Nadie quiere (políticamente,
me refiero) a Lenin Moreno, él se sostiene en el poder porque es útil a otros en
las sombras*.
¿Cómo medir su inutilidad?
Por la utilidad de su opinión para sus delegados.
Moreno es, aunque parezca cualquier otra cosa, constitucionalmente (Art. 141) el
Jefe del Estado y de Gobierno y el responsable de la administración
pública en el Ecuador. Entre sus graves atribuciones (Art. 147.3) tiene “definir
y dirigir” las políticas públicas de la Función Ejecutiva. Es mucho, para quien
se ha destacado por hacer tan poco.
Si bien los Ministros tienen la rectoría de las políticas públicas a su
cargo de acuerdo con la Constitución (Arts. 141 y 154.1), esta rectoría debe
entenderse sometida a la definición y la dirección del Presidente. Pero muy lejos
de “dirigir y definir”, el Presidente Moreno ha delegado. Es decir, lejos de
ser responsable, se ha irresponsabilizado: delegó en terceros, a quienes no ha
votado nadie, el cumplimiento de sus responsabilidades.
Por el Decreto Ejecutivo No 660, del 5 de febrero
de 2019, Moreno delegó la definición y dirección de las acciones de su gobierno
a un Gabinete Estratégico, presidido por el Secretario General de la
Presidencia (un tal señor Briones) y compuesto por éste y otros funcionarios de la
Presidencia (Vicepresidente, Secretario General Jurídico, Secretario
Particular, Secretario Nacional de Gestión de la Política y Secretario General
de Comunicación de la Presidencia), por el titular del Ministerio de Relaciones
Exteriores y por los cuatro funcionarios que están a cargo de los Gabinetes
Sectoriales. El objeto de este Gabinete de once autoridades es ejercer la
“dirección estratégica del gobierno”.
El Decreto Ejecutivo No 660 creó también los cuatro Gabinetes
Sectoriales cuyos titulares integran el Gabinete Estratégico. Estos son el
Gabinete Sectorial “de lo Social”, cuyo titular es el delegado del Presidente
al IESS; “de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura”, cuyo titular es el
Ministro de Energía; “de Seguridad”, cuyo titular es el Ministro de Defensa; y
“Económico y Productivo”, cuyo titular es el Ministro de Economía. Estos
Gabinetes Sectoriales, entre sus atribuciones, tienen la formulación y la aprobación
de la política intersectorial, la aprobación de la inversión pública y la
definición de los criterios de su priorización, así como el seguimiento de las
“acciones gubernamentales de sus miembros”, de los que deben reportar al
Presidente del Gabinete Estratégico, es decir, al señor Briones, y no al
Presidente Moreno.
La única referencia al Presidente Moreno en este Decreto es: “Sugerir
sobre temáticas que necesiten ser
elevadas al Presidente de la República” (Art. 3.f). Es decir que este sistema
de administración pública, que se crea por normativa secundaria, puede
funcionar sin necesidad de contar con la opinión del Presidente de la República,
salvo en los casos en que esto sea estrictamente necesario, a juicio
discrecional de los miembros de los Gabinetes Sectoriales.
Este artículo 3.f es, entonces, un
medidor de la utilidad del criterio del Presidente para sus delegados. Es de interés público conocer cuántas veces se
ha invocado esta disposición en las sesiones de los Gabinetes Sectoriales, y si
se lo ha hecho (pues la duda cabe), sobre qué temas. Mi suposición, dado que
Moreno ha dado sobradas muestras de tratarse de un perfecto inútil, es que lo
han usado (al artículo 3.f: a Moreno lo usan todos los días) en muy raras
ocasiones, o nunca.
Sin embargo, las actas de
las sesiones de estos Gabinetes estratégicos y sectoriales, en clara
violación a las normas de transparencia, no se encuentran disponibles en línea.
No se puede saber cuántas veces se ha “necesitado” (ese es el verbo)
la opinión del Presidente Moreno y no contamos con información sobre cómo
se están definiendo, dirigiendo y ejecutando las políticas públicas en nuestro
país, lo que es gravísimo. Hoy, las políticas públicas en Ecuador las ejecutan de
manera opaca unos ilustres desconocidos por los que no votó nadie, toda vez que
el Presidente por el que votamos ha capitulado de sus funciones.
Como es mi derecho ciudadano,
voy a presentar acciones de acceso a la información en la Presidencia de la
República para que se me entregue la información (que debe ser pública y estar
por escrito, de acuerdo con la Ley) sobre las sesiones de estos cinco Gabinetes
que son los verdaderos gestores de las políticas públicas en el Ecuador. Creo
que es de interés público saber cuán inútil lo consideran sus delegados al
Presidente Moreno (es decir, cuán frecuente ha sido el uso del artículo 3.f del
Decreto 660) y cómo se conducen las políticas públicas en nuestro país en
tiempos en que entre tener en Carondelet un Presidente o un espantapájaros, lo
segundo parece más razonable.
*
Quiero decir: todavía es útil. Pero ya empieza a apestar.
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