La revancha popular

            Publicado en diario Expreso el 11 de noviembre de 2022.

Camilla Townsend publicó un interesante estudio sobre el desarrollo económico en Norte y en Sur América, en el que comparó a las ciudades de Baltimore y Guayaquil durante la época de independencia de esta última. Para Guayaquil, la conclusión de Townsend fue que sus élites de 1820 no eran capaces de ponerse en el lugar de la población subalterna, lo que trajo consecuencias para su desarrollo: “Cuando consideraban construir un camino, rechazaban la idea sobre la base de que costaría a muy pocos, demasiado dinero”.

Esta perpetuación de la desigualdad ha sido la práctica del PSC durante la época de mayor crecimiento urbano de la ciudad. En el Guayaquil del PSC, las obras y servicios han dependido de la capacidad económica de sus beneficiarios: mientras más dinero se tiene, más y de mejor calidad se obtiene. (Esto tiene sanción legal en las ordenanzas sobre “regeneración urbana”). Así, por esta lógica perversa, los más pobres de Guayaquil, como nada tienen, nada reciben. Sobre la base de que dar obras y servicios no era rentable, Jaime Nebot dijo en sesión de concejo de octubre de 2010: “Yo he tomado la decisión de que aquí no vamos a legalizar un terreno ni vamos a poner una volqueta de cascajo ni un metro cuadrado de asfalto ni un metro de tubería de alcantarillado o de agua potable más allá de lo que he expresado en el límite oeste, el límite de Flor de Bastión y el límite de la Sergio Toral”. Castigados por pobres.

Este crecimiento desigual de Guayaquil ha creado verdaderas “trampas de la pobreza”, extensos espacios depauperados y sin posibilidades de desarrollo para sus habitantes. El gran teórico del derecho, Ronald Dworkin, en el artículo ¿Por qué los liberales debemos preocuparnos por la igualdad? razonaba: “Si el gobierno empuja a la gente por debajo del nivel en el que pueden contribuir a forjar su comunidad y obtener de ella cosas de valor para sus propias vidas, o si el futuro brillante que les ofrece es uno en el que a sus hijos se les promete una vida de segunda clase, entonces se tira al traste la única premisa sobre la cual se podría justificar su conducta”. Lo que conduce a la pregunta: ¿de qué comunidad se les puede hablar a los excluidos de Guayaquil? 

La misma pregunta se hizo la clase trabajadora de Guayaquil hace 100 años, cuando optó por una vía revolucionaria y obtuvo la masacre del 15 de noviembre de 1922.  La respuesta del Estado y de las élites fue tirar bala a matar y que corra sangre de los pobres de la ciudad.

Esa misma pregunta se está haciendo la gente que vive entrampada en la pobreza. Frente a la exclusión por un Estado (nacional y local) que únicamente ha podido ofrecerles una “vida de segunda clase”, su respuesta ha sido organizarse, pero no para seguir un camino revolucionario como en 1922. Se han organizado en revancha y para subvertir al Estado, con el propósito de someterlo a las necesidades de su negocio ilegal. En una sociedad sin oportunidades, es su forma de escapar de la pobreza. Es, en rigor, el triunfo del capitalismo más salvaje.  

Y la respuesta del Estado y de las élites será la misma de hace 100 años: tirar bala a matar y que corra sangre de los pobres de la ciudad. No saben hacer otra cosa.   

El lado perverso del socialcristianismo

Sostengo que la ciudad de Guayaquil vive las horas más bajas de su historia. La premisa fundamental para esta idea la he desarrollado en mi artículo ‘Dworkin, Guayaquil, y asaltar el Tía’, que es un análisis en clave guayaca del artículo de Ronald Dworkin Why Liberals Should Care About Equality? (¿Por qué debe importar a los liberales la igualdad?). Mi artículo sobre Dworkin y asaltar el Tía lo concluí con la siguiente reflexión:
 

‘¿(D)e qué comunidad se les puede hablar a estos excluidos? Ellos, lo que realmente quieren, es asaltar el Tía, y cuando tienen chance, pues lo hacen. Y Guayaquil, que se joda.

Que es exactamente lo que piensan los tipejos de las empresas constructoras, mientras cuentan su billete, na’ más que a otra escala. Y es por esto, por esta generalizada desidia de los pobres y de los ricos hacia la ciudad que habitan, así como por la ausencia de pensamiento crítico en su clase media, que estamos tan, pero tan mal. Y es por la sostenida estupidización que ha tenido lugar aquí, que ni siquiera nos damos cuenta.

Salvo los del Tía. Ellos sí que se dan cuenta’.

 
Ocurre que ahora no únicamente los del Tía se dan cuenta de los violentos frutos del largo y sostenido proceso de casi 30 años de exclusión social bajo el dominio socialcristiano. Este año 2021, lleno de violencia y muertes en la cárcel de Guayaquil y en la ciudad entera, ha puesto en evidencia que la exclusión social (es decir, la incapacidad de responder a la pregunta ‘¿de qué comunidad se les puede hablar a estos excluidos?’) ha producido una violencia en las calles que no se experimentaba, por lo menos, desde los años noventa (1).
 
Así, el lado perverso del modelo socialcristiano es la exclusión social que han producido sus políticas de crecimiento urbano (2). El de Guayaquil ha sido un crecimiento no planificado, orientado al beneficio de las grandes empresas constructoras (sector de donde emergió el Alcalde socialcristiano que lo fue por 19 de los 29 años del dominio del PSC en la ciudad) y con un enfoque diferenciado para la satisfacción de las necesidades básicas en los sectores de clase media y en los sectores populares, donde (mal)viven la inmensa mayoría de habitantes de la ciudad. Un informe de expertos de la Corporación Andina de Fomento, que fue pedido el 2013 por la propia Alcaldía de Guayaquil, describió con precisión el (mal)vivir en los sectores populares:
 

‘lotes pequeños para las viviendas, aceras y accesos estrechos, limitadas áreas verdes, y en general una clara tendencia hacia la impermeabilización del suelo urbano –inclusive en las divisorias y laterales de calles y avenidas construidas en fechas recientes. Este tipo de ocupación aumenta notablemente la temperatura de la ciudad, incrementa significativamente los picos y la velocidad del escurrimiento durante las crecidas de la escorrentía superficial, produce erosión y aumenta la contaminación de las aguas pluviales’ (3).

 
Esto es lo que les toca en Guayaquil a las personas que no pueden acceder al mercado formal de vivienda, que son la inmensa mayoría. Porque el credo del Municipio PSC es que una persona vale tanto como el dinero que ella tenga. Si tiene dinero, puede acceder a la oferta del mercado formal de bienes raíces. Si no lo tiene, queda excluido. Nadie lo pudo expresar con mayor claridad y desdén como el líder de la administración del PSC que mejor encarnó este credo, el abogado Jaime Nebot, quien en una sesión del Concejo Municipal de octubre de 2010 en la que se debatió la ampliación de los límites urbanos de la ciudad, postuló como única alternativa para el ‘hombre pobre’ de Guayaquil que…
 

‘vaya compre una vivienda, vaya compre un terreno urbanizado del Gobierno, vaya compre un terreno en un lote o en una casa urbanizada por el Municipio […] voy a hacer una campaña de comunicación para decirle al hombre pobre, vaya compre una vivienda…’. (4)

 
El mismo año en que el Alcalde Nebot comunicó esta sandez, la ONU-Hábitat publicó el informe ‘Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe’, en el que explicó que la no existencia ‘de un programa habitacional institucional público dirigido hacia la población que no cuenta con la capacidad económica suficiente para participar en el mercado de vivienda constituye una ruptura definitiva con la posibilidad de atender las necesidades habitacionales de los hogares de bajos ingresos’. Esta exclusión, que es promovida de forma activa por el Municipio socialcristiano de Guayaquil en aras de beneficiar a sus Grandes Amigos del Negocio de la Construcción (5), produce y reproduce las ‘condiciones que contribuyen a la creación de la pobreza y a su realimentación, algunas de las cuales hacen parte del concepto que las define como trampas de pobreza’ (6). Vivir en una trampa de pobreza implica para los excluidos, necesariamente, una ruptura con cualquier ideal de comunidad que incluya a las autoridades públicas.
 
Una ciudad así diseñada es campo fértil para que un choque externo produzca un aumento de la violencia y que ella se tome las calles. Este choque externo ocurrió y fue la creciente presencia, desde 2016, de los carteles mexicanos del negocio de la droga, principalmente de la cocaína (7). Sumado a este escenario, una continua desinstitucionalización del Estado, en especial de su sector carcelario (8), más su habitual ineficacia y su consabida corrupción: sólo queda esperar por tiempos peores.  
 
Guayaquil es campo fértil porque no hay una idea de comunidad, es la tierra del sálvese quién pueda. El que puede pagar por una vivienda, accede a una vivienda como lo dejó muy claro el Alcalde Nebot. El que puede pagar por una vivienda en una ciudadela cerrada, pues la paga y se resguarda. Y si puede pagar por seguridad privada, la obtiene. El mantra parece ser que si uno se esfuerza mucho-mucho, podría huir a los extramuros de Guayaquil y ponerse a salvo. Por ejemplo, en la isla Mocolí, como lo hizo el mismísimo Alcalde Nebot.
 
Guayaquil es un campo fértil para la violencia porque la administración del PSC en Guayaquil ha despedazado el ideal del bien común. En Guayaquil no hay parques decentes (el negocio era las palmeritas), ni su administración ha sido capaz de controlar el deterioro del patrimonio común (los ríos y los esteros, las canteras). Hacia el futuro, la administración del PSC tampoco ha sido capaz de pensar las consecuencias de su modelo de desarrollo frente a las inminentes inundaciones por la elevación del nivel del mar (spoiler alert: va a ser un desastre). Sus grandes proyectos de transporte público han sido: la Metrovía un fracaso, la Aerovía un fraude. Y su norte, maldita sea, ha sido la satisfacción de los intereses económicos de unos pocos en perjuicio de las grandes mayorías (en perjuicio de los componentes social y ambiental del desarrollo sostenible). En crudo, el lado perverso del socialcristianismo ha sido el triunfo de un burdo credo individualista, que ha destrozado todo posible ideal comunitario en la ciudad (puro pinga, nunca minga). La mayor muestra del desinterés del PSC por el bien común de Guayaquil es que jamás, durante una administración iniciada en el ya lejano ’92, ha existido una clara planificación de la ciudad, por la sencilla razón de que ha resultado mejor para el grupo en el poder operar a río revuelto y en la opacidad.
 
Una ciudad así pensada y construida por casi 30 años es una trituradora serial del ideal de comunidad, un cante jondo al sálvese quién pueda. Un lugar donde la pregunta ‘¿de qué comunidad se les puede hablar a estos excluidos?’ tiene, desde este año, por respuesta las balas.
 

~*~

 
(1) Tal vez no sea únicamente una coincidencia que, tanto ese surplus de violencia noventera como el actual, sean simultáneos a la coexistencia en funciones de un gobierno nacional programáticamente de derechas (en los noventas fue el gobierno del Presidente Durán-Ballén, ahora es el de Lasso: son los dos únicos, después del gobierno de León Febres-Cordero) y una autoridad socialcristiana en la Alcaldía de Guayaquil. En los noventas, esa autoridad socialcristiana fue el mismísimo exPresidente Febres-Cordero, duro entre los duros, capo di tutti capi, mientras que ahora es una versión pop y femenina de esa fiereza inicial: es como haber hecho de Kiss, una Locomía. La Alcaldesa Viteri, como Alcaldesa de una ciudad de dos millones y medio de habitantes, es una gran Jocelyn Mieles: da la impresión de vivir en otra realidad, ajena a una ciudad que explota y arde.
(2) El lado amable del socialcristianismo es una ilusión de modernidad de la ciudad, que, como lo habrá advertido el lector perspicaz, es apenas su lado perverso pero lavado, olorizado y talqueado por los mass media.
(3) Corporación Andina de Fomento, ‘La inundación de Guayaquil en Marzo 2013’, pp. 12-13.
(4) Acta del Concejo Cantonal de Guayaquil, Sesión del 7 de octubre de 2010, pp. 11-12
(5) Lo que ocurre en Guayaquil es un evidente caso de ‘Capitalismo de Amigos’, v. ‘Explicando el negocio de la Alcaldía socialcristiana’.
(6) ONU Hábitat, ‘Estado de las ciudades de América latina y el Caribe’, v. pp. 115-138.
(7) BBC, ‘Cómo Ecuador pasó de ser país de tránsito a un centro de distribución de la droga en América Latina (y qué papel tienen los carteles mexicanos)’
(8) Lo ha dicho claramente la actual Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez: ‘Por ejemplo, se eliminó el Ministerio de Justicia hace tres años; se eliminó el centro de inteligencia; el presupuesto para el eje de justicia y para lo que tiene que ver con la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI ha sido reducido considerablemente. Todas estas acciones contribuyen a que hoy en día tengamos un problema en el sistema de rehabilitación social. Si eso fue intencionado o no, si es que fue planeado, eso se tiene que investigar y la Fiscalía General del Estado está llamada aquí a investigar’, v. ‘Vera a su manera – 15 Octubre 2021’, min. 10:03.

Dworkin, Guayaquil, y asaltar el Tía

Los otros días, leyendo un artículo del libro ‘A matter of principle’ de Ronald Dworkin, titulado ‘Why liberals should care about equality’, vi a Guayaquil. El artículo, apropiadamente, constaba en la parte III del libro, que lleva por título ‘Liberalism and Justice’.

De Ronald Dworkin (1931-2013) es admirable su propuesta de rescate del liberalismo de las estupidizantes garras conservadoras y de procurar darle un contenido no pajero a este concepto a través del principio de igualdad. Por ello, Ronaldo es crack. Y este párrafo de su artículo, me la recordó a mi Guayaquil:

‘Si los liberales recuerdan el consejo de igual preocupación, ellos construirán ahora una teoría que, por indicar las bases mínimas a partir de las cuales se pueda esperar que la gente que se respeta a sí misma considere a una comunidad como la suya propia y que considere al futuro de esa comunidad, en cualquier sentido, como el suyo. Si el gobierno empuja a la gente por debajo del nivel en el que pueden contribuir a forjar su comunidad y obtener de ella cosas de valor para sus propias vidas, o si el futuro brillante que les ofrece es uno en el que a sus hijos se les promete una vida de segunda clase, entonces se tira al traste la única premisa sobre la cual se podría justificar su conducta.” (p. 212)

Este fue el Guayaquil de Octubre, en el que aquellos que tienen una idea distinta y precaria de su futuro no mostraron ningún problema en atentar contra los bienes de la comunidad: no lo tienen, porque no la sienten como la suya, pues sus futuros son divergentes. Por eso es que apenas se levantan las restricciones (el 30-S, las protestas de Octubre), aparece el vandalismo en la periferia de la ciudad (es decir, la Perimetral, nuestra versión del Wild Wild West) y es allí que almacenes Tía tiembla, porque sabe lo que le va a pasar: los previsibles saqueos en una ciudad descompuesta.

Guayaquil, como se lo advirtió en la película Sin Otoño, sin primavera, tiene unos cien mil habitantes porque “el resto son extras”. Estos “extras” son aquellos a los que el desarrollo socialcristiano, lo que ha podido ofrecerles, es “una vida de segunda clase”.

Esto ocurre por un hecho fundamental: la orientación del crecimiento urbano durante la administración del PSC. En un informe que contrató la Alcaldía de la ciudad a técnicos de la CAF para que expliquen la inundación ocurrida en Guayaquil los días 2 y 3 de marzo de 2013, se describió el crecimiento de la ciudad en los sectores populares, por oposición al resto:

“Sin embargo, al mismo tiempo, se observa un fuerte proceso de ocupación irregular en áreas de expansión donde no necesariamente se siguen las normas de ocupación del suelo establecidas en ordenanzas municipales. Paradójicamente, como en otras ciudades de la región, la expansión de la ciudad irregular ocurre en forma cuasi organizada, generalmente por emprendedores que invaden propiedades privadas –con o sin acuerdo del propietario de la tierra- y con ello activan un mercado sumergido de la tierra urbana que se inicia con la ocupación ilegal de lotes sin servicios básicos de aguas, alcantarillado y drenaje. En algunos países es frecuente que políticos utilicen estos mismos mecanismos que promueven la ocupación informal de la tierra para obtener réditos electorales.” (p. 13).

Entre esos países está el Ecuador, y en él, Guayaquil, con el caso del PSC. El informe describe también a los desarrollos de vivienda que impulsa la Alcaldía socialcristiana de Guayaquil, y explica que algunos de ellos…

“… se localizan en zonas de riesgo por inundación y los proyectos aparentemente siguen soluciones convencionales, con extensos urbanismos sobre rellenos y construcción de conductos para drenaje para absorber picos de escorrentía generados por nuevas áreas impermeables. Estas opciones de ingeniería no representan claramente la mejor opción para garantizar su sustentabilidad en el futuro. […] Se observa que el abastecimiento de agua es el primer servicio que se atiende, seguido de alcantarillado sanitario y, finalmente, siguiendo un enfoque tradicional ligado a la instalación exclusivamente de obras de conducción, se atiende el drenaje pluvial.” (p. 13).

A pesar de que el informe de la CAF advierte que en Guayaquil se tienen “condiciones inmejorables para desarrollar soluciones integradas en el diseño urbano que combine programas de vivienda, transporte, agua potable, alcantarillado, drenaje, residuos sólidos y medio ambiente” (p. 31), el informe también reconoce que la realidad de Guayaquil es, en general, muy distinta a este ideal, pues consiste en “lotes pequeños para las viviendas, aceras y accesos estrechos, limitadas áreas verdes, y en general una clara tendencia hacia la impermeabilización del suelo urbano. […] Este tipo de ocupación aumenta notablemente la temperatura en la ciudad, incrementa significativamente los picos y la velocidad del escurrimiento durante las crecidas de la escorrentía superficial, produce erosión y aumenta la contaminación de las aguas pluviales” (p. 24). Es decir, una vida de segunda clase.

Visto desde los hechos de su desarrollo urbano (contados en este informe de la CAF que pagó la Alcaldía y que se redactó para presentárselo al Alcalde Nebot, v. p. 5), es fácil deducir que el desarrollo urbano se ha hecho con el fin de favorecer a las empresas constructoras, en vez de a los habitantes de Guayaquil. Esto, porque en ello está el negocio.

Y esto es apenas asombroso, si se toma en cuenta que el exAlcalde por casi dos décadas y actual Alcalde-por-encima-de-la-Alcaldesa-de-ahora, Jaime Nebot, provenía él mismo del negocio de la construcción. No es tan raro, entonces, que él haya buscado beneficiar a su gallada (esto es el Ecuador, no seamos tan patéticamente giles). El problema de este modelo de “Capitalismo de Amigos” del PSC es que realmente perjudica a la gente común, a pesar de que en la esfera pública se nos haya vendido otra idea.

Así, la magia del socialcristianismo consiste en mantener sometida a una población con vidas de segunda clase, con el sabroso cuento de que se vive un caso de “modelo exitoso”. (Esto se llama “delusión”, o si lo quieren en palabras coloquiales, “una metida de dedo”). Detrás de estas personas que viven miserablemente pero que sostienen el proceso del PSC (algunos con sincero entusiasmo), hay un continuado proceso de estupidización en el que los medios de comunicación han jugado un rol fundamental.

Pero el encanto de la estupidización del guayaquileño se quiebra en ciertas circunstancias dramáticas (30-S, las protestas de Octubre) y entonces salta la pus. El tejido social revela sus costuras, que se le notan en tantas otras cosas: la forma cómo conducimos, la ausencia de una fiesta local congregadora, el sistema de clientelismo en los barrios populares, el sistema de cooptación de la participación social en los grupos amigos (los 117 favorecidos), el diseño de una ciudad como una vitrina… Pero en esos momentos extremos, en los que irrumpe la violencia de los guayaquileños pobres contra los bienes comunes y contra los comercios de los otros, es que se revela la mentira del modelo socialcristiano. Un modelo que realmente es excluyente y produce ciudadanos de segunda, que no han llegado nunca a compartir un futuro en común con su comunidad. Por eso les resulta muy fácil agredirla.

Al final, es un problema de imaginación: hemos sido incapaces, como sociedad, de pensar ideas alternativas a las que ha impuesto el PSC, al punto de que ellos, hoy, pueden cerrar con seguridad privada la ciudad a los foráneos (léase, a los “indígenas del páramo”) como acaba de ocurrir durante las protestas de Octubre: Guayaquil es una ciudad colonial del siglo XVII, perdida en el XXI.

La Alcaldía ha podido hacer poco y mal, como lo han descrito los expertos de la CAF, pero en Guayaquil se considera a este poquito, mejor que cualquier otra cosa que se haya podido pensar y hacer en la ciudad. Nuestra verdadera miseria, en Guayaquil, es mental: reside en nuestra incapacidad, hasta la fecha, de pensar en la esfera pública por fuera de la lógica perversa que ha impuesto el PSC.

Es momento de traerlo de vuelta al gran Ronaldo, el crack de Liberalismo & Justicia. Dice en el cierre del artículo citado, ‘Why liberals should care about equality’, “[s]i nuestro gobierno puede proveer un futuro atractivo únicamente a través de la presente injusticia”, que en el caso de Guayaquil comporta un suplido a cuentagotas de los servicios públicos en los sectores marginales, se les está pidiendo finalmente a “algunos ciudadanos que se sacrifiquen en el nombre de una comunidad de la que ellos están, en cualquier otro sentido, excluidos.” Y esto es lo que le pasa a los “extras” de Guayaquil: ¿de qué comunidad se les puede hablar a estos excluidos? Ellos, lo que realmente quieren, es asaltar el Tía, y cuando tienen chance, pues lo hacen. Y Guayaquil, que se joda.

Que es exactamente lo que piensan los tipejos de las empresas constructoras mientras cuentan su billete, na’ más que su perjuicio es a otra escala. Y es por esto, por esta generalizada desidia de los pobres y de los ricos hacia la ciudad que habitan, así como por la ausencia de pensamiento crítico en su clase media, que estamos tan, pero tan mal. Y es por la sostenida estupidización que ha tenido lugar aquí, que ni siquiera nos damos cuenta.

Salvo los del Tía. Ellos sí que se dan cuenta.

Autonomía individual

Lo he dicho en varias columnas con las precisas palabras de Roberto Gargarella: tengo la firme convicción de que una auténtica sociedad democrática demanda el “fortalecimiento de nuestra autonomía individual y nuestro autogobierno colectivo”. Me ocuparé, en esta columna, de la primera de esas demandas.

La autonomía individual puede definirse como la libertad de toda persona de desarrollar su personalidad siempre que no afecte los derechos de otras personas (en palabras de John Rawls, en su célebre Teoría de la Justicia: “Cada persona debe gozar de un ámbito de libertades tan amplio como sea posible, compatible con un ámbito igual de libertades de cada uno de los demás”). Esta autonomía individual supone la existencia de comportamientos sobre los cuales cada persona (y, entiéndase, solo ella) puede decidir. El necesario respeto a tales comportamientos implica que el Estado debe proteger las libertades que permiten a cada persona vivir su vida moral plena y que, por ende, el Estado no puede imponer (ni ninguna otra persona exigirle que imponga) a una persona lo que otra u otras viven como su obligación moral (porque como sostiene el filósofo Ernst Tugendhat, “un concepto de la moralidad que no deje abierta la posibilidad de concepciones variadas de lo moral tiene que parecernos hoy inaceptable”). Suena lógico, pero muchos no lo entienden (o no quieren entenderlo).

Entre esos, unos utilizan como argumentos términos tales como “bien común”, “buenas costumbres” u “orden público” para justificar las violaciones a la autonomía individual: la vaguedad e imprecisión de tales términos lo permite. Ante tal vaguedad e imprecisión corresponde, en una auténtica sociedad democrática, que las libertades de la autonomía individual (y los derechos que las protegen) se entiendan como “cartas de triunfo” (la expresión es de Ronald Dworkin) frente a tales términos.

Otros utilizan el argumento “mayoritario”: suponen que la democracia es una “democracia de mayorías” (sea la mayoría de católicos o de coristas de ‘Patria, Tierra Sagrada’). Esta concepción “estadística” de la democracia suele violar la autonomía individual de las minorías marginadas o sobre las que la mayoría tiene prejuicios. Para propiciar el desarrollo sin discriminación de la autonomía individual se necesita de una “democracia constitucional” (de nuevo Dworkin) que, tanto en lo legislativo como en lo judicial, defienda los derechos que protegen (a pesar de las pretensiones de la mayoría) la autonomía individual de todos, incluidas las minorías.

Algunos otros (que se supone que defienden la autonomía individual) tienen una visión sesgada de la misma porque, en su opinión, la autonomía individual solo se viola cuando quien la agrede es el Estado (que para el caso guayaquileño, lo representa tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Seccional –léase, Municipio local) pero nunca cuando quienes violan la autonomía individual son las empresas privadas que (en connivencia con Estados débiles, como el nuestro) suelen someter a los individuos menos favorecidos a condiciones de extrema precariedad. O, en esa misma línea de análisis, algunos que se suponen defensores de la autonomía individual en todos sus extremos se ocupan solo de sus aspectos económicos: hace ocho meses exactos publiqué el editorial ¿Libertarios? , para indagar si este movimiento defiende algo distinto a otros grupos de derecha (como el agónico y patético PSC, pongamos por caso) y la respuesta es no. El nombre “libertarios”, a ese movimiento, le queda ancho.

No pocos prejuicios, cobardías y malentendidos acechan a la autonomía individual. Precisamente de allí la importancia de entender su significado y de propiciar su justa defensa, tal como lo reclama la filosofía liberal ilustrada y corresponde en una auténtica sociedad democrática.

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