El mundo te habla, Lasso

Por el mundo, me refiero a los Estados Unidos y a Colombia*. En la Colombia vecina se acaba de refrendar el mensaje de Octubre, se lo puso for dummies: si gobiernas de espaldas a la gente, la gente saldrá y te quemará el rancho. El mensaje subsecuente a Guillermo Lasso es, entonces, muy obvio: tiene que gobernar escuchando a la gente, o la gente se hará escuchar (un punto para Lasso es que algo ha empezado a escuchar, v. ‘Cuando un banquero te corre por la izquierda…’).

 

Esto, además, le conviene mucho a Lasso porque él es el Presidente con la más débil legitimidad para gobernar, expresada por el porcentaje de votos que obtuvo en las últimas elecciones. De hecho, Lasso obtuvo menos votos en esta elección que ganó que en la elección del 2017 que perdió. Además, en una Asamblea Nacional de 137 integrantes, Lasso cuenta apenas una docena de asambleístas, complicando aún más su gobernabilidad.

 

Por eso, el mensaje que viene de Colombia es claro: legitimidad para gobernar se construye escuchando a la gente. Octubre fue eso: actuar de espaldas a la gente no les funcionó (v. ‘El Estado irresponsable (p. 1)’, ‘El Estado irresponsable (p. 2)’ y ‘El Estado inconstitucional’) Hay que aprender de esto.

 

Pero más interesante aún es el mensaje que viene de los Estados Unidos, la querida Yunái. En su discurso sobre el Estado de la Unión, el Presidente Biden anunció una serie de políticas para reactivar la economía de su país: el pago de la justa parte por las grandes empresas, la subida del salario básico para que nadie viva por debajo de la línea de la pobreza, la equiparación de los sexos en la paga salarial, el fortalecimiento de la seguridad social y de los sindicatos… Dato curioso: en la sede del FMI no se siguen las recetas del FMI.

 

Es como para tenerlo en cuenta. Si lo hace el Gringo, hay que entonces abrochar a los grandes empresarios locales, sacarles su justa parte. ¿Y quién mejor que uno de ellos para hacerlo?

 

Gobernar escuchando a la gente, aplicando las políticas de Biden: el conservador Lasso se convertiría así en mi socialdemócrata favorito. (Además de ser un religioso que respeta el laicismo, otra cosa loable.)

 

Sería el Ecuador en modo random.**

 

* Se trata de nuestro primer socio comercial y de nuestro vecino del Norte, de cuyo territorio nos secesionamos en mayo de 1830, para constituirnos por unos meses en el Estado del Sur de Colombia, y luego en el Estado del Ecuador en la República de Colombia, hasta que en 1835 se constituyó la República del Ecuador, cuyo primer Presidente fue Vicente Rocafuerte.

** And random is not whatever. Otra forma de verlo: un día más en la Carabina de Ambrosio.

Del sur al ecuador

En 1830, un nuevo Estado sudamericano pasó de ser el ‘Estado del Sur de Colombia’ a ser el ‘Estado del Ecuador en Colombia’ y se puede decir que ese nuevo Estado pasó de ser un punto cardinal a ser una línea imaginaria (?). Eso sí, el susodicho y naciente Estado seguía siendo, vocacionalmente, colombiano. (Y ya sabemos que esto terminó mal, v. ‘Los orígenes del Ecuador: ir por lana y salir trasquilado’)

Ambos nombres son de pura geografía y los creo una razón más para suponernos una invención digna de La Carabina de Ambrosio (en nuestros datos humorísticos; cuando no, somos los malos ratos de El Vengador Tóxico).

La Asamblea de Litardo, la criada de Paz

Realmente siento un poco de pena por Litardo, el Presidente de la Asamblea Nacional. Es claro que él es una persona sin liderazgo, circunstancialmente al mando del Primer Poder del Estado, cargo que le quedó sobradamente ancho. Ha sido como agarrar al más flaquito de la clase y llevarlo a una competencia de fisicoculturismo, o enviar a un analfabeto a un concurso de Libro Leído, o mandar a competir los 100 metros planos a Lenin Moreno. Es seguro que ellos fracasarán, pues ninguno de ellos está capacitado para esa tarea. Tampoco lo ha estado Litardo.

Ahora bien, en el reino de los incapaces que es este Gobierno Nacional (v. “El Estado irresponsable”, para botón de muestra), Litardo debería recibir un bono por ser el que más. En casi un tercio de su período de dos años, el Ejecutivo ha remitido a la Asamblea de Litardo ocho proyectos de ley, de los que sólo se ha podido tramitar uno hasta su publicación en el Registro Oficial: los otros siete continúan en el limbo legislativo. Todo el trabajo de la Asamblea de Litardo se resume en esto: la afortunada nueva Ley que remitió el Ejecutivo (que fue la derogatoria del Impuesto Verde), otra ley derogatoria (a la Ley de Plusvalía) y dos leyes reformatorias (a la LOC y al COIP). Esto, en casi ocho meses de… ¿trabajo?.

La Asamblea de Litardo es tan Carabina de Ambrosio que no le funcionan siquiera algunas de sus Comisiones. En algún momento fueron tres de ellas, pero ahora le quedan: una disfuncional, que es la de Trabajadores, que sesiona pero que no llega a acuerdos sobre sus autoridades ni su agenda, y la ociosa de Gobiernos Autónomos, que está paralizada desde hace cinco meses “porque no se acepta a sus autoridades”. A ellas se las había acordado en un principio con Litardo, pero es claro que a él no le hacen caso.

Pensando en tanta nulidad, me vino a la cabeza esa anécdota que contó Octavio Paz de la vez que escuchó un ruido en un cuarto contiguo al suyo y preguntó en voz alta: “¿Quién anda por ahí?” Paz recibió por respuesta la voz de una criada recién llegada de su pueblo, que le contestó: “No es nadie, señor, soy yo”.

Porque es tan “nadie” Litardo, que hoy exhibe como positivo el que durante el estado de excepción, la Asamblea que él preside no haya hecho nada. Él dice que eso es un mérito, cuando en realidad es un claro reconocimiento de no tener agencia política, de carecer de voz propia y de ideales y derechos que defender (pues ultimadamente para eso se le paga). Su táctica fue, digamos, la del avestruz*. Ilustración:

Litardo, en toda su gloria.

A estas alturas, es claro que el único ideal de César Litardo es ser como la criada de Paz: quiere ser útil a los que sirve, pero sin hacerse notar. Y tampoco es que podría hacer otra cosa.

Y la Asamblea, mientras tanto, que se joda.

* En realidad, ningún avestruz hace eso, pero no descarto que el primus inter pares de los legisladores lo haya hecho.

La fecha de fundación del Ecuador

La fecha de fundación del Estado ecuatoriano no puede ser el 10 de agosto de 1809 (hecho por quiteños, repudiado por guayaquileños y cuencanos), ni el 9 de octubre de 1820 (hecho por guayaquileños, secundando por los cuencanos, repudiado por los quiteños), ni el 24 de mayo de 1822 (hecho por una coalición de entusiastas y de mercenarios en beneficio de Colombia). Debería ser, o bien el 11 de septiembre de 1830, cuando los representantes de las provincias constitutivas de Guayaquil, Quito y Cuenca estamparon sus firmas en la Constitución que creó el Estado ecuatoriano, o el 23 de septiembre de 1830 cuando el Presidente, el venezolano Juan José Flores, le puso su Ejecútese a dicho documento.

A Founding Father. Fuente.

Dadas estas dos alternativas, no debería ser de recibo ninguna otra basada en las fechas mencionadas, por resultar ajenas a la “ecuatorianidad”, una idea que se asocia a una entidad estatal recién en 1830. Entre el 11 y el 23 de septiembre, parece más adecuada la fecha de entrada en vigor del documento, pues legalmente fue ese día cuando empezamos a existir como un Estado independiente, aunque no todavía como República. Eso aún tardaría hasta 1835.

Un día ignorado este 23 de septiembre, verdadera fecha de nuestra Fundación. ¿Por qué no me extraña que así suceda, en este país Carabina de Ambrosio?

El derecho a la protesta

Los hechos son los siguientes: el 13 de mayo de 2.019 un anciano de 88 años es increpado por su accionar en los negocios del Estado. Al día siguiente, ese anciano sufre un Accidente Cerebrovascular. Cinco días después, fallece a consecuencia del ACV. ¿Son responsables las personas que lo increparon por el ACV que sufrió el anciano?

La única respuesta posible a este “caso de la vida real” es que NO, no se le puede atribuir a ninguna de esas personas que increparon a ese anciano el 13 de mayo de 2.019 ninguna responsabilidad, ni penal, ni de ningún otro tipo. A esta conclusión se puede arribar por distintas vías, pero mi argumento es el que corresponde a una sociedad democrática: NO, porque no se le puede atribuir una responsabilidad a unas personas que únicamente estaban ejerciendo su derecho a protestar. Ese derecho a la protesta tan conveniente y que tanto se lo reivindicó durante el Gobierno de Correa, que ahora resulta muy inconveniente cuando lo ejercen los “correístas”.

 

Si como es el caso, nuestro país es una sociedad democrática, las personas que han asumido un rol en esta democracia (como lo hizo el anciano Trujillo en su calidad de Presidente del Consejo Transitorio) deben saber que están expuestas al escrutinio del público. Nadie los ha orillado a estas circunstancias acaso no satisfactorias: Trujillo, por ejemplo, bien pudo privilegiar la paz de su hogar a los excesos de sus últimos días como funcionario público, pero voluntariamente renunció a lo primero para someterse a los rigores que implica lo segundo. Unos rigores que comprendían “un mayor escrutinio público por parte de la sociedad”, como lo recuerda claramente el Principio 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Ese escrutinio comprende opiniones que pueden ser hirientes, chocantes u ofensivas, como se ha reconocido en la jurisprudencia constante de la Comisión y Corte interamericanas.

En su último Informe, publicado el 17 de marzo de este año, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión IDH reiteró su recomendación a los Estados de que deben garantizar “el ejercicio legítimo  de la protesta social e impedir la aplicación de restricciones desproporcionadas que puedan ser utilizadas para inhibir o reprimir expresiones críticas o disidentes” (p. 285). El hecho de que el político contra el cual se protesta tenga 18 ú 88 años es irrelevante para el ejercicio legítimo de este derecho.

A pesar de padecer “diabetes, cardiopatía hipertensiva y neofratía diabética”, Julio César Trujillo decidió someterse voluntariamente a un mayor escrutinio público, es decir, lo hizo bajo su propia cuenta y riesgo. Lo que le pudo pasar, y lo que le pasó, es obra de su propia (ir)responsabilidad.

Pensar de otra manera es suponer que, porque un político es una persona anciana y puede ser afectada por el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, no se puede ejercitar en su contra este derecho pues “no ha de ser que le vaya dando algo al ancianito” y le terminen por iniciar a uno una causa penal. Esta, por supuesto, es la conclusión más hondamente imbécil a la que podría llegarse en un sistema de justicia de una sociedad democrática, pues supondría una especie de inmunidad especial en el accionar de un político por causa de su ancianidad.

Estimo que incluso a nuestra “Fiscalía 10/20” semejante conclusión le parecerá absurda, por lo que no tendrá de otra que tirar al cubo de la basura esta investigación que acaba de iniciar. Pero en este país Carabina de Ambrosio, nunca se sabe.