El borracho necio de América

El comportamiento del Estado del Ecuador en los últimos días es congruente con su condición de país del chuchaqui perpetuo. 

En el foro internacional, se ha comportado como un borracho (siempre ha sido un gran beodo republicano) pero la nota distintiva de estos últimos días es que se ha convertido en el borracho necio de América. Uno que rompe normas básicas del derecho internacional (es decir, la caga en grande), pero que nunca admite que la cagó y jamás pide disculpas, pues al contrario le echa la culpa a otro de haber motivado la desgracia que él cometió. 

Por supuesto, nadie en la fiesta de la democracia (ningún otro país de América) piensa que la cagada del Ecuador tiene sentido o futuro; pero eso a nuestro borracho necio le tiene muy sin cuidado.

¿Qué se puede hacer cuando vives en un país que se comporta como un borracho necio? Pedir disculpas, y mirarlo partir rumbo a las tierras del chuchaqui. 

A estas alturas, el Ecuador no es ni bueno ni malo: es un incorregible dipsómano.

El hazmerreír exitoso

En la sesión de la OEA celebrada ayer 9 de abril, la cancillería ecuatoriana defendió que se haya vulnerado la inviolabilidad de la Embajada de México en Quito con la siguiente frase: “Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político”. 

Esta frase es absurda (el Ecuador es absurdo). Por el lado práctico, porque es falso que las condenas penales del sistema judicial ecuatoriano (en el caso de Glas, como en muchísimos otros) no puedan ser una persecución política. Y por el lado teórico, porque es una frase irrelevante frente a la institución del asilo.

Por el lado práctico: la frase de la cancillería ecuatoriana quiere que aceptemos la siguiente premisa: “toda decisión de condena penal que ha hecho el sistema de justicia ecuatoriano es el fruto de un juicio con las debidas garantías ante un juez competente, independiente e imparcial”. Y esto, aunque se haya condenado a un enemigo político.

Esta premisa es falsa. El sistema de justicia ecuatoriano ha probado ser maleable, por intereses económicos y políticos. Y sus graves deficiencias en materia de garantías judiciales, su crasa corrupción, no son suposiciones: es el fruto del análisis de sentencias, resoluciones e informes de organismos internacionales. Una condena penal puede ser fruto de persecución política, porsupollo.

Por el lado teórico: la frase de la cancillería ecuatoriana no tiene sentido frente a la institución del asilo, porque “la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución” (Art. IV de la Convención de Caracas, 1954) le corresponde al Estado que otorga el asilo. Es evidente que, para el Estado que ha condenado penalmente a alguien, esa sanción jamás podrá ser considerada una persecución (sería dispararse al pie). Es por eso que no le corresponde a ese Estado decir si hay o no persecución. Si por él fuera, nunca la hay. 

Le corresponde al Estado que otorga el asilo considerar, entonces, si la persona condenada penalmente es perseguida o no. Puede que tal vez lo sea (en el Ecuador, a juzgar por el adefesio de sistema judicial nuestro, esa posibilidad existe). La institución del asilo existe para proteger esa posibilidad, por mínima que sea y aún cuando el Estado que haya condenado a esa persona la considere a ella la más perversa del mundo mundial. La frase de la cancillería resulta así irrelevante. Esta irrelevancia es una demanda de la civilidad.

¿Qué le correspondía hacer al Ecuador?

Soportar, aguantarse, respetar la institución del asilo. En estricto rigor, debió haber otorgado un salvoconducto (Art. XII de la Convención de Caracas, 1954).

No haber respetado la institución del asilo y haber vulnerado la inviolabilidad de la misión diplomática de México ni merece aplauso, ni lo ha cosechado en la escena internacional. No hay ningún representante de un país americano en la sesión de ayer de la OEA que haya insinuado siquiera que lo hecho por el Ecuador tenga un asomo de justificación.  

Somos un hazmerreír en el foro internacional, pero nunca creo que tanto.  

Elecciones con un twist perverso

            Publicado en diario Expreso el viernes 6 de enero de 2023.

En la América española, las primeras elecciones ocurrieron el lejano año 1809. Un historiador que las estudió, François-Xavier Guerra, definió a los partidos políticos que participaron en ellas como “redes de hombres unidos por vínculos muy diferentes (de parentesco, de compadrazgo, de clientela, de interés, de origen geográfico común), que se definen ante todo por su oposición a una red rival”.

En el Ecuador, más de 200 años después, esta definición sigue siendo útil para caracterizar a partidos y movimientos políticos. Casi sin excepción, ellos no se definen por una ideología, se definen ante todo por la oposición a un rival. Así, su preocupación mayor no es servir a la población con leyes y políticas públicas afines a su ideología, pues lo que realmente les preocupa es ocupar los espacios de poder en detrimento de su rival. Esto, en la práctica política ecuatoriana, desemboca en el “reparto de la troncha”.

Observadores internacionales de las elecciones ecuatorianas, como la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han señalado los graves problemas que tiene el Estado del Ecuador para la fiscalización y el control del financiamiento privado a las candidaturas. Desde la OEA se ha recomendado al Estado que fortalezca las capacidades del órgano de control electoral (el CNE) y sus facultades para detectar las infracciones a las normas sobre financiamiento privado a las candidaturas y aplicar las correspondientes sanciones. En cada elección, la OEA reitera esta recomendación, pero invariablemente el Estado del Ecuador la ignora.   

Que no se ha hecho ni se hará nada en materia de fiscalización y control del financiamiento privado a las candidaturas quedó claro en la entrevista a uno de los consejeros del CNE publicada en este diario el 1 de enero. Ante una pregunta sobre la posibilidad de un financiamiento privado con “dineros irregulares”, el consejero Enrique Pita respondió que ello “rebasa nuestra responsabilidad”, al tiempo que reconoció que “los recursos que se justifican ante el CNE son ínfimos respecto a la gran cantidad que se utilizan en una campaña”, para formular entonces la siguiente pregunta: “¿quién invierte tanto y por qué para un puesto que, muchas veces, no compensa el sueldo?”. Él mismo se la respondió: “comenzamos a mirar que posiblemente haya intereses que no guardan necesariamente relación con lo electoral y con el servicio”.  

Así, tenemos dos malos elementos: un CNE sin capacidad de fiscalización y control de los “dineros irregulares” que financistas privados aportan a las candidaturas y muchos candidatos sin ideología ni voluntad de servicio. Es muy probable que, si esos candidatos llegan a ocupar un cargo público, devuelvan los favores a los financistas privados que hicieron posible su triunfo. Esto es el “reparto de la troncha” en acción. 

Éste ha sido el funcionamiento del sistema político-electoral ecuatoriano durante muchos años, pero ahora se añade un twist perverso: el narcotráfico. En este nuevo escenario, la habitual ineficacia del Estado para fiscalizar y controlar los “dineros irregulares” puede causar la máxima perversión de la democracia: políticos funcionales al crimen organizado.

Una revolución contra la idiotez

1) El sistema electoral ecuatoriano está corrupto; 2) El voto facultativo es un remedio para atajar su corrupción.

Estas dos oraciones son lo que me propongo demostrar en este breve artículo.

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Para la primera oración, aporto como prueba el financiamiento del sistema electoral ecuatoriano.

Veamos el contexto: Ecuador es un país pobre y periférico en el contexto mundial, desigual y discriminador en el nacional. Equipado con estos atroces defectos, el Estado del Ecuador le parece a la mayoría de los ecuatorianos más un estorbo que cosa valiosa (en tiempos del COVID-19, esta sensación ha sido imposible de soslayar). Pero este Estado (de manera inequitativa, casi desfachatadamente) le cobra impuestos a sus habitantes. Muchos evaden los impuestos (evasión established since 1830) pero la plata llega igual a las arcas del Estado (established since 1830). Y ocurre que el Estado, de cuando en vez, devuelve ese billete. No me refiero en obras, etc., sino a unos pocos avivatos, en el marco del proceso electoral.

Que este diseño electoral está corrupto se desprende de las recomendaciones sobre “financiamiento político-electoral” en el informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegada en el Ecuador para las elecciones seccionales y de los integrantes del CPCCS que se realizaron el 24 de marzo de 2019. En este informe se empieza por reconocer como hechos que “la ausencia de barreras para acceder al financiamiento público genera una enorme atomización de la contribución estatal y un incentivo para el nacimiento de nuevas organizaciones políticas” y que ocurre que el financiamiento privado “no es fiscalizado durante la campaña y está sujeto a un débil escrutinio posterior [lo que] reduce seriamente la eficacia del control existente”. Acto seguido, esta Misión formula las siguientes recomendaciones:

Primera recomendación: “Fortalecer las capacidades del CNE para atender las funciones que por ley le han sido asignadas en la fiscalización del financiamiento público y privado, robusteciendo sus facultades para la detección y sanción de infracciones”. Como en la OEA son unos burócratas de alto coturno, se los pondré en simple: ellos quieren decir que el Estado ecuatoriano es patéticamente ineficaz para detectar y sancionar las infracciones en materia de financiamiento electoral… Lo que constituye un gran incentivo para la pillería.

Segunda recomendación: “Considerar la introducción de una barrera de acceso al FPE...” El Fondo de Promoción Electoral (FPE) es el botín que se quieren repartir (sin controles eficaces) las organizaciones políticas. La falta de barreras de acceso es otro gran incentivo para la pillería.

Tercera recomendación: “Incorporar en la normativa la obligatoriedad de etiquetar parte de los recursos permanentes que se asignan a las organizaciones para que sean destinados a la capacitación política, técnica y/o ideológico-programática…”. Esto, simplemente pone en evidencia la real naturaleza de nuestras organizaciones políticas: son mucho más unas maquinarias para obtener financiamiento electoral, que unas organizaciones con una clara ideología y un programa político. En resumen: son grupos organizados para la pillería.

Así, el sistema corrupto se cierra. A la mayoría de la gente no le interesa votar, pero para que este sistema corrupto subsista se requiere que ellos lo sigan haciendo, obligadamente (de ello depende la repartija de billete). Algunos incautos creen que en esto de votar hay una obligación “cívica” envuelta, pero eso es fundamentalmente paja. El propósito de tener el voto obligatorio es mantener aceitada a una maquinaria que reparte billete de vez en cuando. Es la eterna danza de los avivatos y los incautos: una conga-line que transita el Ecuador para perpetuar su subdesarrollo.

*

Es el momento de probar la segunda oración. Como se probó antes, a las elecciones se las ha pervertido hasta convertirlas en un ariete de nuestro subdesarrollo, en razón de lo cual, algo debemos hacer al respecto. Porque como decía Einstein (un científico, no huevadas) “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Una solución, entonces, está en cortar de tajo ese incentivo perverso, convirtiendo el voto de obligatorio a facultativo.

Doy por sentado que, si se ha leído hasta aquí, ninguno de los lectores cree esa burrada de que obligar a votar a la gente en el Ecuador ha servido para educarla en sus deberes, etc. Eso se ha probado mentira, y la evidencia de 41 años consecutivos de votaciones exime de mayor comentario.

Porque, honestamente, a la gente no le tiene porqué importar tanto la política, eso es una ficción que nos gusta creer, pero que es paja. Es legítimo que una persona tenga cientos de otras cosas más importantes/interesantes/lúdicas en las que pensar e invertir su tiempo. Esto, en el caso de que los políticos no les parezcan directamente tipos despreciables, o vulgares ladrones, a los que ellos obligadamente tienen que ir a votar. (El número de los que creen que el sistema está podrido –sus “desengañados”- se expresa, principalmente, en los votos nulos –a los que también se los podría llamar “eclosión de falos en la papeleta electoral”).

Confiar que este estado de cosas cambie por el voto constante de la población es una vana ilusión, una torpeza. Los que he llamado “incautos”, están contento de ser así porque (perdóneseme el francés) les vale verga ser otra cosa. Y es la existencia de este target en la política, el eficaz incentivo para que se mantenga la tan pervertida, estúpida y disfuncional obligación de votar: por convenirle a unos cuantos avivatos que se reparten el billete que es producido por el número de incautos que, obligadamente, acuden a la votación.

Si el Estado ecuatoriano abandona la obligatoriedad del voto se unirá a la inmensa mayoría de países del mundo que consideran a sus ciudadanos como gente con la libertad de decidir si acude a elecciones o no. En apenas 22 países (data hasta 2013) se mantiene el voto obligatorio y en tan solo diez de ellos, incluido el Ecuador, se tienen sanciones por no votar (es decir, el Ecuador en esto también se pone policial, que es su estado natural). El Estado del Ecuador debería seguir el ejemplo de países que, habiendo tenido el voto obligatorio, lo repelieron, como Holanda (AKA “Países Bajos”), Fiji y Guatemala, entre otros muchos.

Queda una cosa para rebatir, después de que se probó que la obligatoriedad del voto es un burdo incentivo para la corrupción generalizada, y es esta otra gansada, que podría decirla, por ejemplo, uno de esos Tutankamones tipo Oswaldo Hurtado: il viti dibi sir ibliguitiri pir li ligitimidid.

Esto de la “Legitimidad del voto obligatorio” está en mi “Top 3” de huevadas políticas ecuatorianas con el “Ecuador amazónico” y el “Modelo exitoso de desarrollo”. Son frases huecas, que nunca hicieron sentido con la realidad, pero que se las creyó, e incluso algunos despistados las siguen creyendo*.

La legitimidad, realmente, está dada por dos factores: la universalidad de la posibilidad de votar (Ecuador, en esto, hasta antes de esta calamidad llamada Moreno era un ejemplo de inclusión) y el respeto a la decisión de todo ciudadano de decidir si vota o no vota. Porque son los políticos los que tienen que ganarse nuestro respeto, no nosotros tener la obligación de mantener su sistema corrupto.

Entonces, si a ustedes: a) No les gusta votar; b) No les gusta la corrupción; c) No les gusta el despilfarro de los recursos públicos; o d) Todas las anteriores, la respuesta es simple: Es el voto facultativo, estúpido.

Y para explicar con propiedad el punto a) (los puntos b y c ya fueron probados más atrás), ¿para qué convertir el voto obligatorio en facultativo? Pues para que no triunfen los idiotas. Porque la que vivimos es una democracia de idiotas.

Antes que a los biempensantes les dé un ataque epiléptico o un patatús por este horror de llamar a los votantes “idiotas”, es que muchos en realidad lo son, en el sentido original de la palabra, de acuerdo con su etimología griega. En la Grecia antigua (la vanagloriada de Sócrates, Platón y Aristóteles), un “idiota” era aquel que se preocupaba únicamente de sí mismo, de sus intereses privados, sin participar de los asuntos públicos o políticos.

¿Por qué dejar las elecciones políticas fundamentales en manos de gente así? Realmente, lo responsable es retirarles esa carga: si esa persona quiere (esa es la universalidad del voto), ella puede, en igualdad de condiciones con el resto de sus conciudadanos, acudir a votar y manifestar su postura. Pero si no quiere votar, pues bien también, el Estado debe respetar que esa persona se preocupe más por otras cosas y, lejos de ponerse policial con multas, deberían sus políticos pensar en atraer a este electorado quechuchista a través de una mejora sustancial en la calidad de sus discursos y de sus propuestas: que pasen de ser sospechosos de pillería (porque los ecuatorianos no confiamos en nuestros políticos, esa es la verdad y la crisis del COVID-19 lo ha desnudado groseramente) a pasar a ser unos tipos decentes, unos que se merezcan el depósito de confianza que se expresa en un voto. Así, el voto facultativo realmente lo que pretende es pasar a los idiotas a la inactividad, hasta que voluntariamente dejen de serlo, por incentivos positivos. Y con esta medida le cagamos el negocio a los que sostienen este sistema corrupto con la coerción (multas) de todos quienes lo despreciamos.

Y por eso, el título de este breve artículo cobra total sentido: la reforma del voto facultativo es una auténtica revolución contra la idiotez.

* Ya cada vez más esa gente se está pareciendo a esos soldados que siguen combatiendo en la selva, mucho después de que terminó el conflicto. Más que náusea, dan tristeza, que diría Aute.

Las elecciones del 24 de marzo de 2019: como ni una

Este es un resumen del Informe Preliminar de la Misión de la OEA para las elecciones del 24 de marzo de 2019, del que se extraen algunas conclusiones.

La Misión de la OEA para estas elecciones, presidida por el tico Kevin Casas Zamora, presentó su Informe Preliminar sobre dicho proceso el martes 26 de marzo. El documento que se presentó a la opinión pública puso en un debido contexto las graves negligencias que afectaron el normal desarrollo de las elecciones del domingo 24.

Vamos a los bifes: Primero, enumeraré los fracasos que constató la Misión de la OEA en estas elecciones.

A. LOS FRACASOS DEL PROCESO ELECTORAL

1) En la organización electoral

* El CPCCS transitorio y los órganos de la Función Electoral: El CPCCS transitorio, creado por la voluntad popular manifestada en las urnas el 4 de febrero de 2018 y presidido por el Notario Cabrera de la Política, Julio César Trujillo, evaluó a los órganos de la Función Electoral, los destituyó y nombró a dedo a sus reemplazos transitorios, sin tener una facultad normativa para hacerlo como no sea otra que las “facultades extraordinarias” que ellos se atribuyeron a sí mismos, por las que se han atribuido incluso una capacidad de control por sobre las autoridades por ellos nombradas a dedo. Ello justifica este criterio de la Misión de la OEA en su informe: “De cara al futuro, es importante que las autoridades electorales gocen de la estabilidad necesaria para desempeñar sus tareas, con independencia y sin presiones externas” (p 2).

La consecuencia de la intervención del CPCCS transitorio en los órganos electorales es que, como lo observó la Misión de la OEA, en poco menos de dos años, “el CNE tuvo cuatro cambios de presidencia y tres cambios en su integración” (p. 2) mientras que sobre el TCE, la Misión declaró estar preocupada “por la tardía e incompleta constitución del TCE, con fecha posterior a la convocatoria a elecciones y estando pendiente la designación de los jueces y juezas definitivos, y el nombramiento de tres de los cinco suplentes” (p. 4). Para mayor inri, los propios jueces del TCE le dijeron a la Misión que carecen “de recursos financieros suficientes para el ejercicio de sus funciones” (p. 4).

* Retrasos en los procedimientos: La Misión constató que “el calendario electoral aprobado por el CNE no contempló suficiente tiempo para la atención y resolución de los distintos recursos, apelaciones e impugnaciones previstas en la legislación ecuatoriana” (p. 2). Por este hecho, se produjeron “retrasos en la calificación de candidaturas, así como en la atención de los recursos contenciosos presentados” (p. 2).

2) En el día de las elecciones

* Desconocimiento de los miembros de las juntas receptoras del voto: La Misión reportó el desconocimiento existente en los funcionarios electorales. En los centros de votación, los observadores de la Misión de la OEA “reportaron desconocimiento por parte de los MJRVs [Miembros de la Junta Receptora del Voto] en el manejo del material electoral y en los procedimientos que debían seguir” (p. 3), así como también lo observaron durante la fase de escrutinio: “la Misión volvió a constatar la confusión de los MJRVs sobre el procedimiento a seguir y su desorganización al clasificar las papeletas por dignidades” (p. 3).

* Difusión en la web: La Misión observó que “la página web de divulgación de resultados falló alrededor de las 8:00 pm y hasta la madrugada” (p. 6).  

3) Sobre el derecho a elegir

* Voto de los extranjeros: La Misión consideró que la decisión administrativa de depurar el padrón electoral de los extranjeros debió “ser ampliamente comunicada, de forma que quienes se sientan afectados tengan oportunidad de ponerse en regla (en este caso, inscribirse ante el CNE) o impugnar en plazo las decisiones adoptadas” (p. 5). La depuración debió reflejar el número real de personas habilitadas para votar en la elección, pero la eliminación del registro de alrededor de 43.000 extranjeros inscritos desde el 2009 se la hizo sin mantener una debida comunicación con las comunidades de extranjeros residentes en el Ecuador. En su visita, la Misión recibió “numerosas comunicaciones” relacionadas con esta privación del derecho a elegir (p. 5).

* Voto de los pueblos y nacionalidades indígenas: La Misión recibió información sobre las “distancias considerables en algunas localidades, donde los votantes deben recorrer varios kilómetros a pie o por vías fluviales para ejercer su derecho al voto, lo cual afecta desproporcionadamente a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres” (p. 7).

* Voto secreto: Por la concentración de ciudadanos en espera de votar se improvisaron medidas “como habilitar pupitres sin biombos para agilizar la votación. Si bien esto facilitó que se pudiera votar con más rapidez, en algunos casos pudo comprometer el derecho al voto secreto” (p. 3)

4) Sobre el derecho a ser elegido

* Financiamiento político-electoral: La Misión de la OEA refirió que en el caso de un entorno político “altamente fragmentado” como el ecuatoriano, “la ausencia de barreras para acceder al financiamiento público genera una enorme atomización de la contribución estatal” (p. 8). También indicó que, si bien la Ley contempla “la posibilidad de asignar recursos para formación y capacitación, no establece un monto o porcentaje para ello” (p. 8).

La Misión advierte, sin embargo, que: “Más problemática es la situación del financiamiento privado, que no es fiscalizado durante la campaña y está sujeto a un débil escrutinio posterior, con un retraso de hasta dos años en la presentación de reportes”, lo que “reduce seriamente la eficacia del control existente” (p. 8).

* Propaganda electoral: La Misión de la OEA constató “varios casos donde las propuestas de publicidad de los candidatos y candidatas fueron rechazadas con el argumento de que no incluían mensajes programáticos y, en algunos casos, se exigió el uso de palabras específicas” (p. 9). La Misión destacó la ineficacia de los órganos electorales: “aunque las autoridades electorales disponen de 48 horas para aprobar la publicidad propuesta por los candidatos y candidatas, el proceso de revisión y aprobación de propuestas revisadas puede demorarse varios días, afectando en la campaña de los actores” (p. 9).

Asimismo, la Misión de la OEA señaló que “los medios nativos digitales tuvieron dificultades para inscribirse como proveedores de publicidad electoral” (p. 9). La OEA no cuenta el detalle, pero hubo hasta un proceso que llevó el medio digital Ecuadorinmediato que llegó al TCE, pero cuya sentencia favorable a Ecuadorinmediato fue burlada por el CNE en su aplicación.

* Violencia en contra de algunas candidatas: La Misión de la OEA destacó que se informó “de algunos incidentes de violencia política contra las mujeres durante la campaña electoral, incluyendo una denuncia pública de dos candidatas al CPCCS por haber sido objeto de un ataque personal inaceptable por parte de un expresidente de la República” (p. 7).

N.B.: Es ese reiterativo momento de la vida política del Ecuador en la que el expresidente Bucaram te causa vergüenza.

* La problemática elección popular de los consejeros del CPCCS: La Misión de la OEA observó, desde su introducción, que la elección popular de las autoridades del CPCCS “ha presentado un conjunto particular de desafíos, que requieren de atención prioritaria” (p. 1). Primero, por los requisitos y las prohibiciones que se introdujeron para la participación como candidato al CPCCS, pues hasta las propias autoridades electorales le reconocieron a la Misión que “restringían la participación plural” (p. 10). La Misión de la OEA notó, en particular, “el requisito de haber renunciado a funciones públicas dos años y medio antes de la fecha de inscripción de candidaturas, dado que esta ley fue reformada apenas un año antes de la celebración de los comicios” (p. 10). La Misión se guardó de decirlo, pero es justo enfatizar que esta disposición es una abierta discriminación contra las personas que ejercieron autoridad en el anterior Gobierno y que el efecto que tuvo fue la restricción de su participación política.

La Misión de la OEA se refirió a la promoción electoral para los candidatos al CPCCS. Destacó el malestar de los candidatos con el hecho de que la información sobre ellos era “tardía y limitada” (p. 11). La Misión reconoció que: “El esquema de comunicación utilizado para la difusión de estas candidaturas no permitió que la ciudadanía conociera a los aspirantes y que pudiera votar de manera informada” (p. 11). Y constató una grave inconsistencia que afectó el derecho a elegir: “la Misión observó que el material que se utilizó para difundir a las y los candidatos utilizaba números de casilleros que, al momento de votar, no estaban en la papeleta. Contar con esos números hubiera dado a los electores un elemento más para reconocer a los candidatos/as” (p. 11).

Es destacable, asimismo, que la Misión reconoce que, por tratarse de una elección de tipo nacional, los candidatos incurren “en gastos asociados a la búsqueda de votos” y que “ante la ausencia de financiamiento público para este propósito y la prohibición de acceder a financiamiento privado, los candidatos a éste [sic] órgano se ven forzados a conseguir recursos propios o de terceros, convirtiéndose en fondos que no son visibilizados” (p. 11). En pocas palabras, el diseño es tan estúpido, tan digno de “La Isla del Tirano Castro”, que su único efecto puede ser la trampa vía “fondos que no son visibilizados”. Pero no la trampa de unos: de TODOS.

Además de este grosero problema de diseño, la Misión constató un problema de control, pues “existió una campaña que claramente movilizó recursos para el voto nulo, sin que esto estuviera regulado. Por ejemplo, autoridades y actores políticos llamaron al voto nulo, incluso en período de silencio electoral, lo cual distorsionó la equidad en la elección” (p. 11). Esta distorsión fue el resultado, sin mencionarlo expresamente, de las varias peroratas del Notario Trujillo, Presidente del CPCCS transitorio, además de otro consejero, Pablo Dávila, y otras autoridades de Gobierno. El Presidente Moreno no dijo nada, porque ya está en fase de arresto: “todo lo que diga podrá ser usado en su contra”. Y mejor sobrevive lo poco que le queda calladito.

Sobre el voto nulo, la Misión indicó que la etapa pre-electoral “estuvo marcada por la incertidumbre sobre la calificación de los votos nulos en la elección de consejeros y consejeras del CPCCS” (p. 2) por lo que incluso el Jefe de Misión de la OEA intervino para exhortar “al CNE a explicar con claridad las reglas relativas al conteo” (p. 3) pero la incertidumbre se mantuvo “hasta la misma jornada electoral” (p. 3). La Misión criticó esta incertidumbre, sobre la que constató el día de la elección “la confusión de la ciudadanía (votantes y miembros de juntas receptoras del voto) respecto a la modalidad que se usaría para contar los votos nulos de la elección del CPCCS” (p. 12).

En materia del procedimiento de descalificación que el CNE inició en contra de cinco candidatos a integrar el CPPCS (Walter Gómez, Juan Dávalos, Carlos Espinoza, Graciela Mora, Victoria Desintonio), la Misión destacó que “considera problemático que se le dé curso a un procedimiento de este tipo, cuando ya incluso estaba en marcha la votación. Las autoridades deben velar por garantizar la certeza jurídica a las y los candidatos previamente habilitados, así como a la ciudadanía para que su voto pueda ser reflejado de manera fiel en los resultados electorales” (p. 13). De hecho, en una recomendación sobre este punto, la Misión de la OEA recalcó el deber de: “Aplicar criterios universales en cualquier proceso que derive en potenciales inhabilitaciones. La Misión considera que, ante iguales circunstancias, deben seguirse iguales procedimientos” (p. 13). Es decir, advirtió de manera sutil sobre una posible vulneración del derecho a la igualdad en perjuicio de estos cinco candidatos singularizados en una investigación irregular (que todavía no concluye).

Todo se hizo tan mal, que la recomendación de la OEA fue “que la legislación y los procedimientos aplicables a la elección del CPCCS, sean integral y profundamente revisados, para evitar que se repitan en el futuro los numerosos problemas que afectaron este primer ejercicio electoral” (p. 13). Fue un proceso hecho a la medida de la Ley de Murphy: “Si algo puede salir mal, saldrá mal”. Y si detrás está Trujillo, invariablemente mal.

Por supuesto, todos estos fracasos trajeron consecuencias, afectaciones a los derechos.

B) AFECTACIONES A LOS DERECHOS

Por todos estos fracasos en la organización de un proceso electoral, en palabras de la propia Misión de la OEA, los siguientes derechos fueron afectados:

1) Derecho a la equidad en la participación electoral: La Misión de la OEA constató el hecho de que el CNE fue incapaz de concluir los procesos de calificación de candidaturas y los recursos presentados al respecto antes de que las candidaturas tuvieran acceso al financiamiento público, por lo que esta negligencia del CNE comportó “que algunos candidatos y candidatas accedieron de forma tardía a la posibilidad de promocionarse”, con lo que, advirtió la Misión, “se vio afectada la equidad en la contienda” (p. 2).  

2) Derecho a la transparencia del proceso: La situación del conteo del voto nulo (explicada en detalle en este escrito cuando se habló de la elección de los candidatos al CPCCS en el Punto A.4) provocó una situación de marcada incertidumbre, la que a pesar de los exhortos de la Misión de la OEA, se mantuvo hasta el día de la elección. La Misión de la OEA destacó que era fundamental lo que precisamente faltó en este proceso: “que en todo momento, los ciudadanos y los candidatos tengan certeza y claridad sobre una parte tan transcendental como es el conteo de votos” (p. 3), pues “una correcta divulgación es fundamental para la transparencia del proceso, la generación de confianza y la información que se le brinda a la ciudadanía” (p. 4).

3) Derecho al voto secreto: La solución improvisada de resolver la concentración de ciudadanos en espera de votar a través de medidas “como habilitar pupitres sin biombos para agilizar la votación” facilitó que la gente vote más rápido, pero “en algunos casos pudo comprometer el derecho al voto secreto” (p. 3). Lo que muestra una solución de este tipo es la mala planificación, la ausencia de protocolos y el desparpajo de adoptar una alternativa irrespetuosa de un derecho constitucional, pues el artículo 62 de nuestra Constitución, además del artículo 23.1.b de la Convención Americana, establecen que el voto debe ser “secreto”.

4) Derecho al voto de los extranjeros: La eliminación de extranjeros del padrón electoral, mostrada en el Punto A.3 de este escrito, es una vulneración del derecho de las personas extranjeras de ejercer su derecho al voto, protegido en el artículo 63 de nuestra Constitución, pues la falta de comunicación a las comunidades de extranjeros impidió “que quienes se sientan afectados tengan oportunidad de ponerse en regla (en este caso inscribirse ante el CNE) o impugnar en plazo las decisiones adoptadas” (p. 5).

5) Derecho a la libertad de expresión: La Misión de la OEA constató “varios casos donde las propuestas de publicidad de los candidatos y candidatas fueron rechazadas con el argumento de que no incluían mensajes programáticos y, en algunos casos, se exigió el uso de palabras específicas” (p. 9) por lo que sostuvo que “la intervención del CNE en ese sentido trasciende el control mínimo de legalidad y podría constituir censura previa, incidiendo sobre la libertad de expresión y la protección del discurso político de los actores del proceso electoral” (p. 9).

6) Derecho a la participación política de las mujeres: La Misión de la OEA destacó que se informó “de algunos incidentes de violencia política contra las mujeres durante la campaña electoral, incluyendo una denuncia pública de dos candidatas al CPCCS por haber sido objeto de un ataque personal inaceptable por parte de un expresidente de la República”, sin embargo, este comportamiento no mereció ninguna atención por parte de las autoridades del CNE.

7) Derecho a la participación política de los candidatos a integrar el CPCCS: En el Punto A.4 de este escrito, en la parte relativa a la “problemática elección popular de los consejeros del CPCCS”, la Misión de la OEA observó una abierta discriminación en contra de las autoridades del anterior Gobierno para participar en este proceso, destacó las graves deficiencias en la promoción electoral de los candidatos, señaló la implicación lógica de un pésimo diseño que deriva a “fondos que no son visibilizados” (es decir, a un fraude a la Ley), criticó la falta de control a la campaña por promover el voto nulo que distorsionó la equidad de la elección, lamentó que se haya llevado a cabo el proceso con incertidumbre sobre cómo contar los votos para elegir a los candidatos hasta el mismísimo día de las elecciones y estimó como “problemático” que, con las elecciones en curso (por el voto en cárceles) se haya iniciado un proceso de descalificación contra cinco candidatos, que aún no concluye. La Misión advirtió, en concreto, que este comportamiento que singulariza la sanción en contra de algunos candidatos podría estimarse discriminatorio.

Estas afectaciones fueron materia de varias recomendaciones de la Misión de la OEA.

C. RECOMENDACIONES DE LA OEA

Entre otras, pero dichas de corrido: capacitar a los miembros de mesa, adoptar medidas para agilizar la votación (reducir número de votantes por Junta/aumentar el número de biombos), regresar al sistema de “una urna para cada dignidad”, comunicar de manera efectiva las decisiones de depuración del registro electoral, considerar la creación de un Registro Civil autónomo del Poder Ejecutivo que confeccione el padrón electoral, fortalecer la comunicación con los partidos y movimientos políticos y capacitarlos, institucionalizar la Comisión Técnica por la Transparencia del Sistema Informativo, adoptar medidas para que la web no se caiga hasta completar la transmisión del total de las actas, aumentar el número de digitadores, adoptar medidas de paridad horizontal en la participación política de hombres y mujeres, adoptar una legislación para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres que participan en política (y ofreció a la “Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres” como un marco referencial) así como un protocolo de actuación frente a hechos de violencia política contra las mujeres, incluir la variable de “etnia” en la confección del padrón electoral, acercar los centros de votación a los lugares de residencia de pueblos y nacionalidades indígenas, elaborar manuales de capacitación en lenguas kichwa y shuar, robustecer las facultades para la detección y la sanción de infracciones en el financiamiento público y privado, considerar la introducción de una barrera de acceso al financiamiento público electoral y la posibilidad de un reembolso si el beneficiario no alcanza un resultado electoral mínimo, indicar una cantidad exacta de recursos a destinar a la capacitación por parte de los partidos y organizaciones políticas, reformar el Reglamento de Promoción Electoral para garantizar el artículo 13 de la Convención Americana relativo al derecho a la libertad de expresión, actualizar la normativa para incluir a los medios nativos digitales como proveedores de publicidad política, revisar la normativa sobre restricciones a la participación política de los candidatos del CPCCS, regular el financiamiento privado para garantizar las condiciones de igualdad en la competencia electoral, establecer reglas y aplicar las normas y sanciones del Reglamento para la Promoción Electoral a quienes hagan campaña por el voto nulo, así como aplicar criterios universales en el caso de unas posibles inhabilitaciones a candidatos. Es mucho lo que hay que mejorar.

Aunque no sea exhaustiva la lista, sí que deja exhausto a quien la lee de corrido: son tantas las cosas a corregir, que es casi como si los integrantes del CNE se hubieran coludido para hacerlo tan mal. Son tantas, que se las podría resumir en la frase: “Es mejor empezarlo de nuevo”*. El fracaso rotundo en la organización de estas elecciones ha sido muy notorio.

D. RECOMENDACIONES A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Sobre el comportamiento de los partidos y las organizaciones políticas la Misión dice que ellas deben canalizar “sus reclamos a través de los medios institucionales, en lugar de mediatizar los conflictos” (p. 4) y que debe sujetarse el uso que hacen de los recursos que les otorga el CNE a mayores controles, porque hoy se tiene “un débil escrutinio posterior” (p. 8).

El nivel de irresponsabilidad del CNE frente a los partidos y movimientos políticos es tal, que únicamente resta por conocer si finalmente harán su último acto de magia y le insuflan capacidad jurídica a un muerto, que pasaría a ser “Lázaro Gonzabay”. Sería de Ripley, pero Ecuador no es ajeno a este tipo de estupideces.  

E. EL ÚNICO RECONOCIMIENTO

Por cierto, el único reconocimiento rotundo que hizo la Misión de la OEA fue que “tuvo la oportunidad de presenciar la coordinación institucional que se lleva a cabo en el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 con el fin de garantizar la seguridad en la jornada electoral, una práctica que la Misión celebra y que sería deseable ver replicada en otros países” (p. 3). Es una lástima que el único mérito que encuentra la Misión de la OEA en todo este desmadre es el ECU911, un laurel que le corresponde al Gobierno de Correa.

F. CONCLUSIONES

Hicieron bien como ni una. Somos una vergüenza continental.

Porque por todas partes hacemos agua cuando de votar se trata: el TCE está mal, pero el CNE está incluso peor. Los partidos y las organizaciones políticas son ignorantes de cómo proceder ante los órganos electorales y tienden a “mediatizar” la política, los integrantes de las juntas electorales no conocen los procedimientos que tienen que cumplir y los votantes no saben cómo votar, o son excluidos irregularmente del padrón. TODOS los actores del proceso electoral en Ecuador están viciados, lo que garantiza que el proceso sea anómalo: se necesita, como dice la Misión de la OEA, hacerle una “revisión integral” (p. 1).

Y, como lo he advertido en otras ocasiones (incluso en presencia de un par de consejeros), las irresponsabilidades de las autoridades de este Gobierno (electorales y de otro tipo, pues no hay que olvidarse del vergonzoso papel que ha desempeñado el Notario Cabrera de la Política, por ejemplo) traerá cola en la arena internacional. Esto resulta particularmente cierto en el caso de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues fue contra ellos (en particular contra los cuatro que se iniciaron procesos durante el silencio electoral) que se ha evidenciado que se echó a andar una (fracasada) maquinaria del Estado para afectar su oportunidad real de ser elegidos.

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* El CNE podría ponerse cortazariano y mientras se recompone y se hace unos afeites, un extreme makeover, un verdadero overhaul, un rescate de sí mismo y de lo bajo que ha caído, podría adoptar esta frase de Julio Cortázar como lema: “No todo está perdido, si tenemos el valor de admitir que todo está perdido, y empezarlo de nuevo”. Pero no, eso no va a pasar: esta gente está muy cerca del PSC, muy lejos de la poesía. 

Las miserias de nuestra clase política

Es asombroso cómo la clase política gobernante del Ecuador muestra sus miserias de una forma tan grosera. El “régimen de transición” que se aprobó el 4 de febrero de 2018 por la votación popular expresada a favor de la Pregunta 3 y su Anexo en el Referéndum de ese día, aprobó las reformas constitucionales al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese 4 de febrero fue el mejor día para el Gobierno de Lenin Moreno: fue el día que el pueblo ecuatoriano aprobó su proyecto de Consulta Popular y Referéndum de manera íntegra (un triunfo 10/10) y que venció a la propuesta contraria de Rafael Correa, con lo cual (aunque el Gobierno le jugó sucio y con cancha inclinada a Correa -como un informe de la OEA reconoce claramente) tuvo la legitimidad para empezar la persecución en contra de Correa y de todo lo que tenga tufo a “correísmo”, lo que enseguida puso en práctica.

Por el Referéndum del 4 de febrero de 2018 se aprobaron las reformas a la Constitución relativas a este órgano del Estado. El pueblo aprobó que termine el mandato de los consejeros en funciones a febrero de 2018, pero NO para eliminar después el órgano, sino para instalar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social “en transición” que lo reemplace (que es el que está actualmente en funciones, presidido por el Notario Cabrera de la Política, ese casi nonagenario crack que ha hecho en el gobierno lo contrario de lo que ha predicado en la academia, pero que se la pasa de alivio por tener un estatus de anciano inimputable para los medios de comunicación) y fijó el pueblo un plazo y una orden claras: dispuso que el Consejo del Notario deberá ejercer sus funciones “de forma improrrogable hasta que se instale el nuevo Consejo”.

Es decir, tan sencillo como esto: la voluntad popular expresada el 4 de febrero de 2018 dispuso que haya un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Punto. ¿Entonces, por qué eliminarlo?

De hecho, la voluntad popular decidió que se elija este “nuevo Consejo” y que se lo haga en ciertas condiciones específicas por él decididas. Ese 4 de febrero, el pueblo ecuatoriano reformó la Constitución, específicamente el artículo 207, para que en adelante se elija a este nuevo Consejo por votación popular. El 207 quedó así: “Las consejeras y consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto cada cuatro años coincidiendo con las elecciones a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados”.

Es en cumplimiento de este cambio dispuesto por la voluntad del pueblo en las urnas que el Consejo Nacional Electoral convocó a las primeras elecciones de este “nuevo Consejo”, que se celebrarán este 24 de marzo, es decir, en diez días. Será la primera vez que el pueblo podrá ejercer el derecho al voto para conformar este órgano, un derecho que se atribuyó a sí mismo por reforma de la Constitución.

Por eso es que la clase política gobernante muestra sus miserias de una forma tan grosera. El pueblo manifestó su voluntad de reforma y de continuidad de una institución, y ahora, sus mismos promotores, después de obtener la aprobación popular el 4 de febrero sólo para darse cuenta después de que su desgobierno de estos meses no resolvió nada sino que agravó las cosas (razón por lo cual ya no cuenta con la aprobación del pueblo: el 70 % está arrepentido de haberlo votado) buscan desconocer lo que el pueblo aprobó el 4 de febrero, porque ya no les conviene. En vez de someter el juego de la política al derecho, como se hace en países institucionalizados, quieren someter todo a los juegos de la política, aunque ello implique torcer de manera manifiesta y grosera la propia voluntad popular que a ellas los legitima. Es una vulgar canallada.

Porque es tan descomunalmente grande su doble rasero, que el discurso del Gobierno para apelar al voto popular del 4 de febrero de 2018 era muy distinto al que hoy postula. Antes postuló que las reformas para que la designación de sus integrantes eran para que pase a ser un órgano democrático y popular, supuestamente para enfrentar al futuro de una manera distinta, superadora de los vicios del pasado. Es así que de acuerdo con la “Justificación” del Gobierno para que el pueblo apruebe el Referéndum, este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se iba a aprobar el 4 de febrero era una forma de conservar este “hito transformador” de la Constitución, del que se buscaba retomar “el espíritu del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”. Para el Gobierno de esa época, si se aprobaba esta reforma constitucional por votación popular, ello implicaba “la aplicación del principio constitucional de progresividad de derechos” y una mejora de “los elementos de control ciudadano” sobre la gestión del nuevo Consejo. En esta “Justificación”, el Gobierno declaraba que la decisión que el pueblo ecuatoriano adoptara en el Referéndum del 4 de febrero de 2018 sería la decisión “adecuada”.

Toda esta palabrería, para a las primeras de cambio, abandonar su propuesta sin pena ni gloria. Si hubieran querido eliminar al Consejo de Participación debieron consultarle al pueblo del Ecuador ese 4 de febrero si, en efecto, tenía la voluntad de eliminar a este Consejo. Pero no lo hicieron, e hicieron algo muy distinto: le preguntaron al pueblo ecuatoriano si querían que haya en adelante, con voluntad de permanecer en el tiempo (porque no se hace una reforma constitucional por las huevas, gente), un nuevo Consejo reformado, a lo que el pueblo dijo que sí. Hoy quieren cagarse en esa voluntad popular (a pesar de que es ella misma la que sirve de base para todo el llamado “régimen de transición”, este fracaso coral que vivimos) pues ya no les sirve a sus fines políticos. Temen no poder controlar a este nuevo Consejo, así que mejor (para sus fines políticos) lo quieren eliminar. Aunque eso implica ir en contra de la voluntad popular. Aunque eso implique hacer a última hora, improvisadamente, lo que debieron hacer en otro momento. Aunque sobre esto último, pues no es nada nuevo: forma ya parte de las tradiciones institucionales incipientes de este fracasado “régimen de transición”.

Estas son las miserias de nuestra clase política gobernante, expuestas de la forma más grosera: hay cómo leer esta arremetida contra el nuevo Consejo de estos últimos días (el foro del CNE, las opiniones del Notario, la acción de inconstitucionalidad por omisión de Rafael Oyarte, el extemporáneo proyecto que presentó la desorientada Presidenta de la Asamblea Nacional, etc.) como lo que es: una medida desesperada por su incapacidad para gobernar. Es lo que hay, y tiene hondo tufo a hipocresía y subdesarrollo.

Ese 4 de febrero, en el Gobierno, fueron felices y tuvieron el favor popular, y en menos de catorce meses de renta, lo han dilapidado. Hoy se sostienen por una mezcla mediocre de retaceo y de prepotencia. En base a esta última, es que quieren cargarse lo mismo que ellos pidieron al pueblo que exista, ese día en que fueron felices. Ese 4 de febrero que ya parece tan lejano en el tiempo (pues el “régimen de transición” ha sido voraginoso y traquetero).

Y en base a lo primero, el retaceo, es que podrán comprar un poco más de tiempo. Pero no mucho más. Un Presidente que no gobierna, simplemente, no podrá sostenerse.

Lassoledad

Durante la primera y la segunda vuelta, el mejor día para Guillermo Lasso fue el 21 de febrero. Ese día, Lasso estaba en Guayaquil frente a las instalaciones del CNE liderando una protesta por fraude, rodeado de miles de simpatizantes y apoyado por varios políticos, entre ellos, Abdalá Bucaram Jr. y Jaime Nebot. Los sucesos de aquel 21 de febrero parecían confirmar que Guillermo Lasso se iba a convertir en el Gran Contradictor del Correísmo, tal vez en ruta a la Presidencia de la República. Ese día, Lasso era legión.

Sin embargo, después de aquel día, las cosas a Lasso se le fueron yendo como para el carajo. Los primeros en abandonarlo, todavía en campaña, fueron los políticos. Su principal aliado en la provincia del Guayas, Jaime Nebot, tomó distancia con una jugada propia de un “viejo sabido” (1). También lo abandonó Abdalá Bucaram Jr., cuyo candidato a la Vicepresidencia de la República, Ramiro Aguilar, advirtió que CREO “es de la Sierra, es una candidatura de clase media y por eso va a perder las elecciones. Repito, va a perder las elecciones y después va a decir que hubo fraude” (2).

Una vez obtenidos los resultados de la segunda vuelta, en efecto, Guillermo Lasso se lanzó a decir que hubo fraude. Lasso advirtió que reclamaría ante la OEA, pero la OEA se apresuró a reconocer el triunfo de Lenin Moreno. Los gobiernos de los países extranjeros, incluido el de los Estados Unidos de América, reconocieron pronto el triunfo de su rival. Así, las cosas a Lasso se le pusieron cuesta arriba: los organismos internacionales y los gobiernos extranjeros le restaban potencia al reclamo por fraude que Lasso empezaba. 

Descartados así los apoyos de los políticos ecuatorianos y de la comunidad internacional, le quedaba a Lasso hacerse fuerte en la sociedad civil. Poco a poco, sin embargo, esos apoyos también han empezado a desgajársele. En este sentido cabe entender la distancia que han tomado frente al discurso del fraude opositores al gobierno como Manuel Ignacio Gómez y Felipe Burbano de Lara.

Tanto Gómez como Burbano de Lara, en sendos artículos elogiosos a Lasso publicados en diario El Universo, enviaron un claro mensaje acerca de la necesidad de voltear la página. Gómez sostuvo que ya fue, que “[q]uedó en el camino la posibilidad de un cambio”, mientras que Burbano de Lara fue más contundente:

“Lasso cometió un solo error en la segunda vuelta: proclamarse triunfador de la elección muy tempranamente sobre la base del exit poll de Cedatos. De allí en adelante, en lugar de capitalizar lo conquistado para seguir trazando las agendas del Ecuador poscorreísta, se puso a jugar con fuego deslizándose al pantanoso terreno del fraude. Y en ese desliz, los avances alcanzados corren el peligro de corroerse y distorsionarse” (3).   

Lasso, sin embargo, se mantiene en sus trece con la estrategia del fraude: ayer ratificó que no reconocerá el triunfo de Moreno (4).

En mi opinión, a Guillermo Lasso le convendría una jugada cortazariana: “No todo está perdido, si tenemos el valor de admitir que todo está perdido, y empezarlo de nuevo”. Con este borrón y cuenta nueva, Guillermo Lasso podría dedicarse efectivamente a “capitalizar lo conquistado para seguir trazando las agendas del Ecuador poscorreísta” de cara a la siguiente batalla: las elecciones seccionales del 2019.

Pero emperrarse en las acusaciones de fraude es una manera de NO “capitalizar lo conquistado”, sea dicho in the parlance of Burbano de Lara. Todo lo contrario: es una vía segura para quedarse cada vez más solo. Lasso ya ha perdido el apoyo de los políticos ecuatorianos y de la comunidad internacional, y se enrumba a un cada vez mayor desgaste entre la sociedad civil opositora al oficialismo. Esto, porque su discurso de fraude está ya en trance de cruzar la frontera que separa un justo reclamo del berrinche y la pataleta.

En conclusión: casi dos meses después de aquel 21 de febrero, el hombre que aquella tarde era legión, hoy se está quedando solo (la compañía de Páez únicamente acentúa su soledad), emperrado en un callejón sin salida discursivo y esforzándose, con una pasión digna de mejor causa, por dilapidar lo que había ganado en varios años de construcción de su imagen política.

(1) De la estrategia de Nebot he hablado en otra parte: v. ‘El extraordinario caso del PSC: triunfar perdiendo’, Xavier Flores Aguirre, 30 de marzo de 2017.

(2) Juan Carlos Calderón, ‘Ramiro Aguilar: el trompón de Jacobito nos mató’ [entrevista], Plan V, 20 de marzo de 2017.

(3) Felipe Burbano de Lara, ‘Lasso, la democracia y el fraude’, Diario El universo, 18 de abril de 2017; Manuel Ignacio Gómez, ‘Gracias, Guillermo’, Diario El universo, 17 de abril de 2017.

(4) ‘Guillermo Lasso dice que no reconocerá victoria de Lenín Moreno’, Diario El universo, 19 de abril de 2017.