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Periodismo malo

28 de febrero de 2025

Unos meses atrás, un académico ecuatoriano afincado en el extranjero publicó una investigación. La investigación no es lo relevante; lo relevante es lo que se puede predicar del periodismo ecuatoriano a partir de ella.

Este académico indicó que durante años existió una “Pax Narca”, es decir, un acuerdo entre autoridades del Estado y delincuentes de los GDO, por el que se ocultó la muerte de miles de personas, que pasaron a formar parte de un subregistro estatal. El total de personas muertas de forma violenta pero no registrada ascendió a más de 7.000, a razón de dos por día más o menos, durante el período evaluado (entre enero de 2007 y mayo de 2017). El académico llegó a estas conclusiones sentado frente a un monitor.

Si su relato es cierto, el periodismo de este país es malo. Porque quiere decir que durante diez años murieron de forma violenta dos personas al día por hechos vinculados a los GDO que el Estado buscó ocultar, pero que nunca, NADIE NUNCA en el periodismo ecuatoriano, se enteró de estos hechos y pudo reportarlos y denunciarlos, y todas esas cosas que se esperan del periodismo. Es decir, si este relato es cierto, aquí los periodistas son una caterva, porque habría supuestamente en esto casi el doble de víctimas que hubo en la dictadura de Pinochet, pero ni una sola línea en el periodismo del 2007 al 2017 que lo documente. No hubo ni una sospecha, ni un familiar de una víctima que manifieste su dolor, ni una evidencia de la macabra orquestación. Nada de nada. 

Creo (espero) que el relato sea falso. Es que, en verdad, no pueden ser tan inútiles: más de 7.000 mil muertos con complicidad estatal y todo el periodismo son unos cojudos que NS/NC. Por diez años.

El problema es que, si el relato del académico es falso, el periodismo del Ecuador es igualmente malo. Porque quiere decir que alguien viene a decir que murieron más de 7.000 personas en diez años, que hubo un pacto criminal entre el Estado y los GDO, que se hizo un subregistro de víctimas de muertes violentas, y se le da cabida en los grandes medios de comunicación del Ecuador casi sin cuestionamiento alguno a sus afirmaciones: sin elaborar sospechas, sin presentar un familiar de una víctima que manifieste su dolor, sin una evidencia de esta macabra orquestación. Según ellos, habría que creerle a una persona que llegó a estas conclusiones sentado frente a un monitor. 

OJO: El académico podría decir (mentir) lo que quiera, pero es el deber de un periodismo responsable la verificación de sus afirmaciones, la búsqueda de la evidencia que corrobore o desmienta la versión que se le presenta. Todo ese ejercicio estuvo ausente. Una persona frente a un monitor les hizo el trabajo y ellos no lo cuestionaron jamás. Lo dieron por bueno, porque era conveniente a su relato político. 

En términos de periodismo, son una caterva (pero como operadores políticos sí son útiles). No se les cayó un cuestionamiento sobre los muertos que se encontraron entre las tablas de Excel. Ni sospecha, ni víctima, ni evidencia alguna de orquestación. Nada de nada.

El periodismo en este país es malo, lleno de Carlos Ochoas de la derecha tiro Carlos Vera. Aquí, de manera habitual la misión del periodismo se hace añicos por la creación y sostenimiento del relato político. Porque es a los políticos a quienes sirven, no a la gente.

La SUPERCOM en el limbo

21 de septiembre de 2018


A día siguiente de instalado el Consejo transitorio, el 7 de marzo, este órgano decidió la destitución del Superintendente de la SUPERCOM, Carlos Ochoa. Fue el estreno del Consejo transitorio en el mundo de las destituciones: sin evaluación, ni derecho a apelar, ni nada. Primer día, primer funcionario cesado, de una. Sin base legal: la atribución de la pregunta 3 era primero evaluar y, “de ser el caso”, dar por terminadas las funciones de las autoridades. Lo que pasó con Ochoa es que simplemente lo atropellaron. Su derrota fue un trofeo.

La destitución de Ochoa se dio cuando el Consejo transitorio no había perfeccionado sus “facultades extraordinarias”: los “encargos” recién nacieron a inicios de mayo. Así que el Consejo transitorio optó esos primeros días de marzo por una solución más prosaica, que fue permitir que la propia SUPERCOM decida el reemplazo. A día siguiente, 8 de marzo, la SUPERCOM designó a su Intendenta General Técnica, Paulina Quilumba, como la nueva Superintendenta, en reemplazo del caído Ochoa.

Tiempo después, el Consejo transitorio dictó un Mandato por el que reguló la designación de la primera autoridad de la SUPERCOM. Pero le entraron dudas: ¿Para qué nombrar a alguien de manera definitiva, si no sabemos todavía si esta Superintendencia subsistirá? Y, a pesar de que el Presidente Moreno envió una terna para la designación de la autoridad definitiva, encabezada por Édison Toro, el Pleno del Consejo pasó de hacer la designación. Optó por omitir el Mandato por ellos mismos dictado, para el 23 de julio escoger, porque sí, al primero de la terna que envió el Presidente de la República (Édison Toro) y designarlo “encargado” de la SUPERCOM. De esta manera, si la SUPERCOM no subsiste, apenas se extinguirá un “encargo”.

El saldo: un funcionario “encargado” administra una institución incierta. Es la versión administrativa de vivir en el limbo.

Barbas en remojo

19 de septiembre de 2018


Desde el Consejo transitorio se han frenado un poco. El ímpetu arrollador de los primeros días (destitución sin base legal de Ochoa y de Rivera) ha dado paso a una naciente mesura, por la comprensión (supongo) de que el Ecuador no es una isla que exista ajena a las obligaciones internacionales adquiridas en el curso de años de participación en la comunidad internacional. Y en el marco de estas obligaciones internacionales, el tener una Función Judicial sometida a la incertidumbre de posibles evaluaciones por parte de órganos “transitorios” hace lucir a los Estados muy mal, como muy poco serios. En términos jurídicos, te convierte en un Estado violador de mínimas garantías judiciales de los jueces y de la población en general. Y eso se paga.

El creador del Consejo de la Judicatura encargado y transitorio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, antes de que los rifirrafes que habían entre el Consejo de la Judicatura encargado y transitorio y los jueces en funciones (CNJ et al.) pasen a mayores, desactivó a aquel, le restó poderes. Así previno un posible enfrentamiento de dos poderes, a través de la eliminación de uno de ellos: el de su propia hechura.

Porque fue después de la protesta liderada por los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el día lunes (de la demostración de su fuerza, digamos), que el Consejo transitorio reflexionó y decidió el miércoles que los del Consejo de la Judicatura encargado y transitorio tenían prohibido juzgar a la CNJ y a los demás jueces, por lo que les quitó la potestad del artículo 181.3 de la Constitución:

“Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción”.

Es decir, los rebajó a despacho. Pero mejor eso, habrán pensado, que pagar millones en unos años.