¡Pobre ciudadano!

Este problema es cortesía de Carondelet y de los empleados de su bar (primer piso del saloon de la democracia ecuatoriana).

El problema: Algunas personas (indeterminadas, debo decir: hipotéticas*) son sometidas a presiones por los GDO para votar por una tendencia política opuesta a la del partido de gobierno. Esta situación es muy mala para estas personas, porque si no cumplen con lo exigido por los integrantes de los GDO podría existir alguna consecuencia violenta en su perjuicio. 

Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno del Ecuador frente a este problema?

Debería hacer lo dispuesto por la Constitución. Es decir, intentar el siguiente escenario:

Escenario 1 (gobierno respetuoso de la dignidad de sus habitantes): 

El Estado ataca la raíz del problema. Si hay habitantes de su territorio sometidos a este tipo de presiones, este Estado va a perseguir a quienes cometen estas presiones en contra de unos inocentes. Un Estado respetuoso de los derechos de los inocentes haría una inteligencia a fin de hallar a quienes están detrás de estas presiones a las personas y delimitaría el ámbito de acción de los agresores. Así, en el evento de que hubiese que establecer alguna restricción a la libertad de las personas, ésta se la haría de la forma que menos afecte a las personas que no se hallan involucradas en estos hechos (que somos la gran mayoría de ecuatorianos).

Pero, ¿qué hace el gobierno del Ecuador frente a este problema?

Hace lo que le conviene para eliminar controles en el escrutinio de la segunda vuelta. Es decir, el siguiente escenario:

Escenario 2 (gobierno que utiliza a sus habitantes para sus propios fines): 

El Estado no ataca la raíz del problema, ataca a sus propios habitantes. Si hay habitantes de su territorio sometidos a este tipo de presiones por los GDO, la acción del Estado se ha enderezado a empeorar su situación, pues le impone una presión adicional a esta persona cuando establece una sanción de hasta 32.900 usd por tomar una foto y cumplir con la presión de los GDO. 

Es decir, desde el gobierno se ha detectado un problema (que hay personas sometidas a presiones por los GDO) y su respuesta es ahondar el problema y joder a esta pobre persona que, después de la intervención del Estado, tiene dos opciones: o sufrir alguna consecuencia indeseable a manos de los GDO (tal vez hasta la muerte), o sufrir una consecuencia indeseable a manos del Estado (pagar casi 33.000 usd). El poder de los GDO y el poder del Estado, operando como las tenazas para oprimir a un pobre ciudadano.

Si ocurre que en vez de atacar a los grandes (que son, además, los causantes del problema), ocurre que se ataca al pequeño (quien es, además, la víctima del problema), entonces estamos frente a un gobierno de canallas, bajo el mando de un sociópata.  

*

* El gobierno no ha demostrado en los informes de sustento para la adopción de esta medida aprobada por los empleados del bar del CNE (sobre ese bar y su cúmulo de arbitrariedades, v. La democracia ecuatoriana es un saloon (p. 2)) ni la existencia de los perpetradores de este específico delito, ni la existencia de sus víctimas. Esta es una restricción que se pretende aplicar a más de diez millones de ecuatorianos y que ha sido establecida a punta de informes de la Fuerza Pública genéricos y serviles a las arbitrariedades del gobierno. 

La democracia ecuatoriana es un saloon (p. 2)

En el saloon de la democracia ecuatoriana, el TCE (v. p. 1) ocupa el segundo piso. En el primer piso está el CNE. Es decir, el bar propiamente dicho.

Welcome to Elecciones 2025

Su actuación de ayer fue digna de un convivio cervecero. Por una resolución, tres del bar CNE crearon una norma que restringe la libertad de 13.732.194 de votantes habilitados en el Ecuador para la segunda vuelta so pena de una sanción de hasta 32.900 dólares USD.

Lo primero: el CNE es un órgano administrativo y la creación de una disposición que contenga una infracción tiene reserva de ley*, es decir, sólo la puede crear la Asamblea Nacional (esto, por una razón muy obvia: las infracciones sólo las pueden tipificar unos representantes elegidos por millones de votantes, no tres empleados de un bar).

Y en su borrachera de poder, el CNE no establece cualquier sanción para su inventada infracción. Establece una falta grave, que puede ser sancionada con una multa desde 9.870 dólares USD (21 salarios básicos) hasta 32.900 dólares USD (70 salarios básicos), destitución (si es un funcionario) y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años. Es decir, por tomar una foto, un ciudadano inocente podría pagar casi seis veces más que Mayra Salazar por haber participado (con condenada ejecutoriada y cumplida) del delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis (pagó una multa de 5.520 dólares USD). De tan desproporcionada, la resolución aparece como estúpida.

La resolución del CNE no cuenta con base legal, ni tampoco con base fáctica. No se presenta por el CNE ninguna sola evidencia que respalde el vínculo entre las fotos de los votos y las presiones de los GDO, ni tampoco porqué esa presión afecta con igual intensidad en todo el territorio nacional. Es decir, sin hechos de respaldo, se restringe el uso de un objeto personal a más de diez millones de personas. Si existieran dichos hechos (digamos, por elemental que parezca: una necesidad real), esto se circunscribiría a los sectores problemáticos (porque estarían identificados y no serían un simple supuesto) y no se afectaría a la gran mayoría de personas. Pero no hay ninguna evidencia. Se ha actuado así porque lo ordenó Carondelet (digamos: los dueños del bar). Nuevamente, de tan desproporcionada, esta resolución aparece como estúpida. 

Y, finalmente, ¿Por qué, si el problema es el envío de fotos por los votantes, esto se aplica a los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto? En esto último, se les nota la verdadera intención a los del bar. No es garantizar la pureza del voto, es disminuir los controles para hacer un posible fraude. Noboa quiere ser el vengador de su papá. Y en este saloon, su capricho es ley.

En el saloon de la democracia ecuatoriana se despacha harta cerveza y whisky de mala calidad. Y la camarera es Diana Atamaint. El bartender, obvio, es Pita. El otro que votó a favor, las cosas de limpieza.

* De acuerdo con la Constitución, una garantía básica del debido proceso es la siguiente: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa, o de otra naturaleza” (Art. 76 núm. 3).

La democracia ecuatoriana es un saloon (p. 1)

El rol del Tribunal Contencioso Electoral es el de sheriff de la democracia, siendo que la democracia en el Ecuador es lo más parecido a un saloon del viejo Oeste con el sheriff bebiendo cerveza y eructando sentencias.

En un proceso de consolidación del desprecio que la clase política siente hacia los votantes que participan de esta democracia/saloon, los jueces del TCE han adquirido la facultad de destituir a las autoridades que habiendo sido elegidas por la voluntad popular, se han posesionado del cargo y se encuentran ejerciéndolo. Es decir, un puñado de personas (total: cinco bebedores de cerveza en el saloon) pueden desconocer (burlarse de, cagarse de risa con) lo que miles, cientos de miles, o millones de personas han votado en procesos electorales que costaron millones de dólares. A esto hemos llegado, y en el Ecuador a nadie le llama la atención que se pueda actuar de una manera tan contra-mayoritaria. Se ha normalizado desconocer (burlarse de, cagarse de risa con) lo que miles, cientos de miles, o millones de personas decidieron. 

Y en el Ecuador se cree (por la clase política y los serviles medios de comunicación masivos que son sus damas de compañía en el saloon) que, como la ley lo dice, esto está bien. Lo que haya decidido el pueblo en elecciones importa, así, un rábano, un Saquicela, un carajo. 

¿El vengador?

En 1998 le robaron la elección a Álvaro Noboa, en un contubernio entre DP y PSC. Este diálogo de Marcelo Dotti (exPSC) con el Vivanco de La Posta (pariente del Vivanco DP que en aquella época presidía el Tribunal Supremo Electoral) explica bien el robo de la presidencia:

- Vivanco: ‘¿Y la DP manejaba los votos?’

- Dotti: ‘Mire, Álvaro Noboa perdió la presidencia el ‘98 porque le robaron.’ (Las dos últimas palabras dichas con énfasis).

- Vivanco: ‘Hable serio, ahí el presidente del tribunal era medio primo de mi papá, Patricio Vivanco.’

- Dotti: ‘Mi buen amigo.’

- Vivanco: ‘Es una persona que yo considero y quiero.’

- Dotti: ‘Patricio Vivanco Riofrío. No se enoja, ¿no, usted?’.

- Vivanco: ‘No, no, no.’

- Dotti: ‘Ya.’

- Vivanco: ‘Dice que Patricio le… que Patricio hizo la huevadilla.’

- Dotti: ‘Patricio un hombre muy inteligente.’ (Dicho sonreído).

- Vivanco: ‘Una cosa es ser inteligente…’

- Dotti: ‘Y era el hombre de Mahuad en el Tribunal Supremo Electoral.’

[1:14:09-1:14:38]

A Álvaro Noboa le robaron la elección. Volvió a participar, llegó a otras dos segundas vueltas, estuvo dos veces más. Cinco candidaturas en total, en todas perdió. Su hijo lo intentó en su reemplazo (porque su padre no estaba en condiciones ya de enfrentar una sexta campaña) y a la primera (tocó la flauta por casualidad) llegó a la presidencia, para ejercerla por un año y medio. Y ahora llegará el momento de la verdad. Este 13 de abril enfrenta una encrucijada: o se va o se queda cuatro años. 

El hijo de Álvaro Noboa está ahora en el poder. Es un gobernante lanzado a la reelección, y si bien ha demostrado no tener talento para la política de masas, también ha demostrado no tener escrúpulos para la política de intereses. Y eso le permite, además de usar, abusar del poder, como lo ha demostrado en numerosos episodios: el maltrato a su vicepresidenta, el envío de una ley archivada, el asalto a una embajada, la descalificación de sus rivales en competencia electoral (Topic), la persecución a sus rivales políticos (casi cualquiera que no sea ADN), etc. 

Es decir, el hijo de Álvaro Noboa tiene la posibilidad de vengar a su padre. Si él perdió por un fraude electoral en 1998, Daniel Noboa podrá querer (e imponer) ganar por un fraude electoral el 2025, casi treinta años después. Antes, como ahora, la frágil institucionalidad de un Estado ofrecida al mejor postor lo podría permitir.

La única alternativa para evitarlo, por seguir con la onda noventera, es que la votación de su oponente sea tan amplia como la que derrotó a Jaime Nebot en 1996. 

Cabe la posibilidad: Un vengador quedando en ridículo.

Tocó la flauta (o fenómeno Gremlin)

En la fábula de Tomás Iriarte el borrico tocó la flauta por casualidad, pero ello no hizo al borrico (ésta es la moraleja de la fábula) un buen flautista. Para Daniel Noboa, ganar la presidencia fue tocar la flauta por casualidad. 

En la campaña presidencial del año 2023 hubo un episodio clave: el debate, que catapultó a Noboa a la presidencia.

Antes y durante el debate del 2023 ocurrieron cosas, incluido el asesinato de un candidato unos pocos días antes de su celebración, pero lo que realmente cambió el curso de la candidatura de Noboa ocurrió en el posdebate, cuando el Gran Árbitro de la Política Ecuatoriana (aquel a quien en el Ecuador aman y aman odiar a partes iguales), Rafael Correa, elogió a Noboa y dijo que se había destacado en el debate, que él lo había hecho “muy bien”. 

Su movida estratégica era bajar a otro candidato, Topic. Mala movida. Ocurrió el Fenómeno Gremlin. 

Porque con aquel “elogio estratégico”, Correa echó agua a una apacible mascota y de allí surgió Stripe, el sociópata de Gremlins (1984).  

El demiurgo Correa lo creó a Noboa, porque en la política ecuatoriana “lo hizo persona, le dio presencial social” (como dijo Abdalá que había hecho con Álvaro, su papá). Desde ahí, Noboa/Stripe se disparó. Y está arriba, y está dispuesto a cualquier cosa para sostenerse.

El telón de fondo del fenómeno Gremlin en la historia del Ecuador es que su llegada al Palacio de Carondelet no fue el fruto de un gran movimiento social. Simplemente, él lo intentó y le sonó la flauta por causalidad. 

Es por esta razón que no hay seguidores del presidente Noboa. Hay empleados, oportunistas, turiferarios, entusiastas del autoritarismo (ese saltarse las leyes y abusar de sus facultades que Noboa encarna muy bien) y, por supuesto, los convencidos del anti-correísmo, que son su base dura. Pero no hay seguidores. Y eso es porque no hay doctrina, tampoco. Y resulta realmente imposible seguir (entusiasmarse por, convencerse de que esa persona es LA alternativa) a alguien como Noboa, que no sólo tiene unas grandes dificultades para comunicar ideas, sino que ni siquiera tendría mayor cosa que decirle a su electorado, salvo frases propias del márquetin político. 

Por eso lo representa un cartón. En política, aunque estático, comunica mejor. 

El peor enemigo

El peor enemigo de Daniel Noboa se llama Daniel Noboa. Porque él, para concluir el período presidencial de Guillermo Lasso iniciado el 2021, ha gobernado (desde el día de su posesión hasta el día de la primera vuelta electoral) por 444 días.

Un tiempo suficiente para juzgar a cualquier persona en un cargo de responsabilidad por sus resultados. Y en los indicadores importantes, Daniel Noboa tiene unos resultados magros. En materia económica, el crecimiento económico del Ecuador fue tan turro que fue negativo (-0.4%), según data del Fondo Latinoamericano de Reservas, la inversión extranjera fue mínima (en América latina, únicamente a Haití le fue peor), la pobreza aumentó (del 26% al 28%, 432.581 personas en números totales), la inseguridad fue rampante (en enero, hubo una muerte violenta por hora, a pesar de cumplirse un año de “guerra” contra los llamados “terroristas”). Por meses, más de la mitad del día se vivió sin luz. Nada de esto produce una buena recordación.

Pero lo peor de Daniel Noboa no es su gestión. Es su persona. Por eso es que lo representa un cartón.

La persona de Noboa es la de un tipo ausente, de mirada y pensamiento. Un fulano parco, ríspido con la lengua de Castilla, que dice lo mínimo y de manera precaria. No sirve para encandilar a las masas. No tiene el nervio que se necesita para la política: eso fue algo que estuvo allí y con lo que él podía experimentar, como una droga sintética.

Y tocó la flauta por casualidad, como en la fábula de Iriarte.

Ocurre que el resultado de la primera vuelta electoral lo puso a Noboa en una situación incómoda. Si bien es un tipo con recursos económicos (millonario, hijo de millonario, hijo de multimillonario), recursos políticos (presidente de esta Carabina de Ambrosio) y carente de escrúpulos, atributos con los que en el Ecuador todo un siempre se ha podido llegar bien, pero bien lejos (y que no hay que subestimar de manera alguna), la democracia tiene su propia lógica. Y podría hacer naufragar el artificio que es Noboa, con todo y sus potentes atributos.

Porque el problema de Noboa, de cara a la segunda vuelta, es que él no podrá encandilar a las masas: no le corresponde a él (porque no puede, no tiene el nervio ni el carisma, sino sus contrarios) la transmisión de emociones positivas. No es suya la eficacia en la gestión (al menos respaldada con números), no es suya la esperanza en el mensaje, porque no podría predicar el cambio por tratarse de su reelección. No es suyo el llamado a la unidad, porque está jugado por la polarización.

Los atributos que constituyen un buen discurso político (eficacia, esperanza, unidad) están todos ausentes. Noboa se ha quedado con ser el conductor del odio/fastidio de las masas a lo que se llama “correísmo”. Es decir, un conductor de emociones negativas (“vota por mí, para que NO lleguen ellos). Y eso, para esta segunda vuelta, sabe a poco. Y dicho por él, sabe a nada.

El presidente Noboa se vendió como un pésimo enemigo. Para el ejercicio de este cargo, de tanta exposición pública y mediática, lo ha resultado de sí mismo.

Plastilina jurídica

La decisión del presidente actual de no pedir licencia para hacer campaña incumple la ley y viola un principio básico del derecho electoral: la igualdad de armas de los participantes en la elección. El argumento del gobierno para justificar la conducta del presidente omite una discusión acerca de la violación del principio y, para decir que sí cumple la ley, utiliza (hace plastilina con) una sentencia de la Corte Constitucional (No. 002-10-SIC-CC).

La sentencia de la Corte Constitucional es acerca de los cómputos para el cálculo del número de períodos que una persona ha ejercido el mismo cargo de elección popular. Como la Constitución impone un tope (Art. 114) por el que limita el número a dos, sean períodos consecutivos o no, el cómputo del número de períodos es muy importante. Y la Corte Constitucional dijo que un período de gobierno resultante de una muerte cruzada no se considera, a efectos del cómputo, como un período regular. 

Es decir, si se ejerce la presidencia como resultado de una elección tras una muerte cruzada (como es el caso ahora), ese período no cuenta. Así, al presidente actual le quedan aún los dos períodos presidenciales. Y es a esta matemática, y no a otra cosa, que se refiere esta sentencia. En simple, lo que está en juego es la duración de las autoridades en el ejercicio de un cargo. 

Desde el gobierno se dice “abracadabra” y de súbito la no contabilización de un período por la interpretación del artículo 114 de la Constitución se convierte en el no cumplimiento de las normas jurídicas asociadas a la reelección. Y esto es absurdo, porque en el caso de las normas asociadas a la reelección está en juego un principio cardinal del derecho electoral y del sistema democrático: la igualdad de armas de los participantes en un proceso electoral.

La norma del artículo 93 del Código de la Democracia que obliga a una autoridad a pedir licencia (ni vista ni oída en la sentencia de la Corte Constitucional, porque ni existía) es una garantía de ese principio. Es claro que si uno de los candidatos tiene el privilegio de seguir siendo autoridad mientras compite, ese privilegiado (léase: el presidente actual) rompe con la igualdad de armas que debe tener el proceso electoral, porque esa persona está en una situación distinta y mejor para influir en el resultado. Y entonces, lo que está en juego es el derecho a ser elegido de los demás candidatos (situados en posición de desventajada) y el derecho a elegir de las personas. 

El argumento del gobierno es una gran non sequitur: como la reelección no cuenta ergo las reglas relativas a la reelección no aplican. Ejemplo de mala lógica.

Porque son cuestiones aparte: por un lado, la reelección no cuenta, en los casos especificados en la sentencia (que incluye la muerte cruzada), para el límite de reelecciones establecido en el artículo 114 de la Constitución y, por otro, la postulación para el ejercicio del mismo cargo, en cualquier caso, debe respetar el principio de igualdad de armas, como una demanda del sistema democrático.