Sixto y la represión

En la mitología liberaloide ecuatoriana, existe el mito de que Sixto Durán-Ballén fue un buen Presidente. Yo disiento, con argumentos de derechos humanos. Creo que fue un hijoputa de Presidente*, uno de mierda.

Y cito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como testigo de cargo: este órgano americano ha indicado que, durante el Gobierno de Durán-Ballén “entre mediados de 1992 y mediados de 1996 [se] declaró el estado de emergencia o la suspensión de garantías […] en Ecuador al menos siete veces”. La CIDH afirmó que “combatir la delincuencia mediante la suspensión de garantías individuales en virtud del estado de emergencia, no se ajusta a los parámetros exigidos por la Convención Americana para que sea procedente su declaración [y que el] modus operandi del Estado ecuatoriano [es] emitir decretos de emergencia y suspensiones de garantías constitucionales de manera indiscriminada y como mecanismos sistemáticos para combatir la delincuencia común”. Lo dijo en la audiencia del Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, un crimen de Estado cometido durante el Gobierno de Durán-Ballén (durante su primer estado de excepción).

¿Cómo no lo iba a recordar, entonces, con mucho cariño el mundo liberaloide ecuatoriano (fundamentalmente, liberaloide es otra manera de decir “fascista”), si el Gobierno de Durán-Ballén se encargó de bolearle balín de lo lindo a los pobres? No hay nada que excite más a nuestra derecha liberaloide que la existencia de un Estado represivo a su favor. Lo hemos visto estos últimos días: está desatada.

Esto, aunque el motivo de la excitación liberaloide produzca un Estado que es disfuncional en el contexto internacional (¿pero quién dijo que la derecha liberaloide tenía conciencia de sus actos? –el liberaloide habla desde su ombligo y ama a Ayn Rand). Para centrarnos en la época del anciano represor que fue Durán-Ballén, esta disfuncionalidad se la ha reconocido en siete sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado ecuatoriano (su tercera parte, de un total de 21), por los abusos de la Fuerza Pública (policías y milicos) ocurridos durante el Gobierno de Durán-Ballén. Se los enumero a continuación: el Caso Tibi, sobre abusos policiales en un proceso de narcotráfico; el citado Caso Zambrano Vélez, por la ejecución extrajudicial de tres personas en un operativo militar; el Caso Vera Vera, sobre la muerte de una persona bajo custodia policial; el Caso García Ibarra, sobre la muerte de un adolescente a manos de un policía; el Caso Herrera Espinoza, sobre torturas en centros de detención; el Caso Valencia Hinojosa, sobre abusos en el fuero policial para encubrir un crimen; el Caso Vásquez Durand, sobre la desaparición de un peruano en el marco del conflicto armado con el Perú. Ahí les dejo, en los enlaces, los resúmenes de todos estos casos sentenciados de violaciones de derechos humanos, para que lo festejen a su hijoputa Presidente*.

Si Ecuador fuera un país en serio, no se lo recordaría a Durán-Ballén con una imagen positiva. A la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, su período de Gobierno fue muy represivo y violento. (Pero la lobotomía del país es tal, que no se recuerda ni su brutal represión a la libertad de expresión, incluso denunciada por la SIP**)

Fumándose la institucionalidad, el viejito.

Pero es que eso es: no somos un país en serio. Tenemos un Gobierno que es una fachada de intereses empresariales, cuyos voceros son las empresas de medios de comunicación de alcance nacional a los que le importa pija los derechos informativos de los ciudadanos.

Sólo en esta estupidizante política de desinformación, puede entenderse que a este anciano represor de Durán-Ballén se lo recuerde de manera positiva, aún teniendo este espantoso récord en materia de derechos humanos.

Corolario: Yo no me como ese cuento del viejito bonachón, pergeñado por sus mediocres aliados mediáticos. Yo sí lo desprecio.  

* Sin relación a una vulva, de cualquier tipo. Lo que se llama hijoputa por derecho propio.

** Una rareza, porque es un perro de la derecha atacando a otro perro de la derecha, cuando suelen actuar de manera coordinada.

A favor de la eutanasia

1. El escenario

El artículo 14 del proyecto de Código Orgánico de la Salud presentado por el asambleísta William Garzón (aprobado su informe para primer debate por la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional el 14 de marzo de 2017) dice lo siguiente con respecto a la eutanasia:

“Toda persona que presenta una enfermedad en fase terminal tiene derecho a recibir atención integral que incluya cuidados paliativos y a planificar decisiones anticipadas para el final de su vida incluyendo la decisión de no ser reanimado o reanimada o el rechazo de acciones para el alargamiento de la vida. El derecho a la planificación de decisiones anticipadas para el final de su vida, en casos de enfermedad en fase terminal, podrá ser ejercido únicamente por las personas que se encuentren en plena capacidad de discernimiento y en completo uso de sus facultades mentales, y en caso contrario por su representante legal o familiares, conforme las reglas establecidas en esta Ley para el otorgamiento del consentimiento informado. Se prohíbe la práctica de la eutanasia”.

Esta redacción es confusa. Se permite la práctica de un acto casi indistinguible del concepto de eutanasia, pero de manera expresa se prohíbe “la práctica de la eutanasia” (¡?). Una redacción así de confusa autoriza a pensar, como lo hizo la exlegisladora del PSC María Cristina Kronfle, que este artículo 14 “esconde conceptualmente la eutanasia” a pesar de prohibirla (1).

Yo creo que no tiene que esconderla. Todo lo contrario, debe mostrarla. Debe exhibírsela y redactársela con claridad, desde el título mismo del artículo, pues su regulación es la lógica consecuencia de la Constitución garantista que aprobamos el año 2008.

2. El argumento constitucional

La regulación de la eutanasia debe ser defendida por las personas de pensamiento liberal. Nuestro fundamento constitucional es sólido: se basa en un derecho de todas las personas (Art. 66 núm. 5) y en un principio fundamental del Estado ecuatoriano (Arts. 1 y 3 núm. 4).

2.1. El derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La Constitución establece, entre los derechos de libertad, el siguiente:

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

[…]

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás.

En este punto, defiero mi argumento a Carlos Gaviria Díaz (1937-2015). Él, como magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, fue ponente en la sentencia de despenalización de la eutanasia en el vecino país, expuesta con claridad espantacuras:

“…la Constitución se inspira en la consideración de la persona como un sujeto moral, capaz de asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término a él incumben, debiendo el Estado limitarse a imponerle deberes sólo en función de los otros sujetos morales con quienes está avocado a convivir y, por tanto, si la manera en que los individuos ven la muerte refleja sus propias convicciones, ellos no pueden ser forzados a continuar viviendo cuando no lo estiman deseable ni compatible con su propia dignidad, con el argumento inadmisible de que una mayoría lo juzga un imperativo religioso o moral” (2).

Dicho de otra manera: por aplicación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el Estado no puede imponerle deberes a un individuo sobre cómo juzga el final de su propia existencia, pues todo individuo es capaz de asumir “en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término a él incumben”.

Esto es liberalismo del bueno (3).

2.2. El principio de laicidad del Estado.

La Constitución establece, entre los principios fundamentales del Estado ecuatoriano, lo siguiente:

Art. 1.- El Ecuador es un Estado […] laico.

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:

[…]

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico.

La claridad de esta redacción es aplastante. Como consecuencia, la legislación sobre todos los tópicos de la salud (incluida la eutanasia) debe ser laica. El concepto “laico” implica que las creencias religiosas únicamente obligan a sus creyentes y que no pueden imponerse a los demás miembros de la sociedad ecuatoriana. Que un Estado se defina como “laico” implica su firme compromiso de respetar la pluralidad en su territorio y de tratar a todos los cultos religiosos en pie de igualdad.

Hay muchos cultos religiosos en Ecuador (en el país existen alrededor de 2.000) y ninguno de ellos puede imponerle sus creencias a los demás miembros de la sociedad ecuatoriana a través de la legislación. Esa es la razón de ser de un Estado laico: servir de barrera frente a esas pretensiones. Si un Testigo de Jehová, por ejemplo, quisiera impedir las transfusiones de sangre en el país porque tal es su creencia, el Estado laico coloca una barrera frente a su pretensión. Le diría a esos religiosos: “Esa creencia únicamente lo obliga a usted” (4).

Pero esto es difícil, en particular con la grey católica. Muchos católicos sienten estos cambios legislativos como una pérdida de privilegios.

Porque hay que recordar que este fue un Estado confesional católico hasta 1906. Y todavía se le nota.

3. Conclusión

Los argumentos liberales a favor de la eutanasia se pueden reconducir a la defensa de dos valores fundamentales en una sociedad democrática: la libertad y la igualdad.

Libertad: La defensa del derecho al libre desarrollo de la personalidad es defender la libertad, en el sentido más cabal de la palabra.

Igualdad: La defensa del principio laico que debe regular el ordenamiento jurídico del Ecuador es defender la igualdad, pues implica tratar a todas las creencias religiosas como iguales: todas con la misma protección para ejercer su derecho a creer y ninguna con el derecho de imponerle sus creencias a nadie, como no sea a sus propios feligreses.

*

(1) Diego Mosquera, ‘Eutanasia: el Código de la Salud lo esconde conceptualmente’, Redacción Médica, 7 de marzo de 2017.

(2) Gaviria Díaz, Carlos, ‘Sentencias. Herejías constitucionales’, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2002, p. 33. La sentencia en cuestión es la Sentencia de Constitucionalidad C-239 de 1997, por la cual la Corte Constitucional resolvió si el artículo 326 del Código Penal, que regulaba el “Homicidio por piedad”, era constitucional o no. Decidió que prohibir el homicidio por piedad era inconstitucional.

(3) Por oposición a las paparruchadas de Ayn Rand y su filosofía para selfish assholes.

(4) Julio M. Lázaro, ‘Los testigos de Jehová no podrán oponerse a las transfusiones de sus hijos’, Diario El país [España], 6 de octubre de 2012.

Merry Xmas, motherfuckers

De parte de Ayn Rand (1):

 

(1) Publicado originalmente (con otros 16 cariñosos mensajes de la rusita) en Alternet.