El 24 de octubre

Tal día como hoy del año 1809, en San Francisco de Quito, los revolucionarios de agosto concluyeron su experimento de autogobierno dentro del Reino de España y volvieron a reconocer la plena autoridad del Conde Ruiz de Castilla. La revolución que se hizo en Quito para sostener “la pureza de la Religión, los Derechos del Rey, los de la Patria” (así se lee en el acta que se levantó el 10 de agosto) duró apenas setenta y seis días. 

La mejor explicación de su corta duración es que no fue una revolución que se hizo por las provincias vecinas de Cuenca, Guayaquil y Popayán, sino que fue una revolución que se hizo contra las provincias vecinas de Cuenca, Guayaquil y Popayán. No se luchó contra el Reino de España por la libertad, se luchó (al menos hipotéticamente) contra los franceses en ardorosa defensa del Reino de España. Por esta lucha contra los franceses fue que justificó los sucesos de agosto el ministro revolucionario Rodríguez de Quiroga, en los siguientes términos: “Puesto que Quito era uno de los reinos del monarca tenía tanto derecho como Asturias para establecer una junta de gobierno”.

A imitación de Asturias, en San Francisco de Quito se estableció una Junta de Gobierno para administrar el territorio de la provincia de Quito. Esta Junta de Quito rompió con años de dependencia de uno u otro Virreinato para la administración de su territorio. Pero esta Junta de Quito también quiso administrar los territorios de las provincias vecinas de Cuenca, Guayaquil y Popayán. 

Para atraer a estas provincias vecinas, la Junta de Quito mandó unas legaciones diplomáticas a sus territorios. A Popayán se envió a Antonio Tejada y Manuel Zambrano. Tejada declinó su participación y, a Zambrano, las autoridades de Popayán primero le dieron largas y luego le impidieron la entrada a la provincia.

La Junta de Quito envió a la provincia de Guayaquil a Jacinto Sánchez de Orellana y José Fernández-Salvador. Le mandaron una carta al Gobernador de la provincia, Bartolomé Cucalón, que les respondió que a lo único que se comprometía, era a tratarlos “sin impropiedad”. Con tan exiguas garantías, Sánchez de Orellana desistió de seguir el camino a Guayaquil; Fernández-Salvador sí lo siguió, pero para convertirse en un delator. 

A Salvador Murgueitio y Pedro Calisto, enviados por la Junta de Gobierno a la provincia de Cuenca, las autoridades de la provincia no les autorizaron el ingreso y ellos de ninguna manera estaban para insistir: ambos traicionaron a la revolución a la que servían y empeñaron sus esfuerzos contra ella, Murgueitio en Riobamba y Calisto en toda la provincia. 

También intentó la Junta de Quito imponerse por las armas y no le fue mejor. A mediados de octubre de 1809, tras haber ingresado sin autorización las tropas de Quito a la provincia de Popayán, las tropas quiteñas y payanesas trabaron combate en las batallas de Funes (también conocida como “batalla de la tarabita de México”), Sapuyés y Cumbal. En todas perdieron los quiteños.  

Tras estas derrotas, llegó el 24 de octubre de 1809, que fue el día en que los revolucionarios capitularon ante la autoridad real y volvieron a la sujeción de un Virreinato, como había sido por siglos en esta parte de los Andes. 

Los primeros días de Santiago

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de octubre de 2025.

Santiago es el nombre castellano de una ciudad que Diego de Almagro fundó para entrar a una negociación en los tiempos de la conquista de América. En los Andes, los conquistadores del bando del adelantado Pizarro estaban sometiendo la provincia de Quito, cuando tuvieron la noticia de la llegada a ese territorio de otros conquistadores bajo el mando del adelantado Alvarado. 

Pizarro era el gobernador del territorio que se estaba conquistando y Diego de Almagro era su teniente de gobernador en la provincia de Quito, con facultad para fundar ciudades y villas en el proceso de conquista. Santiago fue la primera y fue una fundación en toda la regla, con alcaldes, regidores y vecinos. 

En palabras de los historiadores Dora León y Ádám Szászdi, con la fundación de esta ciudad se quiso reforzar “el derecho al territorio que el rey había concedido a Pizarro con una clara señal de que su título no sólo era de jure, sino también de facto” y también se le quiso poner una barrera a Alvarado “ante sus pretensiones de avanzar hasta el Cuzco, para que se viere obligado a atropellar la justicia real, en las personas de los alcaldes ordinarios, si pretendía proseguir su marcha hacia el sur”.

En la ciudad de Santiago se discutió entre los conquistadores del bando de Pizarro, acerca de cómo enfrentar a Alvarado y su hueste. Almagro se dirigió a los conquistadores reunidos en el cabildo de la ciudad de Santiago para decidir “si será bien estorbarle y resistirle que no pase ni ande por esta dicha Gobernación, para excusar los daños que ha hecho y podía hacer andando en ella, o si le dejara pasar y se irá adelante con alguna gente”.

Finalmente, en la ciudad de Santiago se reunieron Almagro y Alvarado. Se evitó el combate entre sus huestes, porque se llegó a un acuerdo: el pago de 100.000 pesos de oro al adelantado Alvarado para comprar sus naves, dejando en libertad a los que vinieron con él para quedarse en la conquista con el adelantado Pizarro o volverse con él por donde habían venido.

Antes de partir al Sur para que Alvarado reciba el pago acordado, en la ciudad de Santiago Diego de Almagro fundó la villa de San Francisco, para ocupar un poblado indígena situado al Norte (para este traslado Almagro encargó a un subordinado, Benalcázar). Todos estos acontecimientos ocurrieron en una quincena de agosto del año 1534, en la provincia de Quito que se estaba sometiendo a mayor gloria del rey de Castilla.

Ambas, la ciudad de Santiago y la villa de San Francisco, se mudaron de su lugar de fundación (estos traslados no implicaban nuevas fundaciones; la fundación es un acto único, como el nacimiento de una persona). San Francisco lo hizo dentro de la provincia de Quito, por lo que conservó su topónimo original y quedó como San Francisco de Quito.

En el caso de la ciudad de Santiago, los conquistadores la trasladaron a la Costa y perdió su topónimo original (Quito) y tomó otros nombres (Santiago en Estero de Dimas, Santiago de Amay, Santiago de la Culata), hasta que terminó por adoptar su nombre definitivo: Santiago de Guayaquil, en su ubicación definitiva: el cerro Lominchao (hoy conocido como Santa Ana). Pocas ciudades en América tuvieron un comienzo tan agitado como el suyo.

El pacto quiteño de 1812

            Publicado en diario Expreso el viernes 10 de octubre de 2025.

Aprobado en febrero de 1812, el “Pacto solemne de sociedad y unión entre las Provincias que forman el Estado de Quito” es un documento que reafirma la voluntad de autonomía del territorio de Quito frente a los otros territorios americanos que eran parte del reino de España. La aprobación de este pacto fue la cumbre jurídica del período de lucha por la autonomía de Quito, abierto en agosto de 1809 y concluido en diciembre de 1812 con el fusilamiento de los últimos patriotas. 

El pacto quiteño no se originó en el ejercicio de un poder constituyente elegido para el propósito específico de su redacción, porque fue aprobado por un congreso que se había establecido desde 1810. Tampoco se debatió su redacción, pues ella fue obra de una sola persona, el sacerdote Miguel Antonio Rodríguez. Ni pretendió este pacto, como sí lo quiso la junta quiteña de agosto de 1809, atribuirse una representación que abarque más allá de los límites tradicionales de la provincia de Quito.

Sobre este tema de la representación, la historiadora Federica Morelli pregunta: “¿Qué derecho tenía la Asamblea de Quito de representar a las demás ciudades de la Audiencia? Entre otros motivos, allí estaban los motivos del fracaso de la primera Junta quiteña y la guerra con las ciudades de Cuenca y Guayaquil”. El mérito del pacto quiteño de 1812 fue entender los límites que se traspasaron en 1809 y circunscribirse a la sierra centro-norte. 

El fin perseguido por el pacto quiteño era la independencia, “en cuanto a su administración y economía interior”, pero siempre dentro del reino de España. La independencia era frente a otros territorios americanos, en especial, frente al Perú y la Nueva Granada. 

Por eso, el artículo 2 del pacto podía disponer: “El Estado de Quito es, y será independiente de otro Estado y Gobierno en cuanto a su administración y economía interior”, sin que ello contradiga su vínculo con el reino de España, declarado en su artículo 5: “En prueba de su antiguo amor, y fidelidad constante a las personas de sus pasados Reyes; protesta este Estado que reconoce y reconoce por su Monarca al señor don Fernando Séptimo”.

El pacto quiteño de 1812 fue una cumbre jurídica del período de lucha por la autonomía de Quito carcomida por la hostilidad en el congreso, que derivó a que el pacto lo haya aprobado únicamente el marqués de Selva Alegre y sus partidarios. En este ambiente de desunión, el pacto nació muerto y nunca se aplicó. 

Se debió esperar ocho años, hasta noviembre de 1820, para que se apruebe un nuevo documento que declare el autogobierno de un territorio de la Audiencia de Quito. En claro contraste con el pacto de 1812, en 1820 la aprobación del reglamento guayaquileño la hizo un Colegio Electoral de 57 representantes reunido en Guayaquil y su aprobación tuvo una inmediata aplicación en el territorio de la provincia (hasta su ocupación militar por un ejército comandado por el general Simón Bolívar en julio de 1822). 

La diferencia principal entre los documentos de 1812 y 1820: el fin del pacto de 1812 era regular una independencia administrativa en el seno del reino de España; el fin del reglamento de 1820 era regular una independencia total, por fuera del reino de España.

Un Ecuador colombiano

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de octubre de 2025.

En su origen, en 1830, el Estado del Ecuador se pensó en pie de igualdad con los otros dos Estados con los que quiso integrar la República de Colombia. El artículo 3 de su Constitución estableció la siguiente regla: “El Estado del Ecuador concurrirá con igual representación a la formación de un Colegio de Plenipotenciarios de todos los Estados, cuyo objeto sea establecer el Gobierno general de la Nación y sus atribuciones…”.

Esta igualdad de representación debió parecer extraña a los Estados de Venezuela y Colombia, porque el Estado del Ecuador era pequeño y poco poblado, y en los tiempos de los españoles no fue una Capitanía General (como Venezuela) ni un Virreinato (como Colombia), sino una Audiencia (de Quito) subordinada a la Audiencia de Santa Fe (Bogotá). Por eso, cuando en el Congreso de Cúcuta (1821) se decidió la incorporación de la Audiencia de Quito a la República de Colombia, varios diputados estimaron irrelevante consultar a su población pues el territorio de la Audiencia de Quito pertenecía “naturalmente” al Virreinato de Nueva Granada. Y así quedó en el texto de la Constitución.

En 1830, el Ecuador quería seguir siendo colombiano. Lo había sido desde 1822, como parte de un distrito (del Sur), gobernado por unos militares venidos del Norte, que en conjunto con los otros dos distritos (del Centro y del Norte, correspondientes a Colombia y Venezuela) formaron la República de Colombia. La propuesta de la Constitución ecuatoriana de 1830 era cambiar el estatus de la subordinación: pasar de ser un distrito de un país centralizado a ser un Estado de un país confederado. Ahora como un Estado y con una mayor autonomía, el Ecuador quería seguir siendo parte de la República de Colombia. 

La Constitución ecuatoriana tenía carácter provisorio. Su artículo 5 declaró su subordinación a lo que se decida en el Colegio de Plenipotenciarios: “Los artículos de esta carta constitucional que resultaren en oposición con el pacto de unión y fraternidad que ha de celebrarse con los demás Estados de Colombia, quedarán derogados para siempre”.

Esta apuesta del Estado ecuatoriano era ambiciosa. Quería mantener viva la República de Colombia, ahora en formato confederado; al efecto, en el artículo 3 de su Constitución dispuso a los otros dos Estados su participación en un Colegio de Plenipotenciarios para fijar “por una ley fundamental los límites, mutuas obligaciones, derechos y relaciones nacionales de todos los Estados de la unión”. Y la integración del Colegio se debía hacer con igualdad de representación. Un paso osado dado por el Ecuador: de haber sido ignorado en Cúcuta para formar Colombia a querer participar en igualdad de condiciones para mantener viva a Colombia.

La respuesta de los otros Estados fue la misma que en 1821 en Cúcuta: ignorar a la Audiencia de Quito/Ecuador. Este Colegio de Plenipotenciarios propuesto en 1830 jamás se reunió. Tampoco cambió que los militares venidos del Norte siguieron gobernando, como antes en el distrito del Sur, ahora en el Estado del Ecuador. 

Y lo hicieron hasta 1845, cuando la revolución marcista logró el exilio del general Juan José Flores y la República del Ecuador empezó a ser gobernada por los hijos de su suelo.