Hace un par de días coincidí en una cabina de radio
con Manuel Ignacio Gómez Lecaro, columnista de diario El Universo.
(Puedo no concordar con varias ideas que postula Manuel Ignacio -y así se lo he
hecho conocer por escrito en alguna ocasión- pero le reconozco su intención de
argumentarlas y su honestidad para defenderlas: valga decirlo, GL goza de mi
simpatía.) Discutimos de manera cortés y racional aspectos varios de la
política nacional, entre ellos, sobre la promoción electoral. Como al final de
la conversación, GL tuvo el gentil detalle de comentarme que era lector de esta
bitácora, y en aras de continuar por otro medio un debate que juzgo
interesante, me animo a postularlo. Se trata, precisamente, de la discusión
sobre cuál es el sistema de promoción electoral que defiende de mejor manera la
libertad.
Quiero prescindir para este debate de las que pueden
considerarse las distorsiones locales y actuales del sistema de promoción
electoral. No discuto la importancia y la necesidad de ese debate coyuntural,
pero el debate que en esencia me interesa postular es de fondo, sobre cuál
sistema es preferible en razón de criterios de libertad. A este respecto, el
sistema que GL defiende es aquel que posibilita que todo candidato financie, a
su cuenta y riesgo (mediante contribuciones de otros particulares, se entiende)
su propia campaña, con total prescindencia de contribución estatal. El sistema
que yo defiendo es aquel en el que el Estado contribuye a financiar la campaña
de los candidatos con el propósito de maximizar la equidad en la posibilidad de
difusión de sus campañas de los candidatos.
GL postula que el sistema que él defiende maximiza
la libertad de los candidatos para financiar sus campañas. Yo postulo, en
contraste, que ese sistema es perjudicial para la libertad: no, por supuesto,
para la libertad del candidato de financiarse sino para la libertad del gobernante
(o sea, para el candidato que, tras ganar la elección en la que participó,
devendrá en tal) y para la libertad de los ciudadanos de elegir a los
candidatos. La libertad del gobernante se afecta porque es evidente que la
financiación de su campaña (más todavía en los elevados montos que se requiere
para acceder a ciertas dignidades) el candidato contrae ciertas “obligaciones”
hacia quienes lo financiaron. Esas obligaciones, todos lo sabemos (la historia
reciente del Ecuador da prueba fehaciente) se cobran en el Gobierno, cuya
libertad de acción se acota en razón de esas obligaciones. (No quiero abundar
en la ilegitimidad y muy probable corrupción de esas “obligaciones”, aunque
esos datos no son menores para un debate empírico de este asunto.) La libertad
de los ciudadanos de elegir se afecta porque es evidente que, a mayor
financiación de un candidato, mayor publicidad del mismo y, en consecuencia,
mayor posicionamiento de su opción electoral a despecho de otras opciones, las
que, por distintas razones (nexos, no defensa de intereses corporativos,
carencia de fortuna propia, etc.) tienen menor financiación, con lo cual somos
los ciudadanos quienes nos perdemos de conocer estas opciones que podríamos (de
acceder a conocerlas) considerarlas representativas de nuestros intereses.
Para cerrar, considero que la postura de GL con la
cual defiende la libertad de un individuo para financiar su propia campaña es,
paradójicamente, contraria a ideales de libertad cuya defensa es de la mayor
importancia en materia electoral y para el orden democrático: la libertad de
gobernar (que es, se supone, la principal razón por la cual un candidato se
postula a un puesto de elección popular) y la libertad de elegir de los
ciudadanos, principio clave de la democracia representativa. En definitiva, un
mínimo de equidad (a despecho de la libertad de los candidatos) deviene en
condición sine qua non para maximizar la libertad de gobernantes y
electores, libertades más importantes de defender en esta materia.
Copié esta entrada al correo de GL. Sería
interesante su intervención en este debate.
17 comentarios:
Recordemos que el Banco del Progreso, es decir, Fernando Aspiazu, financió con tres millones, si mal no recuerdo, la campaña de "Drácula"...
Estimado Xavier:
Creo que tu estás confundido, pues por un lado, pretendes centrar el debate en el campo de lo teórico, del socialista o progre vago de cafetín, que habla desde la asepsia y pide se ignore la realidad nacional y los desmanes del señor Correa y su maquinaria propagandística-electoral. No obstante, fundamentas tus raciocinios teóricos en las realidades electorales del pasado.
Tu abogas por que sea el estado, (premisa de cualquier mortal sensato: todo lo que toca el estado, lo daña o lo entorpece)quien financie de manera equitativa las campañas electorales de los candidatos, de tal suerte que éstos no se hagan de "obligaciones" con sendos contributores y financistas. No eres capaz de sustentar ese postulado desde la teoría, sino desde la realidad nacional, pero insisto, vos pediste que no se mencione a lo que acontece en estos días, durante esta deshonesta e inequitativa campaña electoral, en la cual, Correa y su gentuza hacen caso omiso de las restricciones de la ley, y tienen a un CNE comandado por un pelele muy survil y tarado por conveniencia.
GL en cambio basa sus argumentos en la realidad, y aunque no los puede sustentar completamente en la teoría. La tesis de Gómez Lecaro se basa en la experiencia de los gringos. Y hasta la fecha se ve que ha sido mas efectiva que la teórica que tu propones.
Tenemos un gobierno que defiende tu tesis, y se burla de ella, pues resulta un cuento tal equidad. Si quieres que den mas espacio y mas financiamiento o no te censuren tus comerciales, tienes que demostrar alto grado de impunidad y profundo esbirrismo al tirano de turno que tiene sometido al CNE.
Tu tesis ha sido ya demostrada ineficiente y altamente corrompible. En la tesis de GL, el estado se encarga de controlar las contribuciones a las campañas, se ocupa de que haya transparencia, y pone límites a lo que cada persona puede contribuír. Los candidatos deben sumar adeptos que apoyen con el máximo posible, en lugar de conseguirse 3 paganinis fuertes, como ha sucedido en Ecuador. Es cuestión de regular, en lugar de intervenir. En Ecuador, los candidatos se rodean de mecenas y luego se deben a ellos cuando ganan. En gringolandia, la cosa se pone mas difícil, pues Bill Gates, por ejemplo, contribuyó para ambas campañas, para Obama y para McCain por igual y hasta donde la ley le permite, impidiéndole así, comprar la conciencia de los candidatos.
Pecaste de ingenuo o de extremadamente teorizador. Tu pana Correa se ha encargado de desvirtuar tu tesis. Y no puedes pedir que lo mencione para este debate, pues tu mencional las realidades del pasado también, para darle mas sustento a tus ideas.
Bueno, el pana Utreras-Carrera ha criticado (casi sermoneado) dilatadamente la postura de Xavier, y ha expresado abiertamente su rechazo a Correa. Excelente!!
Sin embargo, Utreras-Carrera aunque defendiendo la teoría de Gómez Lecaro, no ha esclarecido verdaderas razones para que las campañas sean financiadas por los propios candidatos, y su único sustento es que así les funciona a los gringos.
Critica empero la postura de Xavier aduciendo que está muy alejada de la realidad. Pregunto yo: ¿la realidad de los gringos es la misma nuestra? O ¿o de qué realidad habla Utreras?
Me hubiera gustado también que Utreras-Carrera citara algo sobre la oposición de los medios a Correa, imponiendo ellos mismos a su candidato favorito, y muchas veces (por no decir siempre) tergiversando la verdad. ¿Y por qué no nombr también a los pasquines de Metrovía en constante campaña por Nebot?
Acoto que NUESTRA EXPERIENCIA y NUESTRA REALIDAD, aunque no sean motivos suficientes para que el Estado se encargue de las franjas de publicidad electoral según Utreras-Carrera, son a mi humilde criterio decisivos para tomar esta decisión, en un país donde se aplica la ley del más "sabido", y en el que la opinión se decide por el que más grita o el que más se arrodilla.
P.S.= ¿Por qué criticar siempre si alguien socialista o no? ¿Por qué se tiene tanto miedo a la apertura de ideas, de pensamientos?
Estoy totalmente en desacuerdo con el mecanismo actual de limitar la propaganda política a lo que el CNE designe.
Todos los candidatos deberían tener la posibilidad de hacer la campaña en virtud del monto de aportaciones que reciban de sus adeptos y la función del CNE debe ser controlar y limitar el monto de dichas aportaciones.
¿Qué se está logrando en este momento? Ningún candidato puede promoncionarse más que lo que hace el gobierno. El gobierno, sin ningún límite, puede hacer su campaña durante todo un año (cosa que así ha sucedido). Todos estuvimos expuestos a una monstruosa maquinaria propagandista lava-cerebros y ahora, con solo mes y medio, los candidatos de otras tendencias políticas, deben arreglárselas para darse a conocer.
Desde luego rechazo totalmente el mecanismo que, históricamente, dominó la política de años anteriores: dos o tres grandes financistas que luego cobraban "el favor" al gobernante ganador.
Libertad de financimiento con rendición de cuentas: ese debe ser el camino a seguir.
¿No fue la misma prensa la que posicionó a Correa, cuando este era un outsider, y logró ganar la presidencia a Noboa?
En mi exposición, me faltó mencionar que el estado gringo si provee con un monto específico a los dos o tres candidatos mas opcionados a la presidencia. Las encuestas tienen mas valor en esa sociedad. Son mas serias, independientes y no manipuladas, ni manipuladoras, pues la ley es estricta en ese sentido y les costaría muy caro a los jefes de las encuestadoras.
Las campañas gringas persiguen el objetivo de que los candidatos busquen o traten de conseguir el mayor número de votantes que aporten a su campaña con una misma cantidad. Nadie puede aportar mas de cierto monto. En Ecuador, el problema, y la razón por la que Xavier y Freddy creen que el estado debe controlarlo todo, es porque los candidatos hacen lo posible por rodearse de ricos paganinis, no importa si son solo dos o tres, lo que importa es tener la mayor cantidad de recursos, para iniciar una hostigante campaña publicitaria y de dádivas. Correa, una vez en el poder, pretende limitar a los otros, a travez de esta regulación (y gracias a sus *voceros, devotos y activistas) (*Xavier Flores)
Ya vemos, como hoy, un socialcristiano de pura cepa, es el mayor constructor de este gobierno. Don Isidro Romero Carbo, ahora es uno de los grandes benefactores y "desinteresados" colaboradores del gobierno y su "magna obra." El principal financista de la campaña del oficialismo, es el pueblo. El dinero del pueblo, el dinero de los petrodólares, de las remesas y de los impuestos que tan ágilmente recauda y extrae el Carlitos Marx Carrasco.
La realidad nuestra es esa: el oficialismo posee el dinero y los financistas, los otros, tienen la ley, que les impide un mayor accionar.
Nadie controla a este gobierno. ¿Cómo espera Xavier que creamos que sus postulados asépticos y teóricos sean válidos y aplicables en nuestro medio?
Ambas propuestas, la de Flores y la de GL, son bastante realizables en un medio en donde si exista un estado de derecho. Hoy por hoy, eso no existe. No son aplicables. No obstante, es mas fácil que el estado controle los aportes y a los aportantes, que financie "equitativamente" a los candidatos. En Ecuado estado y gobierno son bastardos sinónimos. Correa cree que él es el Rey Sol (El Jefe de Estado, en la concepción Correa dixit). ¿Con esa hecho, qué mas prueba se puede exigir, de que no se puede aplicar una "equidad electoral"?
Mientras la conciencia colectiva de los ecuatorianos sea la del permisivismo, de la impunidad, de la laxitud moral, del "ojos que no ven..." o de que la ley es letra muerta, cualquier forma de control electoral es una mera fanfarria.
RC, ese caso es uno de tantos...
JS, te podrías ahorrar unos cuantos adjetivos que no abonan nada al debate. Pero bueno, qué le vamo’ a hacer, ése es tu estilo: cada quien da lo que tiene. Entrémosle, en todo caso, al debate que tú propones. En principio, no encuentro que el CNE calce con todos esos adjetivos que tú le endilgas. La publicidad del Gobierno emitida con anterioridad al período electoral, en este caso concreto lo favorece, eso es cierto. Pero habría que admitir, en un primer momento y dato no menor, que esa publicidad es legítima y, de inmediato, que nada nos autoriza a pensar que esa publicidad surtiría el mismo efecto con otro Gobierno. (Así, un Gobierno impopular no se convertiría en popular por obra y gracia de la publicidad, por exagerada que ésta sea, con lo cual esta supuesta distorsión no parece tan relevante a efectos de criticar ambos sistemas en liza). Este punto de la publicidad es importante porque no pocas personas que se oponen al Gobierno suelen suponer que la popularidad del mismo (inédita en este país) se debe a la publicidad exagerada del mismo. Este argumento es tan simple que raya en lo ridículo y no parece resistir mayor análisis crítico. De otro lado, dices que GL basa sus argumentos en la realidad y citas como ejemplo la realidad de los gringos. Más allá de que el sistema electoral gringo en general (lo que incluye su sistema de promoción electoral) no es admirable (porque, entre otras tantas cosas, ese sistema no favorece la democracia deliberativa en la medida en que acota el debate a la agenda política entre "azules" y "rojos", con escasa posibilidad de matices y alternativas distintas -te recomiendo, para comprenderlo con risas, la lectura del capítulo VI "Campaigns and Elections: America Changes the Sheets" de "America (The Book). A Citizen´s Guide to Democracy Inaction. -With a foreword by Thomas Jefferson, del formidable Jon Stewart -me lo agradecerás) no se entiende cómo GL puede basar sus argumentos (tal como tú lo sostienes) en nuestra realidad a partir de la experiencia de los gringos (!?). Menos se entiende todavía la contradicción en que incurres cuando al principio mencionas que es “premisa de cualquier mortal sensato: todo lo que toca el estado, lo daña o lo entorpece” (una premisa muy curiosa, por decir lo menos) para más adelante afirmar que en “la tesis de GL, el estado se encarga de controlar las contribuciones a las campañas, se ocupa de que haya transparencia, y pone límites a lo que cada persona puede contribuír”. O el Estado daña y entorpece, o es útil y eficiente para regular, decídelo: porque ambas cosas, tal como las planteas, son incompatibles. Finalmente, que pongas como ejemplo de impedimento para “comprar la conciencia de los candidatos” el que Bill Gates financia ambas campañas (de demócratas y republicanos) es chistoso. Solo eso. Si lo piensas un poco más, puedes llegar a conclusiones distintas, que no nos hablan precisamente de un sistema fiable. En fin, sigámosla.
Freddy, he hecho eco de algunas de tus críticas (en particular, del símil con EE.UU.) al planteo del amigo JS.
VD, tu propuesta de “libertad de financiamiento con rendición de cuentas” suena interesante y habría que precisar sus términos. El problema, desde mi punto de vista, es que esa propuesta (si entendemos el término “libertad” de manera amplia como, por ejemplo, GL parece entenderlo) no garantiza las libertades de gobernar ni de elegir a los candidatos. (Es curioso, pero nadie todavía en este foro ha hablado del significado y los alcances de la palabra “libertad” en cada uno de los sistemas en discusión). Me parece que acotas el concepto de libertad porque rechazas los dos o tres financistas de antaño. Es curioso, porque entonces tu propuesta se acerca bastante al marco constitucional que regula la promoción electoral porque lo que éste pretende (artículo 115) es garantizar la equidad en la promoción electoral mediante (entre otras cosas) la prohibición de contratar publicidad en los medios de comunicación y en las vallas publicitarias, lo que no impide la financiación particular (admitida expresamente en el artículo 110) por vía de sus afiliados y simpatizantes, la que podrán invertir en todos los otros ámbitos que no están prohibidos en el artículo 115 (organización de mítines, distribución de afiches y propuestas programáticas, organización de debates, marchas, distribución de mercancía relativa al candidato, etc.). Es interesante el debate a plantear (que ya asomó en la intervención de JS) sobre la publicidad del Gobierno. Me parece que hablar de “monstruosa maquinaria propagandística lava-cerebros”) es subestimar el juicio de quienes tenemos la capacidad de elegir. (¿de verdad, el que esta elección parezca mero trámite, se debe exclusivamente a eso?) En la crítica al sistema de promoción electoral que yo defiendo mencionar un caso de eventual distorsión como el actual no predica demasiado, primero, sobre el que esa distorsión sea inherente al sistema, y segundo, sobre el que este sistema no sea preferible al que postula GL, por las razones de libertad que menciono en la entrada (y que, insisto, nadie se ha animado a debatir todavía).
JS, gracias por intervenir. No encuentro ninguna afirmación de Freddy donde él diga que él Estado debe controlarlo todo, como tú le atribuyes. Yo tampoco sostengo lo mismo. El marco de regulación de la Constitución tampoco lo sostiene (ya hice referencia a los artículos 110 y 115 de la Constitución, relevantes para esta discusión). Mencionas a IRC como benefactor y desinteresado colaborador del Gobierno (¡?) (no comprendo cuál es el problema con esa participación) para luego mencionar que el pueblo es quien financia la campaña del Gobierno: esa secuencia no tiene mucho de lógica. Peor aún, constituye una afirmación parcial, porque los recursos públicos financian la campaña del Gobierno y la de todas las otras personas que intervienen en el proceso electoral (que no exime de la posibilidad de financiación por parte de particulares de su campaña, como ya expuse en un comentario anterior). Tu postura de que, a pesar de todo, el Estado debería controlar los aportes y los aportantes se tornaría interesante si precisas en qué términos tendría que realizarse ese control y qué ideas defendería (por ejemplo, la de una mayor libertad –y cuál de las libertades en liza- o la de acercarse a una mayor equidad y en qué términos sucedería ese acercamiento). Salute.
Al Pana Utreras:
solo como anecdota, en la última campaña el amigo R. Standford, aporto a las dos campañas. Hoy día luego de su estafa gigantesca comprobada, el tipo está libre y sin riesgo de que le imputen de nada. No crees que a Bill Gates aporta a las dos campañas solamente para que su Monopolio, dentro de los EEUU, este garantizado 4 años mas.
"Todo lo que toca el estado lo daña o lo entorpece" Interesante!!, la metrovia es un sistema de transporte que mejoró el sistema en GYE, lo hizo el municipio, no te olvides que el municipio también es estado.
slds,
Alvaro Guzmán
Quisiera ser breve pero tengo poco tiempo.
Es evidente que ni el sistema gringo ni el ecuatoriano garantizan de por sí calidad y pluralidad de candidaturas. En las últimas elecciones en EEUU los votantes eran llamados a escoger entre dos partidos que prometían, de lejos, aproximadamente lo mismo (es decir, lo que transcendía de sus respectivos encuestas y focus groups), obligando a los comentaristas a diferenciar a los candidatos por detalles anecdótico-faranduleros como edad o color de piel (el elegido ahora, a pesar de haberse vendido como representante del “cambio”, ahora es insultado igualmente por Chávez: plus ça change). En Ecuador ahora se invita a escoger entre un partido de gobierno con veleidades fascistas y una “oposición” que más bien parece una pandilla de fugitivos de un manicomio victoriano, donde ninguno sabe siquiera lo que significa un programa de gobierno. Con una realidad tan desoladora, es comprensible su apego a la teoría, aunque sea desde el lado “ingenuo” (sic).
Es posible que la “libertad” del candidato a recaudar y a gastar sin límites derive, en algún caso concreto, a una merma de libertad por parte del gobierno, por las razones que indicas (tráfico de conciencias, chantaje, lealtades comprometidas): posible, pero no necesario. La lealtad de cualquier gobernante racional en una verdadera democracia siempre apuntará hacia sus votantes, de forma trascendente, por muy fuertes que sean las presiones que vengan “desde el lado oscuro”. En un país donde impera la ley, sea como que sea el sistema de votación, la compra de conciencias se descubre y se denuncia (tuvimos un caso no hace mucho en Inglaterra, de “compra de preguntas” en el Parlamento). Desafortunadamente, ni el sistema electoral más bucólico puede blindarse contra la influencia de los conocidos “lobbies” (et in Arcadia Glaxo), es decir, la posibilidad de compra de conciencias post facto. En un mundo ideal, los más interesados en controlar esto serían los partidos de oposición, las correspondientes denuncias se realizarían a través de los medios de comunicación masivos, y existirían cauces legales para que el pueblo exigiera responsabilidad en este y otros asuntos.
En cuanto a la “libertad de elegir” de los votantes, creo que una equidad artificial en cuanto a financiación y disponibilidad de espacios comunicativos no le ayuda en nada al votante ni le confiere más libertad, por las razones que expongo a continuación. Primero, lo que el votante quiere, presumiblemente, con independencia de su ideología, es un gobierno capaz y competente, no uno que utilice el fisco oportunistamente (por no hablar de la SS) para subsanar sus deficiencias administrativas. Es decir, quiero que el que yo vote sea alguien capaz de utilizar el dinero con imaginativa eficiencia, no un derrochador y me venga pidiendo a cada rato más plato porque, ups, acaba de darse cuenta de que todo se le ha ido en spots publicitarios, aviones presidenciales y canciones de cuna electoralistas. Por tanto, y esto es un tema importante, quiero ver si antes de ser elegido el partido en cuestión sabe conseguirse plata sin pedírmelo a mí. También quiero ver de dónde lo consigue (transparencia). Si le veo tan inteligente y tan persuasivo que sabe sacar plata limpiamente hasta de las fauces del demonio a través de donaciones carentes de cuadro de intoxicación posterior, es un gran punto a su favor. Si veo que va pidiendo auxilio a conocidos narcotraficantes, tal vez no tanto. Si veo que lo único que sabe hacer es sentarse en medio del patio, llorar y quejarse amargamente de que el mundo no es justo y que “se merece” una tajada de lo que pagaron los trabajadores al estado en el ejercicio en curso, pues también sacaré mis conclusiones.
Es decir: con los partidos al igual que con las empresas, el tener con qué gastar demuestra un historial de éxito, lo cual deviene en factor importante de decisión para el consumidor a la hora de comprar. Si yo tengo una nueva marca de refresco (llamámosla “Rockola Cola”), no tengo el “derecho” a posicionar mi bebida en todas las gasolineras al lado de la Coke y de la Pepsi. Ese privilegio tengo que ganármelo. Si el producto lo merece, sólo será cuestión de tiempo conseguirlo. Si no, nadie ha perdido nada.
Es decir: el mercado es darwiniano y el mercado electoral, para que funcione bien, pues también habría que serlo. Las propuestas carentes de seriedad no se merecen ayuditas del estado a la hora de publicitarse. Eso es sólo brindar protección artificial a mutaciones indeseables, a perdedores natos. En Ecuador en este momento, hasta hay una religiosa evangélica pidiendo nuestro voto para presidenta (se me eriza la piel). Un poco de seriedad, señores, por favor.
Y encima, puestos a ser equitativos, ¿por qué limitarse al financiamiento de los partidos? ¿Por qué no insistir en que todos los spots tengan la misma duración, todos los anuncios sobre papel utilicen el mismo tipo de letra, y todos los candidatos tengan el mismo maquillaje? Aquí, como en todos sitios, la equidad se demuestra reñida con el sentido común. Pero me estoy saliendo del tema.
La única libertad que cuenta aquí es la del individuo en todas sus facetas, como votante o candidato o gobernante, pues garantizando ésta, se garantiza todo lo demás. Y libertad significa ni más ni menos que la ausencia de coerción, es decir, en términos prácticos, y en la medida de lo posible, la ausencia del estado, siendo éste el único ente coercitivo de que hemos de preocuparnos hoy en día. Es decir, yo como individuo tengo derecho a postularme como candidato, sin que el estado se meta diciendo que tengo que recoger firmas, o demostrar tantos años de residencia, o tener un “movimiento” que siga una serie de absurdos criterios de “paridad”, etcétera, o cualquier otro tipo de traba artificial. A partir de ahí, me corresponde a mí conseguir fondos y luchar por mi posicionamiento en el mercado electoral. Nadie tiene por qué ayudarme si no quiere, y menos los sufridores pagadores de impuestos.
Al "compañerito" Alvaro
Estos son algunos de los aportes de don Stanford:
http://www.campaignmoney.com/political/contributions/r-stanford.asp?cycle=08
(Los gringos obligan a ese tipo de transparencia. No como en Ecuador, en donde al Fabricio Correa no le cuadran las cuentas de la campaña de su broder)
R. Stanford está libre temporalmente. Y no precisamente porque tiene en su bolsillo a la justicia gringa, sino porque muchos de sus sus negocios y/o delitos ocurrieron fuera de la jurisdicción gringa. Sus negocios eran off-shore. No obstante, y a pesar de ello, en suelo gringo, el grupo Stanford enfrenta sendas querellas, y hasta en su portal de internet están forzados a informar a todos sobre dichos procesos.
http://www.stanfordfinancialreceivership.com/
El pequeño detalle aquí, es que en gringolandia, a diferencia de lo que ocurre en Ecuador, se considera inocente a la persona o empresa, hasta que se demuestre lo contrario, y no se procede de manera arbitraria, y al margen de la ley, a ejecutar el castigo, cual horda sedienta de sangre, que viene y lincha, sin ningún proceso de por medio. Hemos visto como el ciudadano-candidato-presidente economista y sus acólitos ya sentenciaron a priori y sin fórmula de juicio, que fulano o mengano es criminal o ha violado la ley, y han procedido a expropiar, expulsar, confiscar e intervenir sus bienes, empresas y cuentas, por encima de cualquier proceso legal, y al margen del derecho y la ley. Ojo, curiosamente no hemos visto un "robusto y serio" debate al respecto, iniciado por Xavier, en defensa del legítimo derecho a la defensa que ampara a estos grupos o personas, mas allá de las simpatías o antipatías que en nosotros despierten los afectados, (Isaías, BNDES, Petroleras, Deudas ilegítimas, etc) y mas allá también de si a nuestro juicio son en realidad culpables. El punto es que no se les puede negar el derecho a la defensa, y tu pana Correa así lo ha hecho.
Por otro lado, y para reciprocar a Alvarito, le cuento el caso de don Bernard Madoff, chulquero refinado, que superó al notario Cabrera, también contribuía con dinero a las campañas de demócratas y republicanos. No obstante, eso no le otorgó "inmunidad", (mejor conocia en el bajo mundo ecuatoriano como sardónica risa de cinismo de Correa et al en sus momentos de impunidad) al señor ese, y no se libró de la ley, y va ha pasar el resto de sus días tomando el sol tras las rejas, por mas millones, contactos, influencias y beneficiarios de sus donaciones. ¿Y sabes por qué? Porque mal o bien, en gringolandia existe una conciencia colectiva que cree que nadie está por encima de la ley, existe un estado de derecho, al contrario de lo que acontece en nuestra particular forma de ver las cosas en Ecuador. La impunidad es mas difícil por estos lares. Te caigan bien, o no, los gringos.
Pues bien, por pura joda, pero... !chucta herrrmano!, ¿y ahora cómo le haces para contrareplicar a lo que te he soltado aquí?
Mencionas a IRC como benefactor y desinteresado colaborador del Gobierno (¡?) (no comprendo cuál es el problema con esa participación) para luego mencionar que el pueblo es quien financia la campaña del Gobierno: esa secuencia no tiene mucho de lógica.(sic)
Para empezar, Isidro Romero Carbo era un "convencido" socialcristiano. El hecho de que ahora colabore con una robo-lución couministoide, solo indica la nula o fingida ideología del sujeto, y revela que a estos sujetos solo los mueve la ambición y los negocitos. Demuestra también como el juepucta aquel, no tiene empacho ni engorro en aceptar la colaboración de un famoso financista de la otrora partidocracia. Así mismo, la calidad moral y ética del colaborador y de quien acepta su "desinteresada" colaboración quedan en tela de juicio. Otra cosaa mas, ¿cómo así IRC pasó a convertirse en el mayor constructor del gobierno? ¿Qué concurso hubo, y cuándo ganó dicho concurso público? ¿No es uno de los famososo beneficiarios de los jugosos contratos de las asignaciones a dedo de las famosas emergencias del correato?
Tal parece tienes algún problema de lectura comprensiva, pues el lo que se menciona, es que en nuestro país, los candidatos buscan rodearse de mecenas, y Correa no es la excepción, a pesar de que ya cuenta con los dineros públicos, con los que dispone a sus anchas, y a pesar de que ya está en vigencia la ley de "equidad electoral"
Finalmente, Xavier, ¿eres tan inocente como para no creer que existen sucios intereses de por medio en esta relación IRC-Gobierno? ¿Tu, en serio crees que IRC colabora desinteresadamente con este gobierno? ¿No te inquieta al menos un poquito todo esto? C'mon! You can do better than that pal!
Gracias Xavier por continuar este tema de la entrevista en tu blog. Es un debate interesante. Para continuar con mi postura creo que debemos diferenciar entre la libertad del candidato y la del candidato electo (presidente, alcalde, diputado, etc.).
La mayor libertad del candidato está en poder promocionarse de la mejor manera para aspirar ganar. Esto implica gastar plata. La suya, la que le hayan prestado, la que le hayan donado. De esta forma puede darse a conocer. Viendo al candidato como un producto de consumo, la libertad para promocionarse es igual a la de cualquier producto, digamos una cerveza, para darse a conocer a través de una campaña publicitaria. El sistema actual viola esa libertad, al impedir al candidato promocionarse como crea conveniente y gastando los fondos necesarios. El sistema actual lo obliga a un espacio determinado de exposición, poniéndolo en desventaja frente a caras conocidas (motivando a los partidos a candidatizar a más "rostros de la farándula") y sobre todo frente al candidato que va por la reelección (hoy los vemos con Correa, Nebot, etc.). Creo que por ese lado, la verdadera libertad está en permitir que cada quien se promocione como mejor le convenga.
Ahora, tú tratas la libertad del candidato electo una vez que ocupa el cargo, digamos Presidente. Y con razón dices que varias de las donaciones que recibió vendrán con piola. Es verdad. Se da aquí y en todos lados. Pero creo que es preferible un sistema que pueda traer ciertas limitaciones a la libertad para gobernar –limitaciones que en realidad dependerán de la personalidad y capacidad del Presidente para pararle el carro a sus donantes— frente a un sistema que impide a los candidatos a darse a conocer y por lo tanto tener la oportunidad de ganar.
En pocas palabras, es preferible un sistema que de al candidato la libertad para ganar, aunque después deba combatir ciertas imperfecciones de esta libertad; a un sistema que simplemente impide ganar al candidato desconocido.
Un abrazo Xavier y continúa pedaleando en tu blog…
Álvaro, me interesa que sigas el debate sobre Stanford. Sobre la frase acerca del Estado, no solo es contradictoria con los propios dichos de su emisor, sino que no es difícil encontrar ejemplos de que es absurda. A seguirla.
ER, gracias por intervenir. Tengo varias observaciones a tu comentario. En principio, el argumento que utilizas para reivindicar la libertad del candidato “a recaudar y gastar sin límites” que puede derivar en una merma de libertad del gobernante que es “posible, pero no necesaria” puede predicarse perfectamente del sistema que yo postulo, que propugna la equidad en la promoción electoral. Son posibles sus distorsiones, mas no son necesarias. Dicho lo cual, este argumento no abona mayor cosa a favor del sistema, llamémoslo así, “libertario” de promoción electoral que tú defiendes. A continuación, mencionas que la lealtad de un “gobernante racional en una verdadera democracia” apuntará siempre “a sus votantes” aunque sean “muy fuertes” las presiones que vengan “desde el lado oscuro” (en este último caso, el entrecomillado es tuyo). Ese enfoque, que incluye una serie de condiciones previas de difícil cumplimiento (gobernante racional, verdadera democracia, atención a los votantes a pesar del financiamiento del lado oscuro) peca de ingenuo. (Ojalá tuvieras una opinión tan laxa y bondadosa en otros temas que tratas; o mejor todavía, ojalá tuvieras la misma firmeza para criticar todos los temas de tu interés con similar firmeza). El análisis se torna incluso más ingenuo si le añades la influencia posterior de los conocidos lobbies (que tú mismo mencionas y que podríamos llamar coloquialmente culebras para efectos de esta exposición) y la debilidad institucional del sistema judicial, entre otros factores que merecen tomarse en cuenta.
Luego, mencionas qué es lo que el votante quiere: afirmas que su volición se refiere a que quien pretenda persuadirlo deberá conseguir dinero sin pedírselo a él (vía impuestos). No creo que esto sea lo que el votante quiera, de veras. Me parece que es mucho más lógico, ya que se trata de una elección, que el votante quiera informarse de las opciones a elegir que tiene (puede haber opciones que privilegien la inversión social u otras que prometan la reducción del tamaño del Estado a su mínima expresión: el ciudadano informado que escoja): el que el votante tenga esa posibilidad real de escoger no debe depender solamente (por distintas razones que se mencionaron antes) de su posibilidad de conseguir dinero porque es evidente que si solo depende de esta posibilidad no se satisfará el interés del votante de conocer la mayor cantidad y de mejor manera las opciones que tiene para escoger.
Considero un error pensar en los partidos como empresas (una idea que postuló Pascual del Cioppo en relación con su administración del PSC, lo que no parece muy auspicioso) no solo en términos de “administración del partido” sino, y mucho más todavía, en relación con la oferta electoral. Esta idea es muy interesante de debatir (y estoy trabajando unas líneas al respecto) porque implica la idea (tributaria de John Stuart Mill) del libre mercado de ideas. Este libre mercado de las ideas supone que la mejor política en materia de libertad de expresión (que en definitiva, de eso estamos hablando cuando hablamos de la posibilidad de un candidato de expresarse y, más todavía, de una audiencia de escuchar esa expresión –la doble dimensión, tantas veces dicha, del derecho a la libertad de expresión) es la ausencia de política y que lo que cuenta, en términos electorales, es que la idea del candidato resulte atractiva para algún grupo. El problema de este libre mercado de las ideas en materia de promoción electoral es, como podrás intuir fácilmente de líneas anteriores, que muchas voces quedan fuera del conocimiento de los votantes, sea porque no tienen los nexos, o porque no defienden intereses corporativos, o porque defienden ideas que en esa coyuntura aparecen como impopulares, o porque no tienen ellos mismos el dinero para financiarse, y puede sumarse y seguir. La postura de promover una mayor equidad en la promoción electoral sirve, en este punto, al interés de satisfacer de mejor manera la libertad de expresión (tanto la de los candidatos que, de otra manera, serían por distintos factores ya apuntados, silenciados, como la de los votantes que serían privados de conocer opciones electorales diversas). Para cerrar, una referencia a las propuestas “carentes de seriedad”: me parece equivocado sostener que esas serán (solamente) las que se queden fuera. Las razones fueron expresadas arriba. En todo caso, prefiero que se presenten tipos poco serios, que dejar la calificación de la seriedad a financistas eventuales.
El párrafo aquel de “puestos a ser equitativos”, blablá, comete el error frecuente de confundir equidad con homogeneidad. No hay tal cosa. El absurdo de tus ejemplos lo comprueba.
Finalmente, sobre el último párrafo de tu intervención, que lo empiezas con la mención de que la libertad garantiza todo lo demás: no es para nada evidente que exista tal garantía. La libertad es un alto valor a defenderse, pero no es una garantía para erradicar una serie de problemas sociales, ni mucho menos. El tema da para mucho, pero será en otra ocasión. Luego, mencionas que el Estado es el único ente coercitivo de que hemos preocuparnos hoy en día: no es cierto. Podemos preocuparnos por las violaciones a derechos que cometen particulares (en derecho hay toda una teoría al respecto, de origen alemán, la Drittwirkung) o, más todavía (y curiosamente, con herramientas tales como financiar gobiernos y movilizar poderosos lobbies) las empresas transnacionales. En fin, hay mucha tela para cortar. Sigámosla.
Mañana comento los dichos de JS, KM y GL. La noche se viene corta y mañana el día es largo y empieza temprano. (Además, por prescripción de mi dentista, no puedo tomar café hasta mañana, ¡chiale!).
Salute.
Solo el tiempo nos dirá que pasa con Standoford, pero sin duda deja serias dudas sobre porque Standford aun está libre y una ejecutiva top de la firma si está presa por co-conspiradora. Se pudo aplicar la misma figura para el personaje. Talvez la justicia divina gringa lo termine encarcelando como se merece.
Sin embargo estas grandes estafas, solo explotan ahora por la crisis financiera mundial caso contrario, tranquilos estarían Madoff y Standford. Sin embargo los aportes a campañas democratas y republicanas si sirvieron talvez para que puedan trabajar fuera de la ley por mas de 20 años. O crees tu que se puede esconder un fraude de este tamaño durante tanto tiempo sin la ayuda de gente en puestos claves de los diferentes gobiernos?
slds,
AG
Xavier:
Es cierto, cuando hablé de una “verdadera democracia” estaba hablando de un mirlo blanco (y me alegra que lo hayas reconocido así, con tu comentario de que esto, a la par de la “racionalidad” del gobernante, son condiciones “de difícil cumplimiento”, digamos, que poco o nada tienen que ver con lo que estamos viviendo ahora). Desde el principio de mi exposición quise hacer hincapié en lo teórico de mi enfoque (no sé si conseguí dar a entender esto, escribía con mucha prisa antes de entrar al curro). Sin embargo, y siempre desde la teoría, si el signo de “una verdadera democracia” es la corresponsabilidad para con los electores (estoy intentando traducir “accountability”, no me sale), es decir, la posibilidad de que los electores puedan exigir, de forma contundente, fiel cumplimiento de los compromisos que el gobierno ha adquirido hacia ellos, entonces decir que en un sistema así los compromisos adquiridos hacia particulares o empresas a través de las deudas de campaña ocuparían un segundo plano bien inferior, no es apenas más que una verdad de Perogrullo. Ahora, ¿por qué es tan difícil encontrar ejemplos reales de tal “corresponsabilidad”, de tal escrupulosa fidelidad hacia el programa electoral? ¿Por qué el hablar de gobiernos “mandados” por sus votantes es (de acuerdo), “ingenuo”? ¿Por qué los gobiernos, en la práctica, y desde que el mundo es mundo, y notablemente en el caso ecuatoriano de ahora, se dedican siempre, en diversa medida, al enriquecimiento personal de sus miembros y/o a la satisfacción de poderosas exigencias sectoriales ajenos a los intereses del electorado? Pues para mí la razón es básicamente: porque se lo permitimos. Porque les concedemos a los gobiernos demasiado poder, demasiadas atribuciones. Porque votamos sus arrogantes y totalitarias constituciones. Todo lo contrario de un gobierno limitado. Cuanto más limitado, más democracia habrá, y más libertad para todos. Es decir, para mí el problema de raíz no es “cómo elegimos al gobierno” sino “qué atribuciones le prestamos, qué facilidades le entregamos para robarnos, traicionarnos, esclavizarnos y burlarse de nosotros”. Lo cual, ya lo sé, nos lleva fuera de este debate hacia otro completamente distinto.
En todo caso, tu énfasis en el papel de los “lobbies”, que ya mencioné, no hace más que darme la razón al señalar que no son necesarios los sistemas electorales “libertarios” (sic) para que un gobierno cualquiera se quede sometido a los designios de poderosos y posiblemente oscuros intereses. Si soy una empresa transnacional y busco inmunidad para (pongamos por caso) envenenar a la población y dañar el medio ambiente, en contra de los intereses y los deseos del electorado, entonces, de acuerdo, si existe la posibilidad de financiar la campaña de un partido que tal vez pueda apoyarme en este sentido, lo haré, pero si no existe tal posibilidad (por culpa del sistema electoral, puede ser, pero igualmente podría ser por otras causas) me quedaré todavía tranquilo contemplando el sinfín de medios alternativos que todavía tengo a mi alcance para influir en la política en el sentido que me conviene. En resumen: los gobiernos son corruptibles y descarriables sea cual sea la forma en que sus campañas son financiadas. Para que sean menos corruptibles, me parece que el debate se tendría que plantear en otros términos.
Ahora, cuando hablas de la libertad del votante para conocer las distintas opciones en juego, convengamos en que ésta es un bien altamente deseable. Pero aquí debo insistir en mi argumento anterior, porque te noto cierto afán retórico de distorsionarlo (“No creo que esto sea lo que el votante quiera”): no estoy diciendo que lo único que le interese al votante sea ver la manera en que el partido consigue y maneja el dinero, ni siquiera que esto sea lo más importante para él (es poco probable que lo sea), sino simplemente que es uno de tantos factores que el votante puede querer observar y que le podría influir a la hora de decidir, aunque sea de forma inconsciente; más o menos como aquella persona que busca un colegio para su hijo, a quien le interesará ver los programas de estudios, pero también si tienen plata para pintar las aulas, y si esa plata es realmente del colegio y no una dádiva del estado, que en cualquier momento puede cortar esa ayuda y dejarla en nada. Y aquí, la “equidad” impuesta le juega al votante un flaco favor, pues da una pátina de seriedad a opciones que realmente no merecen ser tomadas en serio. Insisto: si soy incapaz de convencer a unas cuantas personas, organizaciones o empresas para que me apoyen con donaciones, con independencia de mi ideología, no merezco ni ser considerado para gobernar un país. (Esto, a propósito, suena muy parecido al argumento que dan acá para limitar, de entrada, la cancha electoral a las agrupaciones que hayan conseguido no sé cuántos miles de firmas: “si nadie quiere firmar tu propuesta, estás excluido”. Sin embargo, notarás que mi versión de lo mismo, en el que el propio candidato se autoexcluye por carencia de fondos, es menos coercitivo, pues nadie en ningún momento le ha dicho que “no puede” ser candidato: simplemente es la realidad (de su propia incompetencia) que se encarga de eliminarlo, y siempre le queda la esperanza y el milagro. Supongo que convenimos en que, en tu sistema preferido, se vuelve necesario un proceso eliminatorio coercitivo de algún tipo. Imagina ser votante en una elección con varios miles de binomios presidenciales fruto de caprichos personales, todos financiados por el estado, todos “con derecho” a espacios televisados. Luego calcula el costo de eso. ‘Nuff said.)
Y es que el tema del costo es precisamente lo que pareces querer evitar o minimizar: hablas como si las dos opciones, la del partido autofinanciado y del partido subvencionado en su campaña por el estado, fueran de entrada y a vista superficial igualmente válidos, para que sea necesario un argumento adicional a favor del primero (“este argumento no abona mayor cosa a favor de [tu] sistema”, etcétera); en realidad, el sentido común nos dice que cualquier cosa que puede financiarse sin ayuda del estado, en ausencia de buenos argumentos en contra es mejor que se financie así, simplemente para ahorrarle presión fiscal a los contribuyentes. En términos prácticos, yo como contribuyente no me veo aplaudiendo con gratitud a un estado capaz de regalarle dinero a Alvaro Noboa, por Dios. (Llegados a eso, los saltos de alegría que doy cada día celebrando que el dinero de mis impuestos sirva para pagarles las chelas a los colaboradores de El Telégrafo han sido hasta la fecha fenómeno elusivo para los más tozudos investigadores, pero eso es (quizás) otra historia.)
En resumen, creo que en el sistema que yo propongo, en que cada partido u opción electoral tiene que buscarse la vida, no afecta necesariamente la libertad de nadie, pues todas las opciones empiezan con la posibilidad de recaudar fondos entre su electorado natural (sean sindicalistas, sean grandes o pequeñas empresas, sean tendencias religiosas, etcétera), hacer una campaña efectiva llegando a la gente, y ganar votos: los que no lo consiguen por falta de “nexos” (sic), de fondos o de lo que sea, sólo pueden culparse a sí mismos por esta incapacidad que, insisto, con casi total seguridad se traduciría a una incapacidad mucho más vistosa a la hora de detentar el poder. Asimismo, creo que la posibilidad de que tal sistema degenere en corrupción y en compromisos poco éticos existe también para otros sistemas, y la solución a esto tiene que ver con cambios en otros parámetros constitucionales bien distintos. Y finalmente, creo que lo que estamos viendo en Ecuador en este momento demuestra lo inmensamente ingenuo que resulta cualquier intento de imponer equidad a través del estado. Es como si (y en esto estoy plenamente de acuerdo con JSUC) la mera asociación del estado en cualquier iniciativa tergiversa toda buena intención y transforma la búsqueda de la equidad en la realidad de la opresión. ¿O tal vez querrás argumentar que el espacio mediático acaparado por el partido del gobierno está en proporción justa y equitativa con el ocupado por los partidos de oposición? En serio, me gustaría conocer a alguien que pudiera aseverar eso con las manos visibles, con cara de póquer y sin realizar maniobra de distracción alguna. Sería refrescante.
JS, no se hace difícil. En principio, te aclaro que la entrada era sobre promoción electoral, con lo cual todo este discurso sobre la justicia norteamericana se me torna plenamente insustancial para el debate. Extiendo a los Estados Unidos de América mi sincera felicitación por ese sistema judicial (es un país al que admiro mucho –a pesar de todos los prejuicios que se nos endilgan a las personas que defendemos un pensamiento de izquierdas- y lo admiro por muchas razones, entre ellas porque lo conozco y he viajado en algunas ocasiones por él –e incluso estudié allá secundaria y cursos universitarios, en Dallas y Washington D.C. respectivamente- y porque su historia me parece fascinante –te recomiendo al respecto el libro “A People´s History of the United States de Howard Zinn –en español, “La otra historia de los Estados Unidos”) y te extiendo también mi felicitación por vivir en ese país. Solo para matizar un poco tu entusiasmo judicial, te cuelgo un enlace que te conduce a un reporte con el decidor título de Jailed without Justice realizado por AI, sección USA. El enlace es el siguiente: http://www.amnestyusa.org/uploads/JailedWithoutJustice.pdf Acá, la entrevista por la cual llegué a conocerlo, en DemocracyNow (te recomiendo la suscripción): http://www.democracynow.org/2009/3/25/jailed_without_justice_new_report_on Por lo demás, sobre por qué no inicio los debates robustos, etc. sobre los casos de Isaías et al. ya hice este argumento de respuesta para KM en una entrada anterior. Neta, por mor de brevedad, a ella te remito: http://xaflag.blogspot.com/2009/03/pinche-gordo-ladron-y-dos-certezas.html (es el antepenúltimo comentario).
KM, no entiendo todo este quilombo y lo considero absurdo. IRC es, valga lo que valga, un empresario, con lo cual es muy evidente que lo “mueve la ambición y los negocitos”. (El despectivo, en tu frase que me permito citar, sobra.) No entiendo por qué el Gobierno no puede establecer relaciones con una persona que quiere realizar negocios y en cuya relación medie (pero es que es tan, tan evidente) el interés. (¿Pero es que podría ser “desinteresada”? ¿Pero a quién se le ocurre esa necedad…?) No entiendo a cuento de qué estos compartimentos-estancos de la ideología, etc. En fin. Ah, por cierto, todas esas dudas que abrigas sobre la naturaleza de los negocios entre IRC y el Gobierno, yo no tengo respuesta para ninguna. ¿Por qué no averiguas y nos cuentas? Porque quien afirma una sospecha es quien tiene la obligación (para que la sospecha no sea un penoso bluff) de sustentarla. Suerte en la pesquisa.
GL, gracias por aceptar la invitación e intervenir en este debate. En principio, me parece que hace falta introducir un elemento adicional para el debate, que yo postulé en esta entrada: el de la libertad de los electores. En un comentario anterior, formulé una crítica a esa consideración de los candidatos como productos a disposición de un mercado consumidor porque un sistema que se fundamente en este “libre mercado de las ideas” (una idea, como apunté en el comentario anterior, de estirpe milleana) tiende a dejar fuera del conocimiento de los votantes a los candidatos que no tienen la popularidad (lo que, me concederás, no predica mayor cosa del contenido de la propuesta política), el dinero propio o los nexos necesarios para convertirse en “producto” electoral. O dicho, en otras palabras, se viola la libertad de los votantes, en específico, su libertad de expresión, en la dimensión de acceder al mayor número y calidad de ideas posibles (máxime todavía si hablamos de ideas que importan en la arena política, porque se traducen en votos y en gobernantes, etc.).
Me interesa, en todo caso, tu crítica sobre la desventaja frente a figuras conocidas (“rostros de la farándula” como bien apuntas –“cholifarándula”, creo que le dicen ahora). Ese es un efecto posible. Pero creo que sí existen contrapesos contra ese efecto (pienso, en clave local, de las posibilidades que franquea el artículo 110 CPE y que deberían ser potenciadas por los candidatos: organización de mítines, distribución de afiches y propuestas programáticas, organización de debates, marchas, distribución de mercancía relativa al candidato y se puede sumar y seguir) que merecen explorarse. Sobre la ventaja del candidato a la reelección, puede decirse que no es una ventaja inherente al sistema que yo propongo, tal como convinimos ese día en la radio: hoy funciona, digamos, para Correa o Nebot, pero si los candidatos fueran impopulares no tendrían ventaja alguna (acaso desventaja). En todo caso, este asunto debería ser materia de una regulación adecuada (lo que, por cierto, no necesariamente evitará que existan distorsiones del sistema).
En definitiva, me parece que subestimas las limitaciones para gobernar que suponen esas fuentes de financiación (la política es un juego de manos sucias nos lo advirtió Sastre y dudo que quien puso dinero en una campaña se quede “como el pavo” sólo porque el Presidente tiene personalidad -¡?) y me parece que tendríamos que tomar en cuenta para el debate una libertad que no fue mencionada en tu intervención con la que abrí esta suerte de réplica a tu comentario: la libertad de expresión de los votantes de acceder a información sobre los candidatos. Sigamos pedaleando el debate, un abrazo.
Salute.
Aceptémoslo la política en este país es puro marketing. Llegar a Carodenlet, en vez de ser un servicio, aquí es un premio.
Nadie invertiría su dinero sino piensa recuperarlo luego.
Yo soy de quienes abogan por menos intervención estatal, reducción del gasto público y menos impuestos. Sin embargo en este tema específico, le doy la razón a Xavier.
La contienda política es un juego estatista, y si vamos a jugar al Estado, hay que jugar bajo sus reglas.
Yo opino que el Estado debería designar un monto para cada candidato y no se debería permitir que se gaste más de lo acordado. Solamente así se crearían las condiciones adecuadas para vivir en la democracia en la cual dicen creer.
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