Hace unos días, un órgano
transitorio y súperpoderoso decidió la destitución de la Corte Constitucional.
Es un hecho que repite un hecho de nuestra historia política reciente, antes
de Rafael Correa: la destitución del Tribunal Constitucional a fines de 2004,
preludio de la caída de Lucio Gutiérrez. Este hecho se lo llevó a conocimiento
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado ecuatoriano
por la violación del derecho a las garantías judiciales y de los derechos
políticos de los jueces destituidos (el caso se conoce como “Camba Campos y otros vs. Ecuador”).
En esa sentencia, la Corte
concluyó “que la destitución de todos los miembros del Tribunal Constitucional
implicó una desestabilización del orden democrático”, pero no ha pasado ni una
generación (ni quince años) y ya en tiempos post-Correa, estamos haciendo lo
mismo que hacíamos antes de que él aparezca en escena, aunque ya nos haya
merecido condena internacional.
Y estamos abriendo,
además, las compuertas a nuevas condenas internacionales, por la actuación de
un Consejo descontrolado.
El gobierno de Lenin
Moreno es un viaje a la ecuatorianidad más pura.
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