Publicado el 23 de diciembre de 2022 en diario Expreso.
Fue en los agrestes años noventa cuando empezó el largo historial de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado del Ecuador por violaciones a los derechos humanos. El Estado recibió su primera condena en el caso Suárez Rosero, un proceso totalmente noventero: los hechos (la detención arbitraria de Suárez Rosero y el inicio de un proceso penal abusivo por encubrimiento de tráfico de drogas) ocurrieron en 1992, la denuncia de estos hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue en 1994, la elevación del caso por la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana en 1995 y la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana en 1997.
La temática del caso Suárez Rosero es también muy noventera. Los noventas fueron la peor época (la más tosca en los conceptos, la más grosera en los procedimientos) de la represión estatal auspiciada por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas aprobada en septiembre de 1990.
El caso Suárez Rosero resulta ilustrativo de la época. Por una denuncia anónima sobre una supuesta quema de droga en Zámbiza (Quito) hecha por personas que habían llegado en un vehículo “Trooper”, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Rafael Iván Suárez Rosero la madrugada del 23 de junio de 1992 mientras conducía un vehículo “Trooper” por las calles de Quito. Podría tratarse de una confusión, pero Suárez Rosero ya estaba jodido.
A Suárez Rosero lo apresaron sin una orden de detención en su contra y sin que exista delito flagrante. Lo condujeron a una celda en un cuartel de policía, de cinco por tres metros, compartida con otros dieciséis presos, húmeda y poco ventilada, asquerosa. Suárez Rosero no pudo comunicarse ni con sus familiares ni con sus abogados, pues desde el día de su detención hasta el 28 de julio de 1992 se lo mantuvo incomunicado. Durante los días que estuvo incomunicado, según su testimonio en la audiencia ante la Corte Interamericana, fue torturado. Nunca se supo el nombre del denunciante “anónimo” que lo condujo a este infierno.
Por su incomunicación, Suárez Rosero fue desprovisto de las garantías judiciales básicas. Por tratarse de un caso de narcotráfico, los recursos judiciales que intentó no fueron efectivos, e invariablemente fueron lentos. El recurso de hábeas corpus demoró 14 meses (cuando la legislación hablaba de horas) hasta su denegación. El proceso penal demoró más de cuatro años (tres años, ocho meses y seis días permaneció Suárez Rosero en prisión) para desembocar en una sentencia de condena a dos años de prisión.
El caso Suárez Rosero ilustra a un Estado kafkiano y marcó el inicio del largo historial de condenas contra el Estado del Ecuador por violaciones a los derechos humanos. En Suárez Rosero la Corte lo condenó por violar los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Como violador serial de derechos humanos, el Estado tiene un récord lamentable: desde Suárez Rosero en noviembre de 1997 hasta este final del 2022 (25 años y contando, un cuarto de siglo), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha absuelto al Estado del Ecuador en un chulla caso y lo ha condenado en treinta y tres.
