Olmedo y su récord constitucional

            Publicado en diario Expreso el viernes 26 de junio de 2025.

El guayaquileño José Joaquín Olmedo (1780-1847) participó en un total de seis asambleas constitucionales, en cuatro Estados, en dos continentes. Estos cuatro Estados fueron, en orden cronológico: España, Guayaquil, Perú y Ecuador. A excepción del efímero Estado de Guayaquil (1820-1822), que el propio Olmedo presidió como cabeza de la Junta de Gobierno designada por el Colegio Electoral que se reunió en esta ciudad entre el 8 y el 11 de noviembre de 1820, los otros tres Estados que José Joaquín Olmedo contribuyó a forjar siguen en funciones.  

Este hecho extraordinario de participar de la constitución de tantos Estados fue posible por los cambios en la administración de la provincia de Guayaquil durante la vida de Olmedo. En 1810, la provincia era española y el Cabildo de Guayaquil (por 10 de 11 votos) designó a Olmedo como su representante en las Cortes de Cádiz, donde fue parte de la redacción de la Constitución que se aprobó en marzo de 1812. 

En 1820, la provincia de Guayaquil declaró su independencia de España y un Colegio Electoral, compuesto por 57 representantes de 27 pueblos, designó a Olmedo como la máxima autoridad del Ejecutivo (la cabeza de un triunvirato compuesto, además, por Francisco María Roca y Rafael María Ximena) y aprobó una Constitución (denominada “Reglamento Provisorio de Gobierno”) que, es fama, la escribió el propio José Joaquín Olmedo. 

Después de un período de pertenencia a Colombia (1822-1830) por la ocupación militar de Guayaquil en julio de 1822 y la anexión de la provincia a Colombia hecha por el Libertador (o en este caso, debo decir: el Opresor) Simón Bolívar, la antigua provincia española de Guayaquil (ahora denominada Departamento de Guayaquil) pasó a integrar el Estado del Ecuador. Olmedo fue uno de los cuatro representantes por Guayaquil (los otros tres: Francisco de Marcos, Vicente Ramón Roca y León de Febres-Cordero) que participaron en el Congreso Constituyente que se reunió en Riobamba entre agosto y septiembre de 1830 para aprobar la Constitución que originó el Estado del Ecuador. Olmedo fue parte de su comisión de redacción y está documentado que redactó esta Constitución de su puño y letra.   

El caso de su participación en la redacción de la primera Constitución del Perú, aprobada en noviembre de 1823, fue diferente. Tras la ocupación de Guayaquil por las tropas de Bolívar, Olmedo salió al exilio en Lima. Estando allí, fue invitado a formar parte del Congreso Constituyente reunido en dicha ciudad, como un reconocimiento a su enorme valía y a su experiencia previa como diputado en España y gobernante en Guayaquil. Fue nombrado diputado por el Departamento de Puno, territorio que todavía estaba en manos de los españoles, e integró la comisión que redactó las bases de la primera Constitución peruana. 

Además del Congreso Constituyente de Riobamba en 1830, Olmedo participó en otros dos procesos constitucionales del Ecuador: en Ambato, en 1835, y en Cuenca, en 1845. Pero el hecho sin paralelo en la historia de la humanidad (e irrepetible, dadas las circunstancias) fue su participación en la redacción de las constituciones que forjaron cuatro Estados, en dos continentes: todo un testimonio de su genialidad. 

La Memoria del Mundo

            Publicado en diario Expreso el viernes 21 de noviembre de 2025. 

Desde 1992, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) mantiene el programa Memoria del Mundo, para cumplir con los objetivos de facilitar la preservación del patrimonio documental, incluyendo el formato digital, así como de permitir el acceso universal al patrimonio documental y aumentar la conciencia sobre su importancia en el público en general.

Para concretar el cumplimiento de estos objetivos, el año 2000 la UNESCO creó el comité regional del programa Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe a fin de promover la conservación del patrimonio documental en los países de la región (existe, desde 1998, otro comité regional para los países de Asia y el Pacífico). Desde el año 2000 se han realizado un total de 263 inscripciones de patrimonio documental, conservado en archivos, bibliotecas o museos, al registro Memoria del Mundo de América latina y el Caribe. Por “patrimonio documental” se entiende desde tablillas de arcilla hasta publicaciones digitales. 

Y también, el manuscrito de un poema de José Joaquín Olmedo. Hasta el año 2024, el Ecuador tenía ocho registros en la Memoria del Mundo de América latina y el Caribe: dos en asocio con otros países (la Carta de Jamaica de Simón Bolívar en asocio con Colombia y la documentación sobre las expediciones científicas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, siglos XVIII-XIX, en asocio con estos países más España) y seis por cuenta propia (la Mediateca de la CIESPAL, el patrimonio documental del Vicariato Apostólico Salesiano en el Ecuador amazónico entre 1890 y 1930, el fondo documental Monseñor Leonidas Proaño, los protocolos notariales de la Notaría Tercera del cantón Cuenca de 1563 a 1950, los expedientes de naturalizaciones entre 1899 y 1968, la posesión oficial de las Islas Galápagos por el Ecuador en 1832). El año 2025 se añadió una inscripción a esta lista selecta: un manuscrito del poema “La Victoria de Junín. Canto a Bolívar”, de autoría del político y poeta guayaquileño José Joaquín Olmedo, rareza que se conserva en poder de la Biblioteca Municipal de Guayaquil. 

Cada año, el programa Memoria del Mundo abre un período de postulaciones. Este año 2025 se presentaron 71 postulaciones provenientes de quince países de América latina y el Caribe. En la XXV reunión del comité regional para América latina y el Caribe del programa Memoria del Mundo, que se celebró del 10 al 13 de noviembre en Lima y Cusco, se evaluaron estas 71 postulaciones y se aprobaron 29 nuevas inscripciones al programa.

De estas 71 postulaciones, tres fueron hechas por instituciones ecuatorianas. De estas tres, la única postulación que el comité aprobó fue la relativa al manuscrito del poema de Olmedo que fue presentada por el Municipio de Guayaquil, siendo la primera vez que un gobierno seccional ecuatoriano consigue una inscripción en este registro para la conservación del patrimonio documental. Por este hecho, la Biblioteca Municipal de Guayaquil se convirtió en una de las 265 “instituciones encargadas de la memoria” que reconoce la UNESCO en el marco de este programa.    

Olmedo en la Memoria del Mundo: bien se puede decir que se ha hecho justicia.

Fanáticos de Fernando VII

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de mayo de 2024.

Según algunos, la revolución del 10 de agosto de 1809 fue una “máscara” porque, detrás de las alabanzas al rey español Fernando VII, se escondía un ardiente deseo de independencia. Según esta teoría, de manera taimada le estaban jurando sumisión a un rey, únicamente para mejor clavarle un puñal. 

Pero los quiteños de 1809 no fueron unos taimados. Ellos tuvieron claro sus objetivos: el primero, obtener la autonomía para administrar su territorio. Quito quería que la asciendan a Capitanía General (como en Sudamérica eran Venezuela y Chile) para superar su estado de sumisión al Virreinato de Santa Fe, siendo como era Quito una Audiencia subordinada a lo que en Santa Fe (hoy Bogotá) se decida en segunda instancia, lo que era apelable en España ante el Consejo de Indias y, en última instancia, ante el rey. Quito era la parte más baja de esta escala, un juzgado de primera instancia. 

El segundo objetivo era la recuperación de su grandeza de antaño. En el último cuarto del siglo XVIII e inicios del XIX, a Quito le quitaron: primero, la jurisdicción eclesiástica sobre Guayaquil, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí por la creación de un obispado en Cuenca (1779); segundo, Esmeraldas, Tumaco y La Tola, que pasaron a la administración de Popayán (1793); tercero, Mainas, que pasó a ser administrada desde España (1802); cuarto, Guayaquil, que pasó a la administración de Lima (1803). Le quitaron por todos los puntos cardinales.

Entonces, el 10 de agosto de 1809 fue la oportunidad de los quiteños para satisfacer estos dos objetivos. Ellos crearon una Junta de Gobierno y nombraron autoridades, pero jamás buscaron la independencia pues lo que realmente querían era tener autonomía y estar en pie de igualdad con las potencias de la región. Quito no quería que su coteja sea Charcas (otra Audiencia subordinada); ella aspiraba a que lo sean Lima, Santa Fe y Buenos Aires (Virreinatos), y Chile y Venezuela (Capitanías Generales). 

Para obtener estos objetivos, Quito decidió convertirse en la más ardiente defensora del rey español y cambiar el modelo administrativo en la jurisdicción de su Audiencia. Lo primero, porque la España peninsular estaba tomada por el ejército francés. Entonces, al rey Fernando VII (a quien se lo llamaba “rey legítimo y señor natural”) el Ministro de Justicia Rodríguez de Quiroga lo invitó, en abierta proclama, a que fije en Quito “su augusta mansión”. 

En cambio, al emperador de los franceses, Napoleón, a quien se lo llamaba “el Tirano de Europa”, Rodríguez de Quiroga lo emplazó a que “pase los mares, si fuese capaz de tanto: aquí le espera un pueblo lleno de religión, de valor y de energía”.

Lo segundo, el cambio de modelo administrativo, provocó su caída. La Junta de Gobierno de Quito quiso someter bajo su administración a tres gobernaciones: Cuenca, Guayaquil y Popayán. Las tres ignoraron las demandas de Quito y enviaron tropas para someter su experimento de insubordinación y autonomía. Lo consiguieron.

El 24 de octubre de 1809, fracasado su experimento, los quiteños devolvieron el poder a quien se lo habían usurpado. Y fueron unos fracasados, unos ilusos, acaso unos necios, pero nunca taimados. 

Ellos realmente querían caerle en gracia a su rey.

Olmedo al exilio

             Publicado en diario Expreso el viernes 9 de febrero de 2023.

“Yo no he nacido para este puesto: el retiro, la soledad y la comunicación con las musas eran convenientes a mi genio y carácter; mandar, regir, moderar un pueblo y en revolución no es para mis fuerzas intelectuales y físicas”. En una carta fechada el 18 de octubre de 1821, siendo José Joaquín Olmedo el presidente de la Junta de Gobierno de Guayaquil, él le dirigió estas palabras al general Antonio José de Sucre. Son un testimonio de que Olmedo era, ante todo, un poeta.

Pero a este poeta le tocaron los tiempos revolucionarios de octubre de 1820 y, siendo Olmedo la personalidad que era en una pequeña Guayaquil de 20.000 habitantes (persona culta y leída, de 40 años, único residente que había sido diputado en las Cortes de Cádiz -el otro guayaquileño que fue diputado en Cádiz, Vicente Rocafuerte, estaba fuera del país) a él se le impuso la obligación de conducir a la patria “en revolución”: fue el primer Jefe Político de la ciudad, nombrado por el Cabildo el 9 de octubre mismo.

Olmedo renunció a los seis días, por los abusos que cometía el peruano Gregorio Escobedo, quien había sido nombrado por el Cabildo Jefe Militar de la ciudad el mismo 9 de octubre. Pero Olmedo jugó vivo: logró que el 8 de noviembre de 1820 se organice en Guayaquil un Colegio Electoral con 57 representantes de 27 territorios de la provincia de Guayaquil. Este órgano destituyó a Escobedo por su amplio catálogo de abusos, lo volvió a nombrar a Olmedo Jefe Político de la ciudad y adoptó el 11 de noviembre de 1820 la primera Constitución (el “Reglamento Provisorio de Gobierno”) para un territorio independiente de aquellos que compondrían, en 1830, el Estado del Ecuador.   

Para la Junta de Gobierno presidida por Olmedo, e integrada también por Francisco Roca y Rafael Ximena, aquel 8 de noviembre de 1820 en que se reunió el Colegio Electoral significó el día de la libertad para los pueblos de la provincia de Guayaquil, pues allí se había reunido su representación, “que es el más precioso de los derechos sociales, y el privilegio más noble de los pueblos libres”, a fin de aprobar las normas para su convivencia y para sus relaciones con los demás Estados. 

La Junta de Gobierno había convocado para el 28 de julio de 1822 a un nuevo Colegio Electoral a fin de decidir acerca del futuro de la provincia como parte de Perú o Colombia, o mantenerse como un territorio independiente. Pero el general Simón Bolívar tenía otras ideas: llegó a Guayaquil el 11 de julio, acompañado de 1.300 “bravos colombianos”, para disolver nuestra Junta de Gobierno y decidir (por el bien de la ciudad, o al menos para no hacerle daño) que Guayaquil empezaba a ser parte de Colombia. Todos los integrantes de la Junta de Gobierno partieron al exilio en Lima. Roca y Ximena jamás volvieron. 

En carta dirigida a Bolívar, fechada el 29 de julio de 1822, Olmedo le expuso a Bolívar la razón para su exilio: “Yo me separo, pues, atravesado de pesar, de una familia honrada que amo con la mayor ternura, y que quizás queda expuesta al odio y a la persecución por mi causa. Pero así lo exige mi honor. Además, para vivir, necesito de reposo más que del aire: mi Patria no me necesita; yo no hago más que abandonarme a mi destino”.

El caso de Quito

            Publicado en diario Expreso el viernes 28 de julio de 2023.

El caso de Quito es el de un tribunal inferior devenido en república a la fuerza. Quito se convirtió en sede de una audiencia por real cédula del 29 de agosto de 1563, firmada por el rey Felipe II. Entró en funciones el 18 de septiembre del año siguiente.

Una audiencia era, en esencia, un tribunal de justicia. La monarquía española instituyó en América numerosas audiencias, compuestas de un presidente y de un número de oidores (digamos, jueces) que variaba según la importancia de la audiencia. Por una parte, las audiencias de México y de Lima (capitales de virreinato) llegaron a tener doce oidores; la de Quito siempre se mantuvo en cuatro oidores.

Ocurre que esta audiencia de Quito siempre fue una audiencia subordinada (cuando fue audiencia, porque entre 1717 y 1723 fue suprimida). Era subordinada porque si en Quito se decidía algo, siempre podía ser apelado ante una audiencia superior. Desde 1563 hasta que se fundó en 1739 el virreinato de Nueva Granada, ese órgano superior fue la audiencia de Lima. Desde 1739 hasta la extinción de las audiencias con la caída de la monarquía española, ese órgano superior fue la audiencia de Santa Fe. Todas las audiencias estaban subordinadas a la decisión del rey en Europa.  

El reconocido historiador Federico González Suárez escribió: “Por una especie de fatalidad hasta los hombres buenos y mejor intencionados, cuando venían a Quito investidos de autoridad, se dañaban”. Y explicaba como razón: “la enorme distancia a que se encontraban de la Corte y la tardía administración de justicia por parte del soberano, cuyas resoluciones se dictaban al cabo de años de cometido el delito, les daban cierta impunidad, muy perjudicial para la moral y las buenas costumbres”. 

En este ambiente, Quito resultó un bastión del gobierno español. Es un hecho que no hay héroes quiteños en la batalla del Pichincha y que su contribución a la independencia fueron unos soldados de baja graduación. Los firmantes del Acta producto de la batalla fueron un novogranadino (Morales) y un altoperuano (Santa Cruz), delegados por un venezolano (Sucre). Quito fue liberada de España pero no para darle autonomía sino para incorporarla a una república, acorde a una ley en cuya creación ningún quiteño participó: la Constitución de Cúcuta de 1821.

Por siglos, la jurisdicción de la audiencia de Quito abarcó un espacio mucho más allá del río Carchi: llegaba hasta Popayán. Una vez sumada a la fuerza a una nueva república (se llamaba Colombia, le decían “la gran”), por una ley que se decidió en 1824, cuando Quito y otros territorios se separaron en 1830 para fundar el Ecuador, resultó que Colombia le impuso al Ecuador el hecho (disputado por las armas y vencedora Colombia en 1832) que sus límites terminaban en el río Carchi. Y así es que, de aquel territorio sobre el que Quito administró justicia hasta 1822, apenas unos diez años después perdió su mayor parte por la decisión/imposición de Colombia.  

Tal el caso de Quito: una audiencia subordinada, liberada a la fuerza de España, sometida sin consenso a Colombia, que finalmente la privó de unos enormes territorios al norte con los que Quito había estrechado vínculos (económicos, políticos, familiares) durante siglos.