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La fiscal y la política

22 de febrero de 2021

Habla horrores de este país que en una entrevista de La Peste Posta, hecha por Ardersson Boscán al candidato a la Vicepresidencia por UNES, Carlos Rabascall, haya ocurrido el episodio que narraré a continuación.

 

Fue así: Boscán le pregunta a Rabascall su opinión sobre la fiscal Salazar. A Rabascall le divierte la idea de invertir los papeles y él, a su vez, entrevistarlo a Boscán. Procede así, y le pregunta a bocajarro: ‘¿Tú confías en ella?’.

 

La respuesta de Boscán fue: ‘Yo desconfío de todos los políticos’ [v. a partir del ‘salud, salud Andersson’, min. 46:55]

 

Pobre este país: es asombrosa la facilidad con la que se acepta en la esfera pública el rol político de una autoridad judicial que no debe JAMÁS tener un rol político. Según la Constitución, la Fiscalía es un ‘órgano autónomo de la Función Judicial’ que ‘funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera’ (Art. 194). Aceptar, entonces, que la fiscal Lady Diana Salazar tiene un rol político es, implícita y necesariamente, suponer que toda su actuación es una invariable sucesión de abusos.

 

Lo que debe ser cierto, por la pasmosa tranquilidad con que se lo admitió.

El derecho a la protesta

21 de mayo de 2019


Los hechos son los siguientes: el 13 de mayo de 2.019 un anciano de 88 años es increpado por su accionar en los negocios del Estado. Al día siguiente, ese anciano sufre un Accidente Cerebrovascular. Cinco días después, fallece a consecuencia del ACV. ¿Son responsables las personas que lo increparon por el ACV que sufrió el anciano?

La única respuesta posible a este “caso de la vida real” es que NO, no se le puede atribuir a ninguna de esas personas que increparon a ese anciano el 13 de mayo de 2.019 ninguna responsabilidad, ni penal, ni de ningún otro tipo. A esta conclusión se puede arribar por distintas vías, pero mi argumento es el que corresponde a una sociedad democrática: NO, porque no se le puede atribuir una responsabilidad a unas personas que únicamente estaban ejerciendo su derecho a protestar. Ese derecho a la protesta tan conveniente y que tanto se lo reivindicó durante el Gobierno de Correa, que ahora resulta muy inconveniente cuando lo ejercen los “correístas”.
 
Si como es el caso, nuestro país es una sociedad democrática, las personas que han asumido un rol en esta democracia (como lo hizo el anciano Trujillo en su calidad de Presidente del Consejo Transitorio) deben saber que están expuestas al escrutinio del público. Nadie los ha orillado a estas circunstancias acaso no satisfactorias: Trujillo, por ejemplo, bien pudo privilegiar la paz de su hogar a los excesos de sus últimos días como funcionario público, pero voluntariamente renunció a lo primero para someterse a los rigores que implica lo segundo. Unos rigores que comprendían “un mayor escrutinio público por parte de la sociedad”, como lo recuerda claramente el Principio 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Ese escrutinio comprende opiniones que pueden ser hirientes, chocantes u ofensivas, como se ha reconocido en la jurisprudencia constante de la Comisión y Corte interamericanas.

En su último Informe, publicado el 17 de marzo de este año, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión IDH reiteró su recomendación a los Estados de que deben garantizar “el ejercicio legítimo  de la protesta social e impedir la aplicación de restricciones desproporcionadas que puedan ser utilizadas para inhibir o reprimir expresiones críticas o disidentes” (p. 285). El hecho de que el político contra el cual se protesta tenga 18 ú 88 años es irrelevante para el ejercicio legítimo de este derecho.

A pesar de padecer “diabetes, cardiopatía hipertensiva y neofratía diabética”, Julio César Trujillo decidió someterse voluntariamente a un mayor escrutinio público, es decir, lo hizo bajo su propia cuenta y riesgo. Lo que le pudo pasar, y lo que le pasó, es obra de su propia (ir)responsabilidad.

Pensar de otra manera es suponer que, porque un político es una persona anciana y puede ser afectada por el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, no se puede ejercitar en su contra este derecho pues “no ha de ser que le vaya dando algo al ancianito” y le terminen por iniciar a uno una causa penal. Esta, por supuesto, es la conclusión más hondamente imbécil a la que podría llegarse en un sistema de justicia de una sociedad democrática, pues supondría una especie de inmunidad especial en el accionar de un político por causa de su ancianidad.

Estimo que incluso a nuestra “Fiscalía 10/20” semejante conclusión le parecerá absurda, por lo que no tendrá de otra que tirar al cubo de la basura esta investigación que acaba de iniciar. Pero en este país Carabina de Ambrosio, nunca se sabe.

Ola k iso?

5 de mayo de 2019


La pregunta del título que en lenguaje idiota-milenial se formula es porque existe en este país una persona extranjera privada de libertad (el sueco Ola Bini) y tras la audiencia de apelación de prisión preventiva del 2 de mayo en el proceso iniciado en su contra ha quedado en palmaria evidencia que nuestra Fiscalía no ha recabado ni una sola prueba seria para mantenerlo privado de su libertad.

Sin embargo, Ola Bini sigue preso. (No hay justicia en este mundo, ni para los zapallentos.)

La pregunta es: Ola Bini k iso? Pues para la Fiscalía hizo lo siguiente: tener libros en inglés y equipos electrónicos. Y a eso se le debe sumar una opinión acusadora de una Ministra (la inefable Romo) y otra del Presidente, la que fue desmentida, pero esas son minucias. Además: el riesgo de que Ola podría hacer daño a la investigación si estuviera libre y el riesgo de que se fugue, pues este colorao viaja mucho. Tremendo: lo de la Fiscalía es un espectáculo bochornoso.

Dicen que hasta los presentes en la audiencia del 2 de mayo se le cagaron de la risa al representante de la Fiscalía cuando habló de que Ola Bini tenía libros… en inglés. Todos en la audiencia se han tomado al representante de la Fiscalía para el chuleteo, menos dos de los tres jueces (una jueza, Maritza Romero, presentó un voto salvado). Pero los otros dos jueces sí que se tomaron en serio la acusación fiscal. Es de suponer que tenían responsabilidades (políticas) muy graves que cumplir en este caso.

Así, dos jueces (Juana Pacheco y Fabián Fabara) tomaron la risible evidencia de una Fiscalía deslegitimada y la dieron por buena para motivar una prisión preventiva. Por su ostentoso desprecio del derecho, el sueco Ola Bini sigue preso, revelándonos nuestra sustancia de país ridículo, peligrosa “Carabina de Ambrosio” incapaz de hacer sentido de cosas básicas del derecho en aras de respetar la libertad personal de las personas sometidas a su jurisdicción.

N.B.: La prisión de Ola Bini se da por sospechas fundadas en la incomprensión de otro idioma y de la tecnología moderna, como corresponde a nuestro aldeanismo crónico. En imagen, todo lo que la Fiscalía podría llamar "pruebas del caso" (o casi: faltan unas palabras acusadoras de la Ministra Romo).


Salazar me lo recordó a LFC

25 de abril de 2019


La actuación, en estos primeros días, de la nueva Fiscal del Ecuador, Lady Diana Salazar, me recordó la humorada de León Febres-Cordero sobre el Gobierno de Oswaldo Hurtado, de quien decía el Ingeniero que podía hacerse todo un Plan de Gobierno para su reemplazo tras las elecciones del año 1984, únicamente haciendo lo contrario de lo que había hecho el pendejo de Oswaldo Hurtado durante su Gobierno, palabras más, palabras menos. En este caso, si se pregunta cómo se podría convertir a la Fiscalía del Ecuador en una entidad protectora del derecho a la libertad personal en vez de ser su animosa conculcadora serial, se podría parafrasear a este célebre expresidente y decir que un gran programa para ello es hacer exactamente lo contrario de lo que se ha propuesto Lady Diana Salazar en sus primeros días de gestión. El caso de Patiño la ha puesto en evidencia.

Así de mal anda la nueva Fiscal, pero qué esperaban ustedes con ese concurso.

Caretas

21 de abril de 2019


Se les han caído las caretas, se reboza el país de mediocridad y de injusticia. Esa es la plena. (Hay que hacer una mención especial para la basura en que se ha convertido María Paula Romo: si tuviera decencia, hace rato se hubiera botado de este basural.) Los que reemplazaron en el poder a Correa, con la excusa de perseguirlo, no lo han hecho mejor que él: no han avanzado el país, lo han retrocedido a los noventas, ochentas. Han resucitado a muertos como Juanita Vallejo, Marcelo Merlo y el “Notorious NCP” Julio César Trujillo, tremendo anciano decrépito que por decenas de años había dicho que era de respetar el Estado de Derecho para venir en el ocaso de su existencia a trapear con él, al mando de un Consejo Transitorio de notoria actuación inconstitucional.

Son tantas las cosas que este Gobierno ha hecho mal, pero lo más grave es el abandono de sus dos más importantes causas, las que pudieron hacer pensar a algunos imbéciles que a esta gente la animaba alguna aspiración noble. La primera, el abandono de la defensa del Estado de Derecho por la concentración de poder: estaba malo cuando Correa concentraba el poder, pero es de aplauso cuando el decrépito Trujillo lo hace. El segundo: la libertad de expresión es lo más sagrado, pero ya no. Dicen que Correa la censuraba, pero cuando lo hace el Gobierno del Señor Mojón en la Marea ya no pasa nada. Todas esas marionetas del sistema pagadas desde afuera (Fundamedios et al.), demuestran que son eso y poco más.

El caso de Ricardo Patiño pone en evidencia este segundo hecho. El dipsómano violento de Andrés Páez amenazó con “incendiar” Quito (una de las paradojas de la historia es que un serrano vocalice el sueño de muchos guayacos independistas to the extreme) pero eso era protegido por la libertad de expresión. Alfonso Pérez dijo que había que hacer con Correa lo que una masa enfurecida hizo con el bisabuelo de Andrés Páez, Ulpiano Páez: arrastrarlo por las calles y quemarlo en El Ejido. Con la variante de que había que introducirle en la lengua un anzuelo de pez espada (debe ser un aficionado a la pesca, este señor). Nadie se incomodó con eso, lo tomaron como ejercicios díscolos de la libertad de expresión.

Que es lo que eran. Ambas cosas son imbecilidades, pero no pasa nada. La democracia ecuatoriana (for whatever purpose is wrong) puede soportar estas imbecilidades, son casi su rutina de stand-up. Pero de repente se toma una frase dicha por Patiño en octubre y se la convierte en objeto de persecución política. Patiño dice en el video por el que se le imputa un delito cosas muy inferiores a las dichas por los serranos Páez y Pérez sobre Quito y Correa. Pero a él sí está bien perseguirlo, ¿no? No serán tan jueputas (o malitos, como dicen por allá).

Pero lo son. Y ponen al Estado a perseguir, a esa negrita que ganó el concurso de Fiscal con esa cifra de vergüenza, 10/20. Así la estrenan, pobre de ella. Si al escarnio de su selección tramposa se le añade la vergüenza de iniciar persecuciones tan palurdas, sólo un triste final puede esperarle a la Fiscal de Ébano. El mismo que al Gobierno de Moreno.

La historia se ocupará de este basural, que se apropió de causas nobles y de personas que se reputaban correctas (como Romo y el Notario Trujillo) y las tiró a la marchanta.

N. B.: Sobre el uso del término negrita”, es necesaria una aclaración.  

Lo de la futura Fiscal Salazar hiede a corrupción

18 de marzo de 2019


En un concurso de selección de autoridades serio, las pruebas escritas y las orales deben tener “objetividad”, algo que la Relatora de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, ha definido como carecer para el perfil de la autoridad a elegir de unos rasgos “demasiado amplios o genéricos” (1).

Pero en la asignación de puntos para la elección de Fiscal General no se garantizó este requisito de “objetividad”. Por ello, este puntaje desmesurado que se le ha podido asignar a Lady Diana Salazar hiede a corrupción (2).

Veamos: la prueba escrita valió 20 puntos. Allí, Salazar sacó apenas la mitad. Es desastroso, como para reprobar en cualquier institución digna, sea pública o privada.

Pero armada de este 10/20, Salazar (digno de recordar: servidora pública en funciones, por ser la Directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, nombrada por el Presidente Lenin Moreno en febrero del año pasado) siguió adelante. En méritos obtuvo 49 de 50 puntos, donde sólo fue superada por Merck Benavides que obtuvo 50/50. Obtuvo un punto más por ser negra, y 28.17 de 30 puntos en el proceso oral.

De estos 30 puntos en el proceso oral, diez corresponden a cosas tan poco objetivas y contrarias a la recomendación de la Relatora Gabriela Knaul como lo pueden ser la “templanza, ecuanimidad, autonomía, independencia de criterio, responsabilidad, transparencia, sentido de justicia y capacidad de solventar problemas” (Art. 34.c del "Mandato para el Concurso Público de Méritos y Oposición para la Designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía General del Estado").


El dato asombroso y específico de Salazar es que ella obtuvo tres de los cuatro 30 de 30 de la lista de candidatos. Para los consejeros Julio César Trujillo, Pablo Dávila y Luis Hernández, todo lo hecho por Salazar en su prueba oral, ella lo ha hecho a un nivel de excelencia. Pero el que haya surgido este video que registra varios momentos de la prueba de Salazar en que se le notan problemas hasta básicos (congruentes, empero, con su prueba escrita) conduce a endosarle una calificación terriblemente discrecional a esta candidata en concreto.

Esto deja a la decisión de los consejeros Trujillo, Dávila y Hernández como una decisión que no fue basada en criterios técnicos, sino que fue una decisión política, planificada desde una redacción “amplia o genérica” de la normativa y aplicada con un sesgo notorio durante la prueba oral a favor de una candidata concreta.

(Por cierto, alguna cosita debió incomodar al consejero Eduardo Mendoza que únicamente le puso 29 de 30 a Lady Diana Salazar, la que de todas maneras fue la nota más alta que él adjudicó -ninguno de los otros candidatos le mereció ni 20).

Entre Trujillo, Dávila, Hernández y Mendoza, tres veces 30 y un 29, 119 de 120 posibles: si esto no constituye “A little help from my friends”, los Beatles no existen.

Tras la prueba oral, la servidora pública en funciones Salazar remontó: de su traspié inicial en la prueba escrita (ese vergonzoso 10/20), sumó 49/50 en “méritos” y luego 28.17/30 en la prueba oral + 1 por negra, y es ella ahora quien comanda la Tabla de Puntuación para la elección de Fiscal General con 88.17 puntos. En pruebas objetivas como la escrita, le fue mal (10/20). En el reino de la amplia subjetividad de los demás puntos en disputa, a Salazar le fue la mar de bien, pues perdió menos de dos puntos (1.83, para ser exactos). El uso de la discrecionalidad de los consejeros es lo que la ha puesto a encabezar la Tabla, a remontar desde el fondo.

Y eso fue posible, porque esta ha sido una elección que se ha hecho sin la “objetividad” que demandan los instrumentos internacionales para este tipo de procesos. Es decir, que queremos reinstitucionalizar el país pero con sainetes. No way.

Pero si no pasa nada raro, será Lady Diana Salazar quien ocupe el cargo de Fiscal General del Estado. Lo que ella ya no podrá decir, claramente, es que lo obtuvo por mérito propio.

(1) Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Gabriela Knaul. Misión a El Salvador. A/HRC/23/43/Add.1, 24 de mayo de 2013, Párr. 43.
(2) Basado en la famosa fórmula de Robert Klitgaard: C = M + D - T. Donde: corrupción (C) equivale a monopolio de la decisión (M) más discrecionalidad (D) menos transparencia (T). Para este proceso, el Consejo de Participación en Transición marca visto en todas las casillas de esta fórmula.

Ecuador es mágico

13 de septiembre de 2018


Érase una vez un país que votó en una consulta popular por autorizar la creación de un órgano público y ese órgano público (llamémoslo “Consejo transitorio”), una vez creado e instalado, de a poco se tomó una serie de atribuciones que el pueblo de ese país no le otorgó, por lo que hoy manda allí más que nadie. Ese tropicalísimo país es la República del Ecuador versión 2018, cuyo Presidente actual es un empleado en un mostrador. El poder está en ese Consejo transitorio de siete personas.

El Consejo transitorio se tomó la atribución de nombrar “encargos”. La creó de la nada, como un conejo sale de la chistera de un mago: un buen 2 de mayo, el Consejo transitorio decidió que lo que se hacía en la Fiscalía General del Estado (el reemplazo de Carlos Baca por Gen Rhea) no era lo que el pueblo ecuatoriano quería. Y que había que nombrar a otro, que era el que ellos querían. Y así nomás, nombraron a Edwin Pérez.

Esta designación de Pérez como Fiscal General del Estado, el Consejo transitorio la hizo en “aplicación de las facultades extraordinarias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio”, por las que este órgano público “podrá, hasta que se cumpla los procesos de selección definitiva pertinentes, designar y encargar temporalmente a las personas que estime pertinente”. Y así, nombrando a quiénes se les ocurría, sin otro límite que su voluntad en virtud de estas “facultades extraordinarias” (que es lo mismo que decir: “por arte de birlibirloque”), designaron por “encargo”, además de al señor Pérez, a otras tantas personas en nueve órganos del Estado. Hocus Pocus:

Autoridades designadas por “encargo” ordenadas cronológicamente, con indicación de la fecha de su designación y si han concluido su “encargo”

Órgano intervenido
Autoridades por “encargo”
Fecha de designación
Conclusión del encargo
1. Fiscalía General del Estado
Edwin Paúl Pérez Reina

2 de mayo
(023-02-05-2018)
NO
2. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Sofía Hernández

2 de mayo
(024-02-05-2018)
3. Defensoría del Pueblo
Gina Benavides

2 de mayo
(025-03-05-2018)
NO
4. Consejo de la Judicatura
5 vocales: Marcelo Merlo, Zobeida Aragundi, Aquiles Rigail, Ángelica Porras, Juan Pablo Albán
14 de junio
(048-14-06-2018)
NO
5. Superintendencia de Información y Comunicación
Édison Toro
23 de julio
(068-23-07-2018)
NO
6. Consejo Nacional Electoral
5 consejeros: Gustavo Vega, Diana Atamaint, Camila Moreno, José Cabrera, Alberto Molina
1 de agosto
(074-01-08-2018)
NO
7. Superintendencia de Bancos
Juan Carlos Novoa

2 de agosto
(075-02-08-2018)
NO
8. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Victor Manuel Anchundia

14 de agosto
NO
9. Defensoría Pública
Ángel Benigno Torres
31 de agosto
(094-31-08-2018)
NO
10. Superintentencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
1) Xavier Arboleda
2) Fabián Neira
1) 31 de agosto
(092-31-08-2018)
2) 6 de septiembre
(099-06-09-2018)
NO

Y para que la jugada sea completa, el Consejo transitorio se atribuyó la facultad de mandar sobre las autoridades a las que designó por “encargo” (supongo que bajo el lema “Vamos Con Todo”). Según uno de esos “Mandatos” de rango constitucional que ha dictado (este Consejo transitorio es también emisor de normas constitucionales: es completo), la autoridad encargada “deberá cumplir con […] las disposiciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio”. El saldo de esta subordinación es que hoy hay nueve órganos del Estado ecuatoriano que no pueden reputarse independientes, pues no pueden reputarse como tales quienes le deben obediencia a su autoridad nominadora. Además, su Tribunal Contencioso Electoral está cesado e inoperante por falta de quórum y su Corte Constitucional, vacante. ¿Y la gente? Bien, gracias.

Ecuador es mágico.