteford y de Nethery, tan regresivo como regresiva resulta la propuesta de presupuesto del gobierno de Abbott en general.

A todo esto, el Primer Ministro australiano, Tony Abbott, se encontraba fuera del país. Cuando el viernes 15 por la mañana regresó a Australia, los periodistas le preguntaron sus impresiones sobre lo dicho por el Federal Treasurer de su gobierno. El Primer Ministro contestó: ”De plano, yo no diría eso”, al tiempo de confirmar su irrestricto respaldo a Hockey. Sutil bajada de línea de la máxima autoridad política de Australia a su hombre de confianza a cargo de las finanzas. 

En la tarde de ese viernes, Joe Hockey pidió disculpas. Fue elocuente: "Realmente, genuinamente pido disculpas porque haya cualquier sugestión, cualquier sugestión del todo, de que a mí o al gobierno no nos importan los más desaventajados en la comunidad. Pido disculpas por esa interpretación. Pido disculpas por esas palabras".

Dos días y un regaño le duró la necedad. 

¿Derecho a la intolerancia?

Publicado en diario El Telégrafo el 15 de agosto del 2014 como "Una propuesta fijaba que era 'ok' ser intolerante".

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“La gente tiene el derecho a ser intolerante, ¿saben? En un país libre, la gente tiene derecho a decir cosas que otras personas consideran ofensivas, insultantes o intolerantes”. Así se expresó George Brandis, Attorney-General (especie de Procurador General) de Australia, designado en su cargo por un representante de la Reina Isabel II a recomendación del Primer Ministro australiano Tony Abbott (siendo la recomendación del Primer Ministro la parte decisiva de este proceso).

La frase de George Brandis fue dicha en el contexto de la defensa en el Senado de su propuesta de reforma a la Ley de Discriminación Racial. El Procurador Brandis, quien en razón de su cargo es la más alta autoridad jurídica en Australia, propuso que en la sección 18C de la Ley de Discriminación Racial (referida a “comportamiento ofensivo en razón de raza, color u origen nacional o étnico”) se reemplacen los términos “ofender, insultar, humillar” por “incitar al odio”. La modificación de esta ley había sido una promesa de Tony Abbott, líder del Partido Liberal, quien en campaña había ofrecido que una vez en el gobierno (a cuyo mando está desde septiembre del 2013) derogaría esa sección de la ley.

La propuesta del Procurador Brandis implicaba una evidente reducción de la protección a las minorías, dispuesta desde 1975 en la Ley de Discriminación Racial. De allí que Brandis dijera en el Parlamento que sí, que estaba OK ser intolerante con las minorías, que se podía ser verbalmente ofensivo o insultante contra un miembro de alguna de ellas siempre que no se incite al odio. Más contundente, Brandis dejó en claro que ser ofensivo e insultante contra una minoría era, además, un derecho de la “comunidad australiana”.

Porque una cuestión llamativa de la propuesta de ley del Procurador Brandis era que fijaba los “estándares” para juzgar lo que resultara ofensivo, insultante o humillante (aunque nunca en grado suficiente como para incitar al odio racial) en el pensamiento de un “miembro ordinario razonable de la comunidad australiana”, definido “ordinario” por oposición a los distintos “grupos particulares” (o sea, minorías) que puedan existir dentro de la “comunidad australiana”. En resumidas cuentas, la propuesta de ley del Procurador Brandis le restaba protección a las minorías en Australia porque ofensas e insultos contra las minorías prohibidos por la ley dejarían de estarlo, así como desdeñaba de plano su opinión a la hora de determinar responsabilidades, por ser personas “no ordinarias” en la “comunidad australiana”. Esto último, al menos en la visión del Procurador Brandis y de sus co-idearios en la coalición de los partidos Liberal y National.

El fundamento del Procurador Brandis y de sus co-idearios de la coalición Liberal-National para la reforma de la Ley de Discriminación Racial era la libertad de expresión. “Esta es una reforma importante y una parte clave de la agenda de libertad del Gobierno” puede leerse en los antecedentes de la reforma propuesta, titulada oportunamente “Libertad de expresión” y puesta a circular el 25 de marzo del 2014.

Pero este martes 5 de agosto, el Primer Ministro Abbott anunció la decisión de su gobierno de no proseguir con estas reformas. Cuando le preguntaron si era una decisión temporal, Abbott respondió: “Se han ido. Han desaparecido”. Las reformas pasaron de importantes a nulas. ¿Las razones para este giro? Una fue que la apelación a una mayor libertad de expresión no persuadió a la población australiana. Las encuestas demostraban que siete de cada ocho australianos se oponía a la reforma de la ley. No existió apoyo para la reforma por parte de la llamada “comunidad australiana”.

Otra razón fueron las reacciones que provocó la propuesta de ley. El que el propósito de la ley haya sido el reducir la protección a las minorías, provocó reacciones en los miembros de grupos minoritarios. Representantes de las comunidades aborigen, griega, judía, china, árabe, armenia y coreana presionaron en el Parlamento en contra de esta posible reforma. Ken Wyatt, aborigen australiano y parlamentario de filas del partido del Primer Ministro Abbott, había anunciado su desobediencia a la disciplina del partido si se proseguía con la discusión de la ley. Las reacciones de los sectores afectados en su nivel de protección no iban sino a complicarse con el paso del tiempo. El Primer Ministro Abbott y su equipo habrán presentido un futuro nefasto y cortaron por lo sano. En particular, Abbott quiso evitarse una “complicación innecesaria” (así la denominó en una entrevista radial) con la comunidad musulmana. 

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Una comentarista del periódico Canberra Times, Mariam Veiszadeh, escribió en un artículo titulado “Por qué la intolerancia no es OK, Sr. Brandis” que a los australianos los debería aterrar el que su máxima autoridad jurídica “parezca más apasionada por la protección de los derechos de los intolerantes que por los derechos de los más marginados de la sociedad”. Frase a la que muy bien podría tomársela como un corolario crítico de un hecho que fue, además, una torpeza argumentativa y un paso en falso para el gobierno que lidera Tony Abbott.