Medios públicos

Este 29 de enero, 34 editorialistas de diario El Telégrafo publicamos una carta abierta en la sostenemos que el desarrollo y consolidación de los medios públicos es una decisión acertada para “la gran tarea de diversificar y democratizar la oferta informativa” y que para la obtención de dichos propósitos es “condición indispensable” que el medio público tenga “independencia informativa respecto del poder político”. En este sentido, quienes firmamos esa carta abierta somos críticos de “la intención de algunos funcionarios del Gobierno Nacional de crear un órgano de difusión oficial […] cobijado bajo la infraestructura de diario El Telégrafo” porque “esta cercanía de hecho entre un medio público y un órgano de difusión y propaganda oficial podría comprometer el proceso y afectar notablemente las posibilidades de consolidación de diario El Telégrafo como medio público”.

La idea de un medio público está a contramano de la experiencia histórica y de una parte de las ideas que predominan (en buena medida, por la profusa difusión de las mismas en los medios de comunicación privados) en el ámbito de la comunicación social. Suelen escucharse críticas acerbas sobre el trabajo periodístico de El Telégrafo; sin perjuicio de que algunas de esas críticas sean razonables, tengo la impresión de que la gran mayoría de las mismas se las hace desde un sesgo prejuicioso que habla mal (de la capacidad intelectual o de la intención) del emisor del comentario y no empaña al destinatario de sus dichos. Las críticas deben sostenerse en hechos ciertos que sirvan de premisas para el debate: esos hechos ciertos son los que suelen encubrirse en los prejuicios propios de la torpeza o la mala leche.

Hecho cierto, por ejemplo, es la intención política que motivó la publicación de nuestra carta abierta. Al respecto, valga precisar que el Gobierno nacional tiene el legítimo derecho de crear y desarrollar un medio gubernamental que represente sus intereses; pero lo que sí resulta nefasto para la tarea de “diversificar y democratizar la oferta informativa” es que en la creación de ese medio gubernamental se irrespete la autonomía administrativa y financiera de diario El Telégrafo.

Ahora, en buena medida, ese eventual irrespeto sucede por la ausencia de una regulación precisa en materia de medios públicos, cuya “creación” y “fortalecimiento” en aras de fomentar “la pluralidad y la diversidad en la comunicación”, valga recordarlo, es obligación del Estado de conformidad con el artículo 17 de la Constitución. Esa regulación de los medios públicos debería garantizar su autonomía con relación al poder político y económico, establecer las directrices de su gestión, programación y fiscalización, así como determinar las atribuciones de un órgano colegiado deliberativo y representativo de la sociedad que sea el encargado de cumplirlas. Si redactada en esos términos, esa regulación servirá de salvaguarda para eventuales pretensiones políticas de afectar la necesaria autonomía de los medios públicos. Esta regulación merece un robusto debate en la actual Comisión Ocasional de Comunicación y, ulteriormente, en el pleno de la Asamblea Nacional.