Una capital diferencia

            Publicado en diario Expreso el viernes 7 de agosto de 2026.

Quiero destacar una capital diferencia entre dos fechas muy importantes para la historia del Ecuador: el 10 de agosto de 1809 y el 9 de octubre de 1820.

La diferencia: a partir del 10 de agosto en Quito se luchó contra las demás provincias de la Audiencia de Quito, mientras que a partir del 9 de octubre en Guayaquil se luchó a favor de las demás provincias de la Audiencia de Quito. Es justo lo opuesto.

La lucha de Quito en contra de las demás provincias era para que se reconozca su primacía administrativa en el ámbito de la Audiencia de Quito, es decir, que las autoridades de Popayán, Cuenca y Guayaquil se sujeten a las decisiones de las autoridades quiteñas. Quiso dejar de ser una audiencia subordinada: este movimiento fue de corte autonomista, a fin de romper la sujeción de Quito a una audiencia superior situada en la capital de un virreinato y empezar a comportarse como una capitanía general del Reino de España, a la manera de Guatemala, Venezuela y Chile.

La lucha de Quito se hizo contra los franceses, en defensa del rey español Fernando VII, cautivo en Valençay. Para los quiteños, la lucha contra el “Tirano de Europa” (así llamaban a Napoleón) debía tener un carácter continental, orientado “al individuo objeto de morir por Dios, por el Rey y la patria. Esta es nuestra divisa, esta será también la gloriosa herencia que dejemos a nuestra posterioridad”, como se puede leer en la proclama firmada en Quito y dirigida a los pueblos de América, del 16 de agosto de 1809. La posterioridad recuerda el 10 de agosto de 1809 como una lucha contra los españoles, que no lo fue.  

La lucha de Quito para imponer su primacía dentro de una porción del Reino de España terminó en un rotundo fracaso. Ni Popayán, ni Cuenca, ni Guayaquil, consintieron su idea. Todo lo contrario: resistieron, rechazando a sus emisarios y haciéndole la guerra. Pronto (fueron 76 días de un gobierno presidido por una “Alteza Serenísima” en defensa de su rey y “señor natural”), el 24 de octubre de 1809, Quito claudicó. 

El 9 de octubre de 1820 es diferente, porque fue una lucha por la independencia y por el cambio a un régimen republicano y electivo, que marcó el inicio de la lucha de Guayaquil por independizar a sus provincias vecinas del yugo de los españoles. A raíz de su independencia, Guayaquil constituyó una milicia para luchar por la libertad de otros. Su lucha sí fue contra los españoles, sin nombres rimbombantes y con el apoyo de un pueblo reunido en el cabildo abierto que se convocó la mañana del 9 de octubre (el 10 de agosto se hizo prescindiendo del cabildo quiteño). 

La lucha que emprendió Guayaquil por la libertad de sus provincias vecinas se fundió en un gran empeño colectivo, con fuerzas del Norte y del Sur, que fue coronado por el éxito en 1824, año que marcó la expulsión de los españoles de sus dominios conquistados el siglo XVI. El gran cantor de esta gesta fue un guayaquileño, José Joaquín Olmedo.

Unos años antes, en 1822, se había independizado a Quito de España. En Guayaquil, apenas se conoció la noticia del triunfo en Pichincha, se mandó a publicar un bando que avisaba del magno hecho a la población: “Guayaquileños: Quito es ya libre: vuestros votos están cumplidos”.

Siempre lejos

            Publicado en diario Expreso el viernes 5 de junio. 

El 24 de mayo de 1822 se concretó la independencia del Reino de España de la parte de la Audiencia de Quito al sur del río Carchi. En su período de lucha por la independencia (1820-22) hubo tres gobernaciones españolas, cada una con jurisdicción sobre una provincia. Cada provincia se independizó en momentos diferentes.

La primera en independizarse fue Guayaquil, por la gesta del 9 de octubre de 1820. Fue una independencia hecha por cuenta propia, que no le debió nada a los ejércitos colombianos o peruanos. De inmediato se organizó un Colegio Electoral en la ciudad de Guayaquil, con representantes de los pueblos de la provincia (en total, 57) que dictó una Constitución (el “Reglamento Provisorio de Gobierno”), que puso en vigencia un sistema electivo y republicano de gobierno. También designó a un triunvirato presidido por José Joaquín Olmedo para la dirección de los destinos de una provincia que permaneció independiente hasta que fue anexada manu militari a Colombia por Simón Bolívar. 

La segunda en independizarse fue Cuenca. Lo hizo el 3 de noviembre de 1820, pero fue recuperada en seguida por el gobierno español. La entrada en Cuenca el 21 de febrero de 1822 del ejército patriota, comandado por Sucre, significó la ruptura definitiva de Cuenca con el gobierno monárquico.

Ese mismo ejército patriota avanzó hasta el volcán Pichincha para luchar por Quito. De las tres capitales de Gobernación, Quito era la sede de una Audiencia, es decir, de un tribunal de justicia que tenía jurisdicción sobre las tres provincias y sobre vastos territorios al norte del río Carchi. De las tres capitales de provincia, Quito era la única que hasta mayo de 1822 no había sido independiente, como lo fueron Guayaquil y Cuenca. 

A Quito, entonces, la independizó de España el ejército patriota, con su glorioso triunfo en la batalla del Pichincha. La capitulación del Reino de España la firmaron, por el lado de los patriotas, un santafesino (Morales) y un huarineño (Santa Cruz). El 25 de mayo de 1822, en la cima del Panecillo, se arrió la bandera española.

Pero el triunfo en la batalla del Pichincha no fue por la independencia de Quito, porque en seguida un cabildo abierto (presidido por el lojano José Félix Valdivieso) decidió la anexión de la provincia de Quito a la República de Colombia. (También se anexaron a Colombia: antes, en abril, Cuenca; después, en agosto, manu militari, Guayaquil). 

Así: antes se gobernaba desde Madrid pero desde 1822 se gobernaba desde Bogotá. En todo caso, siempre se gobernaba desde lejos.

Años después, en 1830, se formó el Estado del Ecuador como una desmembración de las tres provincias anexadas a Colombia en 1822. Allí empezó, sí, un gobierno independiente.

Entonces: la batalla del Pichincha significó la ruptura con el Reino de España del único territorio de la Audiencia de Quito que, hasta mayo de 1822, en todo momento, había sido parte del Reino de España. 

Pero ese 24 de mayo de 1822 no significó, de ninguna manera, la independencia: significó apenas un cambio de dominador. Fue el paso del gobierno de las tres provincias por un reino europeo a su gobierno por una república sudamericana. Con sus capitales (Madrid y Bogotá) siempre, siempre lejos.

La Cenicienta de Colombia

            Publicado en diario Expreso el viernes 12 de diciembre de 2025.

El historiador David Bushnell, en un libro de historia de Colombia (“Colombia. Una nación a pesar de sí misma”), define la situación del Ecuador como parte de la República de Colombia (1822-1830): “Ecuador era en realidad la Cenicienta de la Gran Colombia: ningún ecuatoriano había ocupado un puesto importante a escala nacional, no había ninguno que fuese general e incluso eran escasos sus coroneles”.  

A este Ecuador no le fue preguntado si quería pertenecer a la República de Colombia. Es necesaria una aclaración: decir “Ecuador” es decir un anacronismo porque “Ecuador”, como Estado, surgió recién en 1830. Lo que se integró a la República de Colombia en 1822, fue la Audiencia de Quito. El Congreso Constituyente celebrado en Cúcuta en 1821, que aprobó la creación de la República de Colombia, decidió que el territorio de la Audiencia de Quito pertenecía “naturalmente” al Virreinato de Nueva Granada. En este Congreso no participó ningún “ecuatoriano”. 

El artículo 6 de la Constitución de Cúcuta dispuso que el territorio de Colombia comprendía “el antiguo virreinato de la Nueva Granada y Capitanía General de Venezuela”. Y especificó, en su artículo 7, que los pueblos de esos territorios “que están aún bajo el yugo español, en cualquier tiempo en que se liberen, harán parte de la República”. 

Después de la entrada en vigor de la Constitución de Cúcuta, Quito y Cuenca fueron liberadas por tropas comandadas por el venezolano Antonio José de Sucre y empezaron a formar parte de la República de Colombia. El caso de Guayaquil era muy distinto, porque ella se había independizado y estaba administrada por un gobierno republicano desde 1820, antes de la entrada en vigor de la Constitución de Cúcuta. Además, no le debía su independencia ni a colombianos ni a peruanos. Por eso, la provincia de Guayaquil quería decidir su destino en libertad, a través de sus representantes reunidos en Colegio Electoral. 

Pero como explica el historiador Bushnell: “Bolívar, que había asumido el control de la sierra ecuatoriana, no podía permitir que la costa tuviera una capacidad de decisión libre y por eso prevaleció la anexión a la Gran Colombia”. Así se la integró a la Audiencia de Quito a la República de Colombia: sin contar con su voluntad, o incluso, en contra de su voluntad. 

Durante este período colombiano, en 1824, el Congreso de Colombia aprobó una Ley de División Territorial. Cuando el Distrito del Sur (es decir, lo que sería el Estado del Ecuador) se separó de la República de Colombia en 1830, se perdió buena parte de la Audiencia de Quito (una enorme extensión de territorio al norte del río Carchi, hasta Popayán), porque se quedó como parte de Colombia. El Estado del Ecuador quiso recuperar ese territorio a través de una guerra ocurrida en 1832, pero perdió. Y las cosas quedaron según la Ley de 1824.

A la Audiencia de Quito se la integró a la República de Colombia sin contar con su voluntad, o incluso, en contra de su voluntad; durante su permanencia, se la trató como a una Cenicienta sin opción a baile real; finalmente, tras su salida, perdió una importante porción de territorio. 

Así nació el Estado del Ecuador: un territorio muy desmejorado tras su paso por Colombia.

Un Ecuador colombiano

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de octubre de 2025.

En su origen, en 1830, el Estado del Ecuador se pensó en pie de igualdad con los otros dos Estados con los que quiso integrar la República de Colombia. El artículo 3 de su Constitución estableció la siguiente regla: “El Estado del Ecuador concurrirá con igual representación a la formación de un Colegio de Plenipotenciarios de todos los Estados, cuyo objeto sea establecer el Gobierno general de la Nación y sus atribuciones…”.

Esta igualdad de representación debió parecer extraña a los Estados de Venezuela y Colombia, porque el Estado del Ecuador era pequeño y poco poblado, y en los tiempos de los españoles no fue una Capitanía General (como Venezuela) ni un Virreinato (como Colombia), sino una Audiencia (de Quito) subordinada a la Audiencia de Santa Fe (Bogotá). Por eso, cuando en el Congreso de Cúcuta (1821) se decidió la incorporación de la Audiencia de Quito a la República de Colombia, varios diputados estimaron irrelevante consultar a su población pues el territorio de la Audiencia de Quito pertenecía “naturalmente” al Virreinato de Nueva Granada. Y así quedó en el texto de la Constitución.

En 1830, el Ecuador quería seguir siendo colombiano. Lo había sido desde 1822, como parte de un distrito (del Sur), gobernado por unos militares venidos del Norte, que en conjunto con los otros dos distritos (del Centro y del Norte, correspondientes a Colombia y Venezuela) formaron la República de Colombia. La propuesta de la Constitución ecuatoriana de 1830 era cambiar el estatus de la subordinación: pasar de ser un distrito de un país centralizado a ser un Estado de un país confederado. Ahora como un Estado y con una mayor autonomía, el Ecuador quería seguir siendo parte de la República de Colombia. 

La Constitución ecuatoriana tenía carácter provisorio. Su artículo 5 declaró su subordinación a lo que se decida en el Colegio de Plenipotenciarios: “Los artículos de esta carta constitucional que resultaren en oposición con el pacto de unión y fraternidad que ha de celebrarse con los demás Estados de Colombia, quedarán derogados para siempre”.

Esta apuesta del Estado ecuatoriano era ambiciosa. Quería mantener viva la República de Colombia, ahora en formato confederado; al efecto, en el artículo 3 de su Constitución dispuso a los otros dos Estados su participación en un Colegio de Plenipotenciarios para fijar “por una ley fundamental los límites, mutuas obligaciones, derechos y relaciones nacionales de todos los Estados de la unión”. Y la integración del Colegio se debía hacer con igualdad de representación. Un paso osado dado por el Ecuador: de haber sido ignorado en Cúcuta para formar Colombia a querer participar en igualdad de condiciones para mantener viva a Colombia.

La respuesta de los otros Estados fue la misma que en 1821 en Cúcuta: ignorar a la Audiencia de Quito/Ecuador. Este Colegio de Plenipotenciarios propuesto en 1830 jamás se reunió. Tampoco cambió que los militares venidos del Norte siguieron gobernando, como antes en el distrito del Sur, ahora en el Estado del Ecuador. 

Y lo hicieron hasta 1845, cuando la revolución marcista logró el exilio del general Juan José Flores y la República del Ecuador empezó a ser gobernada por los hijos de su suelo.

Todos los desastres de las revoluciones

Mi artículo del viernes 23 de los corrientes en el Expreso, “Libertador vulgar”, provocó un comentario del expresidente Rafael Correa en su cuenta de X. 

Correa leyó mal mi artículo: decidió que la crítica a Bolívar por haber sido un “Libertador vulgar” se debía a su condición de guerrero por la independencia (de allí que él empiece diciendo que Bolívar fue “el ser humano que más naciones ha liberado en la historia de la humanidad”) pero, en realidad, la crítica del artículo se refiere a los efectos de la liberación en los países que Bolívar libertó. De allí la cita de Olmedo, constante en una carta de 1847, en la que se refiere a Bolívar como alguien que a pesar de habernos librado del “yugo español (…) nos dejó todos los desastres de las revoluciones”. Es decir, mi crítica (de corte olmediano) no es a los años de lucha de Bolívar. Es a los efectos que tuvieron estos años de lucha en los pueblos que liberó del yugo español*. 

Otro punto en que Correa yerra es cuando dice que mi análisis es un juicio a Bolívar basado en “los estándares democráticos actuales”. Esto es un problema de comprensión lectora, porque está clarito en mi texto que mi juicio lo hago basado en cartas de la época, del propio Bolívar y de Olmedo, que lo trató a Bolívar.

Es el propio Bolívar quien, al borde de la muerte, escribe una carta en la que mira en retrospectiva lo hecho en sus años de lucha por la independencia y saca de ello unos “pocos resultados ciertos”, entre los que están que la América es ingobernable, que él aró en el mar, que el mejor camino es la emigración y que en el futuro el poder lo ejercerán “tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas”. Y en lo que respecta al futuro de América, Bolívar llevó razón (es decir, “dejó todos los desastres de las revoluciones, como decía Olmedo). Y por haber estado acertado en su predicción de 1830**, Bolívar lo contradice a Correa (de rebote, dándonos la razón a Olmedo y a mí).  

Tal vez sea más interesante el análisis opuesto al que intentó el expresidente Correa, es decir, un análisis de los hechos actuales a la luz de la experiencia de gobierno de Simón Bolívar. Es probable que ello arroje como resultado que Bruselas es la Santa Marta de este guerrero. Sólo el tiempo lo dirá. 

* Como guayaquileño, el núcleo de mi crítica a Simón Bolívar se debe a su anexión forzosa de Guayaquil a su proyecto político. Esto, porque a diferencia de otros territorios, Guayaquil no le debió su independencia a Colombia (ni a Perú, ni a nadie: se independizó por su cuenta el 9 de octubre de 1820). Y se independizó antes de la vigencia de la Constitución de Cúcuta, donde se dispuso (en 1821) que los pueblos todavía “bajo el yugo español, en cualquier tiempo en que se liberen, harán parte de la República” (Art. 7). Pero esta cláusula constitucional no podía aplicar a Guayaquil, primero, porque ya era libre desde 1820, y segundo, porque en la Constitución de Cúcuta no votó ningún guayaquileño (nadie de la Audiencia de Quito, en general) y, en consecuencia, no podía existir un justo título para la agregación de la provincia de Guayaquil a Colombia.

** Estuvo acertado, justamente porque Bolívar no reniega de sus años de lucha (no dice “no debí haber hecho eso”) sino de los efectos que tuvieron esas luchas en los pueblos que liberó.

Capital Riobamba

            Publicado en diario Expreso el viernes 21 de febrero de 2025.

En sus orígenes, el Estado del Ecuador se pudo organizar de una manera distinta. Y tal vez mejor, a efectos de la gobernanza del territorio.

En 1830, el naciente Estado del Ecuador pretendió ser la reunión de cuatro departamentos que integraron la República de Colombia: Cauca (en el distrito del centro), Quito, Cuenca y Guayaquil (en el distrito del sur). A la convención nacional que fundó el Estado en 1830, celebrada en Riobamba, sólo asistieron los representantes del distrito del Sur.

Pero el 20 de diciembre de 1830, el presidente del Estado del Ecuador en ejercicio del poder desde septiembre, Juan José Flores, decretó la anexión del departamento del Cauca al Estado que él gobernaba. Al año siguiente, el 7 de octubre, el primer congreso ordinario del Ecuador, en comunión con lo decidido por el presidente, aprobó una ley que anexaba el departamento del Cauca al Estado del Ecuador. 

Pero la idea de sumar los territorios al Norte del río Carchi (el límite Sur del distrito del centro) se perdió para siempre tras la guerra con Colombia que concluyó con la firma del Tratado de Pasto el 8 de diciembre de 1832 y que mató el sueño de reunir a los cuatro departamentos. El departamento del Cauca quedó donde Colombia (en esa época: Nueva Granada) quería. 

Los tres departamentos que quedaron, como lo especificó uno de los veinte varones que se reunieron en la primera convención nacional de 1830, José Joaquín Olmedo, se encontraban en una “reunión accidental” y por eso ningún departamento tenía primacía sobre otro y todos participaban en las cámaras de representantes y en los senados con igual representación (así funcionó hasta la Constitución de 1861). Esta convención otorgó el 21 de septiembre de 1830 por decreto la capitalidad del nuevo Estado a Quito, sede de una antigua audiencia española.

A partir de la pérdida de las aspiraciones a los territorios del Norte en 1832, Quito perdió la posibilidad de ser un gobierno central (quiero decir: ubicado en un centro aproximado, como en los tiempos en que fue sede de una audiencia) para el territorio del Estado del Ecuador. La derrota en la guerra con Colombia la convirtió en una capital excéntrica para el resultante territorio.  

En la convención nacional de 1835 que parió una república, celebrada en Ambato, se discutió si la capital del Estado del Ecuador debía ser Riobamba. Tenía la misma lógica que tenía Quito para su territorio audiencial en los tiempos de la dominación española: Riobamba era céntrica para el territorio del Estado tras el Tratado de Pasto. Tenía un timbre de orgullo por haber sido la sede de la convención que originó el Estado del Ecuador y se situaba equidistante a las capitales de los departamentos (que fue la razón por la que los venezolanos Flores y Febres-Cordero escogieron a Riobamba como sede de la convención nacional de 1830). 

La elección de Riobamba como capital del Ecuador era un idóneo diseño institucional para desactivar la primacía administrativa de una de las tres capitales departamentales y recuperar la centralidad para una administración más eficaz del Estado.  

La moción para debate la presentó un diputado por Chimborazo, Uscátegui. Se suspendió el debate y jamás se lo retomó. 

La primera Constitución y los indígenas

            Publicado en diario Expreso el viernes 14 de marzo de 2025.

Una explotación intensa y sistemática a los indígenas: esto fue lo que produjo la primera Constitución que rigió en el territorio del Estado ecuatoriano.

En 1830, la primera Constitución que se aprobó en Riobamba el 11 de septiembre por veinte varones adinerados (ningún indígena, por supuesto) decía en su artículo 11 que era un derecho de los ecuatorianos la “igualdad ante la ley”, pero en su artículo 68 establecía una clara desigualdad: “Este Congreso Constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable”. 

Este trato diferenciado que la norma fundamental estableció para los indígenas, en el marco de una supuesta igualdad, los situaba aparte de la naciente “ecuatorianidad” que postulaba la Constitución de 1830 (pues en la república siguen siendo percibidos por la élite política como los conquistados del territorio). Por eso la Constitución de 1830 consideró a los indígenas en situación de capitis deminutio y nombró como su tutor y su padre natural a “curas párrocos” de ese pilar fundamental de la conquista y la dominación española: la iglesia católica. 

La primera Constitución estableció que en el Estado del Ecuador había un único ministerio, que lo ocupó el lojano José Félix Valdivieso Valdivieso, el primer ecuatoriano (un natural del territorio de la Audiencia de Quito) que fue designado para el ejercicio de un cargo público en la Función Ejecutiva (tras el Presidente y el Secretario General, cargos ambos ocupados por venezolanos). Valdivieso era hijo de una Valdivieso Valdivieso, y estaba casado con otra Valdivieso. Según un registro de la época, era el propietario de 34 haciendas, repartidas a lo largo del callejón interandino. (Endogamia y grandes fortunas: una fórmula socorrida en la élite de la Sierra ecuatoriana.)

El primer informe del ministro Valdivieso listó cuatro fuentes de riqueza para el Ecuador que nació en 1830: los productos agrícolas, la minería, la industria y, de manera singular, a los indígenas.

Es decir, los indígenas eran ecuatorianos, pero a efectos de sostener la administración pública del Estado. Ese mismo Estado que los colocaba bajo el control de los curas católicos, les cobraba a los indígenas un tributo (la llamada “contribución especial de indígenas”) de tres pesos y cuatro reales, que se debía pagar en junio y diciembre de cada año por el solo hecho de ser indígena. Esta “contribución especial” subsistió hasta el año 1857.  

El ministro Valdivieso firmó una circular el 18 de noviembre de 1831, por la que obligaba a los indígenas “a cumplir religiosamente con las calidades del concierto”, es decir, a cumplir con el trabajo forzado en las haciendas. El naciente Ecuador organizaba su territorio para la mayor explotación de uno de sus recursos.

Así, la creación del Ecuador en 1830 avanzó hacia una explotación más intensa y sistemática de los pueblos sometidos por la conquista del siglo XVI, a mayor beneficio de un Estado que en 1830 excitaba el “ministerio de caridad” de los curas a favor de esta “clase inocente, abyecta y miserable”.

Esto es nacer con las pesadas losas del pasado encima.

La anexión

            Publicado en diario Expreso el viernes 7 de marzo de 2025.

En 1821, salvo por la Gobernación de Guayaquil, la Audiencia de Quito estaba en manos de los españoles. En Cúcuta, entre mayo y octubre de 1821, se reunió un Congreso Constituyente compuesto por 57 diputados, que redactaron una Constitución y varias leyes para regular la conducta de los habitantes de un naciente Estado cuyo nombre era República de Colombia, bajo el mando de un presidente por ellos designado: el general venezolano Simón Bolívar.

De los diputados reunidos en Cúcuta, ninguno representaba a parte alguna de la Audiencia de Quito. Siendo esta República de Colombia la unión de los territorios del Virreinato de Nueva Granada (incluyendo allí el territorio de la Audiencia de Quito) y de la Capitanía General de Venezuela, en su Congreso Constituyente se debatió el título para la agregación de Quito a Colombia. 

Para algunos, la discusión del título para la agregación de Quito era irrelevante, porque ella no se mandaba sola. El territorio de la Audiencia de Quito pertenecía “naturalmente” al Virreinato de Nueva Granada y por eso la expresión de la voluntad quiteña no era relevante. Era parte de una “unidad territorial preexistente”, que se quería conservar bajo formas republicanas.

Otros evidenciaron la contradicción de unos “representantes de los pueblos” que impedían a otros ejercer el mismo derecho a la autodeterminación que ellos. El diputado Manuel María Quijano advirtió que se debía dejar a Quito y a otras entidades territoriales en la libertad de agregarse a Colombia, para que “no se coartase la libertad a los representantes en materia de tamaña importancia no sólo para nosotros, sino para Quito y las demás partes que traten de unirse a Colombia”.

Finalmente, el Congreso de Cúcuta puso en la Constitución que el territorio de Colombia comprendía “el antiguo virreinato de la Nueva Granada y Capitanía General de Venezuela” (Art. 6) y que los pueblos de esa extensión territorial “que están aún bajo el yugo español, en cualquier tiempo en que se liberen, harán parte de la República” (Art. 7). En rigor, esta cláusula no aplicaba a Guayaquil, pues era una Gobernación libre y republicana desde 1820.

En Guayaquil se reunieron en un Colegio Electoral 57 diputados del territorio de la Gobernación para dictar una Constitución y designar a sus gobernantes. Y ocurrió en noviembre de 1820, antes que los otros 57 diputados se reunieran en Cúcuta.

Para 1822 se había concretado la independencia de los territorios de la Audiencia de Quito. Los territorios que fueron liberados por las fuerzas del general Bolívar se asociaron de inmediato (¡Qué remedio! Se lo debían) a la República de Colombia. Pero el caso de Guayaquil era singular, pues se había liberado a sí misma el 9 de octubre de 1820.

Una ambigüedad constitucional, si acaso, le causaba gracia a Simón Bolívar. Él iba por sus pistolas. En el caso de la Guayaquil libre, el general Bolívar vino personalmente a la ciudad con sus tropas (1.300 “bravos colombianos”). Se presentó en ella el 11 de julio de 1822, con el firme propósito de imponer su voluntad de anexionar la Gobernación de Guayaquil a la república bajo su mando. 

Y se retiró el 1 de septiembre de 1822, con la anexión de Guayaquil oleada y sacramentada.

El caso de Quito

            Publicado en diario Expreso el viernes 28 de julio de 2023.

El caso de Quito es el de un tribunal inferior devenido en república a la fuerza. Quito se convirtió en sede de una audiencia por real cédula del 29 de agosto de 1563, firmada por el rey Felipe II. Entró en funciones el 18 de septiembre del año siguiente.

Una audiencia era, en esencia, un tribunal de justicia. La monarquía española instituyó en América numerosas audiencias, compuestas de un presidente y de un número de oidores (digamos, jueces) que variaba según la importancia de la audiencia. Por una parte, las audiencias de México y de Lima (capitales de virreinato) llegaron a tener doce oidores; la de Quito siempre se mantuvo en cuatro oidores.

Ocurre que esta audiencia de Quito siempre fue una audiencia subordinada (cuando fue audiencia, porque entre 1717 y 1723 fue suprimida). Era subordinada porque si en Quito se decidía algo, siempre podía ser apelado ante una audiencia superior. Desde 1563 hasta que se fundó en 1739 el virreinato de Nueva Granada, ese órgano superior fue la audiencia de Lima. Desde 1739 hasta la extinción de las audiencias con la caída de la monarquía española, ese órgano superior fue la audiencia de Santa Fe. Todas las audiencias estaban subordinadas a la decisión del rey en Europa.  

El reconocido historiador Federico González Suárez escribió: “Por una especie de fatalidad hasta los hombres buenos y mejor intencionados, cuando venían a Quito investidos de autoridad, se dañaban”. Y explicaba como razón: “la enorme distancia a que se encontraban de la Corte y la tardía administración de justicia por parte del soberano, cuyas resoluciones se dictaban al cabo de años de cometido el delito, les daban cierta impunidad, muy perjudicial para la moral y las buenas costumbres”. 

En este ambiente, Quito resultó un bastión del gobierno español. Es un hecho que no hay héroes quiteños en la batalla del Pichincha y que su contribución a la independencia fueron unos soldados de baja graduación. Los firmantes del Acta producto de la batalla fueron un novogranadino (Morales) y un altoperuano (Santa Cruz), delegados por un venezolano (Sucre). Quito fue liberada de España pero no para darle autonomía sino para incorporarla a una república, acorde a una ley en cuya creación ningún quiteño participó: la Constitución de Cúcuta de 1821.

Por siglos, la jurisdicción de la audiencia de Quito abarcó un espacio mucho más allá del río Carchi: llegaba hasta Popayán. Una vez sumada a la fuerza a una nueva república (se llamaba Colombia, le decían “la gran”), por una ley que se decidió en 1824, cuando Quito y otros territorios se separaron en 1830 para fundar el Ecuador, resultó que Colombia le impuso al Ecuador el hecho (disputado por las armas y vencedora Colombia en 1832) que sus límites terminaban en el río Carchi. Y así es que, de aquel territorio sobre el que Quito administró justicia hasta 1822, apenas unos diez años después perdió su mayor parte por la decisión/imposición de Colombia.  

Tal el caso de Quito: una audiencia subordinada, liberada a la fuerza de España, sometida sin consenso a Colombia, que finalmente la privó de unos enormes territorios al norte con los que Quito había estrechado vínculos (económicos, políticos, familiares) durante siglos. 

La descorazonada Quito

Soy un promotor del cambio de la capital del Ecuador. El jurista de renombre y curita ídem (además de Naipe Centralista), Juan Larrea Holguín, juzgó que la Ley que el año 1830 determinó a Quito como capital del Estado del Ecuador es probablemente la Ley ‘de mayor duración hasta hoy en el país’ (1). El claro y noble propósito de una ciudadanía ecuatoriana consciente debe ser la derogatoria de esta casi bicentenaria Ley.

El Estado ecuatoriano está exangüe, casi nadie sin sospecha confía en él. Es el ejemplo vivo de un Estado fallido, capturado por una élite de oligofrénicos. Y Quito es la capital que lo vuelve peor. Los otros días leí una frase de un escritor quiteño, Javier Vásconez: ‘Toda ciudad podía ser el vagón de un tren que te lleva a algún punto donde se concentra el delirio desconocido que no te ofreció la ciudad anterior, pero Quito no lleva a ninguna parte, siempre está en el mismo sitio para devorarte’. Solo añadiría que ese proceder tan inmovilista como kafkiano llega a sus más altas cumbres en los modos de la burocracia capitalina (todo en diminutivo, todo mal). El que ha tratado con ellos, lo sabe. Esta burocracia hace a Quito peor, manque tenga un lindo sol a veces.

Y esos modos de la burocracia no van a cambiar, porque son los mismos desde la colonia. Las formas cambian, pero la sustancia es la misma en la ciudad más gatoparda de la América ibérica. Hay que recordar que Quito, desde el siglo XVI, fue la capital de una audiencia, es decir, un gran juzgado de un territorio americano. Tenía la Audiencia de Quito un juez-presidente y unos jueces llamados oidores, que eran cuatro, además de una pequeña burocracia. Quito era un juzgado intermedio, pues se podía apelar su decisión a una Audiencia superior situada en la capital del Virreinato del que la Audiencia de Quito era parte (en veces Lima, en veces Drogotá –en tiempos coloniales llamada Santa Fé). 

En definitiva, era un juzgado de segunda, en un territorio lejano y empobrecido, con una vida muy parroquial y pía al menos en las formas (hay quienes dicen que era un puterío, v. ‘Tres descripciones de Quito y una explicación ausente’), pero a final de cuentas un sitio al que cualquier burócrata sensato preferiría no ir. Y los que llegaban, pues rebosaban en corrupción y que sea quien lo cuente el obispo ibarreño pero muy darling de Quito, Federico González Suárez, quien describió los modos burocráticos de la capital audiencial de manera severa y sacerdotal: ‘Por una especie de fatalidad hasta los hombres buenos y mejor intencionados, cuando venían a Quito investidos de autoridad, se dañaban’. Y por dañarse quiere decir que se daba fácil en la franciscana ciudad ‘cierta impunidad, muy perjudicial para la moral y las buenas costumbres’ así como también resaltaba este curita insigne e historiador ídem que ‘la adulación servil, la rastrera lisonja y el disimulo interesado no tardaban en hacer comprender a los Presidentes [de la Audiencia, N. del A.] que vivían en un país, donde, sin obstáculo alguno, podían dar rienda suelta a sus malas pasiones’ (2).

Se le suma Internet y tres pendejadas y estas palabras de González Suárez siguen funcionando muy bien para Quito-capital en lo que va del siglo XXI. Todos sabemos que el Estado del Ecuador no funciona, que es una trampa (de grasa) perversa y aporofóbica, y que, Quito, la carita de Dios y el corazón administrativo del Ecuador, en su calidad de músculo corazón ya está exangüe (si el Metro era su stent, pues no está funcionando) y ya no da para más (3). Si se lo quiere salvar al paciente Ecuador, se necesita un trasplante de corazón. Es un deber cívico crear una Brasilia ecuatorial, una ciudad inteligente y con perspectiva de futuro, revés de Quito.

Quito debe ser una linda futura ‘Ciudad Histórica del Ecuador’. Pero administrativamente, es hora de admitirlo, ya no tiene corazón.

(1) Larrea Holguín, Juan, ‘El espíritu jurídico de la República (1830-1895)’ (pp. 215-225), en: AA.VV. [Dir. Juan Salvat & Eduardo Crespo], ‘Historia del Ecuador’, Salvat Editores Ecuatoriana, Vol. 6, Barcelona, 1980, p. 220.

(2) De la Torre Reyes, Carlos (ed.) 1995, ‘Escritos de González Suárez’, Banco Central del Ecuador, Quito [Colección de Escritores Ecuatorianos, Vol. 4], pp. 214-215.

(3) Parece unánime en la intelligentsia quiteña la creencia de que Quito es una ciudad a la deriva. Uno de los pocos, o el único que había llegado a decir en público que Quito era una ‘ciudad cosmopolita y firmemente encaminada en el siglo XXI’ (humorada involuntaria que mereció una respuesta con Sofocleto) fue Roberto Aguilar, pero en una reciente columna en Expreso abjuró de su antigua fantasía y puso en evidencia que Quito es una ciudad de mojones en la marea y mijines mareados.

El oidor y la empanada

Durante el reinado de Carlos II de España, era normal la venta de los cargos públicos (v. ‘Vale para dos idiotas’), y así, un fulano pagaba una cantidad X y era nombrado en un puesto administrativo del reino. El limeño Cristóbal de Cevallos y Borja fue uno de esos fulanos: el 3 de mayo de 1688 compró el cargo de oidor supernumerario de Quito, y el 6 de enero de 1690 ya servía en su puesto. Es lógico suponer que quien se compraba un cargo público cuando ‘servía’ en su puesto, realmente ‘se servía’ de su puesto, es decir, buscaba compensar con creces su inversión (1). Y como oidor supernumerario, Cevallos se mantuvo en Quito por muchos años.

 

El oidor Cristóbal de Cevallos era un hombre supersticioso, o como lo describió González Suárez, ‘padecía […] la flaqueza de tenerse por favorecido del Cielo con dones sobrenaturales’ (2). Así, en un almuerzo por ser su cumpleaños, Cevallos dijo ver ‘una imagen clara y perfecta de la Santísima Virgen’ en unas manchas que el aceite de una empanada frita había dejado en un pedazo de papel blanco. Y este hombre, cuenta González Suárez, ‘creyó que era una aparición celestial, un milagro; y lo más curioso del caso fue que a ese papel sucio le rindió culto, y hubo sacerdote que se prestara para celebrar misa en honra de lo que se apellidaba «Nuestra Señora de la empanada»’ (3). El obispo de Quito, Diego Ladrón de Guevara, por medio de la Inquisición, hizo perseguir y castigar estas ridiculeces.

 

Luego, en 1710, el propio obispo Diego Ladrón de Guevara lo acusó a Cevallos de aceptar sobornos y vender la justicia, y en 1713 el Consejo de Indias ordenó su suspensión del cargo de oidor y su exilio de la ciudad de Quito. Hasta ahí llegó la compensación de su inversión de 1688.

 

(1) Esta es la mentalidad que perpetúa nuestra corrupción.

(2) González Suárez, Federico, ‘Historia general de la República del Ecuador. Tomo IV’, Capítulo décimo octavo, pp. 421-422. Todas las citas corresponden a este texto. También, v. Diccionario Biográfico de la Real Academia de Historia, voz ‘Cristóbal de Ceballos Morales y Borja’.

(3) Un nombre que debería rescatarse para una empanadería con motivos paganos.

Los dos 9 de Octubre

En la protohistoria de la República del Ecuador hubo dos 9 de Octubre. Este escrito es un breve relato sobre el primero de ellos, el que ocurrió en Quito en 1810, y que, en un twist raro de la historia, enlaza con el clásico de 1820.

La historia va así: desde que el Rey Felipe II la creó en 1563 hasta la independencia de España a inicios del siglo XIX, y con la sola excepción de los años entre 1717 y 1723 en que la suprimió y volvió a erigir el Rey Felipe V, la Audiencia de Quito administró justicia en un amplio territorio que incluyó a Guayaquil y a Cuenca. Fue la de Quito una Audiencia subordinada, por lo que la última palabra de sus pleitos estaba reservada a una autoridad residente en otra Audiencia mayor.

Durante años, las apelaciones fueron a la Audiencia de Lima, mientras Quito formó parte del Virreinato del Perú. Con la creación del Virreinato de la Nueva Granada en 1739, Quito se convirtió en una Audiencia subordinada a la Audiencia de Santafé (actual Bogotá), que era la capital del nuevo Virreinato.

Quito nunca se quiso independizar del Reino de España en 1809, eso es una fábula que se inventó años después para darle lustre a las trafasías de algunos monárquicos. Pero en 1808 había empezado una “eclosión juntera” con el ejemplo de la Junta de Asturias del 25 de mayo de 1808. La idea cundió en América: en Montevideo se creó una Junta Gubernativa en septiembre del mismo año, y en Quito ocurrió en 1809, aunque fue pronto aplacada (un gran resumen de lo ocurrido en: ‘Los orígenes de la Revolución de Quito en 1809”, de Jaime O. Rodríguez).

Después de la masacre del 2 de agosto de 1810 en el que tropas peruanas solicitadas por Guayaquil pasaron por las armas al 1% de la población de la franciscana ciudad y de la llegada de Carlos Montúfar como Comisionado Regio en septiembre de 1810, en Quito se creó una segunda Junta de Gobierno, que es la que viene a cuento en esta historia. Dicha Junta se reconoció sometida únicamente al Consejo de Regencia de España e Indias, una institución afincada en Cádiz, representante para ella de la resistencia española frente a la invasión francesa.

Mientras tanto, en Santa Fe se había formado una Junta de Gobierno en julio de 1810 y el 2 de agosto de ese año había invitado a Quito a que forme su propia Junta, subordinada a la de Santa Fe. Pero Quito se negó en redondo a esta pretensión de subordinación y así fue que el 9 de octubre de 1810 su Junta de Gobierno proclamó a Quito como otra Capitanía General del Reino de España, a la usanza de Chile y Venezuela y Guatemala. (Un gran resumen de los hechos en: ‘Quito en 1810: la búsqueda de un nuevo proyecto político’, de Federica Morelli.)

Ese día, el 9 de Octubre de 1810, San Francisco de Quito reclamó con esta figura una plena autonomía administrativa, un auto-gobierno sin rendirle cuentas a nadie en América. El detalle es que nadie estuvo de acuerdo, ni en España ni en América, con esta pretensión autonomista de las autoridades de Quito.

Para hacer corta la historia larga, todos resistieron su pretensión y las tropas de España se ensañaron con los quiteños (¡de nuevo!). En los primeros días de diciembre de 1812, todo concluyó con el fusilamiento de unos últimos “insurgentes”, tenidos como tales por quienes vinieron a pacificar estos pagos afectados por el “aquí mando yo”. Y tras esta derrota de 1812, como lo reconoció uno de los cronistas de la ciudad, Luciano Andrade Marín, los quiteños “quedaron postrados, desangrados y sometidos al más riguroso dominio español; sin maneras ya de sacudirse de él por sí mismos, sino esperando en la ayuda de alguien que los rescatara.”§

Pasaron casi diez años, hasta mayo de 1822, en que unas tropas originadas en el otro 9 de Octubre, el de 1820, aunadas a tropas colombianas, peruanas y rioplatenses, y tras derrotar en el volcán Pichincha a las tropas españolas, rescataron a Quito de su triste condición.

§ Andrade Marín, Luciano, ‘El Ilustre Ayuntamiento quiteño de 1820 y la gloriosa revolución de Guayaquil’, en: Muñoz de Leoro, Mercedes (comp.), ‘Memorias históricas de la biblioteca municipal González Suárez’, Editorial Abya-Yala, Quito, 2003, p. 75. 

¡Japi verdei, Ecuador!

El 23 de septiembre de 1830 entró en vigor el primer instrumento jurídico que reguló la vida del Estado independiente que empezó a llamarse Ecuador en homenaje a su situación geográfica, atravesado como está por la línea imaginaria del ecuador*. Este instrumento jurídico, nuestro primero de muchos, fue el fruto de una Asamblea que convocó a los representantes de territorios que habían sido parte de la Audiencia de Quito, cuando estos territorios eran administrados por el Reino de España.

Así, el general Juan José Flores convocó en un decreto a elegir representantes de los Departamentos de Quito, Cuenca y Guayaquil para una Convención en Riobamba, a razón de siete por cada territorio. En el mismo decreto, también convocó a representantes de la provincia de Pasto y de otras provincias norteñas que deseen incorporarse al Ecuador, a enviar un representante por cada uno de los territorios.

Asistieron, en total, 20 representantes a fundar el Ecuador. (En las provincias de Pasto y otras de la actual Colombia se nombró a representantes para la Convención que nunca llegaron a Riobamba). La Asamblea debió instalarse el 10 de agosto, pero lo hizo recién unos días después, el 14 de agosto y con 16 representantes que “fueron á misa solemne del Espíritu Santo á la iglesia Matriz, y se trasladaron al local de las sesiones, donde el General Juan José Flores les tomó juramento”**. Por 27 días, fueron 20 personas, todos hombres y todos adinerados, quienes discutieron lo esencial a un nuevo país y desembocaron en una tibieza de Constitución, de cuño conservador y firmada el 11 de septiembre.

La tibieza del Ecuador era relativa a su situación jurídica, pues no fue propiamente Ecuador una nueva República en el “concierto de las naciones”, en ese 1830: el país se definió a sí mismo, en el artículo 1 de la Constitución que le dio vida, como la reunión de tres departamentos “reunidos entre sí formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador” sometido, en su artículo 2, a la vecina Colombia: “El Estado del Ecuador se une y confedera con los demás Estados de Colombia, para formar una sola Nación con el nombre República de Colombia”. A esta Constitución, el General Flores, designado Presidente del Estado del Ecuador por el Congreso Constituyente, le puso su Ejecútese el 23 de septiembre de 1830.

Y entonces entró en vigor un nuevo Estado, pero sujeto a su República vecina: esta tibieza fue reparada en nuestra siguiente Constitución, misma que se adoptó en la Convención de Ambato de 1835 que designó Presidente de la República a Vicente Rocafuerte. Desde entonces, puede decirse que somos una República independiente.

El cuño conservador de la Constitución de 1830 se reflejó en un sistema de participación política limitado a las élites del país: se calcula que, dado el carácter censitario e indirecto del sistema electoral, apenas un 3 ó 4% de la población participaba en las elecciones. Así también, la iglesia tenía un peso administrativo relevante (en el Consejo de Estado y en la organización de las elecciones) y la religión del Estado era la católica.

Con todas estas taras, tras el Ejecútese del general Flores nació el Ecuador, un día como hoy: hace 189 años que persiste en jugar a ser país.

¡Japi verdei, Ecuador!***

* Comparte este rasgo con otros doce países: otros dos americanos (Colombia y Brasil), dos asiáticos (Maldivas e Indonesia), uno de Oceanía (Kiribati) y siete de África (Santo Tomé y Príncipe, Gabón, Congo, Congo Democrático, Uganda, Kenia y Somalia). Curiosamente, el otro país del “concierto de las naciones” que hace referencia a la línea del ecuador en su nombre, Guinea Ecuatorial, no está atravesado por esta línea imaginaria.

** Salazar Alvarado, Francisco, ‘Actas del Primer Congreso Constituyente del Ecuador (Año 1830)’, Impreseñal, Quito, 1998, p. xvii. 

*** Definición posible: “Un asistente a AA fracasado, hecho país”.