Razones para legalizar las drogas

“…cuando la policía haya encarcelado al último gran narcotraficante, el Hombre se verá libre de la amenaza de la Droga” ironiza el filósofo español Fernando Savater al inicio de su célebre Tesis Sociopolíticas sobre las Drogas en el que se refiere con mucha lucidez y no escaso sarcasmo al socorrido mito del “problema de las drogas”. En esta columna, ofreceré razones para criticar la actual política de prohibición y promover su legalización como la mejor manera de enfrentar este “terrible problema” (ahora el que ironiza soy yo). Dividiré mi crítica en dos partes: 1) razones de costo/beneficio; 2) violaciones a la libertad personal. Cerraré con una breve exposición de razones para su legalización.

1) Razones de costo/beneficio: la llamada “Guerra a las Drogas” es un fracaso, por ineficaz y perversa. Ineficaz, porque el aumento de recursos y de intensidad en la represión no ha conseguido (las estadísticas lo prueban) sino aumentar la oferta de las drogas y son las propias autoridades quienes admiten que, pese a todos sus esfuerzos, solo interceptan del 5% al 10% de esta oferta. Perversa, por sus efectos: fomenta una poderosa economía ilegal e internacional (con sus consecuencias de violencia y corrupción), sobrecarga el aparato judicial y penitenciario, promueve la comisión de conductas delictivas para obtener un producto encarecido artificialmente y la aplicación de una justicia penal que restringe las garantías individuales. En adición, la prohibición estigmatiza y margina al consumidor y lo expone al consumo de sustancias adulteradas y el énfasis en reprimir desvía los necesarios recursos para prevenir y ayudar a los consumidores.

2) Violaciones a la libertad personal: en su Sentencia de Constitucionalidad C-221 de 1994 la Corte Constitucional de Colombia reconoció que sancionar a un consumidor de drogas por un consumo que no trascienda su órbita íntima “sin duda alguna es abusivo, por tratarse de una órbita precisamente sustraída al derecho y, a fortiori, vedada para un ordenamiento que encuentra en la libre determinación y en la dignidad de la persona (autónoma para elegir su propio destino) los pilares básicos de toda la superestructura jurídica”. En sus Tesis… Savater cita las palabras más sensatas y hermosas que yo haya leído sobre este tema, de autoría de Gabriel Matzneff: “El hachís, el amor y el vino pueden dar lugar a lo mejor o a lo peor. Todo depende del uso que hagamos de ellos. De modo que no es la abstinencia lo que debemos enseñar, sino el autodominio”. Cabe destacar las necesarias diferencias entre consumo privado y público, consumos no problemáticos e indebidos, consumo per se y consumo asociado a delitos: diferencias que, por supuesto, abonan a los argumentos que desarrolló la Corte Constitucional colombiana.

Por su parte, la legalización y regulación de las drogas debe realizarse con sujeción a su nivel de dependencia y toxicidad: debe generarse una política de “mercado pasivo”, en que el Estado tolere y controle la producción y la distribución de las drogas sin estimular su consumo y sino disuadiéndolo sin prohibirlo. Los beneficios de esta política: integra al consumidor y evita la comisión de delitos, aplaca la economía ilegal e internacional y reduce los casos de prisión… Por supuesto, la legalización no puede ser nacional o regional; su efectividad depende de ser lo más internacional posible. Esto depende, a su vez, de un cambio de corriente ideológica en Estados Unidos sobre este tema. Pero si se lo piensa bien, la legalización es la solución más adecuada. Y, parafraseando a Savater en el cierre de sus Tesis… lo mejor será empezarla cuanto antes, a lo cual ha querido contribuir la redacción de esta columna.

Presos políticos

Publicado en diario El universo el 20 de septiembre de 2005.

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Cinco años de reclusión en la prisión de Omsk, Siberia, hicieron que en Recuerdos de la Casa de los Muertos Fiodor Dostoievski escribiera que “el grado de civilización de una sociedad puede juzgarse por el estado de sus prisiones”. El juez Cançado Trindade recordó ese episodio con ocasión de su voto razonado a la sentencia del caso “Tibi contra la República del Ecuador” en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por las degradantes condiciones que padeció el francés Daniel Tibi durante su permanencia en la Penitenciaría del Litoral.

Dentro de las pruebas que se presentaron en el proceso constó la declaración del investigador galo Allain Abellard, quien concluyó que “la arbitrariedad, la falta de condiciones sanitarias, las epidemias ignoradas y la corrupción generalizada eran eventos cotidianos” en la “infernal” cárcel de Guayaquil. El perito Santiago Argüello Mejía, por su parte, dictaminó una verdad cuando consignó que “el personal carcelario, en complicidad con algunos internos, participa y valida un sistema de alquiler y compra de espacios y organiza tráfico de drogas, alcohol y armas, lo que aumenta los privilegios, las discriminaciones y agudiza la violencia” y, añadió otras más, cuando enfatizó sobre la precariedad del “sistema carcelario de salud” (es un decir) y sobre la más conspicua de nuestras señas de identidad nacional: la impunidad para las violaciones de derechos humanos.

Con esos hechos probados, entre otros, la Corte Interamericana sostuvo que las condiciones de detención de Tibi “no satisficieron los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno” y que en sintonía con el clima habitual de impunidad, “el Estado no ha investigado, juzgado ni sancionado a los responsables de las torturas” a las que Daniel Tibi fue sometido. La Corte, entonces, condenó al Estado ecuatoriano a “establecer un programa de formación y capacitación para el personal judicial, del ministerio público, policial y penitenciario, incluyendo el personal médico, psiquiátrico y psicológico, sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos en el tratamiento de los reclusos” y obligó a la asignación presupuestaria y a la creación de un comité para viabilizar tal cometido. Por supuesto, poco o nada (más probablemente nada) hace el Gobierno para cumplir esta obligación que desde el 7 de septiembre del 2004 se le impuso.

El caso de Daniel Tibi no es una excepción sino un síntoma de la miríada de falencias del sistema penitenciario, donde el consumo y tráfico de drogas, la posesión de armas y el hacinamiento son moneda corriente. Si se suman los abusos al dictar prisión preventiva, la demora de los trámites y la venalidad de sus jueces se consolida el atroz panorama de nuestra demacrada institucionalidad. “Si esta cárcel sigue así/ todo preso es político” son certeras palabras que cantan en clave de rock Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y que apuntan a la médula del problema carcelario, porque el origen del drama de las prisiones se halla en la política, o mejor dicho, en la ausencia de ella: la desidia del Gobierno y de nosotros, la sociedad civil, que ante ese drama somos pasivos e inertes, nos hace a todos cómplices de ese estado de cosas. Mientras, en esa tierra de nadie que son las prisiones, todo preso es político, y la vida de cada uno de ellos, si la frase de Dostoievski que abre estas líneas es cierta, sirve al propósito de poner en evidencia el tamaño de nuestra barbarie.