El
poder de los medios de comunicación privados (en adelante, MCP) merece
regulación para evitar sus posibles abusos que violan nuestra libertad de
expresión. Esta primera frase sostiene todo lo contrario de lo que, usualmente
y de manera irresponsable, se sostiene en los MCP. Esos sostienen que la única
entidad que puede violar el derecho a la libertad de expresión es el Estado,
que la mejor regulación en esta materia es la que no existe y que la libertad
de expresión se la protege cuando se protege su derecho (el de los MCP) de
expresarse. Todo eso es falso.
Empecemos
por definir la libertad de expresión. Para los MCP, la libertad de expresión se
reduce a su derecho de expresar la información que consideren pertinente y su
opinión. Este concepto de libertad de expresión es diminuto y sesgado. Para
refutarlo, nadie mejor que esa entidad que los propios MCP invocan, a ratos, en
su auxilio: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la misma Opinión
Consultiva OC/5 tantas veces citada para criticar (con razón) la exigibilidad
de título para ejercer el periodismo, la Corte estableció que la libertad de
expresión tiene una dimensión social que implica “un derecho colectivo a
recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.
Este “derecho colectivo” no se satisface cuando solamente las leyes del mercado
regulan la libertad de expresión porque, para decirlo con palabras de Luigi
Ferrajoli, en esa circunstancia “el pensamiento, la opinión, la información, se
convierten en ‘mercancías’ cuya producción se vincula a la propiedad del medio
de información y a las inserciones publicitarias: por lo tanto son bienes
patrimoniales, en vez de derechos fundamentales”. Ferrajoli denomina a este
hecho, “la confusión conceptual entre libertad de información y propiedad
privada de los medios de información”.
Esta
“confusión conceptual” provoca distorsiones en la información que recibimos
(distorsiones que padecemos a diario) y viola, en consecuencia, la dimensión
social de nuestro derecho a la libertad de expresión. El remedio está, como
dijera (paradójicamente) Luis A. de Bonald, “en las Leyes”, esto es, en la
adecuada regulación legal: una regulación que proteja la dimensión social de la
libertad de expresión. Las garantías que debe contener esta adecuada regulación
incluye la prohibición de monopolios y oligopolios, la distribución equitativa
del espacio radioeléctrico, la creación de medios públicos y comunitarios, la
protección a la libertad y la independencia de los periodistas (reserva de
fuente, cláusula de conciencia), la promoción de mecanismos de autorregulación,
el establecimiento del defensor del público y de mecanismos de rectificación o
respuesta. Que los MCP no discutan estos temas es consecuencia de su “confusión
conceptual”, precisamente.
En
consecuencia, los MCP suelen violar nuestra libertad de expresión y la
regulación legal es necesaria para evitarlo y para proteger la dimensión social
de nuestro derecho a la libertad de expresión: protección que, sobra decirlo,
nos beneficia a todos y no solamente a unos cuantos que la distorsionan porque
no la entienden.
