Doce días de paro nacional
y de violencia en las calles se vivieron desde el dictado del decreto No. 883 y
su derogatoria, que han sido vistos, o como un acto de irresponsabilidad, o como
un acto de maldad. Hay quienes sostienen que al Gobierno se le fueron las cosas
de las manos, mientras hay otros que dicen que ese fue su guion desde el
principio, porque lo principal era renovar la culpabilidad del correísmo en el desastre de país que
tenemos. Probar este segundo escenario es, por supuesto, mucho más difícil. Pero
para la declaración de “irresponsabilidad” de nuestro Estado en esos días,
basta con recuperar las propias palabras de los actores principales de este “ecuatorianicidio”.
Mi argumento es de
políticas públicas: grosso modo, es
que el Gobierno Nacional adoptó una política pública irresponsable que desató
una crisis que sólo se resolvió cuando se eliminó esa política pública
irresponsable para adoptar otra mejor (hoy en construcción).
Ahora, ¿por qué fue una
política “irresponsable”? Primero, porque así lo han reconocido los actores
represivos como la propia Ministra encargada de la Policía, María Bala y Plomo,
que indicó, muy suelta de huesos, que “La inteligencia falló, debió entregar alarmas más claras” pues no hubo “[n]ada en comparación con lo que
sucedió”. Esto lo reiteró Roque Moreira, el comandante de las Fuerzas Armadas
durante el estado de excepción, quien, si bien admitió que el sistema de
inteligencia militar funcionó mal, le añadió un jugoso detalle: “no podemos desconocer lo que ocurrió en el anterior gobierno”. Es forzoso concluir que
ni los civiles ni los militares investigaron adecuadamente los efectos que iba
a provocar las medidas económicas que se adoptaron en el decreto No. 883. Y que
para no admitir su propia responsabilidad en los hechos, buscan atribuírsela ahora al
“anterior gobierno”.
[Por supuesto, aquí es
cuando los que postulan la maldad del
Gobierno Nacional descartan la irresponsabilidad para suponer que el objetivo
fue siempre culparlo a Rafael Correa.]
 |
| El irresponsable mayor. |
Y segundo, la actuación
del Gobierno Nacional fue “irresponsable” porque, después de los doce días de
paro nacional, reculó. El hecho de que el primer día, Moreno haya dicho que no
iba a derogar las medidas, para al duodécimo, derogarlas, es muy revelador. Y no
sólo eso, sino que ha dicho el Presidente que el nuevo decreto que va a poner
en vigencia, sí se lo hará en conversaciones con los afectados, de manera
focalizada y buscando el beneficio de los más pobres… Con la admisión de un
nuevo decreto con dichas características, Moreno sugiere implícitamente que el decreto
anterior no las contenía y que, por tanto, fue muy irresponsable la forma cómo
se lo elaboró y se lo presentó a la sociedad. Sin lugar a dudas, debió
hacérselo de otra manera.
De hecho, si se dictaba el
decreto No. 883 siguiendo los parámetros de las garantías constitucionales para
las políticas públicas que constan en el artículo 85 de la Constitución, que
disponen la orientación de las políticas para hacer efectivos los derechos, la
prevalencia del interés general sobre el particular, la conciliación de los
derechos en juego y la participación de los afectados, el Estado se habría ahorrado
los doce días de paro nacional. Tan simple, como que obedecer a la propia
Constitución nos habría ahorrado la pérdida de ocho vidas humanas y de millones
de dólares en pérdidas económicas.
Corolario: El Estado fue irresponsable en el manejo de esta política
pública y, por ende, debe responder en los términos del artículo 11.9 de la
Constitución por todo lo ocurrido (muertes, heridos, detenciones arbitrarias y
pérdidas económicas) durante ese período.
0 comentarios:
Publicar un comentario