El precedente de Martínez Mera

            Publicado en diario Expreso el viernes 14 de abril de 2023.

En octubre de 1933, una crisis política se resolvió con la destitución del Presidente de la República por el Poder Legislativo. La víctima fue el guayaquileño Juan de Dios Martínez Mera. 

La Constitución de 1929 es una anomalía en la trajinada historia constitucional del Estado del Ecuador, pues es la única Constitución que ha implementado en el país un sistema semi-parlamentario (el historiador Pareja Diezcanseco lo llamó “pseudoparlamentario”). Según esta Constitución de 1929, los congresistas tenían la inédita y asombrosa potestad de destituir en masa a los ministros del gobierno. Y por supuesto, también tenía la potestad de destituir al Presidente. 

Martínez Mera, elegido por la voluntad popular en las elecciones del 30 y 31 de octubre de 1932, se posesionó como Presidente de la República del Ecuador el 5 de diciembre de ese mismo año. En aquellos tiempos, el Congreso se reunía cada 10 de agosto. El Congreso del año 1933, apenas reunido, aprobó la siguiente moción: “El Congreso de la República del Ecuador deplora hondamente que el Poder ejecutivo por carecer de favor y base democrática, y por ineficacia administrativa no haya resuelto ninguno de los angustiosos problemas que han intranquilizado a la Nación Ecuatoriana, y en consecuencia, hace votos porque el señor Presidente de la República, con un gesto de patriotismo, abra los cauces democráticos para una nueva, libre y espontánea manifestación del querer nacional”.

Y porque podía porque potestad tenía, el Congreso destituyó en masa a los ministros de Martínez Mera hasta por vicio: un total de siete ocasiones. Finalmente, el Congreso decidió enjuiciar a Martínez Mera. Su gran contradictor fue el Presidente de la Cámara de los Diputados, el novel político quiteño José María Velasco Ibarra, quien fue el encargado de fundamentar las acusaciones en su contra ante la Cámara del Senado. El 17 de octubre de 1933, el Senado dictó su veredicto y destituyó a Martínez Mera.

Pero en estos momentos, rige una Constitución distinta a la de 1929. En la actual Constitución de 2008 (entre el principio de la vigencia de una y de otra median 79 años y cinco Constituciones) se ha dispuesto una potestad para el Presidente de la República, sin limitación temporal para su uso cuando el Poder Legislativo cursa un proceso de juicio político en su contra. A esta potestad se la conoce como “muerte cruzada” y está reglada en el artículo 148 (en otras legislaciones, cuando se le inicia un juicio político, se prohíbe al Presidente el uso de esta potestad). 

La “muerte cruzada” implica la destitución inmediata de los asambleístas y un Presidente que se queda gobernando por unos meses más, sin mayores controles, hasta la celebración de unas nuevas elecciones. 

El uso de esta potestad le evitaría a Guillermo Lasso ser el segundo Presidente del Ecuador en ser destituido por un juicio político. En cambio, lo convertiría en el Presidente pionero en usar la “muerte cruzada”.

Otrosí: Si de esta potestad hubiera gozado Martínez Mera noventa años atrás, seguro que no habría sido el primer presidente (el único hasta ahora, y muy probablemente mientras subsista el artículo 148 de la Constitución) en haber sido destituido por un juicio político. 

El banquero Arosemena

 

            Publicado en diario Expreso el 16 de septiembre de 2022.

La revolución Juliana la hicieron en 1925 oficiales jóvenes del Ejército ecuatoriano para derrocar el régimen político que defendió los intereses de la banca guayaquileña por encima de los intereses colectivos. El producto jurídico de la revolución, la Constitución de 1929, cambió el sistema de gobierno de presidencialista a semiparlamentario. Bajo su imperio, ningún Presidente pudo concluir su período de cuatro años.

 

El rol del Congreso ecuatoriano fue clave para la inestabilidad política. A Neptalí Bonífaz, elegido Presidente en las elecciones de octubre de 1931, el Congreso lo descalificó por peruano. A Juan de Dios Martínez Mera, elegido Presidente en las elecciones de octubre de 1932, el Congreso le impidió gobernar, pues le destituyó varias veces su gabinete de gobierno y, finalmente, el Congreso lo destituyó. Velasco Ibarra, elegido Presidente en diciembre de 1933, quiso declararse dictador para desconocer la Constitución y evitar así los controles del Congreso, pero las tropas no lo apoyaron y fue orillado a renunciar.

 

A partir de este momento, fines de 1935, el Ecuador empezó a ser gobernado por dictaduras (el ingeniero Páez, el general Enríquez) y breves gobiernos civiles de encargo (Pons, Borrero, Mosquera, Arroyo del Río, Córdova, Moreno). La Constitución de 1929 ya no rigió. Se reunió una Convención Constitucional en 1938, pero la Constitución que produjo no entró en vigor. El Ecuador volvió a realizar una elección popular en enero de 1940. Triunfó Arroyo del Río, quien tampoco concluyó su período de gobierno por la irrupción de la revolución Gloriosa.

 

Volvió entonces Velasco y, por aclamación popular, empezó un gobierno de facto el 31 de mayo de 1944. La Asamblea Constitucional que se reunió tras el triunfo de la Gloriosa lo declaró Presidente el 10 de agosto de 1944 y elaboró una nueva Constitución, de cuño liberal. Velasco se negó a gobernar con esta Constitución y se declaró dictador y organizó una nueva Asamblea Constitucional, que lo eligió Presidente el 10 de agosto de 1946 y que elaboró otra Constitución, de cuño conservador y a gusto suyo. Velasco tampoco terminó su período, pues lo destituyó un golpe militar.

 

El golpe militar resultó un “blooper”, pues duró pocos días. Asumió la Presidencia el Vicepresidente de Velasco y se reunió en seguida un Congreso Extraordinario para nombrar un nuevo Vicepresidente de la República, designación que recayó en el banquero guayaquileño Carlos Julio Arosemena Tola. Entonces el Presidente renunció para que el Vicepresidente Arosemena asuma la Presidencia, con el propósito de reestructurar las finanzas del agobiado país y organizar unas elecciones libres.

 

Justo es decir que en su casi año de gobierno (16 de septiembre de 1947-31 de agosto de 1948) el Presidente Arosemena cumplió dignamente su encargo. Las elecciones que en su gobierno se organizaron, inauguraron desde 1948 un nuevo período de estabilidad política en el Ecuador.

 

La revolución Juliana abrió una etapa de inestabilidad política que duró 23 años y se hizo para derrocar un sistema que beneficiaba a la banca guayaquileña. Paradójicamente, este período de inestabilidad política por ella abierto, un banquero guayaquileño lo clausuró.     

 

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Fuentes:

* Para una perspectiva de la revolución juliana y su lucha contra la “bancocracia”, v. Paz y Miño, Juan, “La revolución juliana. Nación, ejército y bancocracia” (2002), en especial, pp. 7-11 (“Introducción”).

* El cambio de presidencialismo a semiparlamentarismo en la Constitución de 1929 recibió numerosas críticas, como ésta, hecha por el político e historiador Alfredo Pareja Diezcanseco: “Esta nueva Constitución resultó un curioso y fracasado ensayo de régimen seudoparlamentario, inoperante en nuestro país. Según la Constitución de 1929, aunque no consagraba el régimen parlamentario, el poder legislativo prácticamente era omnímodo (…). Un país como el nuestro, con otros problemas, sin cultura política esencial entre el pueblo, con otra tradición en su estructura administrativa, no podía ser gobernado con la Constitución de 1929. El Poder Ejecutivo, independiente de la influencia del legislativo y bastante fuerte, es la tradición americana, proveniente de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica…”, en: “Los gobiernos de la plutocracia y las nuevas ideas” (pp. 66 y 68), artículo publicado en el tomo VII de la “Historia del Ecuador” impresa por Salvat en 1982 (Juan Salvat y Hernán Crespo Toral, editores).

* Sobre la descalificación de Bonifaz y la destitución de Martínez Mera, v. Raúl Martínez Torres y Héctor Martínez Torres, “Martínez Mera. Las verdades que no quiso decir” (dos tomos, 1983). Para la descalificación de Bonifaz, pp. 66-80 (tomo I, “I, El origen”), para la destitución de Martínez Mera, pp. 216-226 (tomo I, “IX. El congreso de 1933”). Los autores también criticaron a la Constitución de 1929, llamándola “nefasta Constitución Política que tantos males hizo al país; producto híbrido del régimen presidencial y parlamentarismo incompleto, que trajo tantas y tan graves consecuencias para la normal marcha administrativa; que ataba indefenso al Poder Ejecutivo para entregarlo maniatado a la demagogia y ambición política” (tomo I, p. 54).

* Sobre la caída de Velasco Ibarra en 1935 y sus dos Presidencias nombrado por una Asamblea Constitucional en 1944 y 1946, v. Norris, Robert, “El gran ausente” (2004), pp. 227-245 del primer tomo, para su caída en 1935, y pp. 9-109 del segundo tomo, para sus dos Presidencias entre 1944 y 1947 (i.e., el Capítulo VI “El gobierno revolucionario, 1944-1947”).

* Sobre la Constitución de 1938 y su falta de eficacia, v. Gómez López, David, “La Constitución perdida. Una aproximación al proyecto constituyente de 1938 y su derogatoria” (2012), pp. 158-159. De acuerdo con el autor del artículo: “El problema es que el texto constituyente no estaba redactado del todo, y no se publicó en el Registro Oficial” (p. 159). En la práctica, nadie se sintió obligado a respetar lo ordenado por la Constitución. El propio Mosquera diría que “él juró como Presidente en base a la Constitución, vigente según él, de 1906, y no de 1938” (p. 158).

* Un buen resumen del “Manchenazo” y su gobierno inane, disponible en línea: “Carlos Mancheno”, publicada por Ecured.

* Para una semblanza biográfica del Presidente Arosemena disponible en línea, v. “Carlos Julio Arosemena Tola”, escrita por Rodolfo Pérez Pimentel. Agradezco a Guillermo Arosemena por el envío de varias notas de prensa de época para la redacción de esta columna.

Entre revoluciones

 

Publicado el 17 de junio de 2022 en diario Expreso.

 

La revolución Juliana produjo un gran cambio institucional y originó el mayor período de inestabilidad política en la historia de un país siempre convulsionado por guerras civiles, revoluciones y golpes de Estado. Hasta la llegada de la Juliana en 1925, el Ecuador había conocido el período más largo de estabilidad en sus 95 años de historia como Estado independiente, con la sucesión de tres gobiernos que entre 1912 y 1924 concluyeron sus períodos de cuatro años (los del general Leonidas Plaza, Alfredo Baquerizo y José Luis Tamayo). Tras la revolución Juliana, el Ecuador no volvió a tener un Presidente que concluyó su período de gobierno hasta Galo Plaza (1948-1952, hijo del general Leonidas).

 

El gran cambio que se instituyó en la Constitución de 1929 fue romper con la tradición presidencialista constante en las doce Constituciones precedentes y crear un gobierno semi-parlamentario en el Ecuador. Por esta Constitución, al Poder Legislativo se le otorgaron facultades que el historiador Pareja Diezcanseco calificó de omnímodas y que describió así: ‘cualquier legislador podía individualmente interpelar a los ministros de Estado […] y pedir su censura y el voto de desconfianza, que podía ser extendido, en la misma sesión, a todo el gabinete. Esto equivalía a obligar al presidente a la designación de ministros que merecieran la simpatía de la legislatura’.

 

El saldo de esta novedad fue que ninguno de los tres Presidentes del Ecuador elegidos por el pueblo durante la vigencia de la Constitución de 1929 (Bonifaz, Martínez, Velasco) concluyeron su período. Neptalí Bonifaz ni siquiera pudo iniciarlo, pues en agosto de 1932 el Legislativo lo descalificó por peruano, hecho que ocasionó una guerra civil que se recuerda como ‘la guerra de los cuatro días’ y que costó alrededor de 2.000 muertos. Juan de Dios Martínez Mera sintió la potencia del régimen semi-parlamentario: destituyeron a su gabinete de Ministros hasta por vicio. (Una figura descollante emergió de esta arremetida de los diputados contra el Presidente y su gabinete: el intelectual quiteño José María Velasco Ibarra.) Finalmente, el Legislativo decidió la destitución del Presidente Martínez en octubre de 1933.

 

Velasco Ibarra aprovechó su popularidad por la demolición de Martínez para candidatizarse a Presidente e inaugurar la política de masas en el atribulado Ecuador. Él triunfó en las elecciones de diciembre de 1933 y empezó a gobernar el 1 de septiembre de 1934 en la que fue la primera de sus cinco Presidencias. No duró ni un año en el ejercicio del poder y cayó el 20 de agosto de 1935 precisamente por querer escapar del imperio de la Constitución de 1929: quiso declararse dictador y las tropas no lo apoyaron. De este fracaso surgió su célebre frase: ‘Me precipité sobre las bayonetas’.

 

Después el país cayó en manos de dictaduras y breves gobiernos civiles de encargo. En este período fue desconocida la Constitución de 1929. La siguiente elección popular en 1940 se rigió por la Constitución de 1906 y el Presidente elegido, Arroyo del Río, tampoco concluyó su período. Lo interrumpió el 28 de mayo de 1944 otra revolución, que inició un nuevo momento de la historia política del Ecuador y a la que se recuerda como ‘Gloriosa’.

Una bisagra: la brevísima presidencia y la singular renuncia del Dr. Antonio Pons

[continúa…]

 

El médico guayaquileño Antonio Pons Campuzano fue Ministro de Gobierno del quiteño José María Velasco Ibarra durante su primera Presidencia (1934-1935)*. Pons renunció a este alto cargo la fresca mañana del 20 de agosto de 1935, día en que el Presidente Velasco Ibarra, según él mismo supo caracterizarlo después, se precipitó sobre las bayonetas. En la madrugada del día siguiente a esa fresca mañana, ya el doctor Pons se había encumbrado como la máxima autoridad del Poder Ejecutivo en reemplazo del dictador wanna-be Velasco Ibarra y en calidad constitucional de Encargado del Poder. Pons narró este episodio en un libro titulado ‘Contra el zarpazo de la ‘garra política’, editado en Buenos Aires en 1936. A la fecha de los hechos, el guayaquileño Pons, hijo de un catalán y una paisa, contaba 37 años.

 

De acuerdo con el relato de Pons, la fresca mañana del día en que Velasco Ibarra se precipitó sobre las bayonetas, él renunció al Ministerio de Gobierno. Cuenta que esa mañana del 20, a eso de las 9 a.m., mientras él se hallaba en su despacho, escuchó una banda militar que se acercaba al Palacio de Gobierno, que venía a hacer la lectura de un bando que informaba que Velasco Ibarra se declaraba dictador. Inmediatamente, en desacuerdo con esta medida, Pons presentó su renuncia y se largó a su hotel. Velasco Ibarra, como es conocido, fracasó en su intento: los militares se negaron a secundarlo**.

 

Antonio Pons permaneció en el comedor del hotel Savoy, aguaitando el desarrollo de los acontecimientos. A eso de las 10 p.m., una comitiva militar lo fue a visitar para que asista a una reunión en la casa del Comandante Plaza. Pons fue, y allí un militar de apellido Solís le pidió que acepte la Presidencia y luego nombre a un Ministro de Gobierno que lo reemplace. Es decir, lo quisieron a Pons usar como un nuevo vehículo del ‘dedazo’ (v. ‘A Constitutional Western: el auge y el ocaso del dedazo civil (1929-1935)’).

 

Pons se mosqueó y pidió explicaciones, y entonces apareció para darlas un representante de esa ‘garra política’ a la que aludió Pons en el título de su libro: el abogado guayaquileño Carlos Alberto Arroyo del Río. Pons lo escuchó, y finalmente, se negó a aceptar la propuesta y se regresó al Savoy.

 

Unas horas después, ya en la madrugada del 21, acudieron al Savoy ‘una comisión de militares más numerosa que la anterior, para entregarme resueltamente y de acuerdo con los preceptos de la Constitución que deseaba restablecerse, el Poder Ejecutivo’ (p. 11). En ejercicio del Poder Ejecutivo, el doctor Pons quiso organizar unas elecciones, pero su intento fracasó porque nadie le colaboró. Así, su gobierno pudo contemplar ‘el desarrollo de los acontecimientos sin poder, honradamente, contener el desbordamiento de tanta pasión política y tanta ambición desenfrenada’ (p. 16).

 

Asfixiado por las circunstancias, el 26 de septiembre, a escasos 36 días de haber empezado su encargo del Poder Ejecutivo, Pons renunció. La singularidad de su renuncia fue que la efectuó ante el mando militar y no ante la casa de la ‘garra política’, esto es, ante el Congreso Nacional, que es lo que disponía la Constitución de 1929. En palabras de Pons: ‘reuní en la Casa Presidencial al Inspector General del Ejército y a los representantes de las principales dependencias del Ministerio de Guerra y de los cuerpos de línea, quienes concurrieron con el carácter de delegados plenamente autorizados. Ane ellos, es decir, ante el Ejército ecuatoriano, renuncié mi cargo después de exponerles la honradez de mis propósitos y los sentimientos patrióticos del Gobierno’ (p. 20). Pons le entregó el Poder Ejecutivo al Inspector General del Ejército, el coronel Benigno Andrade.

 

Pons juzgaba a los militares ecuatorianos en términos positivos, como ‘el mejor intérprete de los sentimientos cívicos’ (p. 10). De la ‘garra política’, en cambio, tenía el peor de los conceptos pues la consideraba ‘conectada en tal forma con todos los resortes vitales del país, que apenas si se puede concebir la posibilidad de no estar supeditado a sus maniobras: Influencia capitalista, casi dominio. Talento maquiavélico. Entronques hasta con la Iglesia. En fin: Poder, Poder y Maldad’ (p. 15). Después del fugaz e inane gobierno del doctor Pons, era la hora de los militares.

 

Así, la brevísima presidencia y la singular renuncia del doctor Antonio Pons Campuzano (1897-1980) sirvió como una bisagra entre el dominio civil y el dominio militar en la política ecuatoriana de los agitados años treinta.

 

[continuará…]

 

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* La primera Presidencia de Velasco Ibarra demoró menos de un año, entre el 1 de septiembre de 1934 y el 20 de agosto de 1935. Tuvo dos Ministros de Gobierno: el primero fue Rosendo Santos Alarcón; el segundo, Pons.

** Ocurrió en otras tres ocasiones: en 1947, su gobierno fue interrumpido por el ‘Manchenazo’; en 1961, por un golpe de Estado militar que encumbró a su vicepresidente, Carlos Jumo Arosemena; en 1972, por el llamado ‘Carnavalazo’, un golpe de Estado militar que le dio la final chapeta al Profeta.

A Constitutional Western: el auge y el ocaso del ‘dedazo’ civil (1929-1935)

La Constitución del Ecuador del año 1929 buscó poner un alto al presidencialismo de las doce constituciones anteriores (siendo con la de 1929 trece constituciones en menos de 100 años, desde nuestra primera de 1830). Para este propósito, la Constitución de 1929 fortaleció a la Función Legislativa en sus controles a aquel ciudadano que ostentara el ‘título de Presidente de la República’ (Art. 72) y al resto del Poder Ejecutivo. Para el historiador Alfredo Pareja Diezcanseco, esta Constitución de 1929 resultaba ‘un curioso y fracasado ensayo de régimen seudoparlamentario, inoperante en nuestro país’ (1)

 

A pesar de todos los controles del Poder Legislativo por sobre el Poder Ejecutivo, la Constitución de 1929 le reservó al Presidente un súper-poder. Él podía designar a piacere al Ministro de lo Interior, quien, y esto es lo importante, de acuerdo con los artículos 79 al 81 de la Constitución era quien debía reemplazarlo al Presidente en caso de su renuncia. En la práctica, el Presidente (también el Encargado del Poder) podía nombrar a discreción a su sucesor. Así, auspiciada por esta Constitución, se hizo efectiva la práctica del ‘dedazo’ (2).

 

En este escrito se tratará exclusivamente el período del ‘dedazo’ civil. Esta especie de ‘dedazo’ ocurrió cinco veces entre 1929 y 1935. El primero en utilizar esta potestad fue Isidro Ayora (1879-1978), durante cuyo gobierno, específicamente el 26 de marzo de 1929, la Asamblea Constituyente aprobó esta décimo tercera y seudo-parlamentaria Constitución. El lojano Ayora, primer médico en ocupar la Presidencia de la República (v. ‘Médicos en la Presidencia’), había llegado a la Presidencia interina en 1926 por decisión de los militares, triunfantes en la Revolución Juliana de 1925 que había acabado con la perversión oligárquica y bancaria del liberalismo. Esa misma Asamblea del año 1929 designó Presidente Constitucional a Isidro Ayora el 17 de abril de 1929.

 

Llegó el año 1931, e Isidro Ayora, entre otras cosas, resintió que a su gobierno constitucional se le haya aplicado uno de los controles a la Función Ejecutiva previstos en la Constitución (la destitución de su Ministro de lo Interior, Julio E. Moreno), por lo que presentó su renuncia ante el Congreso el 24 de agosto. Pero antes de renunciar, estrenó el ‘dedazo’ y dispuso que sea el militar guayaquileño Luis Larrea Alba (1894-1979) quien ocupe el Ministerio de lo Interior, y así, una vez aceptada la renuncia del Presidente, pase él a ocupar la Presidencia en calidad de ‘Encargado del Poder’.

 

Larrea Alba duró apenas 52 días, entre el 24 de agosto y el 15 de octubre de 1931. Quiso obtener de la Asamblea unas facultades extraordinarias, pero no le fueron concedidas. Quiso disolver la Asamblea, pero no le fue permitido por el ejército. Finalmente renunció, no sin antes aplicar el ‘dedazo’: lo nombró a Alfredo Baquerizo Moreno (1859-1951) como Ministro de lo Interior.

 

El guayaquileño Alfredo Baquerizo Moreno había sido Presidente entre 1916 y 1920 y era el Presidente de la Cámara del Senado en los tiempos del efímero gobierno de Larrea Alba. Nombrado Ministro de lo Interior por él, Baquerizo Moreno volvió a ocupar la máxima autoridad de la república, esta vez de manera interina, como Encargado del Poder. Dicho cargo lo ejerció por 318 días, entre el 15 de octubre de 1931 y el 28 de agosto de 1932.

 

En el gobierno de Baquerizo Moreno se organizaron las elecciones a la Presidencia en las que triunfó el candidato conservador Neptalí Bonifaz. Cuando el Congreso lo descalificó a Bonifaz por ser peruano y la violencia iba a arreciar en las calles de la capital, Baquerizo Moreno buscó refugio en la legación argentina. Una vez más, el Encargado del Poder renunció a su cargo, aplicando el ‘dedazo’: antes de renunciar lo designó Ministro de lo Interior al quiteño Carlos Freile Larrea (1876-1942), quien era el Presidente de la Unión Patriótica Nacional. Él pasó a ser el nuevo Encargado del Poder.

 

La historia de Carlos Freile Larrea como máxima autoridad del Poder Ejecutivo es brevísima y trágica. Duró cuatro días y fueron los mismos cuatro días de la llamada ‘Guerra de los cuatro días’. Freile Larrea fue hijo de otro Presidente interino (por dos ocasiones), Carlos Freile Zaldumbide (1856-1928), a quien se lo podrá recordar de la ocasión en que le cortaron los huevos al general Eloy Alfaro [v. ‘Quito gore’]. Esos cuatro días con el segundo Freile corrió en Quito sangre a raudales, calculándose los muertos en miles. Las fuerzas de Bonifaz tomaron la capital, pero fueron vencidas por las tropas venidas de otras partes de la república, comandadas por el Ministro de Defensa, Leonardo Sotomayor y Luna. Freile Larrea entregó el poder el 1 de septiembre de 1932.

 

Pero antes de entregar el poder, ocurrió el ‘dedazo’. A Freile Larrea lo sucedió su Ministro de lo Interior, el quiteño Alberto Guerrero Martínez (1884-1941). A él le cupo organizar las elecciones que se realizaron el 30 y 31 de octubre, en las que triunfó el candidato oficial, el guayaquileño Juan de Dios Martínez Mera (1875-1955) (3). Guerrero Martínez gobernó desde el 2 de septiembre hasta el 5 de diciembre de 1932, por 95 días. Ese 5 de diciembre de 1932 le entregó el poder a Martínez Mera.

 

Hasta la ascensión de Martínez Mera, el ‘dedazo’ había operado en la designación de cuatro Encargados del Poder Ejecutivo (Larrea, Baquerizo, Freile, Guerrero), que mediaron entre las dos personas que ostentaron el ‘título de Presidente de la República’: Ayora, nombrado por una Asamblea Constituyente, y Martínez Mera, elegido por el voto popular. A este último, el Poder Legislativo, en un hecho inédito hasta ese entonces, lo destituyó de su cargo el 17 de octubre de 1933, con una intervención enjundiosa del entonces novel político José María Velasco Ibarra. El régimen seudo-parlamentario iba a tope.

 

Martínez Mera, en previsión a su destitución, continuó con la tradición del ‘dedazo’ al nombrar  como Ministro del Interior al guayaquileño Abelardo Montalvo (1876-1950). Él asumió como Encargado del Poder Ejecutivo el 19 de octubre de 1933 y ocupó el cargo hasta el 31 de agosto de 1934, período en el que organizó las elecciones para elegir al Presidente Constitucional de la República, celebradas el 14 y 15 de diciembre de 1933. En estas elecciones se escogió, la primera de cuatro ocasiones, al enjundioso Velasco Ibarra (1893-1979). El 1 de septiembre de 1934, él asumió la Presidencia. En menos de un año, el 20 de agosto de 1935, se había precipitado sobre las bayonetas. Velasco Ibarra se pretendió declarar dictador, pero el Ejército le negó su chance dictatorial.

 

Tras esta primera caída de Velasco Ibarra (Presidente por cinco ocasiones, pero que sólo una vez completó su período), concluyó el período del ‘dedazo’ civil. Desde entonces, surgió un período de claro dominio militar, con algunas derivas filo-fascistas. El ‘dedazo’ continuó, pero la discrecionalidad pasó del campo civil al militar.

 

La siguiente tabla describe la situación de precariedad institucional del Poder Ejecutivo durante el período del ‘dedazo’ civil auspiciado por la Constitución de 1929.

 

Tabla. Máximas autoridades del Poder Ejecutivo entre 1929 y 1935

Presidente	Cargo	Designado por	Duración
Isidro Ayora Cueva [1929-1931]	Presidente Constitucional	Asamblea Constituyente	859 días
Luis Larrea Alba [1931]	Encargado del Poder Ejecutivo	Dedazo del antecesor	52 días
Alfredo Baquerizo Moreno [1931-1932]	Encargado del Poder Ejecutivo	Dedazo del antecesor	318 días
Carlos Freile Larrea [1932]	Encargado del Poder Ejecutivo	Dedazo del antecesor	4 bloody days
Alberto Guerrero Martínez [1932]	Encargado del Poder Ejecutivo	Dedazo del antecesor	95 días
Juan de Dios Martínez Mera [1932-1933]	Presidente Constitucional	Voto popular	316 días
Abelardo Montalvo [1933-1934]	Encargado del Poder Ejecutivo	Dedazo del antecesor	316 días
Velasco Ibarra [1934-1935]	Presidente Constitucional	Voto popular	353 días

 

 [continuará…]

 

(1) Y añade el historiador Pareja Diezcanseco: ‘Según la Constitución de 1929, aunque no consagraba el régimen parlamentario, el poder legislativo prácticamente era omnímodo: cualquier legislador podía individualmente interpelar a los ministros de Estado –nombrados por el presidente de la República- y pedir su censura y el voto de desconfianza, que podía ser extendido, en la misma sesión, a todo el gabinete. Esto equivalía a obligar al presidente a la designación de ministros que merecieran la simpatía de la legislatura. Un país como el nuestro, con otros problemas, con otra tradición en su estructura administrativa, no podía ser gobernado con la Constitución de 1929’ (‘Los gobiernos de la plutocracia y las nuevas ideas’, en: ‘Historia del Ecuador’, Vol. VII, Salvat Editores, S.A., Barcelona, 1980, pp. 39-94).

(2) Nótese que si la Constitución actual tuviera esta cláusula, el Presidente ‘Mojón’ Moreno habría designado Encargada del Poder a la tenebrosa Romo.

(3) La elección de Martínez Mera estuvo manchada por el habitual fraude gubernamental. Como lo describe Robert Norris, en su biografía de Velasco Ibarra: ‘El número de votantes sobrepasó en unos 20.000 al de las elecciones anteriores y un hombre impopular entre las masas había ganado con una mayoría enorme. No quedaba duda de que había fraude.’ (Norris, Robert, ‘El gran ausente. Biografía de Velasco Ibarra’, Tomo I, Ediciones Libri Mundi, 2004, Quito, p. 147). La mayoría enorme era de 40.000 votos: 56.872 para Martínez Mera versus 16.211 a favor del candidato conservador.