Alguna vez, camino a
conseguir un encebollado, noté un descomunal hoyo en la obligada virada del
tránsito de la calle Limberg para incorporarse al tráfico de la avenida Domingo
Comín, en el barrio Cuba. El asunto llegó a las noticias con un titular
jurídico: “Municipio de Guayaquil indaga si paga por daños causados por huecos”.
Recuerdo haber leído esta
noticia y, unos días después, encontrarme con esta precaria solución municipal.
Cosas como estas, son distintivos del subdesarrollo:
Pasó un poco más de
tiempo, y la precaria reparación del hueco se la corrigió a como se la debió haber
hecho desde un principio:
Lo cierto es que el
Municipio de Guayaquil jamás indagó si debía pagar “por los daños ocasionados por
los huecos” a los vehículos. Para empezar, el titular de diario El Universo es una mentira:
debió decir realmente que “el Municipio no responde”, pues nunca respondió lo
que se había comprometido a indagar y a este diario tampoco le interesó hacerle
seguimiento a su noticia (esto es típico). Con su titular palurdo le bastó.
Antes de esta intervención
municipal en dos partes, recuerdo que una vez que yo volvía de la picantería
observé a un carro que venía sobre la calle Limberg derechito a hundir su
llanta delantera derecha en el hoyo. Sin soltar la funda con los encebollados,
le hice gestos al conductor, un dedo al ojo a modo de advertencia y luego
señalé al hoyo. Entendió de una, maniobró bien y lo esquivó. Debió advertir su
tamaño, pues el veterano que conducía y su señora me hicieron gestos
aspaventosos de agradecimiento por haberlos advertido, los que fueron debidamente
correspondidos. Fue una típica escena guayaca: todo este jolgorio, sin nadie
soltar su funda de encebollados ni salir de la comodidad de su aire
acondicionado.
Con mi encebollado en la
mano y haberle ahorrado a esa pareja una visita a la mecánica, me sentí un buen
ciudadano. Pero a todos los que no lograron advertir el hoyo y no tuvieron la fortuna
de que un buen samaritano se los haya advertido para evitarlo, no deberían albergar
ninguna duda, ni esperar ninguna “indagación” del Municipio de Guayaquil, a fin
de hacer responsable de la reparación de sus vehículos a dicho órgano del
Estado, por estricta aplicación de la norma constitucional que dispone que “el
Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio
de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los
derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los
servicios públicos…” (Art. 11. 9).
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