Superhéroes

31 de marzo de 2007

“Estás buscando direcciones en libros para cocinar, estás mezclando el dulce con la sal”. Esta frase es clave para comprender algunas actitudes de este Gobierno: su autoritarismo, su demagogia, su improvisación. 

La conjugación de estos atroces atributos se evidencia con actos tales como la propuesta de tribunales electorales ad hoc, la declaración de irrespetar una eventual resolución del Tribunal Constitucional, el respaldo que otorga mediante la fuerza pública al cumplimiento de arbitrarias resoluciones, la redacción de un estatuto de paupérrima factura y palmaria inconstitucionalidad, el apoyo a propuestas que el propio Presidente no estima convenientes solo por razones demagógicas o de maleva estrategia, el descrédito que le concede a toda crítica sin importar su origen o razones, la pretensión de iniciar demandas internacionales sin sustento suficiente, la creación de un Ministerio sin presupuesto ni sólido discurso (el de Cultura) y una grandilocuencia que, aupada en la intempestiva retórica de Correa, nos convoca a preocuparnos en virtud del ostentoso desprecio que manifiesta hacia los procedimientos constitucionales y legales que, muy a su despecho, constituyen la condición necesaria para consolidar la fortaleza de las instituciones y la solidez de la democracia.

Supongo que para las gentes del Gobierno y sus bullangueros fans estas “nimiedades” que refiero son parte de un complejo guión que, quienes creemos en el estado de derecho y en la defensa de la institucionalidad, no alcanzamos a entender. Intuyo que consideran la ejecución de tales actos como un mero expediente para el cumplimiento de la misión heroica para la que se sienten elegidos. 

 Recuerdo, a este respecto, a Carlos Monsiváis, quien sentenciaba que “héroe es el valiente elevado por la grandeza de la Patria inminente” (que por cierto, en nuestro caso ya volvió, ¡seamos dichosos!) y que en idéntico tono de ironía añadía, “héroe es el trasunto del redentor, que nada guarda para sí y reconstruye el género humano en países doblegados por siglos de colonialismo”. Redentor, altruista y reconstructor: ¿no les huele demasiado a “Pasión por la Patria”? 

Lo realmente grave, en todo caso, es que bajo el amparo de esta misión los prospectos locales de héroes se sienten en posesión de una licencia especial para actuar fuera de la ley si las circunstancias lo requieren porque las leyes, para ellos, no son sino la expresión de los intereses de los villanos, etcétera (acompáñese este fragmento de la retórica presidencial al uso). En este mundo maniqueo, de buenos y malos, y digno de Marvel Comics®, se desenvuelve la lógica del Gobierno. Valdría recordar entonces la sensatez de Bertold Brecht: “Desdichado de aquel país que necesita héroes”.

Pero la sensatez no se compadece con los actos del Gobierno. Su composición y afanes me recuerdan a ese dibujo animado de mi niñez, La Liga de la Justicia, entidad compuesta de animosos superhéroes. La encabezaba Superman (por cierto, ¿han notado el parecido que tiene el presidente Correa con Christopher Reeve, en versión mestiza? El resto de analogías se las dejo a ustedes para su particular entretención). Todos tenían superpoderes y eran queridos y buenos, casi como este Gobierno. Pero no necesitamos a Superman para componer este país.

Necesitamos, en contraste y para empezar, muy terrestres procesos de respeto a las instituciones y las leyes, aspectos sobre los que este Gobierno, que afirma representar el cambio, debería darnos ejemplo. Pero continúa torpemente empeñado en buscar direcciones en libros de cocina y mezclar el dulce con la sal. Esta frase, por cierto, le pertenece a Charly García y consta en una canción cuyo título es, precisamente, Superhéroes, de 1982. De su época de scout, Presidente, parece que sabe usted cantarla (sus actos de gobierno lo demuestran). En cuyo caso, no me cuente para el coro.

El símbolo Delfín

24 de marzo de 2007

Publicado en diario El universo el 24 de marzo de 2007.

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“El fin de Delfín” se titula el último post que se publicó en el laudatorio blog oficial del cantante Delfín Quishpe, que se dedicó por entero a la adoración de su objeto de culto. Esta ciberpágina recogió los videos de sus conciertos en Ecuador y en el extranjero, expuso los homenajes de sus admiradores de varios países, divulgó sus entrevistas y ofreció sus ringtones. Pero este blog cerró la semana pasada, y sus razones son elocuentes: “Logramos lo que queríamos, darle a este chico pero gran país [Ecuador] un espacio en el mundo globalizado y por sobre todo, divertirnos. Pero la diversión se acabó, ya no creemos en Delfín, es una pena enorme pero así es la vida, es creer y dejar de creer”.

Pero, ¿quién es Delfín? Este Diario le dedicó un reportaje en su edición del domingo 4 de febrero; en su ciberpágina, él se compara con “artistas de la talla de Ricky Martin, Shakira, Juanes” . Originario del poblado San Antonio de Encalado, cantón Guamote, provincia de Chimborazo, puede predicarse sin error que Delfín Quishpe era famoso entre los miembros de los estratos populares de la Sierra central a la que él se pertenece. El estrecho ámbito de su fama se multiplicó, sin embargo, gracias a YouTube: su canción Torres Gemelas se publicó en este portal el 1 de diciembre del 2006 y se convirtió en un éxito instantáneo. Torres Gemelas tiene, según Delfín, “una letra triste y un ritmo alegre”; su género es el “folclore tecnoandino” y sus características, lo kitsch y la carencia de sintaxis. Hasta hoy, este video ha recibido en YouTube cerca de 1’000.000 de vistas y 4.000 comentarios, que se dividen entre expresiones de desprecio e insultos racistas y valoraciones de Delfín como feliz baluarte de la comicidad involuntaria e ícono de la contracultura.

Delfín, por su parte, afirma que con Torres Gemelas pretende rendirle “homenaje a todos los compatriotas que perdieron sus vidas el 11 de septiembre del 2001”. La mayoría de los miembros de los estratos populares entienden, en efecto, que Torres Gemelas no es otra cosa que la triste historia de un compatriota migrante; las clases medias y las élites, en cambio, tienden a burlarse de este video y lo hacen, la mayoría de las veces, con ostentación de una no disimulada carga de superioridad cultural. Así, el éxito de Delfín nos pone de manifiesto un hecho capital, esto es, que somos un país esencialmente fragmentado, en el que las clases medias y las élites usualmente no entendemos ni queremos entender el imaginario y la estética de los miembros de los estratos populares (y sino, díganme cómo entender estos dos ejemplos: el fenómeno de los chanchitos en la pared que pintó Daniel Adum, que histerizó a los residentes de las ciudadelas burbuja de Samborondón, o que en Quito no se haya podido exhibir en el Museo de la Ciudad el trabajo Divas de la Tecnocumbia). Y los ejemplos podrían multiplicarse, en ámbitos individuales o sociales, por centenas. Delfín Quisphe, entonces, se revela como un claro símbolo de las severas averías existenciales que supone la ecuatorianidad y del hecho triste y cierto de que ser ecuatoriano constituye un mero acto de fe en un país de no creyentes. 

"Bluff" legal

17 de marzo de 2007

En las Cartas al Director que publicó este Diario el viernes 9 de febrero del 2007 aparece una que redactó el abogado guayaquileño Carlos Andretta Schumacher, en la que expuso con solvencia las razones de la falta de competencia del Estado ecuatoriano para demandar al Estado colombiano ante el Tribunal Internacional de Justicia (en adelante, TIJ) de La Haya. La recapitulo y comento: el TIJ es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas; Ecuador, como todo país miembro de esa organización (Carta de Naciones Unidas, art. 93) es parte en el Estatuto del TIJ. El artículo 36 del Estatuto establece los casos en razón de los cuales el TIJ tiene competencia para resolver un asunto que se someta a su conocimiento y solo son tres: 1) el sometimiento voluntario del asunto ante el TIJ por decisión de los Estados parte en el mismo; 2) la aplicación de una cláusula de jurisdicción (esto es, una cláusula que prevea la remisión de un asunto al TIJ) que conste en un tratado internacional que vincule a ambas partes; 3) la declaración unilateral de los Estados de la aceptación obligatoria de la competencia del TIJ.

La pretensa demanda ecuatoriana ante el TIJ no cumple con ninguno de los supuestos de competencia que refiere el mencionado artículo 36 del Estatuto. En el primer caso, se necesita que ambas partes en el asunto decidan someter el caso y es evidente que no contamos con la voluntad de Colombia para tal efecto; en el segundo caso, el único tratado que podría aplicarse para la remisión del caso al TIJ, esto es, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas del 30 de abril de 1948, no puede invocárselo porque Ecuador no lo ha ratificado; en el tercer caso, de los 66 Estados que han realizado la declaración unilateral de aceptación obligatoria de la competencia del TIJ ninguno de ellos es Ecuador o Colombia. Como lógica consecuencia, la demanda no es posible en razón de la falta de competencia del TIJ para conocerla. La constatación del primer supuesto es un dato de la realidad; la información que verifica lo dicho en el segundo y tercer supuestos puede obtenerla cualquiera que tenga un mínimo de acuciosidad en las ciberpáginas del TIJ y de la Organización de los Estados Americanos. Queda salva la aparente posibilidad de iniciar un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sirva para responsabilizar al Estado de Colombia por las violaciones de derechos humanos que suponen los mismos hechos que motivan la demanda ante el TIJ. En este sentido, los argumentos que expresé en la columna ‘Denunciemos a Colombia’, del 23 de diciembre del 2006, deben leerse a la luz del reciente Caso Interestatal No. 1/06, Nicaragua c. Costa Rica y propiciarse un detenido análisis sobre la pertinencia de su inicio. Un análisis que, sobra decirlo, no existe en relación con esta pretensa demanda ante el TIJ, que constituye un mero bluff legal que me recuerda la frase “mucho ruido y pocas nueces”, título, como bien se sabe, de una deliciosa comedia de William Shakespeare. Curiosa paradoja, porque este asunto que me ocupa no merece tanto la risa como sí una profunda reflexión acerca de la ligereza de los dichos de Cancillería con relación a nuestro impasse con la vecina Colombia.

Constatación, reflexión y propuesta

10 de marzo de 2007

Me proponía, en esta columna, realizar un análisis del discurso de varios actores políticos. Quería criticar el discurso de este Gobierno, cuyo locuaz e intempestivo Presidente ostenta ciertos rasgos autoritarios (proposición de tribunales ad hoc, pretenso desconocimiento de resoluciones que no se acomodan a sus intereses), cuya retórica “altiva y soberana” peca de una grandilocuencia que no halla refrendo en los hechos (la comicidad involuntaria de “La Patria ya es de todos” o el manejo del conflicto con Colombia me relevan, en este sentido, de mayor comentario) y cuya improvisación es evidente, incluso en asuntos capitales como la Consulta Popular (el Decreto 002, que reflejó su principal propuesta de campaña, contenía una redacción primaria –esto es, de escuela primaria–) y no se diga en otros ámbitos, como es el caso por ejemplo del recién creado Ministerio de Cultura, que carece no solo de presupuesto sino siquiera de un discurso que le sirva de fundamento para una política seria en la materia que le corresponde.

Me proponía también criticar el discurso de la oposición a este Gobierno, que podría calificar sin pérdida de patético. Caduco, hacendatario o militar (dependiendo de si hablamos del PSC, Prian o PSP), conocedores de las mañas pero nunca del contenido de la democracia, no mucho puede esperarse de estos partidos cuyo principal argumento (adornado de falacias y pastiches) es la calificación de Correa de comunista y chavista, para lo cual casi las únicas pruebas que aportan son su propia ignorancia de los detalles de ambas afirmaciones y su desparpajo para expresarlas.Tales eran mis propósitos para este sábado. Pero el escenario que resultó de esta semana modificó mis planes y me lega, para la columna de hoy, una constatación, una reflexión y una propuesta.

Mi constatación: un señor de nombre Édison, como el apellido del célebre inventor norteamericano, que fungió de Presidente encargado el día que el Congreso Nacional expidió la Resolución que destituyó al Presidente del TSE, tiene mañas, como su nombre anuncia, de inventor. En efecto, Édison Chávez, de PSP, defendió con triste desparpajo la invención de la figura jurídica de “sustitución” mediante la absurda interpretación del artículo 209 de la Constitución y en violación del procedimiento establecido y del principio de legalidad. Este prospecto de inventor merece, por supuesto, una calificación de 0 en Derecho Constitucional y tampoco marcan muy distinto los otros 51 comparsas de ese absurdo, que motivó la ilegal reacción del TSE. Estos hechos fundamentan mi reflexión, misma que no extenderé demasiado porque ayer la expresó con cabales términos Orlando Alcívar: en este país “se ha hecho costumbre romper la Constitución descaradamente sin que nadie sea responsable de nada” porque “impera el poder y no el derecho”; Alcívar preguntaba si este país constituye un Estado de Derecho y la respuesta obvia es no. Mi propuesta, finalmente: la entidad más desprestigiada de este país, el Congreso Nacional, debe recular: ya probaron de su propia medicina y sus reclamos de respeto a la legalidad suenan a broma de pésimo gusto: sin posición dominante ni legitimidad alguna que defender, deberían dialogar para volver a fojas cero el problema con el TSE y darle paso a la Consulta Popular que, para bien o para mal, es un anhelo de la mayoría. Pero tanta sensatez les ha sido siempre esquiva: ustedes tranquilos, lectores: ya vendrán tiempos peores.

Museos: Medellín y Guayaquil

3 de marzo de 2007

“El museo fue siempre solamente una ruina de la esfera pública, una privatización burguesa del espacio público hecha lo suficientemente segura para aventurarnos a visitarla. La verdadera esfera pública moderna fue siempre el lugar de trabajo […] Esa es la esfera pública –el lugar donde el conflicto social tiene voz-”. La frase le pertenece al artista contemporáneo Gareth James; puede decirse que el Museo de Antioquia, mediante el “Encuentro Medellín 07 / Prácticas artísticas contemporáneas”, la hace propia.

Es así, porque el Encuentro Medellín 07 sucede no solo en los museos sino, principalmente, en calles, parques y espacios públicos; como lo reconoce el Boletín No 2 del citado Encuentro “el arte contemporáneo es un ‘niño terrible’ al que no le gustan las ataduras. Sus lemas son la libertad, las mezclas, la irreverencia, el humor, el diálogo, la participación, la observación, las nuevas relaciones[, porque] una obra de arte contemporáne[o] no existe sin un espectador que la perciba, que la complete, que participe en ella”. Este Encuentro propone una reflexión acerca de la noción de hospitalidad, a la que concibe como “una estrategia para activar e incentivar las formas de comunicación entre las prácticas artísticas y la ciudad”, porque la hospitalidad, como nos recordaba Jacques Derrida, “consiste en hacer todo lo posible para dirigirse al otro”. (Una reflexión, sobra decirlo, que resulta muy pertinente para la ciudad de Guayaquil, donde el diálogo de las autoridades que imponen el orden en los espacios públicos con los ciudadanos suele reducirse al uso de silbatos y el cumplimiento de nebulosas “órdenes superiores”.)

En las antípodas de este Encuentro Medellín 07 está el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (Maac) de Guayaquil. El Maac, ni es niño ni es terrible: es una dama de sociedad, apoltronada en la comodidad burguesa de su salón de té. El único proyecto con el cual el Maac, en su momento, arriesgó y con el que podrían trazarse analogías con la propuesta del Encuentro Medellín 07 se llamó “Ataque de Alas”: duró poco y se descontinuó hace mucho. Desde entonces, la noción de arte contemporáneo que tiene el Maac solo sirve para justificar el principio de la cita de Gareth James que abre esta columna. Más aún, la tarea que despliega el Maac puede criticársela también desde otras perspectivas: flexibilización laboral, prácticas burocráticas y políticas culturales en general, son algunas de ellas. El ámbito de esta página no alcanza para la descripción y análisis de sus necesarios matices y detalles, pero el antropólogo Xavier Andrade explicita varios de estos en un artículo de la Revista Íconos y en algunos de sus ensayos en la ciberpágina www.experimentosculturales.com que merecen, todos ellos, propicia discusión.

Patético: si llama usted al teléfono 2327402 que se asigna al Maac en la página de información que administra la Municipalidad de la ciudad una mecánica voz le indicará que “el número que Ud. marcó no está asignado a cliente alguno”. Llame y compruébelo: no existe comunicación. Una lástima que esa misma inexistencia se manifieste, muy a despecho de su nombre, entre esta institución que se llama Maac y el arte contemporáneo.

Crónica de Medellín

24 de febrero de 2007

Publicado en diario El Universo el 24 de febrero de 2007.

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Una mendiga de ojos azules me indicó el camino a Sabaneta, en la periferia de Medellín. Ella tenía una cruz en la frente, pues era miércoles de ceniza; me dijo que yo tenía un parecido a la imagen del Corazón de Jesús. Presumo que se equivoca. Yo, de corazones, sé que algunas piensan que no lo tengo (y por supuesto exageran) y sé bien que algunas madrugadas no lo tienen. Un inventario de esas madrugadas incluiría los primeros cinco días en Medellín, donde un grupo de amigos alquilamos un departamento en un piso sexto desde cuyo ventanal avistamos todos los días el canalla sol del amanecer, siempre entre risas y copas y en compañía variada, desde holandesas trashumantes y ecuatorianas de la generación del reggaeton, pasando por ex que tuvieron presente en otras manos y pacientes vecinos del 603, hasta artistas plásticas y chicas de plástico y satisfactoria silicona. En Medellín, las mujeres tienen necesidades y saben satisfacerlas: conocen la ley del deseo y la obedecen con cívico fervor. Nuestro apartamento quedaba cerca de un parque cuyo nombre le rinde homenaje a un tal Lleras, que es el epicentro de todo este terremoto de placeres.

Pero esta parte de mi narración representa solo un fragmento de la ciudad; tengo la firme convicción de que las ciudades se las conoce solo cuando se las transpira. Me agencié una bicicleta y recorrí gran parte de la ciudad con ella. En muchos aspectos me recordó a Guayaquil (caos en las calles, poco respeto al ciclista) pero, cuando menos, tienen una incipiente red de ciclorrutas y todos los martes, jueves y domingos se realizan, auspiciadas por el gobierno local, ciclovías. Me interesó caminarla y conversar con sus ciudadanos de a pie y tratar de entender cómo sienten el tránsito de la ciudad, desde que fuera trabajada por la violencia de la cultura traqueta y los sicarios (literaturizada, entre otros, por Jorge Franco en "Rosario Tijeras" y Fernando Vallejo en "La Virgen de los Sicarios") hasta esta ciudad de hoy, no solo segura sino en extremo amigable para quienes la visitan. Porque, valga decirlo, no se trata solo de la proverbial amabilidad de los paisas o de los parques abiertos donde puede (cosa imposible en Guayaquil) uno sentarse a gusto y tomarse una cervecita o de la existencia del pulcro y eficaz metro, orgullo de la ciudad. Se trata, mucho mejor aún, de la existencia de políticas públicas inclusivas; punto para el cual, sirva a manera de ejemplo, mencionar el Encuentro Medellín 2007, con el cual el Museo de Antioquía propone "distintas nociones de espacio, para generar la circulación de personas, proyectos artísticos y concepciones culturales diversas [porque] para Medellín, ciudad que ha vivido profundas y dolorosas mutaciones, la hospitalidad puede [entendérsela] como una posibilidad de restablecer el lazo social, al hacer notar como cada uno de nosotros es el ‘otro’ de alguien más". Examinen la página; cuando la comparo con las políticas del Maac se me pianta un lagrimón, como cantaba Gardel (tan querido aquí, donde murió en junio de 1935 y donde puede cantárselo en las cantinas del barrio Manrique) en la célebre Melodía de Arrabal.

Podría continuar con mi crónica; pero la introducción en quinientas y pocas palabras de las vivencias en cualquier ciudad es imposible. Esta ciudad multiplica esa imposibilidad. Yo sigo en Medellín. ¿Será que se nota que se me hace un poco difícil volver?

Guayaquil: miradas críticas

17 de febrero de 2007

El dossier del número 27 de la revista Íconos se titula 'Guayaquil: miradas críticas sobre espacio urbano y esfera pública' y se dedica, por primera vez, al estudio de esta ciudad. En su introducción, el editor Xavier Andrade enfatiza que la necesidad de un estudio de esta índole se debe a que la "colisión entre la cobertura noticiosa, el análisis cotidiano de los intelectuales públicos locales y la propia propaganda municipal han promovido un ambiente mayormente favorable, cuando no abiertamente celebratorio [de la Regeneración Urbana]. Precisamente, uno de los efectos sociológicos de la misma ha sido la homogeneización de la esfera pública" y que, en este sentido, los artículos del dossier contribuyen a la promoción de "una discusión necesaria a la hora de restaurar la idea nada nostálgica de que una ciudad es posible solamente en la medida en que promueve, protege y fomenta activamente un conglomerado portador de opiniones diversas". Somos autores de los artículos Xavier Andrade, Rodolfo Kronfle, Tina Zerega y yo.

El artículo de Andrade critica el curso de Ciudadanía del programa municipal Aprendamos porque entiende que este "constituye un mecanismo para promover una ideología de participación ciudadana cuya principal agenda es despolitizar a los sujetos mediante el disciplinamiento de su mirada sobre la ciudad en términos de acción, conflicto y cambio claramente delimitados alrededor de la persona, la familia y el barrio", con lo cual se convierte en una invitación a que asumamos un rol pasivo ante el poder local.

Los artículos de Kronfle y de Zerega expresan ideas en torno a la ciudad desde el arte. El artículo de Kronfle analiza la relación del campo artístico con el proceso de Regeneración Urbana de la ciudad de Guayaquil. En sus propias palabras, el "innegable impacto positivo que ha tenido [la Regeneración Urbana] en la ciudad no está exento de que se señalen algunos aspectos problemáticos que conllevan estos procesos y las dinámicas que de ellos derivan" y que el campo artístico, lejos de "plantearse como una oposición tozuda a los aspectos provechosos de la regeneración, ha dado señales de querer establecer un espacio para el ejercicio ciudadano crítico afincado en la reflexión". El artículo de Zerega, por su parte, presenta un estudio sobre las postales de Guayaquil que se produjeron entre 1970 y 2004 que "da cuenta del impacto de la regeneración urbana en el imaginario visual urbano actual" y "evidencia cómo la mirada se centra en espacios regenerados que materializan intenciones de control social e idealizaciones urbanas y raciales, así como un rechazo a lo popular".

Finalmente, mi artículo estudia la detención de tres personas por participar en la protesta pacífica que se realizó el 14 de agosto del 2006 en contra del funcionamiento de la Metrovía y la contrasta con teorías contemporáneas de derechos humanos en materia de libertad de expresión. Mi intención es demostrar el carácter autoritario de los funcionarios locales y "la necesidad de crear espacios que respeten y propicien el debate crítico entre las autoridades y la sociedad civil sobre políticas públicas". Los artículos constituyen una propuesta de diálogo con otros miembros de la sociedad, sus autoridades y élites, para el propósito de propiciar un debate crítico en torno a las políticas públicas.

Democracia en las calles

10 de febrero de 2007

Es necesario afirmarlo con énfasis: la protesta en el espacio público no es un delito. La protesta es, léase sin equívoco, un derecho principal de los ciudadanos, que se ejerce en las calles porque “desde tiempos inmemoriales, estas se han utilizado con los propósitos de reunión y comunicación de ideas entre los ciudadanos, y para la discusión de temas públicos. Tal uso de las calles y de los espacios públicos, desde antiguo, ha sido parte de los privilegios, inmunidades, derechos y libertades de los ciudadanos”. Libren de sus sospechas de socialismo a esta cita: su autoría le corresponde a la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en el caso Hague vs. C.I.O., data de 1939, y constituye el punto de partida para la consolidación en ese país de la llamada doctrina del “foro público” que entiende que los espacios públicos son especialmente aptos para la expresión de ideas y que las autoridades no tienen sino la obligación de proteger esa expresión.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tampoco puede reputársela como socialista: Castro la estima mero instrumento del imperialismo yanqui y su acólito Chávez la desacredita con esa profusión de términos que suele caracterizar su pintoresco discurso. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedica, sin embargo, el Capítulo V de su Informe del 2005 a estudiar “Las manifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión”, donde elabora las pautas para interpretar el ejercicio del derecho a la manifestación pública y la protesta. Así, el Informe establece que “la participación de las sociedades a través de la manifestación pública es importante para la consolidación de la vida democrática de las sociedades” y afirma la primacía del derecho a la libertad de expresión (“uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática”) con fundamento en lo cual sostiene que en caso de una colisión de derechos, el derecho a la manifestación pública tiene preeminencia y que la obligación de los agentes públicos debe ceñirse a proteger de manera efectiva su ejercicio. En aras de fortalecer el debate de ideas les recomiendo la lectura del Informe en cuestión. Por cierto, este análisis de la Comisión Interamericana lo comparten, entre otros, tribunales de España, Argentina y Colombia, e incluso tribunales internacionales de carácter económico como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en el célebre caso Schmidberger) y su contraste con el patético discurso y práctica de jueces y autoridades locales evidencia la pobreza de nuestra imperante noción de democracia.

Valga aclarar que el ejercicio del derecho a la manifestación pública y a la protesta tiene lógicos límites. Sin duda, cabe el reproche de los excesos (rotura de bienes públicos, lesiones, etcétera) que suelen acontecer en el marco de su ejercicio. Pero para decirlo con palabras de Roberto Gargarella, “la mayoría de las expresiones públicas de la ciudadanía acarrean costos y molestias para terceros [pero] deben tolerarse en honor de la libertad de expresión” porque “no debe perderse de vista lo más importante: es perfectamente posible distinguir estos reprochables excesos de la prioritaria necesidad de resguardar las expresiones públicas de la ciudadanía” y porque, valga enfatizarlo a manera de conclusión, el ejercicio de este derecho es, sin perjuicio de sus lógicos límites y pésele a quien le pese, una condición esencial para la existencia de una auténtica y vital democracia.

Premios 'Arco Iris'

3 de febrero de 2007

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Publicado en diario El universo el 3 de febrero de 2007.

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El 27 de mayo del 2006 escribí en este Diario una columna de opinión intitulada ‘¿Por qué no marchan?’, en la que afirmé que no existe base jurídica alguna para impedir la marcha de la comunidad Glbtt que las autoridades locales prohíben desde el 2002. El propósito de esa columna era doble: el primero, incentivar a los directamente aludidos, esto es, los miembros de la comunidad Glbtt, a que tomen plena conciencia de que les asisten derechos (a la no discriminación, a la libertad de reunión, a la libertad de expresión y a la manifestación pública, consagrados todos ellos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales) y que actúen en consecuencia a estos y los ejerzan para que, entre otras cosas, realicen una marcha cada 28 de junio, día en que se conmemora a escala mundial el día del orgullo gay; el segundo, dirigido a las autoridades de la ciudad, en particular, al Municipio de Guayaquil, que prohíbe desde el año 2002 la marcha de la comunidad Glbtt, para que tomen plena conciencia de que carecen de derecho alguno a prohibir un acto legítimo y legal de un grupo de su sociedad y para que actúen en consecuencia con el lema que le proponen a Guayaquil, el famoso ‘Más Ciudad’, porque tal como expresé al final de ‘¿Por qué no marchan?’, solo existe “Más Ciudad” “en la medida en que exista también ‘Más Ciudadanía’. Y el sentido de este término, en los tiempos que corren, no es otro sino la tolerancia a los diferentes y la inclusión de los excluidos. En el caso concreto, el respeto y soporte a la decisión de la comunidad Glbtt de marchar este 28 de junio”.

Cuando se asume la responsabilidad de escribir (una responsabilidad, que como nos recordaba el recién fallecido Ryszard Kapuscinski, no es solo profesional sino también ciudadana, porque “la mayoría de la gente en el mundo vive en muy duras condiciones –en el caso de la comunidad Glbtt, de exclusión– y si no las compartimos no tenemos derecho a escribir”) una columna de opinión, no pueden preverse las consecuencias de las ideas que se exponen al público. En el caso de ‘¿Por qué no marchan?’ yo intuí que serviría para que la comunidad Glbtt discuta acerca de sus derechos pero nunca que me honrarían con una nominación a los Premios Arco Iris “por su editorial ‘¿Por qué no marchan?’ alusivo al mundial del orgullo gay, donde promociona la igualdad del derecho y la visibilidad de toda la comunidad” (www.premiosarcoiris.org), ni mucho menos que en el contexto de la categoría “Prensa” sería declarado el vencedor. Por cierto, otros personajes públicos con visiones favorables a la comunidad Glbtt, como Janeth Hinostroza, Yolanda Torres y Marián Sabaté fueron vencedores en sus respectivas categorías, mientras otros como Pascual Eugenio del Cioppo (que es una lástima que haya malogrado su vocación de Domingo Savio por la política), Maritere, Francisco Pinoargoti y Maricontreras lo fueron en el contexto de las visiones desfavorables hacia la comunidad Glbtt.

Por razones de fuerza mayor no pude asistir a la séptima entrega de los Premios Arco Iris que se realizó este lunes 29 de enero en la sede del Honorable Cuerpo Consular; no pude dirigirles unas palabras a las personas de ese foro por este premio que no me esperaba. Que sirva entonces esta columna en reemplazo de las palabras de agradecimiento que no pude pronunciar en aquella ocasión y como muestra sincera de mi respeto y solidaridad hacia la comunidad Glbtt y al ejercicio de sus derechos.

Cortesía a 'Pajarito'

6 de enero de 2007

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"'Le decían 'Pajarito'. Ejerció autoridad de gobierno en Argentina; investido de ella, ejecutó actos que no toleran el olvido. Hacía tiempo que se quedaba en casa, donde lo visitaban poco: solo salía para visitar a su médico. Tal era su rutina, incluso el día de su cumpleaños 80. Ese día, empero, un amigo extranjero, solícito, se aprestó a extraerlo de esa huraña atmósfera. Lo recogió en su vehículo para trasladarlo a la sede deportiva de Argentinos Juniors, club de sus amores, donde en su mocedad Pajarito fungió de arquero de tercera división. Allí, unos amigos le organizaron una fiesta que no omitió los placeres del licor y del baile a cargo de odaliscas turcas. El solícito amigo, al poco tiempo, regresó a su país: nunca más volvieron a verse. Pajarito falleció de un ataque cardiaco la mañana del 21 de junio del 2005. Su amigo, ahora, acaso rememore con nostalgia esa noche que compartieron, sin saber que sería la última".

Redactada en esos términos, esta historia nos induce a pensar en un mero acto de cortesía; los hechos que la complementan, sin embargo, la convierten en la perpetración de un hecho ilícito de responsabilidad de un diplomático ecuatoriano. El tal Pajarito no era sino Carlos Guillermo Suárez Mason, ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército entre 1976 y 1979 a cargo de 73 centros clandestinos de detención, prófugo de la justicia en 1984, antisemita confeso y corrupto en el manejo de bienes públicos, condenado a cadena perpetua in absentia en Italia, solicitado en extradición por Alemania y España y acusado en Argentina en diferentes procesos de más de 200 secuestros, 30 homicidios y de la apropiación de hijos de desaparecidos; estos oprobiosos antecedentes lo mantenían en arresto domiciliario desde 1999. 

El diplomático era el teniente coronel (r) Germánico Molina Alulema, embajador del Ecuador en Argentina nombrado por el gobierno de Lucio Gutiérrez a pesar de su paupérrimo currículo (jefe de Tránsito en Carchi, jefe de Interpol en Tungurahua y redactor del texto El manual del conductor) y de la oposición inicial de la Cancillería argentina. El 23 de enero del 2004, Molina, en su Audi de placas CD 0027, trasladó a Pajarito a una fiesta por su octogésimo cumpleaños; esta cortesía quebrantó las normas argentinas de arresto domiciliario. El Canciller de ese país lo llamó a pedirle explicaciones; Molina le reconoció el hecho, que calificó como “familiar” hacia el “distinguido” (¡?); un poco apenado y confuso, admitió que no se apercibió de su gravedad y que no pensó que llegaría a conocerse; le contó, incluso, detalles de la fiesta (el Canciller no podía creerlo) como la danza del vientre que ejecutaron las odaliscas. Para evitar una crisis diplomática, Ecuador retiró a Molina de inmediato.

El bochornoso acto de Molina violó el artículo 41.1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el artículo 310 del Código Penal ecuatoriano, que establece una sanción de un año de prisión a quienes procuran la evasión de un detenido. El 4 de febrero del 2004, la Fiscalía inició las investigaciones; este último 29 de diciembre, Jaime Velasco, presidente de la Corte Suprema, llamó a juicio a Molina y ordenó su prisión preventiva. La Suprema tiene la responsabilidad de llevar este proceso hasta su fin; un final que prescinda de los licores y las odaliscas que una madrugada de enero del 2004 fueron parte de este reprochable hecho que, no cobijo duda alguna, merece la sanción que establece la ley. Si así sucede, Molina, para ese entonces, acaso rememore con nostalgia esa noche que compartió con Pajarito sin saber que sería el preámbulo de otras trescientas sesenta y cinco que, por culpa de su cortesía, tenga que pasar en prisión. Que así sea.

Desapariciones LFC

30 de diciembre de 2006

Publicado en diario El universo el 30 de diciembre de 2006.

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Rubén Blades compuso una canción que versa sobre este doloroso tema de una manera conmovedora. Una a una, su canción desgrana historias mínimas, de personas que pierden a su esposo, hermana, hijo o madre y que en pocas palabras traduce la angustia de quienes no pueden comprender por qué. La hipotética biografía de Altagracia o de Clara Quiñónez nos enfrenta, si tenemos un ápice de sensibilidad, con la frase de Cioran de que la historia no es sino una masacre y con el horrendo testimonio de lo inefable. La canción de Blades se llama Desapariciones y su mejor versión, para mi gusto, la cantan Los Fabulosos Cadillacs.

Blades escribió esta canción en 1984; pensaba, es probable, en los desaparecidos del Cono Sur. Pero su canción, por desgracia y porque como dijera Borges, la historia de un hombre es la cifra de la historia de todos los hombres, puede referirse a los que con posterioridad a esa fecha fueron desaparecidos en otros ámbitos: digamos, en Perú, en Guatemala o en El Salvador. También en Ecuador. El mismo año que Blades compuso su canción, inició su gobierno León Febres-Cordero (LFC); en el libro de Mariana Neira intitulado ¿Dónde están? Los Desaparecidos en el Ecuador se describe con no escasa minucia los actos de terrorismo de Estado que se ejecutaron en su periodo presidencial.

Desde ese entonces LFC se irguió como la figura política más importante de esta penosa democracia. Acumuló mucho poder y tengo la convicción de que no contribuyó con este al bien común: la miseria de institucionalidad que padecemos es tributaria de su época de dominio. Las recientes elecciones son la prueba de su desgaste y su fracaso; él lo sabe. Cuarto él, líder del PSC, por debajo de una animadora de TV; quinta su candidata, con la votación más baja de la historia de su partido en las últimas dos décadas. Nadie duda, ni sus acérrimos partidarios, que vive el término de su carrera política: somos los espectadores de su despedida. La nueva derecha, o lo que pueda merecer el calificativo de nueva, tiene la obligación de darle la espalda a este caudillo. Ellos lo saben. Tengo la certeza de que la única razón de peso para la diputación de LFC es la inmunidad parlamentaria que esta condición le otorga. Nada más.

Es así, porque a pesar de las nulas acciones iniciadas para investigar estos hechos que constató en su libro Mariana Neira, y que para cualquier persona consciente constituyen no otra cosa que actos de terrorismo de Estado, nada obsta a que se inicien las causas judiciales, en principio, en sede local, y si estas no fueran efectivas, en sede internacional, para conocer la verdad sobre estos hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y juzgarlos en consecuencia, sancionando con el rigor de la ley a los responsables de los mismos. Sería una suerte de salutación judicial que detenga la despedida impune.

Es curioso: el disco doble de quienes supieron cantar mejor Desapariciones, Los Fabulosos Cadillacs, y que por cierto significó su despedida de la música, lleva en el título una invocación a sus iniciales: "Hola LFC" y "Chau LFC", se llamó. Yo no sé de coincidencias. Pero sí sé que la sociedad civil tiene el derecho de iniciar los procesos conducentes a conocer la verdad sobre los hechos criminales de su periodo de gobierno, en aras de cesar la impunidad, de reconstruir nuestra institucionalidad y nuestra identidad a partir de la discusión crítica de nuestra historia reciente y de que finalmente se haga justicia. Que sea esta una reflexión para el año venidero, son mis sinceros deseos para usted y su familia.

Denunciemos a Colombia

23 de diciembre de 2006

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Publicado en diario El universo el 23 de diciembre de 2006.

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Tengo la convicción de que la política de Ecuador con relación a Colombia ha sido endeble: nos ha faltado actitud, contenido y definición. Me atrevo a sugerir un camino para empezar a enderezarla. Esta página se la dedico a Cancillería y a las autoridades del Gobierno que inicia el 15 de enero, para que tomen las medidas efectivas en defensa de los intereses del país.

El artículo 45 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos autoriza la presentación de denuncias por violaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre Estados de América que sean parte de ese instrumento jurídico. Tanto Ecuador como Colombia lo son. El único requisito para la competencia de la CIDH es la declaración de ambos estados parte de que la CIDH es competente para recibir y examinar denuncias interestatales. Ecuador la hizo el 13 de agosto de 1984 y Colombia el 21 de junio de 1985.

El fundamento de la denuncia ecuatoriana sería que la aspersión de glifosato que Colombia realiza en la frontera norte viola el derecho a la vida de los habitantes de la región y el “principio de precaución” en materia de derecho internacional ambiental; la denuncia se acompañaría de una solicitud de medidas cautelares que obligue a Colombia, por disposición de la CIDH, a cesar las aspersiones en la frontera norte. En este caso no se requiere prueba del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna porque de conformidad con la práctica internacional (Cfr. Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Irlanda c. Reino Unido, sentencia del 18 de enero de 1978) lo único que se debe establecer es la existencia de medidas legislativas o prácticas administrativas que autorizan las aspersiones. Ni siquiera se requiere la existencia de una víctima concreta.

Imagino ciertas prevenciones en Cancillería para la presentación de esta denuncia. Puedo reducirlas a tres: la condición de “delicada” de la relación con Colombia, la “hermandad” entre nuestros países (que tanto le llena la boca al presidente Uribe) y la “comprensión” que solicita la canciller colombiana Araújo. Pamplinas. México inició un exitoso proceso de defensa de sus migrantes en Estados Unidos con la solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Opiniones Consultivas acerca del derecho a la información sobre la asistencia consular y de la condición jurídica de los migrantes indocumentados. Con los pareceres jurídicos que obtuvo fundamentó su demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en el célebre caso Avena y otros, con cuya sentencia México consiguió que se obligue a Estados Unidos a reconsiderar los procesos materia de ese contencioso. En fecha tan reciente, como el lunes y martes de esta semana, se celebraron en La Haya las audiencias en la CIJ relativas a la solicitud de medidas provisionales que presentó Uruguay en el litigio que Argentina le inició por la construcción de dos papeleras que aquel autoriza a funcionar en su margen del río Uruguay, con supuesto daño al medio ambiente.

Seamos claros: no existen dos países de América con más “delicados” intereses en juego que México y Estados Unidos, como tampoco existen dos países más “hermanos” en Sudamérica que Argentina y Uruguay; presentar una denuncia ante un órgano internacional no constituye una falta de “comprensión” hacia el país denunciado sino una legítima manera de defender los intereses de un Estado. Seamos más claros todavía: denunciar a Colombia ante la CIDH se constituye como un mecanismo idóneo para la discusión imparcial y racional de este incidente, una manera efectiva de defender con argumentos y pruebas a los habitantes y al medio ambiente de la frontera norte y un punto de partida para la construcción de una política sólida y soberana con relación a Colombia. Solo espero, entonces, que el Gobierno que entra actúe en consecuencia. Que así sea.

Muerto malo

16 de diciembre de 2006


Publicado en diario El universo el 16 de diciembre de 2006.

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Los seres humanos tenemos el hábito de decirnos mentiras piadosas para tornar más llevaderas las cargas de la realidad. Una de esas muchas mentiras es la clásica frase "no hay novia fea, ni muerto malo" cuya condición falaz es, por supuesto, muy evidente. Que las novias feas existen es cuestión de darse una vuelta por las oficinas del Registro Civil y acreditarlo con los propios ojos; y sobre que los muertos malos existen tenemos un notorio ejemplo reciente: el domingo 10 de diciembre falleció en Santiago de Chile el dictador Augusto Pinochet.

En enero de 1978, el policía italiano Eugenio D'Alberto recibió una condena porque profirió a sus superiores una "ofensa imperdonable": osó llamarlos "Pinochet". El juez de la causa entendió que semejante mención suponía una "calificación injuriosa" porque implicaba no otra cosa que el ejercicio del mando con "métodos de naturaleza autoritaria y represiva". Las cifras oficiales lo confirman: 3.197 personas muertas o desaparecidas y aproximadamente 30.000 sometidas a torturas a consecuencia de actos represivos de agentes estatales. Así, la asociación de términos que hizo el juez italiano es casi impecable. Le faltó solo añadir a su dictamen la precisión de la palabra "criminal".

A despecho de su vileza, todavía algunos insensatos insisten en defender a Pinochet. Conozco bien sus argumentos; pueden sin pérdida reducirse a dos. El primero supone que las víctimas de la represión que encabezó este dictador fueron necesarias para vencer al enemigo comunista. Este argumento es insostenible. El Informe Rettig probó con suficiencia la existencia de desapariciones, ejecuciones, torturas, usos indebidos de la fuerza y abusos de poder que carecieron de justificación alguna en el contexto de la situación de contienda política. Tales excesos no eran en absoluto necesarios; su ejecución constituyó, para cualquier individuo con un mínimo de conciencia ética, no otra cosa que la puesta en práctica de un execrable terrorismo de Estado.

El segundo de los argumentos le atribuye a la dictadura de Pinochet el desarrollo económico de Chile. Este argumento es vergonzoso y equivocado. Lo primero, porque este cálculo de costo/beneficio es inaceptable cuando el costo para desarrollar la economía lo pagan con sus vidas miles de personas; si alguno llega a consentirlo sin rubor, funde usted la sospecha cierta de que se halla frente a un nazi o un idiota. Lo segundo, porque la estabilidad de la economía chilena se relaciona tanto con las sólidas instituciones y el acendrado respeto a la legalidad que se forjan a lo largo de su historia y desde su independencia de España (en los tiempos de Diego Portales y que constituyen una excepción para la región) como con méritos del modelo económico que, como bien declaró el Ministro de Hacienda chileno con ocasión de la muerte del dictador, no se pueden atribuir en exclusiva a la dictadura de Pinochet. Lo que en materia económica sí puede atribuirse solo a su dictadura es su inmensa fortuna personal, que este infame formó a partir de actos de corrupción y de fraude tributario. Es decir, que además de criminal, Pinochet también fue un vulgar ladrón. Escoja usted su manera de despreciarlo. Yo le recomiendo ambas.

Pinochet murió y no recibió los funerales de Estado que no merecía, porque no los merecen quienes usurpan el poder. Sus simpatizantes acudieron a su velación a despedirse de su cadáver; sus víctimas, familiares de las víctimas y detractores de su dictadura salieron a las calles para festejar con champán su deceso. Sé muy bien dónde yo habría estado: copa de champán en mano, celebrando la muerte de este triste apellido que se asocia con el crimen y el terror y festejando el tránsito a los infiernos de este, sin duda alguna, muerto malo.

Detención en fraude

9 de diciembre de 2006


Publicado en diario El universo el 9 de diciembre de 2006.

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La detención en firme es una institución aberrante y violatoria de los derechos humanos de quienes la padecen. El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas en sus conclusiones y recomendaciones al Tercer Informe que presentó el Estado ecuatoriano requirió a este su eliminación (http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4503.pdf), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe del año 2005 observó con preocupación su existencia (http://www.cidh.org/annualrep/2005sp/cap.4b.htm) y saludó, en su Comunicado de Prensa Nº 37/06, la reciente Resolución Nº 002-2005-TC del Tribunal Constitucional (TC) que la declaró inconstitucional (http://www.cidh.org/comunicados/spanish/2006/37-06esp.htm).

En principio, no puedo menos que compartir la satisfacción que expresó la Comisión Interamericana. El TC actuó bien cuando declaró la inconstitucionalidad de la detención en firme, instituto procesal que en su resolución consideró como “un fraude al espíritu constitucional contenido en el numeral 8 del art. 24 de la Carta Magna” con lógico fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos y en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como debe ser. Pero disiento plenamente de la aclaración y ampliación que el TC realizó a la Resolución Nº 002-2005-TC, con la cual borró con el codo lo que había hecho bien con su mano. Vale aclarar que en el contexto de esta página la palabra “codo” significa “con claro sesgo político y escaso criterio jurídico”.

En efecto, sobran razones para no aceptar la interpretación de “irretroactividad” que el TC hace en la aclaración y ampliación de marras. En principio, porque el análisis literal de las normas que regulan la irretroactividad de las declaraciones de inconstitucionalidad del TC autorizan una interpretación contraria. Así, el artículo 278 de la Constitución establece que esa declaratoria “no tendrá efecto retroactivo” lo que concuerda con el artículo 22 de la Ley de Control Constitucional (LCC) que amplía ese postulado y expresa que “no [se] afectar[án] las situaciones jurídicas surgidas al amparo de tales normas y antes de la declaratoria de su inconstitucionalidad”. Una interpretación lógica de esas normas impediría, por supuesto, que a partir de esta Resolución Nº 002-2005-TC se reclame por la pasada aplicación de una detención en firme que haya sucedido en el ínterin entre la vigencia de la Ley Nº 101-2003 que creó la detención en firme y la Resolución del TC que declaró su inconstitucionalidad, porque en ese caso sí se trata de una situación jurídica que aconteció (porque concluyó el proceso con la condena o la absolución) antes de la Resolución en cuestión. Pero no es este, claramente, el caso de las detenciones en firme que se mantienen en vigor, las cuales no se encuadran en el presupuesto del artículo 22 LCC (“y antes”) porque estas se mantienen vigentes durante la declaratoria de inconstitucionalidad del TC y, al borrar este la detención en firme del sistema jurídico ecuatoriano, necesariamente debe invalidar las detenciones de esta mala índole que se mantuvieran en vigor al momento de la Resolución.

Peor aún, el TC soslayó su obligación de “asegurar la eficacia de las normas constitucionales en especial de los derechos y garantías establecidos en favor de las personas” (art. 1 LCC) porque en su aclaración y ampliación no realizó la necesaria ponderación de los derechos en juego en virtud de que omitió el análisis de los derechos consagrados en el artículo 23 numerales 4 y 27 y artículo 24 numerales 7 y 8 y de los principios de interpretación constantes en los artículos 3 numeral 2, 16 y 18 de la Constitución.

Esta pobreza de análisis del TC solo provoca que, en definitiva, en materia penitenciaria y de garantías individuales, este país marche de mal en peor, pasando de la aberrante detención en firme a la patética detención en fraude: en fraude a la ley, a la Constitución, y al Estado social de Derecho que el TC supone respetar.

Para vivir en democracia

2 de diciembre de 2006


Publicado en diario El universo el 2 de diciembre de 2006.

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No pocas razones justifican la inequívoca derrota de Álvaro Noboa en el reciente balotaje: su inicial triunfalismo, su constante, patética e irritante invocación divina, su aquiescencia a que participen en campaña representantes de los desprestigiados partidos políticos, su paupérrima oratoria de rogativo, impasible y dadivoso discurso, su minimización del incidente de los formularios de vivienda en Manabí y su desmedida aparición televisiva en los días de cierre de campaña por cortesía de sus canales “amigos” que constituyó un claro abuso de la Ley de Elecciones y que evidenció todavía más la extrema pobreza de carisma, lenguaje y propuesta del hombre más rico del Ecuador. Se dice que perder es una cuestión de método; Noboa perfecciona el suyo (las estadísticas lo prueban) con el pasar de las elecciones y los años.

También es justo decir que las razones del triunfo de Rafael Correa son, en buena medida, las razones de la derrota de Álvaro Noboa: muchos de los votos que lo aúpan a Correa en el carro de la victoria fueron votos de rechazo a aquel. Esto, por cierto, no destiñe sus propios méritos de vencedor: sin duda, su plan de gobierno es más sólido y sintoniza de mejor manera con el afán de cambio que es, dicho sea con ciertos matices, el más claro legado de los procesos electorales de octubre y noviembre. En este contexto brilla con fuerte luz propia la propuesta de Correa de instalar una Asamblea Constituyente.

Lo dije en una columna reciente (‘Crítica de la Constitución’, 18 de noviembre del 2006): modificar la Constitución Política es una necesidad urgente. La Asamblea Constituyente tiene la importante misión de eliminar las zonas oscuras de nuestra Constitución, entre otras, su hostilidad a la participación política de la ciudadanía y al debate público, su negación de las necesarias herramientas para exigir la rendición de cuentas a nuestros dirigentes y su concesión de excesivos poderes al presidente y demasiadas facilidades a grupos de interés para que presionen a nuestros representantes; su propósito es acercar el Estado a los ciudadanos y tener nosotros la posibilidad de exigirle en consecuencia. En esa columna expresé también mi desconfianza por las reformas cosméticas que, no abrigo ninguna duda, haría a este respecto el Congreso Nacional. No discuto, por supuesto, la importancia del Congreso como institución en un sistema democrático, así como tampoco me parece discutible que se reconozca que los diputados de este país han deshonrado a esta institución con infame dedicación: la percepción ciudadana de este hecho se reflejó en el elevado porcentaje que obtuvo el voto nulo en los comicios del 15 de octubre.

Tengo la convicción de que el voto nulo es un capital ciudadano y de este gobierno venidero que apostó por él. Su efecto obvio fue restarle legitimidad a los diputados electos; ellos, si tienen un mínimo de perspicacia, lo intuyen o lo saben. Hoy, por eso, me debato entre la risa y la compasión cuando leo o escucho las patadas de ahogado de estos diputados que se autoproclaman legítimos y útiles en aras de salvar su pellejo. No son ni lo uno ni lo otro y es nuestra obligación hacérselo saber. Las reformas que necesita este país no serán consecuencia del solo afán de este gobierno, sino de una movilización ciudadana que de manera pacífica, lúcida y lúdica sepa exigirlas. Fiel a la frase de Gramsci (“soy pesimista desde la intelectualidad y optimista desde la voluntad”) observo no pocas dificultades en el proceso de llevar a término los propósitos enunciados; pero, fiel a esa misma frase, pondré el mayor de mis esfuerzos (espero contar con el de ustedes también) para que en Ecuador se empiece, de una buena vez, a vivir en democracia.