Nivel cavernícola

            Publicado en diario Expreso el 9 de septiembre de 2022.

El 7 de septiembre de 2004 (antier se cumplieron 18 años) el Estado del Ecuador fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Tibi. En la sentencia de condena, el Estado fue responsabilizado por la permanencia de Daniel Tibi en la Penitenciaría del Litoral entre septiembre de 1995 y enero de 1998. Tibi la calificó “un infierno” y la Corte IDH, por el hacinamiento, la insalubridad y las torturas por agentes del Estado, consideró que la permanencia allí era un trato indigno a toda persona.

 

Una vez que la Corte IDH responsabilizó al Estado del Ecuador por esta vulneración del derecho a la integridad personal de Tibi, le ordenó que adopte medidas para garantizar la no repetición de hechos como los que le ocurrieron a Tibi. En el apartado de reparaciones de la sentencia, la Corte IDH le ordenó al Estado la creación de “un programa de formación y capacitación para el personal judicial, del ministerio público, policial y penitenciario, incluyendo al personal médico, psiquiátrico y psicológico, sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos en el tratamiento de reclusos”, así como “crear un comité interinstitucional con el fin de decidir y ejecutar los programas de capacitación en derechos humanos y tratamiento de reclusos”.

 

El Estado del Ecuador, por supuesto, ha incumplido con estas reparaciones ordenadas. La Corte IDH las ha reiterado en otra sentencia condenatoria (Caso Herrera Espinoza y otros, del año 2016) pero para el Estado es como si ello no le atañe. En un sistema penitenciario tan corrupto como el ecuatoriano, el programa y el comité ordenados por la Corte IDH son material de ciencia ficción.

 

Porque si algo ha pasado es todo lo contrario a lo que quiso la Corte IDH, pues el sistema penitenciario ha empeorado desde los noventas. El sistema ha sido ‘privatizado’: el Estado ha resignado su dominio del territorio para que impongan su ley (es decir, la muy tribal ley del más fuerte) los propios presos. En el informe ‘Personas privadas de libertad en Ecuador’ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sacado en marzo de este año, se constató que las cárceles del Ecuador están dominadas por grupos del crimen organizado (en ‘autogobierno’, dice la CIDH) y que, por ello, ‘los líderes de estos grupos cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a servicios’. Por hechos atribuibles a las disputas entre estos grupos, el año pasado (la cifra es un récord) fueron asesinados 329 presos. Frente a esto, el Estado del Ecuador está lejano, resignado, como ausente. Y la violencia de las prisiones, este 2022, se ha desbordado a las calles.

 

De Dostoyevski es la frase: “el grado de civilización de una sociedad puede juzgarse por el estado de sus prisiones”. Dados los hechos descritos por los organismos internacionales sobre la vulneración de derechos en las cárceles y el desarrollo del crimen organizado en el país (con un narcotráfico brutal y boyante, que cuenta con mejores equipos, armas y logística que la Fuerza Pública), el resultado es que el “grado de civilización” del Ecuador ha descendido a un sofisticado nivel cavernícola.

 

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Fuentes:

* Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114. Para la consideración por Tibi de la Penitenciaría como un “infierno”, v. Párr. 76 (“Declaración testimonial de Daniel Tibi, presunta víctima”). Para la vulneración del derecho a la integridad personal de Tibi, v. Párr. 142-163 (“Consideraciones de la Corte, Violación del artículo 5 de la Convención Americana”). Para las reparaciones ordenadas al Estado, v. Párr. 13 (“Puntos resolutivos”).

* Corte IDH. Caso Herrera Espinoza y otros vs. Ecuador. 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 316. Para la reiteración de la obligación de cumplir con lo ordenado en Tibi, v. Párr. 232 (“D. Otras medidas”).

* Comisión IDH. Personas privadas de libertad en Ecuador. 21 de febrero de 2022. El concepto de “privatización” de este espacio estatal aparece en varias partes del informe, v. Párr. 9 (“Violencia intracarcelaria y sus causas”), Párr. 29 (“Introducción”) y Párr. 61-65 (“Ausencia de control efectivo y autogobierno”).

* La cifra de 329 muertes violentas en las cárceles del Ecuador corresponde a (artículo de Sara España), v. Sara España, El País. “Masacres carcelarias y 2.330 asesinatos en el año más sangriento de la década en Ecuador”, 30 de diciembre de 2021.

* La frase del ruso Fiodor Dostoyevski fue citada por el juez brasileño de la Corte Interamericana, Antônio Augusto Cançado Trindade, en su voto razonado en el Caso Tibi, v. Voto Razonado del Juez A. A. Cançado Trindade, Párr. 7. La cita pertenece a la obra de Dostoyevski “Recuerdos de la casa de los muertos”, publicada en 1862.

La corrupción generalizada (por los internos de una cárcel)

Hay una frase que cada vez que ocurre una masacre en alguna cárcel del país se la recuerda en las redes para auto-flagelarnos. Es ‘el grado de civilización de una sociedad pueda juzgarse por el estado de sus prisiones’, frase del ruso Fiodor Dostoievski que consta en su libro ‘Recuerdos de la casa de los muertos’, que la leí por primera vez en el voto razonado del juez brasileño Cançado Trindade en el caso Tibi vs. Ecuador y que nos latiguea a los ecuatorianos con que somos de un nivel africano (v. ‘El Haití de los Andes’)

 

En agosto del año 1997, el Comité de Internos del Centro de Reinserción Social del Guayas, contrastó las cifras: por corrupción no estaba preso nadie (‘a excepción de dos personas detenidas por peculado’) entre los 2.450 presos que entonces tenía ese Centro. Así lo recuerda esta nota del diario Expreso, publicada el 29 de agosto de 1997:

 

Diario Expreso, 29 de agosto de 1997, p. 12

El mensaje del Comité de Internos era claro. La disparidad del número de presos refleja ‘la hipocresía social en la que se ve envuelta un país en el que hay quien es detenido por consumir drogas mientras que los mayores delincuentes, los corruptos, continúan en la calle’.

 

Aplicando la citada frase de Dostoievski a nuestra realidad civilizatoria, ello quiere decir que en el Estado del Ecuador hemos naturalizado la corrupción. Tanto en 1997, como 24 años después (porque la pandemia del COVID-19 puso en evidencia una corrupción incubada, invariablemente, por años y años y años).

La barbarie, hoy como siempre

Fiodor Dostoievski en ‘Recuerdos de la casa de los muertos’ escribió que “el grado de civilización de una sociedad puede juzgarse por el estado de sus prisiones”. Juzgado así, en el territorio que se convirtió en la malhadada República del Ecuador jamás hemos conocido otra cosa que un estado de barbarie.

El Tomo V de la ‘Historia General de la República del Ecuador’ de Federico González Suárez describe la situación de las cárceles durante el período colonial:

“En las cárceles no había sistema alguno penitenciario bien establecido; el preso estaba encerrado en calabozos inmundos, sin luz ni aire sano, cuando era pobre y pertenecía a las clases obreras de la sociedad; si pertenecía a la nobleza, se le proporcionaban cuantas comodidades deseaba durante los días de su encarcelamiento”.

Tales distinciones odiosas en la colonia siguen existiendo en la actualidad (v. ‘Cárcel 4’, donde suelen ir los pillos de alto coturno). Y continúa el padrecito González:

“Las cárceles eran lugares donde los culpables vivían atormentados, pero de donde no podían salir nunca corregidos ni enmendados; antes, podían adquirir vicios con los cuales no habían estado manchados. La pena de azotes y la de trabajos forzados no se imponían a los nobles. Ordinariamente la justicia, muy benigna con los españoles nacidos en la Península, era severa con los mestizos y los indios, y tolerante con los españoles americanos”.

Esta “pigmentocracia de la justicia” continúa vigente, en un país en el que el racismo está tan naturalizado que muy rara vez se lo discute.

Es la barbarie, hoy como siempre.

Diatriba contra el derecho penal

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El derecho penal es una farsa. Un código penal y normas dispersas de ese tipo, interpretados por jueces de escasa preparación jurídica y reconocida corrupción, cuyas sanciones se malviven en espacios depauperados administrados por personas de escasa preparación carcelaria y reconocida corrupción. Ese es el escenario general. En Recuerdos de la casa de los muertos, Dostoievski escribió que “el grado de civilización de una sociedad puede juzgarse por el estado de sus cárceles”: juzgado por dicho estándar, nuestro grado de civilización es el de una barbarie.

Cuando se habla de barbarie, se la suele predicar de las personas en prisión o de las personas que vivieron antes de la Edad Moderna. Atribuirles esa barbarie a las personas en prisión es funcional a mantenerlos en pésimas condiciones carcelarias (porque, ¿por qué los bárbaros merecerían un mejor trato que el que tenemos el resto de miembros de la sociedad, o sea, los “civilizados”?). Pero lo curioso es que las personas que sostienen este discurso contra quienes han estado en prisión predican, en realidad, un discurso fraguado en la era medieval. Un discurso que ha sabido adaptarse a las circunstancias modernas, pero que es todavía medieval en su esencia.

Este discurso se sistematiza por primera vez en el documento medieval Malleus maleficarum (que se traduce por “Martillo de las brujas”) escrito por Heinrich Krämer y Jakob Sprenger. En ese texto se establece la matriz del discurso penal que se extiende al día de hoy: se alega una emergencia (una grave amenaza a la sociedad) y el miedo a esa emergencia se utiliza para eliminar obstáculos al ejercicio del poder punitivo. El propósito de ejercer ese poder punitivo no es que se acabe la emergencia sino fortalecer el poder de la autoridad que lo ejerce. Por eso, Eugenio Raúl Zaffaroni en La cuestión criminal (libro al que esta diatriba tanto le debe) llama al hecho de proyectar al poder punitivo como remedio frente a la emergencia “un inmenso engaño, una tremenda estafa”: algo que “no es más que el máximo delito de propaganda desleal de nuestra civilización” (Zaffaroni, La estructura inquisitorial, Pág. II).

El Malleus maleficarum lo amparó la iglesia católica en la bula Summis desiderantes affectibus de Inocencio VIII. En esa época, la iglesia católica podía permitirse un monopolio de la intermediación con lo divino y sancionar a quienes osen desafiarla: eso explica a la Santa Inquisición, established since 1184. La iglesia católica al principio exterminó a cátaros, albigenses y templarios, pero luego encontró a un conveniente enemigo inagotable: Satán (que en hebreo significa, precisamente, enemigo). La iglesia católica se inventó, en esos típicos actos de pensamiento mágico a los que las iglesias nos tienen acostumbrados, el pacto satánico. Un pacto que Satán sólo podía convenir con esos seres inferiores que en la tradición de una religión machista como la católica, no podían ser sino las mujeres: de ahí la invención de las brujas y de los aproximadamente 300 de años de siniestra persecución en su contra. Los inquisidores oficiales solicitaban contribuciones para sus tareas purificadoras (una sutil forma de protección mafiosa) y cobraban a destajo, por lo cual el que las brujas confiesen (bajo tortura, por supuesto) la existencia de otras brujas era funcional a mantener en permanente renovación a la fuente de sus ingresos. Para martillar a las brujas, para eso precisamente escribieron los inquisidores dominicos Krämer y Sprenger el Malleus maleficarum.

¿Por qué contar esta historia sobre un libro que influyó en las prácticas de los inquisidores papales y de los príncipes (una vez que éstos le expropiaron al Papa su poder punitivo)? Porque sus ideas se acogieron en el discurso de la academia penal positivista (resumida impecablemente por Micky Vainilla en su publicidad del  postre Teresito, en la que se discrimina a los inferiores biológicos para someterlos a manipulación genética, para excluirlos de plano como en el caso de “morochos y asiáticos” y para enviarlos a “reformatorios” cuando se trata de “pobres y enfermos”) hasta que el genocidio nazi le enseñó una lección al mundo sobre la invariable estupidez de semejantes ideas y los académicos acusaron recibo. Pero, principalmente, porque las ideas de ese libro medieval se encuentran vigentes al día de hoy en el discurso de lo que Zaffaroni llama la “criminología mediática”.

Al amparo del Teorema de Thomas (“si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias”) la criminología mediática “crea la realidad de un mundo de personas decentes frente a una masa de criminales identificada a través de estereotipos, que configuran un ellos separado del resto de la sociedad, por ser un conjunto de diferentes y malos” (Zaffaroni, La criminología mediática, Pág. III). Esos diferentes y malos de la criminología mediática son las brujas modernas. Contra ellos se exige “mano dura” y respuestas urgentes. Se apela al recurso emocional (las imágenes de la TV para este propósito son muy convenientes) para provocar el pánico moral que empatiza con la “mano dura” y que dificulta toda prudencia en el análisis, por cuya vía “la venganza estimulada por la criminología mediática se traduce en mayor violencia del sistema penal, peores leyes penales, mayor autonomía policial con la consiguiente corrupción y riesgo político, vulgaridad de politicastros oportunistas o asustados y reducción a la impotencia de los jueces”: un escenario que termina por provocar “muertes en un proceso de fabricación de cadáveres que la criminología mediática ignora o muestra en imágenes con interpretaciones deformantes” (Zaffaroni, La criminología mediática y la víctima-héroe, Pág. II). Un discurso, como se ve, útil para justificar masacres. Que era, precisamente, el bárbaro propósito del Malleus maleficarum, todavía vigente.

La pregunta es: ¿Por qué sostener un discurso penal tan perverso como éste? Por pereza mental en muchas ocasiones, pero principalmente porque la seguridad es un gran negocio económico (por la burocracia y las industrias asociadas a ella) y político (porque es campo fértil para la demagogia). Esto usted nunca lo olvide.

El discurso generalizado nos cuenta que la aplicación del derecho penal de mano dura garantizará la seguridad: por las ideas apuntadas en los párrafos anteriores, amparadas en diversos estudios y claras estadísticas, sucede lo contrario y se quiere (por conveniencia económica y politica) que suceda lo contrario. Esa es la brutal contradicción entre lo que el derecho penal ofrece en el discurso (desde los textos de la legislación y de quienes la producen en medio de un discurso de pánico moral –políticos y medios de comunicación) y lo que efectivamente sucede (estigmatización, fracaso en la reinserción social y “carrera” delincuencial de los encarcelados): un ciclo perverso, que reproduce lo que dice combatir. Hasta el infinito, hasta las náuseas.

Lo dicho: una farsa.

Presos políticos

Publicado en diario El universo el 20 de septiembre de 2005.

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Cinco años de reclusión en la prisión de Omsk, Siberia, hicieron que en Recuerdos de la Casa de los Muertos Fiodor Dostoievski escribiera que “el grado de civilización de una sociedad puede juzgarse por el estado de sus prisiones”. El juez Cançado Trindade recordó ese episodio con ocasión de su voto razonado a la sentencia del caso “Tibi contra la República del Ecuador” en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por las degradantes condiciones que padeció el francés Daniel Tibi durante su permanencia en la Penitenciaría del Litoral.

Dentro de las pruebas que se presentaron en el proceso constó la declaración del investigador galo Allain Abellard, quien concluyó que “la arbitrariedad, la falta de condiciones sanitarias, las epidemias ignoradas y la corrupción generalizada eran eventos cotidianos” en la “infernal” cárcel de Guayaquil. El perito Santiago Argüello Mejía, por su parte, dictaminó una verdad cuando consignó que “el personal carcelario, en complicidad con algunos internos, participa y valida un sistema de alquiler y compra de espacios y organiza tráfico de drogas, alcohol y armas, lo que aumenta los privilegios, las discriminaciones y agudiza la violencia” y, añadió otras más, cuando enfatizó sobre la precariedad del “sistema carcelario de salud” (es un decir) y sobre la más conspicua de nuestras señas de identidad nacional: la impunidad para las violaciones de derechos humanos.

Con esos hechos probados, entre otros, la Corte Interamericana sostuvo que las condiciones de detención de Tibi “no satisficieron los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno” y que en sintonía con el clima habitual de impunidad, “el Estado no ha investigado, juzgado ni sancionado a los responsables de las torturas” a las que Daniel Tibi fue sometido. La Corte, entonces, condenó al Estado ecuatoriano a “establecer un programa de formación y capacitación para el personal judicial, del ministerio público, policial y penitenciario, incluyendo el personal médico, psiquiátrico y psicológico, sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos en el tratamiento de los reclusos” y obligó a la asignación presupuestaria y a la creación de un comité para viabilizar tal cometido. Por supuesto, poco o nada (más probablemente nada) hace el Gobierno para cumplir esta obligación que desde el 7 de septiembre del 2004 se le impuso.

El caso de Daniel Tibi no es una excepción sino un síntoma de la miríada de falencias del sistema penitenciario, donde el consumo y tráfico de drogas, la posesión de armas y el hacinamiento son moneda corriente. Si se suman los abusos al dictar prisión preventiva, la demora de los trámites y la venalidad de sus jueces se consolida el atroz panorama de nuestra demacrada institucionalidad. “Si esta cárcel sigue así/ todo preso es político” son certeras palabras que cantan en clave de rock Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y que apuntan a la médula del problema carcelario, porque el origen del drama de las prisiones se halla en la política, o mejor dicho, en la ausencia de ella: la desidia del Gobierno y de nosotros, la sociedad civil, que ante ese drama somos pasivos e inertes, nos hace a todos cómplices de ese estado de cosas. Mientras, en esa tierra de nadie que son las prisiones, todo preso es político, y la vida de cada uno de ellos, si la frase de Dostoievski que abre estas líneas es cierta, sirve al propósito de poner en evidencia el tamaño de nuestra barbarie.