Ley de ciegos

Publicado en diario El universo el 3 de noviembre de 2005.

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Imagínense un país cuya legislación restrinja el ingreso a su territorio a ciegos, analfabetos, inválidos, mendigos, epilépticos, desviados sexuales, alcohólicos, leprosos, atávicos, prostitutas y quienes las acompañen, y a todos aquellos de quienes un agente de migración de ese país sospeche que puedan ingresar a su territorio para “comprometer la seguridad nacional”. Para que se torne el panorama aún menos civilizado, imagínense que en el tal país el procedimiento que hace efectiva la exclusión de esos extranjeros sea discrecional, no judicial y no impugnable, es decir, arbitrario. Por supuesto, todo ello configuraría un claro síntoma de barbarie.

Sin embargo, el breve tránsito de la imaginación a la realidad sucede si se tiene a la mano la Ley de Migración que el senil dictador Velasco Ibarra dictó el 30 de diciembre de 1971 y se hace lectura de sus artículos 5, 9, 17, 23, 28 y 30. Es así, brutal y absurdo: si el Agente Luis Sigche y Cuntes, a vuelo de pájaro, se apercibe de la ceguera del buen José Feliciano, puede entonces espetarle al amparo de esa ridícula legislación: “lo siento señor Feliciano, el artículo 9 fracción VIII de la Ley de Migración impide su ingreso a territorio ecuatoriano. Verá, señor Feliciano, mismo usted es ciego, pues”.

Pero no nos asombremos, pues se puede fatigar aún más la infamia. Imagínense ahora un Tribunal Constitucional (en este país, sí, por favor, hagan uso de su imaginación) que reciba un caso que denuncia esas barbaridades y que en lugar de considerar que, por ejemplo, discriminar la entrada de un inválido o de un ciego a territorio nacional o permitir que una mera sospecha de un agente cualquiera constituya el fundamento para la exclusión del ingreso de un extranjero a territorio nacional son claras violaciones a la Constitución (artículos 23 num. 3, 24 num. 17, 47 y 191 para más señas) sostenga que no es así, y decida, en uso del anverso del sentido común que “en el eventual caso de declararse la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, significaría atentar directamente contra nuestra soberanía y poner en riesgo inminente no solamente la seguridad interna, sino que también, se pondría en riesgo la integridad misma de sus ciudadanos en todos sus órdenes”. Por supuesto, tal Tribunal Constitucional nunca condescendería (porque no puede) a la dignidad de explicar la torpe manera en que un cieguito o un inválido pueden poner en riesgo tanto la seguridad interna como la integridad ciudadana. Pobrecito José Feliciano: ahora resulta que en su condición de ciego no solo no puede ingresar al Ecuador sino que, además, de acuerdo con esa triste y enfermiza lógica, constituye también un auténtico peligro público.

Este vergonzoso episodio de literatura jurídica no es ficticio; sucedió en este triste país con nombre de línea imaginaria mediante la Resolución No 040-2002-TC del extinto Tribunal Constitucional firmada por su entonces Presidente Oswaldo Cevallos y cuyos cómplices fueron Burbano, Camba, de la Torre, Nogales, Rojas y Zavala. No estuvo Herrería y el único voto digno y razonado fue el disidente: lo que el TC despachó en trece patéticas parrafadas, el Magistrado Mauro Terán lo analizó, con detalle, en el triple de tamaño y con el céntuplo de seso. Por supuesto, Terán resolvió, en buena medida, a favor de los demandantes.

En un libro justamente célebre, Sobre Héroes y Tumbas, el escritor argentino Ernesto Sábato incluyó un Informe sobre Ciegos, mismo que en sus propias palabras “puede ser una metáfora de la noche, de los instintos, del infierno”. El aciago panorama descrito no impide pensar que la Ley de Migración y la Resolución del Tribunal Constitucional son tristes y burdas metáforas de esos mismos conceptos.

Presos políticos

Publicado en diario El universo el 20 de septiembre de 2005.

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Cinco años de reclusión en la prisión de Omsk, Siberia, hicieron que en Recuerdos de la Casa de los Muertos Fiodor Dostoievski escribiera que “el grado de civilización de una sociedad puede juzgarse por el estado de sus prisiones”. El juez Cançado Trindade recordó ese episodio con ocasión de su voto razonado a la sentencia del caso “Tibi contra la República del Ecuador” en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por las degradantes condiciones que padeció el francés Daniel Tibi durante su permanencia en la Penitenciaría del Litoral.

Dentro de las pruebas que se presentaron en el proceso constó la declaración del investigador galo Allain Abellard, quien concluyó que “la arbitrariedad, la falta de condiciones sanitarias, las epidemias ignoradas y la corrupción generalizada eran eventos cotidianos” en la “infernal” cárcel de Guayaquil. El perito Santiago Argüello Mejía, por su parte, dictaminó una verdad cuando consignó que “el personal carcelario, en complicidad con algunos internos, participa y valida un sistema de alquiler y compra de espacios y organiza tráfico de drogas, alcohol y armas, lo que aumenta los privilegios, las discriminaciones y agudiza la violencia” y, añadió otras más, cuando enfatizó sobre la precariedad del “sistema carcelario de salud” (es un decir) y sobre la más conspicua de nuestras señas de identidad nacional: la impunidad para las violaciones de derechos humanos.

Con esos hechos probados, entre otros, la Corte Interamericana sostuvo que las condiciones de detención de Tibi “no satisficieron los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno” y que en sintonía con el clima habitual de impunidad, “el Estado no ha investigado, juzgado ni sancionado a los responsables de las torturas” a las que Daniel Tibi fue sometido. La Corte, entonces, condenó al Estado ecuatoriano a “establecer un programa de formación y capacitación para el personal judicial, del ministerio público, policial y penitenciario, incluyendo el personal médico, psiquiátrico y psicológico, sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos en el tratamiento de los reclusos” y obligó a la asignación presupuestaria y a la creación de un comité para viabilizar tal cometido. Por supuesto, poco o nada (más probablemente nada) hace el Gobierno para cumplir esta obligación que desde el 7 de septiembre del 2004 se le impuso.

El caso de Daniel Tibi no es una excepción sino un síntoma de la miríada de falencias del sistema penitenciario, donde el consumo y tráfico de drogas, la posesión de armas y el hacinamiento son moneda corriente. Si se suman los abusos al dictar prisión preventiva, la demora de los trámites y la venalidad de sus jueces se consolida el atroz panorama de nuestra demacrada institucionalidad. “Si esta cárcel sigue así/ todo preso es político” son certeras palabras que cantan en clave de rock Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y que apuntan a la médula del problema carcelario, porque el origen del drama de las prisiones se halla en la política, o mejor dicho, en la ausencia de ella: la desidia del Gobierno y de nosotros, la sociedad civil, que ante ese drama somos pasivos e inertes, nos hace a todos cómplices de ese estado de cosas. Mientras, en esa tierra de nadie que son las prisiones, todo preso es político, y la vida de cada uno de ellos, si la frase de Dostoievski que abre estas líneas es cierta, sirve al propósito de poner en evidencia el tamaño de nuestra barbarie.

Hecatombe

Publicado en diario El universo el 25 de agosto de 2005.

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Juan Pablo Toral expone una obra en el Salón de Julio que se compone de cien vacas, idénticas unas a otras, uniformes, grises, y alineadas de manera secuencial. En el arete de cada una de ellas consta, a manera de sello e identificación, una cifra, que representa una fecha. Algunas de ellas nos son familiares: el 29-01-1942, por ejemplo, que fue el día que se firmó el Protocolo de Río de Janeiro (y también el día que el canciller de Brasil, Oswaldo Aranha, le espetó al canciller ecuatoriano Tobar Donoso la certera frase: “Aprendan a ser país, y luego reclamen sus derechos” -aún seguimos en la fase de aprendizaje-), el 28-01-1912, el día del aciago asesinato de Alfaro, o el 08-03-1999, el día en que se declaró el infame “feriado bancario” y se inició, formalmente, el desastre de la banca nacional. Otras fechas puede que no convoquen los hechos a la memoria pero no dejan de ser manchas para la historia del país: constan allí los tratados de límites y despojos, las batallas perdidas, las guerras civiles, los golpes de Estado, las humillaciones y los abusos. Las muertes de Manuel Maldonado, de Juan Borja y de Santiago Viola ordenadas por el dictador García Moreno, el asesinato de Monseñor Checa y Barba en el momento que consagraba el cáliz, los crímenes de Estado de Milton Reyes, de Abdón Calderón, de Nahím Isaías y de los hermanos Restrepo. La muerte de Vicente Salazar, el primero de los jubilados en fallecer por causa de su dignidad, y tantas otras historias, que suman en total cien, que pueblan los libros o tienen un carácter mínimo, pero que, en todo caso y según insana costumbre, tienden a naufragar en un mar de olvido. La obra obtuvo Mención de Honor en el Salón de Julio y se titula, justamente, Hecatombe.

Es así, pues hecatombe, además de evocar la idea de desgracia o catástrofe, significa en la acepción etimológica que recoge el Diccionario de la Real Academia “sacrificio de cien reses vacunas u otras víctimas, que hacían los antiguos a sus dioses”. De esa definición se apropia Juan Pablo Toral para articular, de manera lúcida, la rememoración (incluso el rescate) en clave visual de cien fechas que son aciagas para la historia del Ecuador, con la intención de que sirvan al propósito de una necesaria catarsis social, producto de su análisis y su discusión, de su afán de no olvidarlas (pues como dijo Montalvo “ignorar los tiempos pasados es no ser aptos para los venideros”) para, eventualmente, superarlas. Esto, por supuesto, es una utopía. Pero es también, al mismo tiempo, un proceso necesario en aras de la expiación de los sentimientos de inseguridad y de derrota, del complejo de inferioridad de la mayoría de los ecuatorianos: en otras palabras, es una invitación a reflejarnos en el espejo roto de nuestra identidad. Y todo ello, con el afán de sacar algunas conclusiones sobre nosotros mismos que nos ayuden a conocernos y a enfrentar (sí, a enfrentar: la vida en sociedad tiene mucha más relación con la lucha que con la danza) de mejor manera la cotidianidad de la convulsionada sociedad en que vivimos. La propuesta que se deriva de Hecatombe, entonces, es conocer la historia para no condenarnos a su repetición y, en consecuencia, propiciar la exhumación de los hechos que la constituyen, pues solo quienes tienen el valor de asumir ese compromiso pueden asumir la fuerza necesaria para intentar el cambio de la realidad. Esa hecatombe, ese sacrificio de la historia, debe ser nuestra tarea ciudadana en aras de que su otro significado, el coloquial y común, no sea el vocablo que termine por mejor definir el devenir de nuestra vida como República.

Mucha música, pocas nueces

Publicado en diario El universo el 5 de agosto de 2005.

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Los días que cambiaron el futuro de África sucedieron hace ciento veinte años cuando en la Conferencia de Berlín los representantes de las potencias europeas decidieron su reparto territorial, con exclusiva sujeción a sus imperialistas intereses. Cien años después, en 1985, el primer concierto Live Aid quiso cambiar la situación africana, tributaria de la saña europea de aquella época. Diez horas de rock, 17.000 toneladas de grano, 2.000 de leche en polvo, 1.200 de azúcar, cosas que el dinero sí puede comprar y un disco fueron su resultado. La cubierta de este último afirma que el día del concierto fue el día que “la música cambió al mundo”. Digamos, para traer la idea a tierra, que solo fue un buen intento de caridad digestiva.

Hace unos días, sin embargo, se volvió a la carga con un nuevo Live Aid cuyos objetivos visibles eran que el primer mundo aumente su ayuda a África y se condone a ésta su deuda externa. Hubo mucha publicidad y fue un éxito rotundo de difusión, con reunificación de Pink Floyd incluida y un 85% de la humanidad como espectadora. Su promotor, Bob Geldof, estimó que era una “oportunidad única” para salvar a África. Pero se trató solo de mucha música y pocas nueces: el G-8, reunido en Gleneagles, se mantuvo firme en lo suyo, que es defender los intereses de las potencias, tal como sucedió en la Conferencia de Berlín de antaño. Aunque, justo es decirlo, algo de caridad le concedieron a las arcas africanas. Pero quienes sí llevaron la parte del león, como es tradicional, fueron las transnacionales del pingüe negocio de la distribución y la publicidad del concierto: AOL Time Warner, Ford Motor Company, Nokia y EMI Music. La frase de la verdad la dijo el economista canadiense Michel Chossudovsky, “el concierto desvía la opinión pública y distrae la atención mediática del movimiento de protesta contra el G-8, sirve para minar la expresión de voces más radicales [y es útil] para atraer a consumidores y ganar dinero”.

Es evidente que África necesita ayuda y que la colaboración de los artistas pop sirve, en alguna medida, a ese propósito. Pero cabe advertir que las posibilidades de desarrollo de los países del tercer mundo no dependen tanto de la buena voluntad de otros como de la firme acción de nosotros en defensa de nuestros intereses, que tiene expresión, por ejemplo, en la integración del bloque que conforman, entre otros, Brasil, India y China en el marco de la OMC o en la creación de la naciente Comunidad Sudamericana de Naciones. Es imperativo, entonces, reflexionar sobre el contenido de la dádiva y sobre las reales posibilidades de desarrollo tercermundistas, pues se corre el riesgo cierto que la cubierta del disco del concierto de este año diga también, con desenfado, que ese día se cambió el mundo. Y que para variar, nosotros lo terminemos creyendo.

A nosotros, los culpables

Publicado en diario El universo el 16 de mayo de 2005. 

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A menudo, en el curso de las conversaciones de índole política suele uno referirse despectivamente a quienes, supuestamente, han conducido al país a su estado actual. Un breve repaso mental apuntaría a varios nombres ilustres (o no tanto) dependiendo de las filias y las fobias políticas de cada quien: claro, es usual que sea otro el responsable y que suya sea la culpa. Este simplismo omite una verdad de Perogrullo pero esencial: que la administración de un país, el desarrollo de su cultura democrática, no lo construye (ni lo destruye tampoco) una sola persona: se trata, necesariamente, de una tarea colectiva. Una tarea en la que, debemos admitirlo, la mayoría de los ecuatorianos hemos sido morosos. La jodienda del país se debe a que permitimos que otros lo manipulen a placer y que ante ese hecho cotidiano no hagamos sino lamentarnos o lanzar improperios pero en la práctica no actuemos en consonancia con nuestra propia crítica y, peor aún, que sea probable que en idéntica situación a la que criticamos hiciéramos lo mismo que hacen los otros. (El ladrón, sin ocasión para robar, se cree un hombre honrado.) Esa pasividad, esa inconsistencia, constituyen casi un sello de identidad nacional.

Esta realidad aciaga, en cierta medida, ha sido puesta en entredicho por los últimos sucesos. La revuelta forajida del 20 de abril nos enseña una importante lección: la fuerza que la ciudadanía, organizada de manera autónoma, puede tener cuando actúa cohesionada y exige cambios. Pero esta espontánea revuelta no debe confundirse con una revolución: la primera se agota en sí misma, dejando que los mismos de siempre ocupen sus localidades habituales y manejen la política a su antojo. La segunda supone la consumación de las permutas que propone la revuelta: implica un cambio psicológico, que por sí mismo no les sucederá a los políticos (se sabe bien que estos prometen de acuerdo con sus esperanzas y cumplen de acuerdo con sus temores) sino que debe asumirlo el ciudadano común: ese importante paso sucederá cuando su otrora energía revoltosa se canalice en propuestas específicas y en participación tan constante como orientada dentro de los parámetros democráticos (pues desde Camus sabemos que matar a un inocente por defender una causa justa no es defender una causa justa sino matar a un inocente) que son los propicios para el desarrollo de una cultura política que tanta falta nos hace.

De cara a los próximos días, ése es el grave reto: la construcción de un país a partir de su ciudadanía comprometida con el cambio de las formas tradicionales de participación política. Los primeros días del nuevo gobierno avizoran que la retórica expresada en la agitada jornada de la CIESPAL corre el riesgo de escurrírsenos como arena entre los dedos. No permitirlo es la tarea de todos los ciudadanos, pues la vuelta a la rutina de la crítica inconsistente o la pasividad constante, esas tradicionales formas de la acción política ecuatoriana cuando no somos iracundos, han probado no servir para nada salvo para que se repita el mismo ciclo de exclusión y de mesa servida para pocos. Hagámonos un favor, ciudadanos, y asumamos la gran parte de responsabilidad que nos corresponde.