Hace un par de días coincidí en una cabina de radio
con Manuel Ignacio Gómez Lecaro, columnista de diario El Universo.
(Puedo no concordar con varias ideas que postula Manuel Ignacio -y así se lo he
hecho conocer por escrito en alguna ocasión- pero le reconozco su intención de
argumentarlas y su honestidad para defenderlas: valga decirlo, GL goza de mi
simpatía.) Discutimos de manera cortés y racional aspectos varios de la
política nacional, entre ellos, sobre la promoción electoral. Como al final de
la conversación, GL tuvo el gentil detalle de comentarme que era lector de esta
bitácora, y en aras de continuar por otro medio un debate que juzgo
interesante, me animo a postularlo. Se trata, precisamente, de la discusión
sobre cuál es el sistema de promoción electoral que defiende de mejor manera la
libertad.
Quiero prescindir para este debate de las que pueden
considerarse las distorsiones locales y actuales del sistema de promoción
electoral. No discuto la importancia y la necesidad de ese debate coyuntural,
pero el debate que en esencia me interesa postular es de fondo, sobre cuál
sistema es preferible en razón de criterios de libertad. A este respecto, el
sistema que GL defiende es aquel que posibilita que todo candidato financie, a
su cuenta y riesgo (mediante contribuciones de otros particulares, se entiende)
su propia campaña, con total prescindencia de contribución estatal. El sistema
que yo defiendo es aquel en el que el Estado contribuye a financiar la campaña
de los candidatos con el propósito de maximizar la equidad en la posibilidad de
difusión de sus campañas de los candidatos.
GL postula que el sistema que él defiende maximiza
la libertad de los candidatos para financiar sus campañas. Yo postulo, en
contraste, que ese sistema es perjudicial para la libertad: no, por supuesto,
para la libertad del candidato de financiarse sino para la libertad del gobernante
(o sea, para el candidato que, tras ganar la elección en la que participó,
devendrá en tal) y para la libertad de los ciudadanos de elegir a los
candidatos. La libertad del gobernante se afecta porque es evidente que la
financiación de su campaña (más todavía en los elevados montos que se requiere
para acceder a ciertas dignidades) el candidato contrae ciertas “obligaciones”
hacia quienes lo financiaron. Esas obligaciones, todos lo sabemos (la historia
reciente del Ecuador da prueba fehaciente) se cobran en el Gobierno, cuya
libertad de acción se acota en razón de esas obligaciones. (No quiero abundar
en la ilegitimidad y muy probable corrupción de esas “obligaciones”, aunque
esos datos no son menores para un debate empírico de este asunto.) La libertad
de los ciudadanos de elegir se afecta porque es evidente que, a mayor
financiación de un candidato, mayor publicidad del mismo y, en consecuencia,
mayor posicionamiento de su opción electoral a despecho de otras opciones, las
que, por distintas razones (nexos, no defensa de intereses corporativos,
carencia de fortuna propia, etc.) tienen menor financiación, con lo cual somos
los ciudadanos quienes nos perdemos de conocer estas opciones que podríamos (de
acceder a conocerlas) considerarlas representativas de nuestros intereses.
Para cerrar, considero que la postura de GL con la
cual defiende la libertad de un individuo para financiar su propia campaña es,
paradójicamente, contraria a ideales de libertad cuya defensa es de la mayor
importancia en materia electoral y para el orden democrático: la libertad de
gobernar (que es, se supone, la principal razón por la cual un candidato se
postula a un puesto de elección popular) y la libertad de elegir de los
ciudadanos, principio clave de la democracia representativa. En definitiva, un
mínimo de equidad (a despecho de la libertad de los candidatos) deviene en
condición sine qua non para maximizar la libertad de gobernantes y
electores, libertades más importantes de defender en esta materia.
Copié esta entrada al correo de GL. Sería
interesante su intervención en este debate.
