La Constitución del Ecuador del año 1929 buscó
poner un alto al presidencialismo de las doce constituciones anteriores (siendo
con la de 1929 trece constituciones en menos de 100 años, desde nuestra primera
de 1830). Para este propósito, la Constitución de 1929 fortaleció a la Función
Legislativa en sus controles a aquel ciudadano que ostentara el ‘título de Presidente de la República’ (Art.
72) y al resto del Poder Ejecutivo. Para el historiador Alfredo Pareja
Diezcanseco, esta Constitución de 1929 resultaba ‘un curioso y fracasado ensayo de régimen seudoparlamentario, inoperante
en nuestro país’ (1)
A pesar de todos los controles del Poder
Legislativo por sobre el Poder Ejecutivo, la Constitución de 1929 le reservó al
Presidente un súper-poder. Él podía designar a piacere al Ministro de lo Interior, quien, y esto es lo
importante, de acuerdo con los artículos 79 al 81 de la Constitución era quien
debía reemplazarlo al Presidente en caso de su renuncia. En la práctica, el
Presidente (también el Encargado del Poder) podía nombrar a discreción a su
sucesor. Así, auspiciada por esta Constitución, se hizo efectiva la
práctica del ‘dedazo’ (2).
En este escrito se tratará exclusivamente el
período del ‘dedazo’ civil. Esta
especie de ‘dedazo’ ocurrió cinco
veces entre 1929 y 1935. El primero en utilizar esta potestad fue Isidro Ayora
(1879-1978), durante cuyo gobierno, específicamente el 26 de marzo de 1929, la
Asamblea Constituyente aprobó esta décimo tercera y seudo-parlamentaria Constitución.
El lojano Ayora, primer médico en ocupar la Presidencia de la República (v. ‘Médicos en la Presidencia’), había llegado a la Presidencia interina en 1926 por
decisión de los militares, triunfantes en la Revolución Juliana de 1925 que había
acabado con la perversión oligárquica y bancaria del liberalismo. Esa misma
Asamblea del año 1929 designó Presidente Constitucional a Isidro Ayora el 17 de
abril de 1929.
Llegó el año 1931, e Isidro Ayora, entre otras
cosas, resintió que a su gobierno constitucional se le haya aplicado uno de los
controles a la Función Ejecutiva previstos en la Constitución (la destitución
de su Ministro de lo Interior, Julio E. Moreno), por lo que presentó su
renuncia ante el Congreso el 24 de agosto. Pero antes de renunciar, estrenó el
‘dedazo’ y dispuso que sea el militar
guayaquileño Luis Larrea Alba (1894-1979) quien ocupe el Ministerio de lo
Interior, y así, una vez aceptada la renuncia del Presidente, pase él a ocupar
la Presidencia en calidad de ‘Encargado del Poder’.
Larrea Alba duró apenas 52 días, entre el 24 de
agosto y el 15 de octubre de 1931. Quiso obtener de la Asamblea unas facultades
extraordinarias, pero no le fueron concedidas. Quiso disolver la Asamblea, pero
no le fue permitido por el ejército. Finalmente renunció, no sin antes aplicar el
‘dedazo’: lo nombró a Alfredo
Baquerizo Moreno (1859-1951) como Ministro de lo Interior.
El guayaquileño Alfredo Baquerizo Moreno había
sido Presidente entre 1916 y 1920 y era el Presidente de la Cámara del Senado
en los tiempos del efímero gobierno de Larrea Alba. Nombrado Ministro de lo
Interior por él, Baquerizo Moreno volvió a ocupar la máxima autoridad de la
república, esta vez de manera interina, como Encargado del Poder. Dicho cargo
lo ejerció por 318 días, entre el 15 de octubre de 1931 y el 28 de agosto de
1932.
En el gobierno de Baquerizo Moreno se organizaron
las elecciones a la Presidencia en las que triunfó el candidato conservador
Neptalí Bonifaz. Cuando el Congreso lo descalificó a Bonifaz por ser peruano y
la violencia iba a arreciar en las calles de la capital, Baquerizo Moreno buscó
refugio en la legación argentina. Una vez más, el Encargado del Poder renunció
a su cargo, aplicando el ‘dedazo’: antes
de renunciar lo designó Ministro de lo Interior al quiteño Carlos Freile Larrea
(1876-1942), quien era el Presidente de la Unión Patriótica Nacional. Él pasó a
ser el nuevo Encargado del Poder.
La historia de Carlos Freile Larrea como máxima
autoridad del Poder Ejecutivo es brevísima y trágica. Duró cuatro días y fueron
los mismos cuatro días de la llamada ‘Guerra de los cuatro días’. Freile Larrea
fue hijo de otro Presidente interino (por dos ocasiones), Carlos Freile
Zaldumbide (1856-1928), a quien se lo podrá recordar de la ocasión en que le
cortaron los huevos al general Eloy Alfaro [v. ‘Quito gore’]. Esos
cuatro días con el segundo Freile corrió en Quito sangre a raudales,
calculándose los muertos en miles. Las fuerzas de Bonifaz tomaron la capital,
pero fueron vencidas por las tropas venidas de otras partes de la república,
comandadas por el Ministro de Defensa, Leonardo Sotomayor y Luna. Freile Larrea
entregó el poder el 1 de septiembre de 1932.
Pero antes de entregar el poder, ocurrió el ‘dedazo’. A Freile Larrea lo sucedió su
Ministro de lo Interior, el quiteño Alberto Guerrero Martínez (1884-1941). A él
le cupo organizar las elecciones que se realizaron el 30 y 31 de octubre, en
las que triunfó el candidato oficial, el guayaquileño Juan de Dios Martínez
Mera (1875-1955) (3). Guerrero
Martínez gobernó desde el 2 de septiembre hasta el 5 de diciembre de 1932, por
95 días. Ese 5 de diciembre de 1932 le entregó el poder a Martínez Mera.
Hasta la ascensión de Martínez Mera, el ‘dedazo’ había operado en la designación
de cuatro Encargados del Poder Ejecutivo (Larrea, Baquerizo, Freile, Guerrero),
que mediaron entre las dos personas que ostentaron el ‘título de Presidente de
la República’: Ayora, nombrado por una Asamblea Constituyente, y Martínez Mera,
elegido por el voto popular. A este último, el Poder Legislativo, en un hecho
inédito hasta ese entonces, lo destituyó de su cargo el 17 de octubre de 1933,
con una intervención enjundiosa del entonces novel político José María Velasco
Ibarra. El régimen seudo-parlamentario iba a tope.
Martínez Mera, en previsión a su destitución,
continuó con la tradición del ‘dedazo’
al nombrar como Ministro del Interior al
guayaquileño Abelardo Montalvo (1876-1950). Él asumió como Encargado del Poder
Ejecutivo el 19 de octubre de 1933 y ocupó el cargo hasta el 31 de agosto de
1934, período en el que organizó las elecciones para elegir al Presidente
Constitucional de la República, celebradas el 14 y 15 de diciembre de 1933. En
estas elecciones se escogió, la primera de cuatro ocasiones, al enjundioso
Velasco Ibarra (1893-1979). El 1 de septiembre de 1934, él asumió la
Presidencia. En menos de un año, el 20 de agosto de 1935, se había precipitado
sobre las bayonetas. Velasco Ibarra se pretendió declarar dictador, pero el
Ejército le negó su chance dictatorial.
Tras esta primera caída de Velasco Ibarra
(Presidente por cinco ocasiones, pero que sólo una vez completó su período),
concluyó el período del ‘dedazo’
civil. Desde entonces, surgió un período de claro dominio militar, con algunas derivas
filo-fascistas. El ‘dedazo’ continuó,
pero la discrecionalidad pasó del campo civil al militar.
La siguiente tabla describe la situación de
precariedad institucional del Poder Ejecutivo durante el período del ‘dedazo’ civil auspiciado por la
Constitución de 1929.
Tabla.
Máximas autoridades del Poder Ejecutivo entre 1929 y 1935
|
Presidente
|
Cargo
|
Designado
por
|
Duración
|
|
Isidro
Ayora Cueva [1929-1931]
|
Presidente
Constitucional
|
Asamblea
Constituyente
|
859 días
|
|
Luis
Larrea Alba [1931]
|
Encargado
del Poder Ejecutivo
|
Dedazo
del antecesor
|
52 días
|
|
Alfredo
Baquerizo Moreno [1931-1932]
|
Encargado
del Poder Ejecutivo
|
Dedazo
del antecesor
|
318 días
|
|
Carlos
Freile Larrea [1932]
|
Encargado
del Poder Ejecutivo
|
Dedazo
del antecesor
|
4 bloody
days
|
|
Alberto
Guerrero Martínez [1932]
|
Encargado
del Poder Ejecutivo
|
Dedazo
del antecesor
|
95 días
|
|
Juan
de Dios Martínez Mera [1932-1933]
|
Presidente
Constitucional
|
Voto
popular
|
316 días
|
|
Abelardo
Montalvo [1933-1934]
|
Encargado
del Poder Ejecutivo
|
Dedazo
del antecesor
|
316 días
|
|
Velasco
Ibarra [1934-1935]
|
Presidente
Constitucional
|
Voto
popular
|
353 días
|
[continuará…]
(1) Y
añade el historiador Pareja Diezcanseco:
‘Según la Constitución de 1929, aunque no consagraba el régimen
parlamentario, el poder legislativo prácticamente era omnímodo: cualquier
legislador podía individualmente interpelar a los ministros de Estado
–nombrados por el presidente de la República- y pedir su censura y el voto de
desconfianza, que podía ser extendido, en la misma sesión, a todo el gabinete.
Esto equivalía a obligar al presidente a la designación de ministros que
merecieran la simpatía de la legislatura. Un país como el nuestro, con otros
problemas, con otra tradición en su estructura administrativa, no podía ser
gobernado con la Constitución de 1929’ (‘Los gobiernos de la plutocracia y las
nuevas ideas’, en: ‘Historia del Ecuador’,
Vol. VII, Salvat Editores, S.A., Barcelona, 1980, pp. 39-94).
(2) Nótese
que si la Constitución actual tuviera esta cláusula, el Presidente ‘Mojón’
Moreno habría designado Encargada del Poder a la tenebrosa Romo.
(3) La
elección de Martínez Mera estuvo manchada por el habitual fraude gubernamental.
Como lo describe Robert Norris, en su biografía de Velasco Ibarra: ‘El número
de votantes sobrepasó en unos 20.000 al de las elecciones anteriores y un
hombre impopular entre las masas había ganado con una mayoría enorme. No
quedaba duda de que había fraude.’ (Norris, Robert, ‘El gran ausente. Biografía de Velasco Ibarra’, Tomo I, Ediciones
Libri Mundi, 2004, Quito, p. 147). La mayoría enorme era de 40.000 votos:
56.872 para Martínez Mera versus 16.211 a favor del candidato conservador.