En diciembre de 2015
sucedió una de las escasas movilizaciones de la ciudadanía de Guayaquil por una
causa urbana. En esos días, la Alcaldía buscaba sacar del sector de la
Atarazana 44 samanes de medio siglo. Muchos ciudadanos, uno de cuyos líderes
fue Luis Alfonso Saltos, resistieron la medida. La Alcaldía, de todas maneras,
se salió con la suya (1).
Hoy, diario Expreso
publicó una noticia en la que el director de Áreas Verdes de la Alcaldía de Guayaquil,
Abel Pesantes, señaló que para retirar esos 44 árboles de la Atarazana en
diciembre de 2005, “se convocó a una asamblea, se mostraron los impactos
ambientales y se comunicó que el proyecto iba a realizarse en la zona” (2).
Esto lo desmintió de
manera terminante Luis Alfonso Saltos, en ese mismo artículo. De acuerdo con
él, apenas se repartieron unos cuantos panfletos que contaban lo decidido: “Vamos
a hacer esto. Punto” (3).
Hay un claro contraste
entre lo dicho por Pesantes y lo que respondió Saltos.
La explicación es que la Alcaldía
suele ser exagerada: así como puede considerar una gestión suficiente a
repartir panfletos que cuentan lo-que-va-a-pasar,
también denomina control ambiental a la contaminación de ríos y esteros y
califica de regeneración a pintar las fachadas y adoquinar. Todo es
grandilocuente en Guayaquil. La ciudad es una gran fantasía socialcristiana que
se vende como Disneylandia, pero que funciona como el Play Land Park.
En todo caso, la buena
noticia es que de esa movilización del 2015 quedó una norma. Está en el Código
Orgánico del Ambiente, en su artículo 155 y es clara en obligar a los
municipios del Ecuador a “consultar a los ciudadanos a quienes esta medida [la
“remoción de árboles”] afecte”.
Es un artículo
concluyente. Panfletos no more.
Si la ciudadanía se
organiza, la Alcaldía de Guayaquil tiene
que cumplirla. Cualquier persona con preocupaciones ambientales puede
sentirse “afectado”.
Y si no se organiza, pues
será lo de siempre. Como en Groundhog day
(4).
(1)
‘En la Atarazana reclaman por los árboles’, El telégrafo, 13 de diciembre de
2015; Juan Carlos Mestanza, ‘Guayacanes y algarrobos reemplazarán los 44 samanes de la Atarazana’, El comercio, 20 de diciembre de 2015.
(2) Blanca
Moncada, ‘Prohibido mover árboles sin consultar a los vecinos’, Diario Expreso,
13 de julio de 2017. Según Pesantes:
“No se puede no hacer una obra de este tipo si los vecinos no están de acuerdo”.
Ajá.
(3) La
pregunta de Luis Alfonso Saltos es pertinente: “¿Esa es la forma en que se
genera la participación ciudadana en los proyectos que afectarán directamente
la calidad de vida de un sector?”, v. Ibíd.
(4) “Groundhog Day” se estrenó en 1993. El
PSC ya estaba en poder de la ciudad.
2 comentarios:
Hay algo interesante a tu post sobre "el problema de los arboles de la atarazana". Hoy ya están puesto arboles nativos en esa misma zona. Lo interesante es que esa gestión es hecha por esta fundación La Iguana donde se encargó de replantar arboles nuevos. Y bueno más allá de la acción que es importante, es el hecho de usar ineficientemente recursos municipales ( Samborondon y Guayaquil) para darle a una fundación capacidad para influir en las áreas verdes urbanas.. A mi lo que da incomodidad es el hecho de que cierta gente de clase privilegiada la que maneja esto. Tal vez por eso que sus acciones son efectivas gracias a esa posición favorable, pero lo que me preocupa es que son tácticas para apoderarse de enclaves políticos en una "pelea" desigual en oportunidades y por ende se tiene que apelas a un factor de reconocimiento social para ejercer un verdadero cambio?
En todo caso seria bueno leer tu punto de vista sobre este tema.
Saludos. https://www.facebook.com/FundacionLaIguana/photos/a.1665499463685488.1073741828.1665199770382124/1970205493214882/?type=3&theater
"La ciudad es una gran fantasía socialcristiana que se vende como Disneylandia, pero que funciona como el Play Land Park."
Genial frase, e inobjetable síntesis, Xavier. A lo que se suma el hecho de que ésta es la ciudad de la eterna apología y la prófuga autocrítica.
Bajo esa premisa, el balance final siempre lo terminará pagando el ciudadano.
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