Escupir para arriba

Abelardo de la Espriella, a quien se lo considera el “abogado de la parapolítica”, es quien encabeza el grupo de diez abogados que el 6 de julio se presentaron en la Fiscalía de Colombia para, entre otras cosas, solicitar que se denuncie al Presidente de Ecuador ante la Corte Penal Internacional por sus supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Yo apoyo esta pretensión del grupo de abogados que encabeza Abelardo de la Espriella. La apoyo, porque tengo interés en que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (que dirige el argentino Luis Moreno Ocampo) investigue la situación en Colombia: los posibles crímenes de lesa humanidad que se han cometido en ese país las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Ejército de Colombia (valga decirlo, la responsabilidad del Estado en crímenes de lesa humanidad se ha probado en varios casos que se han seguido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Pero en este punto se me dirá que la pretensión que se solicita a la Fiscalía de Colombia es distinta, que lo que se busca es investigar los supuestos vínculos de Rafael Correa con las FARC.

Precisamente: porque lo que revela entonces esa pretensión de los abogados colombianos es la evidente mala fe de discutir un bluff o su profunda ignorancia del derecho internacional en razón de que el que un Estado remita información a la Corte Penal Internacional (al amparo de su potestad para hacerlo, consagrada en el literal a) del artículo 13 del Estatuto de Roma) para que ésta investigue una posible situación que constituya uno o varios crímenes de su competencia (descritos en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma) no circunscribe la investigación de la Corte Penal Internacional a los términos de la información que el Estado remitió. En otras palabras, si la Fiscalía de Colombia le hace caso a estos abogados colombianos y decide remitir la situación de supuestos vínculos del Presidente Rafael Correa con las FARC, la Corte Penal Internacional podría investigar esos supuestos vínculos de Correa y toda otra situación que en Colombia pueda constituir uno o varios crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional (genocidio y crímenes de lesa humanidad –el otro crimen de competencia de este tribunal, los crímenes de guerra, no los puede investigar la Corte Penal Internacional en relación con Colombia porque este es el único país en el mundo que mantiene la declaración que faculta el artículo 124 del Estatuto de Roma que implica la no aceptación de la competencia de la Corte Penal Internacional para investigar esos crímenes). En realidad, es evidente que ni la Fiscalía ni ninguna otra autoridad colombiana será tan torpe como para hacerle caso a los abogados que comanda el “abogado de la parapolítica”, Abelardo de la Espriella, porque para Colombia eso sería escupir para arriba: tiene muy poco que ganar (el supuesto vínculo de Correa es peccata minuta en comparación a las atrocidades que han sucedido en el conflicto colombiano, a las que el Estado de Colombia no es ajeno) y mucho que perder y no querrá hacerlo. Pero ojalá lo hiciera: yo te apoyo, abogado de la Espriella.