Tanto en el año 1993, como
desde la vigencia del estado de excepción el pasado jueves 3 de octubre, la
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han unido sus esfuerzos para reprimir a
la población. El 6 de marzo de 1993, un operativo de las Fuerzas Armadas llevado
a cabo en el Batallón del Suburbio, populoso sector de Guayaquil, encontró 9
escopetas recortadas, 2 machetes, 7 cuchillos, 1 juego de esposas y 1 medidor
de electricidad, 18 paquetes de dinamita militar de procedencia peruana, 8
granadas militares. En el curso de este operativo en el que participaron 1.200
efectivos de sus tres ramas, las Fuerzas Armadas detuvieron a 39 personas y mataron
a tres, entre ellas, a Wilmer Zambrano.
Hay que decirlo: Wilmer
Zambrano no era ningún angelito. En su poder tenía 1 repetidora, 1 machete, 2
pistolas, 2 revólveres, 1 recortada, 1 cuchilla y algunas fundas que se supone
que servían para el envío de drogas. Para obtener este botín, los miembros de
las Fuerzas Armadas se cobraron su vida. El Estado, vía sus Fuerzas Armadas, lo
mató a Zambrano, y luego pasó lo usual: no investigó los hechos.
Porque hay que admitir que
el Estado ecuatoriano no ha sido ningún angelito, tampoco. Ese operativo del 6
de marzo de 1993 se hizo con base en el Decreto Ejecutivo No 86 que había
dictado el Presidente Sixto Durán-Ballén el 3 de septiembre de 1992 (cuando aún
no llevaba ni un mes en el ejercicio de su Presidencia) por el que en razón de
“hechos de vandalismo, atentados contra la integridad física de las personas y
considerables perjuicios a la propiedad pública y privada”, dispuso “la
intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional”. Años
después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en una sentencia
en contra del Estado ecuatoriano que este decreto de Durán-Ballén “no fijó
limites espaciales, temporales ni materiales de la suspensión de garantías” por
lo que autorizó, implícitamente, la comisión de abusos por la Fuerza Pública. En
dicha sentencia, la Corte IDH encontró al Estado ecuatoriano responsable por la
violación del derecho a la vida (Art. 4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos) de las víctimas mortales del operativo en que murió Zambrano.
El caso en la Corte
Interamericana por el operativo del 6 de marzo de 1993 se resolvió el 4 de julio
de 2007 y se había originado por una denuncia que presentó el 8 de noviembre de
1994 la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), referida a la ejecución
extrajudicial de tres personas (Wilmer Zambrano, José Miguel Caicedo y Segundo
Olmedo Caicedo) en el marco de una suspensión de garantías que no estuvo ajustada
a los parámetros del Sistema Interamericano. Es un tipo de caso que, por lo
visto en los hechos actuales de represión de la Fuerza Pública a la protesta
social a partir de este 3 de octubre, bien podría presentarse de nuevo en el
Sistema Interamericano, 25 años después.
El caso sentenciado el 4
de julio de 2007 se llamó Zambrano Vélez y
otros vs. Ecuador y en su trámite el Estado buscó disputar la
responsabilidad por las tres víctimas mortales, porque estimó que la actuación
de su Fuerza Pública se la había hecho en el marco de la “legítima defensa” y
en aplicación de unas normas del derecho interno, pero la Corte IDH le opuso “un
principio de Derecho Internacional” en razón del cual todo Estado “responde por
los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter
oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia” y, en
particular, le aclaró sobre la actuación de las Fuerzas Armadas como agente para
el control de la protesta social, que “los Estados deben limitar al máximo el
uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que
el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la
protección y control de civiles”.
El mensaje dado al Estado
ecuatoriano en esta sentencia fue claro: no se puede tener unos decretos de
estado de excepción redactados tan a la maldita sea. El Estado, increíblemente,
acusó recibo: le ofreció a la Corte IDH que la Asamblea Constituyente que iba pronto
a parir una nueva Constitución (nuestra décimo novena, la “de Montecristi”) iba
a restringir “el uso indiscriminado que en ciertas ocasiones se puede dar del
estado de excepción, de esa facultad que tiene el Poder Ejecutivo para decretar
un estado de emergencia”.
Y, curiosamente, el Estado
ecuatoriano cumplió. Hoy estamos mucho mejor equipados que en 1993 (cuando
todavía éramos un país muy silvestre) para enfrentar los estados de excepción
dictados por un Presidente de la República. Primero, ya no están redactados tan
a la maldita sea como lo estuvieron en los años del anciano represor de
Durán-Ballén. Segundo, tienen controles por parte de la Asamblea Nacional y la
Corte Constitucional. De la Asamblea Nacional nada puede decirse hasta ahora, pues
nada ha dicho o hecho (su naturaleza es el Retardo),
pero la Corte Constitucional sí que se ha manifestado. En dos dictámenes, uno
de fecha 7 de octubre y otro del 10 de octubre, la Corte precisó que, por estos
30 días de excepción, la actuación de la Fuerza Pública tendrá, entre otros,
estos claros límites:
“e) […] no
autoriza la disolución de concentraciones y manifestaciones de protesta
pacífica.
f) […] que
las garantías jurisdiccionales y las del debido proceso establecidas en la
Constitución se encuentran en plena vigencia durante el estado de excepción, y
que por tanto éste no ampara ninguna suspensión o restricción de las mismas; en
particular la garantía del hábeas corpus.
g) […] la
obligación internacional de respeto a los hospitales, centros de salud,
universidades y en general lugares que sirvan de centros de acogida, por lo
que, en ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques.” (El
resaltado no es del original.)
Por estos días, estos
límites son relevantes para la actuación de nuestra Fuerza Pública. En Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, la
Corte Interamericana le atribuyó la responsabilidad al Estado del Ecuador debido
a que no pudo justificar su actuación por los hechos de 1993. En el 2019,
tenemos demasiado evidencia colectiva de que es imposible tomarse cualquier
negación de responsabilidad en serio. Y ya tenemos, según los cálculos de la Defensoría del Pueblo (órgano al que la Corte Constitucional le encargó que
haga el seguimiento de las medidas), cinco
muertos en este estado de excepción vigente desde el 3.
Además, a diferencia de
1993, este año 2019 el marco jurídico que delimita la actuación de la Fuerza
Pública sí que está muy claro: lo precisó la Corte Constitucional. Toda acción
que no se ajuste a los restrictivos parámetros que este órgano se ha preocupado
de desarrollar, será violatoria de los derechos humanos. Debería serlo ante los
tribunales nacionales, seguramente lo será en los tribunales internacionales.
Por eso sorprende esta
comunicación de las Fuerzas Armadas en la que trata de deslindar su
responsabilidad por su actuación frente a la protesta social:
Esta afirmación de las
Fuerzas Armadas, frente a un tribunal internacional, carece de valor alguno.
Ellas deberían saberlo bien, porque el Estado ecuatoriano ya fue sentenciado
por su culpa, como lo recuerda la sentencia del Zambrano Vélez y otros. Es tan sencillo como que cualquier aspecto
de su actuación que no esté ajustado a lo dispuesto por la Corte
Constitucional en sus dictámenes del 7 y 10 de octubre, acarreará la
responsabilidad del Estado ecuatoriano, en sede nacional o internacional, tarde
o temprano.
Y lo mismo va para la
Policía, que son los auténticos represores.
N.B.:
Los hechos narrados y todas las citas hechas son tomadas de: Corte IDH, Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador.
Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No 166,
con excepción de la cita de la Corte Constitucional, que corresponde a su
Dictamen del 10 de octubre [Juez
ponente: Enrique Herrería Bonnet].
