Distingamos tres lógicas en el debate sobre el proyecto de Ley de Comunicación. La primera es la lógica del Estado. Esta lógica, en su versión extrema, implica la facultad del Estado para imponer contenidos a través de la censura previa. Esta facultad del Estado es reprochable y carece de legitimidad para aplicarse en una sociedad democrática. Esta lógica del Estado tiene, sin embargo, una versión sensata, la que implica, entre otras cosas, el sometimiento de las regulaciones del Estado a los estándares internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión. Dentro de esta versión, el Estado no puede aplicar censura previa salvo para los casos de “protección moral de la infancia y la adolescencia” y puede aplicar responsabilidades ulteriores para asegurar el “respeto a los derechos o reputación de los demás” y “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas” (Art. 13.2 y 13.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Valga precisar, eso sí, que no son esas las únicas regulaciones legítimas que el Estado puede realizar (son válidas, p. ej., ciertas regulaciones de carácter administrativo) y que, en razón del monopolio de la fuerza que detenta el Estado, en relación con cada una de estas regulaciones, debe andarse con sumo cuidado.
La segunda lógica es la lógica del mercado. En su versión extrema, esta lógica implica el rechazo de los medios de comunicación a la regulación estatal, lo que supone el total sometimiento de la información a las “leyes del mercado”. En esta versión, el dueño del medio de comunicación decide sin limitación el contenido de la información que difunde (la que puede obedecer a intereses particulares o de grupos de poder) y la única posibilidad de los “consumidores” de esa información es cambiar el canal, mover el dial o abandonar la lectura. Una consecuencia evidente de la lógica del mercado en esta versión extrema es privilegiar ciertas voces al tiempo de silenciar otras, en aras de satisfacer las “necesidades” del mercado. Esta lógica tiene también una versión sensata, la que admite ciertas regulaciones legítimas en razón de la tercera y última lógica que se describirá en esta columna: la lógica del ciudadano.
En esta lógica del ciudadano confluyen las versiones sensatas de la lógica del Estado y de la lógica del mercado, e implica la regulación del Estado para limitar ciertos excesos del mercado, promover información más plural, autocrítica e independiente y democratizar el acceso a la comunicación. A este propósito sirven la protección a la independencia de los periodistas (cláusula de conciencia y reserva de la fuente), los mecanismos de rectificación y respuesta, la prohibición de monopolios y oligopolios, la distribución equitativa del espacio radioeléctrico, la creación de medios públicos y comunitarios, la promoción de la autorregulación, el establecimiento del defensor del público… Esta regulación se hace en beneficio del ciudadano (para que se resarza de daños, manifieste su inconformidad, participe de la comunicación) y es la que debería incorporarse en la ley en cuestión.
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