Ocurre ante nuestros ojos

            Publicado en diario Expreso el viernes 10 de abril de 2026.

En este siglo XXI, no es la primera vez que el máximo órgano de justicia constitucional es atacado por otro poder del Estado. El 2004, cuando este órgano todavía se llamaba Tribunal Constitucional, fue atacado por el Congreso Nacional, que lo descabezó con una resolución aprobada por 57 congresistas. Como el asunto no se reparó en el derecho interno, años después la Corte Interamericana resolvió el Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos vs. Ecuador) y ordenó costosas reparaciones económicas a favor de los jueces destituidos. 

El 2018, la Corte Constitucional fue atacada por un órgano sancionador efímero (el llamado “Consejo Transitorio”). Con una resolución aprobada por cinco personas se descabezó a la Corte Constitucional, en un proceso viciado por la falta de competencia e imparcialidad, y por la violación de los principios de irretroactividad y legalidad. 

En el derecho del Ecuador no se puede conocer de estas violaciones porque la actual Corte Constitucional blindó la actuación del Consejo Transitorio. Nuevamente, esto se resolverá en el derecho internacional y ya hay procesos en curso. 

En el presente: desde el año pasado, el ataque a la Corte Constitucional proviene desde la Presidencia de la República. El presidente ha encabezado una marcha de sus “seguidores” en contra de la Corte Constitucional. Por esos días, se dispuso la exhibición de las fotografías de los jueces, para que el pueblo sepa quiénes son los enemigos del momento.

Este ataque actual lo juzgo más peligroso que los anteriores. En los dos casos anteriores, se descabezó la Corte Constitucional para su reemplazo por otra, es decir, se cambió a sus autoridades. Pero ahora el objetivo que parece tener la Presidencia de la República es la eliminación de la Corte Constitucional. Es decir, eliminar al último obstáculo para que desde la Presidencia se pueda gobernar sin contrapeso alguno. Esto se conoce como una autocracia, es decir, “un grado máximo de absolutismo” sin un freno eficaz “por fuerzas intragubernativas” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, “Diccionario de la Política”).

Entonces, el ataque actual es muy peligroso pues su pretensión es conseguir la acumulación definitiva y total del poder en la Presidencia de la República. Se la quiere extirpar a la Corte Constitucional porque es la última institución que podría poner un freno a las pretensiones abusivas de derechos de las personas y violatorias de la autonomía municipal, que las ha convertido en normativa una Asamblea Nacional rastrera y servil.  

Según el informe 2024 del Latinobarómetro, el Ecuador es el país de América latina y el Caribe cuyo más alto porcentaje de habitantes (el 54%) está de acuerdo con que “el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas”. El verdadero problema es que tras tanta acumulación del poder, estando en el gobierno desde noviembre de 2023 y en guerra contra el crimen organizado desde enero de 2024, después de decenas de estados de excepción, de toques de queda y de abusos sin cuento, se siga sin “resolver los problemas”.  

Lo que sí tenemos: el desarrollo de un grado máximo de absolutismo, ocurriendo ante nuestros ojos.

El Estado borracho (o contra la estupidización)

Pasa el tiempo y el Ecuador es ese estúpido país que, vuelta y vuelta, como un borrachín, tropieza con la misma piedra. Y no es cualquier piedra: estamos hablando de la destitución arbitraria de los jueces de la más alta instancia de control constitucional del Estado.

Me explico: a fines del 2004, el entonces Tribunal Constitucional se había vuelto incómodo para el Gobierno de Lucio Gutiérrez y sus aliados en el Congreso, entre otras cosas, porque había declarado inconstitucionales una ley interpretativa al Código del Trabajo sobre el décimo cuarto sueldo y el método D’Hondt de elecciones. Así que el Congreso Nacional, el 25 de noviembre de 2004, decidió destituir a los jueces del Tribunal por resolución. En sus considerandos se leían cosas tan lindas como: “que existe un clamor unánime de la población ecuatoriana por terminar el estado de caos institucional que prevalece en los organismos públicos”. Y ellos, claro, iban a resolverlo (¡?). Fue como poner a un pirómano a cargo del control de un incendio.

Resulta que, por esta y otras salvajadas de la época, el bravo pueblo de Quito (wink, wink) se arrechó y puso en jaque a las instituciones del Estado, por lo que el Estado reculó. El 26 de abril de 2005 el Congreso Nacional dejó sin efecto su resolución del 25 de noviembre del año pasado. Eso sí: no restituyó a los jueces destituidos de la Corte Constitucional a sus cargos. De hecho, pasamos casi un año sin tener un órgano de control constitucional: cosas de este pintoresco país.

Avanzamos, Patria, al año 2013, cuando la Corte Interamericana el 28 de agosto dictó su sentencia en el caso llamado “Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador”. Allí, el Tribunal de San José dio cuenta de toda la serie de barbaridades cometidas por las autoridades políticas del Ecuador durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez. La Corte Interamericana encontró al Estado ecuatoriano responsable de la violación de las garantías judiciales, la protección judicial y los derechos políticos en perjuicio de los jueces destituidos del Tribunal Constitucional y ordenó unas compensaciones económicas de alrededor de 1’750.000 (entre todos), además de reparaciones de carácter simbólico, a favor de los ocho jueces que reclamaron en sede internacional.

Y ahora, aún no llegamos al año 2020, cuando nuevamente se ha interrumpido el ejercicio del cargo de los jueces de la Corte Constitucional. Pero esta vez, a cambio del expediente sencillo y brutal de la resolución de un órgano, se optó por el más sofisticado y payasesco de organizar un proceso sin garantías judiciales, cuyo resultado fue tan torpe y tan chapucero que es un ejemplo tropi-andino de “Corte Canguro”. Esto estuvo a cargo de un Consejo presidido por el célebre Notario Cabrera de la Política. Joya.

Es decir, pasamos de una resolución de la cual luego se desdijo el órgano que la emitió (el Congreso Nacional en los años 2004-2005) a un proceso en el que, al menos hasta ahora, todavía tiene muchos ilusos o paniaguados que lo consideran “reinstitucionalizador”. (A su Presidente, Julio César Trujillo, se le dio en su entierro un trato de héroe y se le concedió post-mórtem la Orden de San Lorenzo.) Si antes el Congreso Nacional se desdecía de sus abusos, hasta ahora al Consejo Transitorio le han celebrado los suyos. Tal es el tremendo nivel de estupidización actual. Es como si tuviéramos que padecer un Estado borracho*: hace cosas tremendamente estúpidas y las celebra estrepitosamente. Un hooligan del derecho.

Un ariete contra esta agresiva estupidización de la sociedad obra de un Estado (en apariencia) ebrio es esta entrevista en Ecuadorinmediato, que me hizo Francisco Herrera Aráuz. Allí explico, con pelos y señales, el sainete que fueron los procesos de evaluación y destitución que llevó a cabo el Consejo Transitorio.

* Podríamos colocar en el escudo de armas patrio la cara del Michelena en su célebre foto. Justicia haría al momento.

La necedad

Hace unos días, un órgano transitorio y súperpoderoso decidió la destitución de la Corte Constitucional. Es un hecho que repite un hecho de nuestra historia política reciente, antes de Rafael Correa: la destitución del Tribunal Constitucional a fines de 2004, preludio de la caída de Lucio Gutiérrez. Este hecho se lo llevó a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado ecuatoriano por la violación del derecho a las garantías judiciales y de los derechos políticos de los jueces destituidos (el caso se conoce como “Camba Campos y otros vs. Ecuador”).

En esa sentencia, la Corte concluyó “que la destitución de todos los miembros del Tribunal Constitucional implicó una desestabilización del orden democrático”, pero no ha pasado ni una generación (ni quince años) y ya en tiempos post-Correa, estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes de que él aparezca en escena, aunque ya nos haya merecido condena internacional.

Y estamos abriendo, además, las compuertas a nuevas condenas internacionales, por la actuación de un Consejo descontrolado.

El gobierno de Lenin Moreno es un viaje a la ecuatorianidad más pura.