El Estado borracho (o contra la estupidización)

Pasa el tiempo y el Ecuador es ese estúpido país que, vuelta y vuelta, como un borrachín, tropieza con la misma piedra. Y no es cualquier piedra: estamos hablando de la destitución arbitraria de los jueces de la más alta instancia de control constitucional del Estado.

Me explico: a fines del 2004, el entonces Tribunal Constitucional se había vuelto incómodo para el Gobierno de Lucio Gutiérrez y sus aliados en el Congreso, entre otras cosas, porque había declarado inconstitucionales una ley interpretativa al Código del Trabajo sobre el décimo cuarto sueldo y el método D’Hondt de elecciones. Así que el Congreso Nacional, el 25 de noviembre de 2004, decidió destituir a los jueces del Tribunal por resolución. En sus considerandos se leían cosas tan lindas como: “que existe un clamor unánime de la población ecuatoriana por terminar el estado de caos institucional que prevalece en los organismos públicos”. Y ellos, claro, iban a resolverlo (¡?). Fue como poner a un pirómano a cargo del control de un incendio.

Resulta que, por esta y otras salvajadas de la época, el bravo pueblo de Quito (wink, wink) se arrechó y puso en jaque a las instituciones del Estado, por lo que el Estado reculó. El 26 de abril de 2005 el Congreso Nacional dejó sin efecto su resolución del 25 de noviembre del año pasado. Eso sí: no restituyó a los jueces destituidos de la Corte Constitucional a sus cargos. De hecho, pasamos casi un año sin tener un órgano de control constitucional: cosas de este pintoresco país.

Avanzamos, Patria, al año 2013, cuando la Corte Interamericana el 28 de agosto dictó su sentencia en el caso llamado “Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador”. Allí, el Tribunal de San José dio cuenta de toda la serie de barbaridades cometidas por las autoridades políticas del Ecuador durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez. La Corte Interamericana encontró al Estado ecuatoriano responsable de la violación de las garantías judiciales, la protección judicial y los derechos políticos en perjuicio de los jueces destituidos del Tribunal Constitucional y ordenó unas compensaciones económicas de alrededor de 1’750.000 (entre todos), además de reparaciones de carácter simbólico, a favor de los ocho jueces que reclamaron en sede internacional.

Y ahora, aún no llegamos al año 2020, cuando nuevamente se ha interrumpido el ejercicio del cargo de los jueces de la Corte Constitucional. Pero esta vez, a cambio del expediente sencillo y brutal de la resolución de un órgano, se optó por el más sofisticado y payasesco de organizar un proceso sin garantías judiciales, cuyo resultado fue tan torpe y tan chapucero que es un ejemplo tropi-andino de “Corte Canguro”. Esto estuvo a cargo de un Consejo presidido por el célebre Notario Cabrera de la Política. Joya.

Es decir, pasamos de una resolución de la cual luego se desdijo el órgano que la emitió (el Congreso Nacional en los años 2004-2005) a un proceso en el que, al menos hasta ahora, todavía tiene muchos ilusos o paniaguados que lo consideran “reinstitucionalizador”. (A su Presidente, Julio César Trujillo, se le dio en su entierro un trato de héroe y se le concedió post-mórtem la Orden de San Lorenzo.) Si antes el Congreso Nacional se desdecía de sus abusos, hasta ahora al Consejo Transitorio le han celebrado los suyos. Tal es el tremendo nivel de estupidización actual. Es como si tuviéramos que padecer un Estado borracho*: hace cosas tremendamente estúpidas y las celebra estrepitosamente. Un hooligan del derecho.

Un ariete contra esta agresiva estupidización de la sociedad obra de un Estado (en apariencia) ebrio es esta entrevista en Ecuadorinmediato, que me hizo Francisco Herrera Aráuz. Allí explico, con pelos y señales, el sainete que fueron los procesos de evaluación y destitución que llevó a cabo el Consejo Transitorio.

* Podríamos colocar en el escudo de armas patrio la cara del Michelena en su célebre foto. Justicia haría al momento.