La censura en el Ecuador

            Publicado en diario Expreso el viernes 11 de septiembre de 2026.

La libertad de expresión en el Ecuador ha sufrido un grave deterioro durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. Este grave deterioro ha sido detectado por varios organismos internacionales que se dedican a monitorear el estado de la democracia en el mundo (la libertad de expresión es un componente básico de un Estado democrático). 

El Varieties of Democracy Institute (V-Dem) en su “Reporte sobre la democracia” del 2026 detectó la reversión del proceso de democratización y advirtió: “Los deterioros de los últimos años han llevado al Ecuador a la lista de potencial autocratización”. Para la organización Freedom House, el Ecuador pasó de ser un “país libre” a “parcialmente libre” y en libertad de prensa su calificación es un preocupante 2/4. En el caso de Reporteros Sin Fronteras (RSF) su informe sobre el Ecuador afirma que “el periodismo se desenvuelve en un clima de inseguridad, autocensura y hostilidad crecientes” y destaca que esta situación “expone la inacción de las autoridades para proteger a la prensa y su impulso a restringirla”. En otras partes del mundo no se llaman a engaño acerca de la deriva autoritaria del Estado ecuatoriano y sus restricciones a la libertad de expresión. 

Los casos recientes de Roberto Aguilar de diario Expreso, Gisella Bayona de radio FM Mundo y Fabricio Vela del canal de televisión RTU han puesto en evidencia la creciente presión del Estado para silenciar a sus críticos. Son unos casos notorios, pero apenas son un síntoma de lo que pasa: en el primer semestre de este año 2026, la organización Periodistas Sin Cadenas registró 79 ataques a la libertad de expresión cometidos por actores estatales, lo que representa un aumento del 75.6% de casos en comparación al mismo semestre del año pasado. 

Las posibilidades que tiene el gobierno de Noboa para restringir la libertad de expresión, bajo el auspicio de su falta de escrúpulos, son variadas: abuso del poder y presiones para alinear a los medios de comunicación incómodos y separar a los periodistas críticos, campañas de desprestigio impulsadas por granjas de troles, descalificaciones por funcionarios públicos, bloqueo de información y falta de transparencia, compras de medios de comunicación sospechosas para cualquiera menos para los órganos de control y periodistas en nómina que en otro momento de la historia criticaron las restricciones a la libertad de expresión.  

Por acumulación e intensidad, está clara la apuesta del gobierno: ha optado por el camino de la censura. Desde su lógica diminuta y dañada, toda crítica es ataque y toda verdad es la oficial.

Estas vulneraciones al derecho a la libertad de expresión no son extrañas a las prácticas de gobiernos anteriores. Pero una diferencia fundamental entre este momento de la historia y cualquier otro es el viraje de una buena parte del periodismo, otrora crítico (con discursos, perfomance, filmes), que hoy guarda silencio o ensaya alguna torpe defensa de los abusos que ocurren. Más unos mercenarios que periodistas, sus principios estuvieron siempre en venta (algunas veces para vociferar, otras para callar). Y sea por cobardía o por venalidad, el resultado es el mismo: allanarle el camino a la censura en el Ecuador. 

Daniel, el travieso

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de abril de 2026.

¿Cómo nos ven, los que estudian el estado de la democracia en el mundo, sin bandería política alguna? El grupo sueco de expertos Variaties of Democracy (V-Dem) ha publicado su décimo “Reporte sobre la Democracia”, edición del 2026. V-Dem había reportado un proceso de democratización en el Ecuador, pero en esta edición del 2026 advirtió que ese proceso concluyó el 2022. 

Desde el 2023 (año en que Daniel Noboa asumió el Poder Ejecutivo) el Ecuador empezó a caminar en la dirección contraria: “En Ecuador, la democratización de los últimos años está siendo revertida, transformando de forma gradual la vuelta en U en una potencial vuelta de campana. El Ecuador enfrenta un período de creciente violencia asociada con el crimen organizado, a lo que el gobierno ha respondido con puño de hierro (…) Los deterioros de los últimos años han llevado al Ecuador a la lista de potencial autocratización” (p. 28).

En el caso ecuatoriano, este proceso de convertir a su gobernante en un autócrata se basa en el uso político del sistema de justicia penal, en especial, su brazo “investigativo”, la Fiscalía. Un influyente periodista de los Estados Unidos, Tucker Carlson, decía que no podías permitir que un país se gobierne a través de la Fiscalía, pues en ese momento te conviertes en “freaking Ecuador”.

Ecuador como un freak institucional: por supuesto que sí, juzgando por el resultado que este país registra en el índice del Estado de Derecho que publica anualmente el World Justice Project. Este reporte analiza ocho indicadores para elaborar su índice, uno de ellos se titula “justicia criminal”. Spoiler: somos lo peor de lo peor. Y hemos descendido cinco puntos en este indicador, de forma sostenida, desde el 2022. Es decir, estamos cada vez peor.

En el indicador “justicia criminal” del World Justice Project, el Ecuador marca un mísero 0.30/1.00. Uno de los subindicadores que conforman este indicador es el típico trabajo de una Fiscalía: “El sistema de investigación criminal es efectivo”. A esto le corresponde un 0.18/1.00 y el puesto 141 entre los 143 países analizados en el informe. Somos de los tres peores, en este tétrico club de deficientes institucionales. Otro de sus integrantes (el 143) es Venezuela. (Es curioso: llegamos a ser como Venezuela, por la vía de la derecha). 

Conviene matizar en materia de efectividad: hay una Fiscalía no efectiva, casi inmóvil, y una Fiscalía “híper-efectiva” y muy veloz. Si el caso involucra al gobierno central, la Fiscalía se arrastra con dificultad. Pero si involucra a un opositor del gobierno central, esa misma Fiscalía corre, vuela y se acelera. 

Es tan cantado esto, que constituye una implícita renuncia a los principios que debería animar la conducta de esta institución, de acuerdo con sus normas: los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. Este doblez en su accionar convierte a estos principios en pura ficción. Lo peor: convierte a la Fiscalía en el principal instrumento para este proceso de autocratización, advertido por expertos internacionales, que viene ocurriendo durante el gobierno de Daniel Noboa.

El título del artículo es un guiño a la serie infantil de caricaturas Daniel, el travieso. Ahora, tiene un twist aterrador.