Kaputt AP

Lo de Alianza País ha sido un descalabro. Desde las elecciones presidenciales del año 2006, el movimiento Alianza País había triunfado en todas las elecciones presidenciales y éstas habían sido cuatro, tres lo hizo con Rafael Correa y una con Lenin Moreno. Pero durante el gobierno de este último, esa máquina magnífica, primera organización política merecedora del rótulo ‘nacional’ en la vuelta a la democracia (i.e., 1979 en adelante), se fue a pique.

 

Entre 2017 y 2021 se urdió la historia de su naufragio. Pasó que el año 2017 se lo sacó a Correa del movimiento. En manos del Presidente Moreno y sus secuaces, el movimiento se debilitó y deslegitimó. Se presentó a las elecciones presidenciales del 2021 con la única mujer en una papeleta que ella compartió con quince varones, pero Ximena Peña obtuvo un magro 1.54%, quedando novena entre dieciséis. Para peor, Alianza País no consiguió un chulla asambleísta. El primer candidato en la lista nacional para la Asamblea lo ocupó el actual Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Esto contribuye a explicar la nada.

 

Alianza País ha muerto. Y Ahora el Presidente Lenin Moreno anuncia su desafiliación del movimiento que él contribuyó tanto a destruir. Cumplida su tarea, el Rey Midas de la Mierda se retira.

¿Quién paga la factura del ‘morenismo’?

La pregunta del título se justifica, porque el Gobierno de Moreno no podrá quedar impune. Un Gobierno que ha llevado a que, por cada veinticinco ecuatorianos, veinticuatro piensen que la situación de su país está mal, no puede quedar impune. Esto, alguien lo tendrá que pagar el día de las elecciones.

El Gobierno de Lenin Moreno se ofreció como una ‘superación’ del ‘correísmo’, una alternativa ‘pos-correísta’ por un país mejor, con libertades y sin corrupción. Pero resultó puro eslogan, pues durante el ‘morenismo’ la corrupción campea, las libertades se reprimen con la policía (los únicos servidores públicos, junto a los militares, bien pagados y a tiempo) y el ‘país mejor’ que se ofreció el 2017 es realmente un país peor que el que antes había. De resultas, el ecuatoriano se siente defraudado y en estas elecciones del 7 de febrero de 2021 buscará una ‘superación’ de lo que se le ofreció como una ‘superación’, pero que fue un fraude.

En principio, es el ‘correísmo’ quien debería pagar esa factura, puesto que Lenin Moreno fue ungido por el expresidente Rafael Correa. Pero la persecución política y judicial contra los ‘correístas’ durante el Gobierno de Moreno ha sido de tal intensidad y sesgo, que ya no resulta muy creíble pasarle al ‘correísmo’ la factura (justo ayer se resolvió en su contra un recurso de casación que demoró apenas… ¡17 días!).

Otro que podría tener que pagar la factura del ‘morenismo’ sería el movimiento político Alianza País, por el que Lenin Moreno fue elegido el año 2017. Pero, en este caso, ya ese movimiento político fue destruido durante el Gobierno de Moreno y es difícil caer más bajo que su actual irrelevancia. En simple, Alianza País no pagará la factura, simplemente porque ya no puede pagar más. Está tan exangüe, que su primer candidato nacional para a la Asamblea será César Litardo, ese error del sistema legislativo.

La última alternativa para pagar la factura del ‘morenismo’ es que la termine por pagar la tendencia de derechas que lo cobijó a Lenin Moreno cuando tomó la decisión de distanciarse, y después de perseguir, a los ‘correístas’ que lo habían ungido. En las elecciones venideras, la tendencia de derechas está representada por la alianza (en realidad, tregua) entre CREO y el PSC. Es evidente que CREO ha co-gobernado con Lenin Moreno y que el PSC protegió al Presidente en Octubre, cuando el líder del PSC mandó, infelizmente para él, a los indios al páramo. (Sobre esto, v. ‘Nebot, antes de la marcha’ y ‘Nebot, después de su discurso’)

Entonces, prescindiendo del movimiento Alianza País, el representante de la derecha (o del ‘anti-correísmo’, si así se quiere) buscará hacer creíble el relato de que hemos estado viviendo una larga etapa de ‘correísmo-morenismo’, empezada el año 2007. Para el representante del ‘correísmo’, en cambio, se tratará de evidenciar la persecución gubernamental y el co-gobierno que ha mantenido CREO. Y parecería que para el ‘correísmo’ la construcción del relato resulta más sencilla y veraz, porque puede aportar muchas evidencias sobre dichas persecución y co-gobierno.

Y este no es ningún dato menor: la factura a pagar por el ‘morenismo’ podría resultar muy alta, incluso para un banquero.

Pura paja

Si unos legisladores yerran, y violan derechos con una resolución que ellos han adoptado, deberían rectificar. Pero el caso de la exAsambleísta Sofía Espín, destituida por una resolución de la Asamblea Nacional adoptada el 13 de noviembre de 2018, no ha supuesto ninguna rectificación de su parte.

Todo lo contrario. Para el Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, lo decidido por la Asamblea Nacional es de un carácter “político” y, por ende, no corresponde que la Asamblea haga ninguna rectificación. Hago notar que la forma en la que este sujeto utiliza el término “político” es como sinónimo de “irresponsable”.

Por supuesto, esta tristona idea que ampara la irresponsabilidad sólo puede ocurrir en la torpe cabecita del señor Litardo (¿o debo decir, Retardo?), quien es una persona de una mediocridad espantosa y sin tregua. En principio, él debería saber que las resoluciones de la Asamblea Nacional que él preside pueden generar responsabilidad internacional del Estado, más aún si la Asamblea decidió la destitución de uno de sus miembros.

Ese día 13 de noviembre, por la destitución de Espín, votaron 94 asambleístas. Entre ellos, el asambleísta Retardo.

Es importante que se sepa que la Corte IDH ya ha examinado estas acciones “políticas” de la Asamblea Nacional. Cuando la Asamblea se llamaba todavía Congreso Nacional, antes de la vigencia de la Constitución de Montecristi, ese órgano (eran los tiempos del agreste Presidente Gutiérrez) ejecutó unas acciones “políticas” e irresponsables que se convirtieron en dos casos ante la Corte IDH, resueltos el año 2013: el Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) y el Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros).

Es también importante saber que la destitución de una autoridad elegida por la voluntad popular, por el Congreso u otra autoridad, no puede ejecutarse de cualquier manera. De acuerdo con la jurisprudencia de la Comisión IDH en el Caso Petro c. Colombia, todas las restricciones del derecho de una autoridad elegida por la voluntad popular a completar su mandato…

“… deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso. En un caso como el presente, de una persona elegida a un cargo de elección popular, debe tomarse en cuenta que una restricción al derecho al sufragio activo mediante destitución o inhabilitación, puede afectar no solamente a la persona en cuestión sino también la libre expresión de la voluntad de los electores a través del sufragio universal. De esta manera, una restricción arbitraria de los derechos políticos que impacte en el derecho de una persona a ser elegida popularmente y a completar su mandato, no afecta únicamente los derechos políticos de la persona en cuestión, sino que implica una afectación en la dimensión colectiva de dichos derechos y, en suma, tiene la virtualidad de incidir significativamente en el juego democrático.” (Caso Petro, Párr. 117)

De acuerdo con esta resolución de la Comisión IDH, anterior a la destitución de Espín y de obligatoria aplicación por toda autoridad pública (incluida la Asamblea del tal Retardo) por esta sentencia (Párr. 274), la destitución de Sofía Espín debió ser analizada de manera cuidadosa y bajo un escrutinio riguroso, pero la Asamblea Nacional nunca hizo eso.

Entonces, el núcleo de este artículo es responder a la siguiente pregunta, ¿por qué debería rectificar la Asamblea Nacional en el caso de Sofía Espín?

Una primera respuesta es simple: para evitar que se condene al Estado ecuatoriano, una vez más, en el Sistema Interamericano. El Estado se está yendo como chancho pa’ los choclos hacia allá.

Una segunda respuesta es necesaria: porque es lo justo y lo que corresponde, pues sin la acusación penal, la sanción legislativa en contra de Espín no se sostiene.

Me explico: la Asamblea basó su decisión en la existencia de una supuesta infracción penal. El informe de la Comisión Ocasional Multipartidista de Investigación (COMI) del 20 de octubre de 2018 atribuyó a la visita a la cárcel de la Asambleísta Sofía Espín del 24 de septiembre de 2018 la capacidad de hacer “una interferencia en los procedimientos de otra Función del Estado como la Judicial…”. En la redacción básica de este informe idiota y primario, que es el anverso de un análisis cuidadoso y riguroso exigido por el Sistema Interamericano, puede leerse que la acción de la Asambleísta Espín “más bien evidencia que hay un afán de interferir en un proceso que tiene una connotación nacional”.

Con la base de este verso de tío obesa de la COMI, es que se procedió a destituir a Sofía Espín. Para entender el porqué este discurso idiota pudo validarse por 94 irresponsables, es necesario adoptar un poco de perspectiva. El hecho que se juzgó, la visita a la cárcel de la Asambleísta Sofía Espín en compañía de una abogada, Yadira Cadena, a fin de conversar con una detenida, de nombre Jéssica Falcón, en un proceso que involucra al expresidente Correa, ocurrió en la mañana del lunes 24 de septiembre de 2018. Por espacio de unos diez minutos, aproximadamente. Esto desencadenó lo siguiente:

Al lunes siguiente, 1 de octubre de 2018, el abogado Diego Chimbo usó a la Asamblea como a su bitch. Presentó un escrito un lunes y obtuvo una resolución de sus perras el jueves. ¿Quién puede, en la historia republicana del Ecuador, decir que consiguió esto? Chimbo not Chimbo: este man es un auténtico pimp de nuestra Asamblea Nacional. Un chuchas.

Fue un asambleísta de ostentosa mediocridad, el azuayo Esteban Bernal, quien presentó el 3 de octubre una denuncia en contra de Sofía Espín. Ese mismo día, el CAL calificó la denuncia de Bernal (tenía cinco días para hacerlo, pero la idiotez requiere rapidez). En breve se organizó una Comisión que se compuso de tres asambleístas: Bairon Valle, Fernando Callejas y Jimmy Candell, quien la presidió. El informe de mayoría (Callejas y Candell) emitido el 20 de octubre es de una limitación conceptual y verbal que conmueve.

Pero 94 personas que recibieron el voto de sus conciudadanos decidieron aprobar, a fin de destituirla a Sofía Espín, una resolución el 13 de noviembre. Todo fue muy rápido, como es conveniente a la idiotez: un 24 de septiembre una Asambleísta visitó una cárcel, el 13 de noviembre la Asamblea Nacional decidió, por 94 votos, que ya no era más Asambleísta. Es el sentido homenaje que la idiotez le ha hecho a la celeridad.    

El caso es que el horror de tía obesa que motivó la actuación de la Asamblea Nacional era una mentira, pura paja. ¿Saben quién lo dice? La morocha que determina a quién se persigue en este país, la Fiscal Diana Salazar. La institución a su cargo publicó este boletín de prensa, citándola:

“a diferencia de otros casos, en este no hubo un enfoque técnico-jurídico, por lo cual persistir en la acción no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal.”

Y es que está diamantino: lo que fundamentó la destitución de Sofía Espín fue pura paja.

Y es por esto, que nuestra Asamblea Nacional debería rectificar. Pero Retardo es Retardo, y vamos ineludiblemente, como chancho pa’ los choclos, a una nueva condena internacional.

Qué pobres que somos.

La Asamblea de Litardo, la criada de Paz

Realmente siento un poco de pena por Litardo, el Presidente de la Asamblea Nacional. Es claro que él es una persona sin liderazgo, circunstancialmente al mando del Primer Poder del Estado, cargo que le quedó sobradamente ancho. Ha sido como agarrar al más flaquito de la clase y llevarlo a una competencia de fisicoculturismo, o enviar a un analfabeto a un concurso de Libro Leído, o mandar a competir los 100 metros planos a Lenin Moreno. Es seguro que ellos fracasarán, pues ninguno de ellos está capacitado para esa tarea. Tampoco lo ha estado Litardo.

Ahora bien, en el reino de los incapaces que es este Gobierno Nacional (v. “El Estado irresponsable”, para botón de muestra), Litardo debería recibir un bono por ser el que más. En casi un tercio de su período de dos años, el Ejecutivo ha remitido a la Asamblea de Litardo ocho proyectos de ley, de los que sólo se ha podido tramitar uno hasta su publicación en el Registro Oficial: los otros siete continúan en el limbo legislativo. Todo el trabajo de la Asamblea de Litardo se resume en esto: la afortunada nueva Ley que remitió el Ejecutivo (que fue la derogatoria del Impuesto Verde), otra ley derogatoria (a la Ley de Plusvalía) y dos leyes reformatorias (a la LOC y al COIP). Esto, en casi ocho meses de… ¿trabajo?.

La Asamblea de Litardo es tan Carabina de Ambrosio que no le funcionan siquiera algunas de sus Comisiones. En algún momento fueron tres de ellas, pero ahora le quedan: una disfuncional, que es la de Trabajadores, que sesiona pero que no llega a acuerdos sobre sus autoridades ni su agenda, y la ociosa de Gobiernos Autónomos, que está paralizada desde hace cinco meses “porque no se acepta a sus autoridades”. A ellas se las había acordado en un principio con Litardo, pero es claro que a él no le hacen caso.

Pensando en tanta nulidad, me vino a la cabeza esa anécdota que contó Octavio Paz de la vez que escuchó un ruido en un cuarto contiguo al suyo y preguntó en voz alta: “¿Quién anda por ahí?” Paz recibió por respuesta la voz de una criada recién llegada de su pueblo, que le contestó: “No es nadie, señor, soy yo”.

Porque es tan “nadie” Litardo, que hoy exhibe como positivo el que durante el estado de excepción, la Asamblea que él preside no haya hecho nada. Él dice que eso es un mérito, cuando en realidad es un claro reconocimiento de no tener agencia política, de carecer de voz propia y de ideales y derechos que defender (pues ultimadamente para eso se le paga). Su táctica fue, digamos, la del avestruz*. Ilustración:

Litardo, en toda su gloria.

A estas alturas, es claro que el único ideal de César Litardo es ser como la criada de Paz: quiere ser útil a los que sirve, pero sin hacerse notar. Y tampoco es que podría hacer otra cosa.

Y la Asamblea, mientras tanto, que se joda.

* En realidad, ningún avestruz hace eso, pero no descarto que el primus inter pares de los legisladores lo haya hecho.