El viaje de un vicepresidente

            Publicado en diario Expreso el viernes 26 de abril de 2024.

Eloy Alfaro había empezado a gobernar en Quito desde el 4 de septiembre de 1895, cuando entró en ella; esa entrada de él y sus huestes para ocupar la conservadora ciudad capital significó el inicio del gobierno liberal. 

Carlos Freile fue un alfarista quiteño de la primera hora. Alfaro confió a él el cargo de alcalde de Quito, que Freile desempeñó entre el 13 de septiembre y el 20 de diciembre de 1895; dejó ese cargo para ocupar la Gobernación de Pichincha. Al año siguiente, Alfaro lo nombró su Ministro de Educación. Desde 1899 y hasta el final de la primera Presidencia de Alfaro, lo acompañó como su vicepresidente. Eloy Alfaro y Carlos Freile fueron el binomio con el que la República del Ecuador entró al siglo XX. Fue la cumbre de Freile como alfarista. 

La segunda Presidencia Constitucional de Eloy Alfaro no concluyó el 31 de agosto de 1911 como debía, porque Alfaro sufrió un golpe de Estado el 11 de agosto de 1911, orquestado por los recursos de la burguesía mercantil y puesto en práctica por las armas de un ejército venal, que el día anterior al golpe le había jurado fidelidad a Alfaro. 

Los veinte días que restaban del gobierno de Alfaro los condujo su antiguo coideario Carlos Freile, pues la Constitución de 1906 había eliminado la figura del vicepresidente de la República y dispuso que el reemplazo de un presidente cesado debía ser el último presidente de la Cámara del Senado. Y ese hombre, justamente, era Freile. Él ahora estaba situado en la orilla opuesta a la de su antiguo binomio y andaba propenso a deshacerse de él. 

Cumplidos los veinte días de gobierno de Carlos Freile, lo sucedió el presidente que había sido elegido en las urnas a inicios del año 1911, Emilio Estrada. Posesionado Estrada el 1 de septiembre, para fines del año 1911 ya había muerto. Lo mató un infarto fulminante el 21 de diciembre. 

Por la vigencia de la Constitución de 1906 y por las mismas razones que en agosto de 1911, Freile se encargó de la administración de la Función Ejecutiva desde el 22 de diciembre. En su breve gobierno, que concluyó el 6 de marzo del año siguiente, ocurrió el hecho más atroz de la política ecuatoriana: la hoguera bárbara.

Freile, el antiguo aliado, el alfarista de la primera hora, apenas iniciado su gobierno desterró a Alfaro a Panamá. Pero Alfaro regresó el 4 de enero de 1912 para buscar la repetición de la historia de 1895 y 1906: entrar en Quito y gobernar la República. Y ocurrió que esta ocasión su intento de golpe de Estado no fue efectivo. Tras graves derrotas en Huigra, Naranjito y Yaguachi, el alfarista se convirtió en el bando perdedor de la guerra civil de enero de 1912. 

El número de muertos en esta guerra civil ascendió a alrededor de 3.000. Y esta vez ya no iba a bastar con el destierro del líder.

Freile, el antiguo aliado, el alfarista de la primera hora, permitió entonces que ocurra la barbarie. Se dice que fue frente a la casa particular de Freile que uno del pueblo cortó los genitales a los despojos de Eloy Alfaro, les prendió fuego y los lanzó por los aires “para diversión de los muchachos presentes”.

Del ejercicio de la vicepresidencia al troceado de los genitales de Alfaro frente a su residencia. Un asombroso y largo viaje.

Alfaro en Quito

            Publicado en diario Expreso el viernes 12 de enero de 2024.

Cuando Eloy Alfaro entró en Quito el 4 de septiembre de 1895, ello significó el triunfo de la revolución liberal. Él había dicho en una proclama a inicios de ese año que únicamente “a balazos dejarán vuestros opresores el poder que tienen únicamente por la violencia. […] Marcho, pues, en vuestro auxilio para participar en las penalidades de la campaña y tener la honra de conduciros al combate y a la victoria”. (Proclama de Managua, 5 de febrero). Alfaro triunfó a balazos, gobernó como Jefe Supremo y convocó a una Asamblea Constitucional que lo eligió primero Presidente interino (el 9 octubre de 1896) y después Presidente Constitucional (el 17 de enero de 1897). 

Cuando terminó su primera Presidencia Constitucional (1897-1901), Alfaro impuso a otro militar manabita como su sucesor, el general Leónidas Plaza. Cuando Plaza concluyó su período presidencial (1901-1905) impuso a su sucesor, el comerciante y banquero Lizardo García, quien debía gobernar entre 1905 y 1909. Pero Alfaro no estuvo de acuerdo con esta elección y le tomó los primeros diecisiete días del año 1906 para concluir un golpe de Estado y entrar nuevamente en Quito, el 17 de enero de 1906, para imitar el proceso de 1895: tras el triunfo por las armas convocó a una Asamblea Constitucional que lo eligió primero Presidente interino (el 9 de octubre de 1906) y después Presidente Constitucional (23 de diciembre de 1906).  

Fue en esta segunda Presidencia Constitucional (1906-1911) que Eloy Alfaro concluyó la emblemática obra del ferrocarril, por la que es recordado por todo ecuatoriano. Alfaro había decidido que, una vez concluido su período, lo sucedería el comerciante y banquero Emilio Estrada, pero luego se arrepintió por la frágil salud de éste. 

Estrada empezó su período de gobierno el 1 de septiembre de 1911 y 111 días después estaba muerto de un infarto. El 22 de diciembre de 1911 lo reemplazó en el ejercicio de la máxima autoridad ejecutiva Carlos Freile Zaldumbide, pues la Constitución de 1906 ordenaba que en caso de faltar el Presidente Constitucional lo subrogaría el “último Presidente de la Cámara del Senado” (Art. 71).

A inicios del año 1912, Eloy Alfaro se hallaba en Panamá, desterrado por el gobierno de Freile Zaldumbide. Pero el 4 de enero, Alfaro volvió al Ecuador para intentar un nuevo Golpe de Estado que lo conduzca a Quito para gobernar. 

Nuevamente corrió sangre en el Ecuador: tras bravos enfrentamientos en Huigra, Naranjito y Yaguachi, el número aproximado de muertos de la guerra civil de enero de 1912 ascendió a unos 3.000. Un número alto, incluso para un país acostumbrado a las imposiciones por la fuerza como el Ecuador.

Alfaro volvió a entrar en Quito, pero a encontrar la muerte. Perdedor en la guerra civil, se lo trasladó de Guayaquil a Quito en su emblemática obra. Una vez allá, fue reducido a prisión en el Panóptico y en una de sus celdas fue vilmente asesinado. El 28 de enero de 1912 sus despojos fueron arrastrados, burlados y humillados, para terminar incinerados en un parque de la capital, en un episodio conocido como “la hoguera bárbara”. 

Quito, ciudad en la que Alfaro entró victorioso en dos ocasiones, cuando su tercer intento, cobró su venganza de él y en él.

Caso Carranza Alarcón vs. Ecuador

            Publicado en diario Expreso el 21 de abril de 2023.

El 15 de agosto de 1993, en Yaguachi, Ramón Carranza disparó contra Samuel Mariño y lo mató, en presencia de varias personas. En seguida, Carranza huyó a caballo. Unos días después, el sistema judicial se activó y ordenó su prisión preventiva. 

En noviembre de 1994, la policía capturó a Ramón Carranza. En un país que tiene tanto un sistema judicial ineficaz y corrupto como un sistema penitenciario corrupto e ineficaz, su caso terminó por alcanzar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la que se condenó al Estado. El caso se llamó Carranza Alarcón vs. Ecuador. 

En su sentencia del caso Carranza Alarcón vs. Ecuador, fechada el 3 de febrero de 2020, la Corte Interamericana declaró que fue arbitraria la orden de prisión preventiva dictada en contra de Carranza, debido a su fundamento en una norma jurídica que establecía la procedencia de la prisión preventiva en términos automáticos a partir del tipo de delito que se perseguía (el artículo 177 del antiguo Código Procesal Penal) y debido a la falta de motivación del juzgador (el juez se limitó a decir: “por considerar que concurren los presupuestos establecidos en el artículo 177”). En esto, la Corte Interamericana ha sido muy clara: “cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente (…) será arbitraria”.

Además, la Corte Interamericana advirtió que en este caso “la prisión preventiva duró lo mismo que el proceso penal, y concluyó con la sentencia condenatoria”, la que fue dictada en diciembre de 1998 (la prisión preventiva duró aproximadamente unos cuatro años). Esta prisión preventiva jamás fue revisada por las autoridades, a pesar de que Carranza así lo solicitó. Debido a estos antecedentes, la Corte Interamericana declaró que fue irrazonable la duración de la prisión preventiva, así como también declaró que fue arbitrario su mantenimiento, dada la falta de revisión por las autoridades.  

El proceso penal seguido en contra de Ramón Carranza se inició en agosto de 1993 y concluyó en diciembre de 1998. En el proceso internacional, el Estado del Ecuador indicó que este período debía ser considerado un plazo razonable. La Corte Interamericana opinó justo lo contrario y constató que “hubo demoras en actuaciones durante cerca de tres de los cuatro años aproximados que duró el proceso penal en contra del señor Carranza desde su aprehensión”. Una demora tan prolongada no merecía considerarse como respetuosa de un plazo razonable para el juzgamiento de una persona.

Finalmente, la Corte Interamericana indicó que en razón de las arbitrariedades en el dictado y en el mantenimiento de la prisión preventiva en contra de Ramón Carranza se vulneró la presunción de inocencia: “la prolongación de la privación de libertad hasta el momento en que se dictó la condena fue equivalente a una pena anticipada, contraria a la presunción de inocencia”. 

El resultado del examen de la Corte Interamericana fue la condena del Estado del Ecuador por vulnerar los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales en perjuicio de Ramón Carranza. Y también: dibujar la cara deforme, hasta monstruosa, que tiene nuestra administración pública cuando asume su faceta represiva.

Caso Carranza Alarcón vs. Ecuador

La orden del comisario decía que ‘el señor Carranza huyó a caballo’ después de haber causado la muerte de Samuel Mariño por disparos de su arma de fuego, en un hecho ocurrido el 15 de agosto de 1993 y presenciado por varias personas. Esta orden del comisario se la cumplió en noviembre de 1994, cuando a Carranza lo capturó la Policía Rural. La orden de su captura había emanado del comisario del cantón Yaguachi.

 

Esta escena de un asesino en Yaguachi perseguido por la Policía Rural, que parece más propia del siglo XIX, en esta oportunidad derivó en un expediente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso se llamó Carranza Alarcón vs. Ecuador y recibió su sentencia de fondo el 3 de febrero de 2020. Sin embargo, el señor Carranza murió antes de que la Corte Interamericana le pueda hacer justicia con su sentencia.

 

Porque, puede que el señor Ramón Rosendo Carranza Alarcón haya asesinado a balazos y en presencia de muchos al señor Mariño para luego huir a caballo del lugar de los hechos, pero es que no por eso el Estado podía actuar de cualquier manera en perjuicio de Carranza Alarcón. Y es que el Estado, una vez que el señor Carranza cayó en sus manos, abusó de él. Por su orden de prisión preventiva y por los cuatro cuatro largos años que ella se mantuvo en su contra, la Corte Interamericana examinó ‘si la privación preventiva de libertad que sufrió el señor Carranza, en el marco de un proceso penal seguido en su contra, fue compatible con la Convención Americana’ y ‘si el proceso penal transcurrió en un plazo razonable’ (Párr. 54).

 

Lo que resultó del examen de la Corte Interamericana en su sentencia del caso Carranza Alarcón vs. Ecuador fue la condena del Estado del Ecuador, primero, por la arbitrariedad de la orden de prisión preventiva dictada en contra del señor Carranza, debido a su falta de motivación y su fundamento en una norma jurídica que establecía la procedencia de la prisión preventiva en términos automáticos; segundo, por la arbitrariedad en el mantenimiento de la prisión preventiva, dada la falta de una revisión periódica; tercero, por lo irrazonable en la duración de la prisión preventiva por la inactividad de los operadores judiciales; cuarto, por lo irrazonable en la duración del proceso penal por las demoras en las actuaciones en cerca de tres de los cuatro años que demoró el proceso. De las arbitrariedades expuestas en los puntos primero y segundo, la Corte Interamericana señaló ‘que mantener privada de libertad a una persona más allá del tiempo razonable para el cumplimiento de los fines que justifican su detención equivaldría a una pena anticipada, en transgresión a la presunción de inocencia’ y declaró, en consecuencia, que el Estado violó esta garantía judicial en perjuicio del señor Carranza (Párr. 89-90).

 

Durante el tiempo en que estuvo preso de forma preventiva, el señor Carranza presentó, a través del abogado José Obando Laaz, una denuncia a la Comisión Interamericana por las injusticias de su caso. De esta denuncia hecha el 5 de abril de 1998, hasta la sentencia del 3 de febrero de 2020, pasaron casi 22 años y, entre ellos, la muerte de la víctima.

 

Carranza Alarcón fue la vigésimo segunda condena dictada en contra del Estado del Ecuador (para una idea de contexto, v. ‘Las 23 condenas de la Corte IDH al Estado ecuatoriano’ y ‘El caso ‘Guzmán Albarracín y otras’ y otros 22 casos contra el Ecuador’).